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08feb17
Homs insiste en que la Generalitat no cometió ninguna ilegalidad en el 9N
El exconseller de Presidencia Francesc Homs se ha escudado este miércoles en el juicio por el 9N en que el Tribunal Constitucional (TC) no les advirtió de las consecuencias legales de incumplir la suspensión de la consulta, acordada el 4 de noviembre, pese a que el Gobierno lo había solicitado.
Homs ha dicho que fue él quien aseguró al gobierno catalán de que no incurría en ninguna ilegalidad al mantener la consulta tras la suspensión del Tribunal Constitucional. Y ha ironizado sobre la decisión del fiscal de no preguntarle, porque está pendiente de ser juzgado por el mismo caso en el Tribunal Supremo (TS), exclamando: "¡Qué lástima!".
El exconseller, que actualmente es portavoz de DiL en el Congreso y está pendiente de ser juzgado en el Tribunal Supremo por la consulta del 9N, comparece como testigo de las defensas en el juicio que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por mantener el 9N pese al veto del TC.
Durante el interrogatorio, Homs ha intentado desoír a su propia abogada al amagar con responder parcialmente a una pregunta de los letrados de Mas, Ortega y Rigau, pese a que Labarta le había recomendado no contestar.
Homs ha recordado que, para suspender la consulta convocada inicialmente por la Generalitat, el TC había "adaptado su agenda" a lo que le "convenía" al Gobierno, si bien después, cuando Mas transformó la votación en un proceso participativo el alto tribunal no atendió la petición del Ejecutivo central de incorporar una advertencia en su providencia del 4 de noviembre, lo que considera que no es un hecho "menor, ni baladí, ni neutro".
El juicio a Homs
El 27 de febrero será la cita de Homs. El Supremo ha señalado ya el día de inicio del juicio al exconseller de Presidencia catalán y actual diputado del Congreso por delitos de prevaricación y desobediencia, en relación a la consulta del 9-N de 2014.
En un auto, la Sala II amplía de cinco a siete magistrados la composición del tribunal que juzgará a Homs, y se pronuncia sobre las pruebas planteadas tanto por la Fiscalía como por la defensa. El tribunal acepta todas las pruebas solicitadas por la Fiscalía, alguna de las cuales también había pedido el acusado, como la pericial de los guardias civiles que realizaron el informe técnico sobre el análisis de los programas informáticos utilizados en la jornada del 9-N.
En cuanto a las testificales propuestas por Homs, no se acepta la citación como testigos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, el exfiscal general Eduardo Torres-Dulce, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, por carecer "de todo enlace con el objeto del proceso".
El auto explica que no forma parte de este proceso la valoración política de los hechos asumida por los miembros del Gobierno de la nación cuyo testimonio se reivindica, y que tampoco existe razón alguna para llamar a juicio al presidente del TC o al fiscal general del Estado en su momento, puesto que son los documentos que obran en la causa y no el testimonio personal de quienes dirigen estas dos instituciones los que reflejan las decisiones adoptadas en sus respectivos ámbitos funcionales.
En cuanto al testimonio solicitado del expresidente catalán Artur Mas, el tribunal señala que, pese a hallarse actualmente acusado en una causa derivada de los mismos hechos, deberá comparecer como testigo y no como computado.
En cuanto a la prueba documental pedida por el acusado, no se acepta incorporar la resolución de la Junta de Fiscales de la Fiscalía Superior de la comunidad autónoma de Catalunya, de 18 de noviembre de 2014, que discutió este asunto; el tribunal recuerda que ese documento tiene carácter de oficio y no de resolución y forma parte de los trabajos preparatorios que ilustraron la decisión del máximo responsable de la Fiscalía General del Estado, quien ostenta la dirección del Ministerio Fiscal, en virtud de su Estatuto Orgánico.
[Fuente: Vozpópuli, Madrid, 08feb17]
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