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03mar17
El 'Consell de Garanties' ve inconstitucional que los Presupuestos catalanes aludan al referéndum
El Consell de Garanties ha emitido este viernes un dictamen en el que considera inconstitucional la disposición adicional de los Presupuestos de la Generalitat de 2017 que afirma que el Govern debe destinar recursos este año a un referéndum de independencia. El órgano consultivo de la Generalitat ha resuelto así el recurso presentado el pasado mes de enero por PP, PSC y C's sobre las cuentas de la Generalitat.
Sin embargo, el dictamen del órgano consultivo sí ve legales los 5,8 millones de euros que la Generalitat prevé en las cuentas para 'proceso electorales' este 2017 y que podrían servir para convocar el referéndum. El Consell manifiesta que estos 5,8 millones no pueden ser declarados inconstitucionales porque no se "concreta" para qué serán destinados, por lo que su legalidad no puede determinarse hasta que se precise su finalidad.
Por eso, el dictamen que se ha presentado ante el Parlament se circunscribe a la disposición 31 del proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el año 2017 y establece que "es contraria" al artículo 149.1.32 de la Constitución, en relación al orden de reparto competencial, y al artículo 92, en cuanto a su despliegue orgánico. Además, la disposición de las cuentas "tampoco encuentra amparo", según el Consejo, en el artículo 122 del Estatut, así como en los artículos 211 y 212.
La resolución del Consell recuerda que la competencia para la regulación y autorización de un referéndum corresponde en exclusiva al Estado, "sin que la Generalitat disponga de margen de actuación normativa o ejecutiva más allá de la iniciativa de solicitud al Estado". Así, añade que, los presupuestos de la Generalitat "no pueden prever, ni que sea en forma condicional o potencial, disposiciones normativas en relación con competencias o facultades que no le son propias".
El PSC, el PP y Ciudadanos llevaron el pasado 9 de febrero al Consejo de Garantías Estatutarias los presupuestos de la Generalitat por cuestionar esa disposición adicional 31 y advirtiendo al CGE que no cayera en la "trampa" de una hipotética futura legislación catalana que podría suprimir el carácter lesivo que actualmente tiene el texto con respecto a las leyes vigentes, porque "en Cataluña no es posible otra legislación en materia de referendos que la vigente actualmente", ya que cualquier otra normativa "implicaría una modificación del Estatut y de la Constitución". Así lo hizo constar el PP mientras que el PSC consideró que "no se puede hacer un presupuesto con una reserva de dinero en función de cambios legislativos que no dependen del órgano que ha de ejecutar esa disposición" y que el Consejo "no puede ignorar el contexto de esta situación política".
El Consell, por otra parte, deja claro que no comparte "en aspectos sustanciales" las resoluciones del Tribunal Constitucional que restringen las competencias de la Generalitat en materia de convocatoria de referéndums o consultas no refrendarias, pero admite que "en este momento" al Ejecutivo catalán sólo le queda la alternativa de solicitar permiso al Gobierno central para llevar a cabo este tipo de iniciativas.
Pese al dictamen que se ha conocido este viernes, la consellera de la Presidencia, Neus Munté, ha afirmado que el Govern mantiene el compromiso parlamentario y el "mandato" de los ciudadanos de organizar el referéndum independentista. Munté, que se ha enterado de la noticia en una rueda de prensa para presentar los actos por el 40 aniversario del regreso del president Josep Tarradellas, ha indicado que el Govern aún no conoce el contenido exacto del dictamen por lo que "esperará a tenerlo para poderlo valorar y analizar al detalle y con mucho cuidado".
Después de apuntar que el Govern se posicionará a partir del análisis que haga el Departamento de Economía a fin de realizar "una valoración rigurosa", Neus Munté ha dejado claro, sin embargo, que el ejecutivo catalán "tiene un compromiso parlamentario y también un mandato de los ciudadanos" a fin de organizar el referéndum. Ha expresado, en este sentido, que el Govern mantendrá dicho compromiso en relación con el referéndum "que entendemos que es perfectamente legal y democrático".
La portavoz ha dado a entender de esta manera que los grupo parlamentarios que respaldan al Govern, Junts pel Sí y la CUP, harán caso omiso de un dictamen que no están obligados a acatar por el carácter consultivo del órgano que lo emite y seguirán adelante con su proyecto de Presupuesto en aplicación del 'rodillo'.
[Fuente: Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 03mar17]
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