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14dic16
El Constitucional paraliza la convocatoria del referéndum en Cataluña para 2017
El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido cautelarmente la resolución del Parlament de Cataluña que prevé un referéndum en 2017, como muy tarde el 17 de septiembre, al haber admitido a trámite el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno en contra de aquella decisión. La providencia del TC acuerda advertir al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto del Gobierno de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que ignore o eluda la suspensión" acordada y les recuerda las responsabilidades, incluida la penal, en la que podrían incurrir.
El Pleno del Constitucional ha acordado admitir a trámite el incidente de ejecución contra esas resoluciones del Parlament que presentó la Abogacía del Estado. El Gobierno defiende que el Parlament desobedeció la sentencias del Constitucional con su resolución del pasado 6 de octubre referida al "Referéndum" y al "Proceso Constituyente", incluidos en el Título I sobre "El futuro político de Cataluña". Ese día, hace poco más de dos meses, el Parlament aprobó celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, con aval o no del Estado, como muy tarde en septiembre de 2017, con el apoyo de Junts pel Sí (62 votos) y la CUP (10 votos), la abstención de Catalunya Sí que Es Pot y el 'no' del PSC. Mientras tanto, los diputados de C's y PPC renunciaron a votar, con las manos levantadas en señal de protesta, al entender que lo que se estaba votando "emanaba de resoluciones previas (ya) suspendidas por el Tribunal Constitucional".
En total, el Gobierno central cuestionó la legalidad de seis resoluciones aprobadas por la Cámara catalana al existir un "incumplimiento" de la sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015, de 2 de diciembre. Entonces, el tribunal de garantías anuló por unanimidad la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña que dio inicio al proceso de ruptura con España con los votos de Junts pel Si y la CUP, por considerar que no hay un poder constituyente catalán ya que la Constitución señala como único soberano al "pueblo español".
Por cierto que el 6 de octubre fue también la fecha en la que el Constitucional se remitió a la Fiscalía para que actuara penalmente contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, por someter a votación en la Cámara autonómica el pasado 27 de julio las conclusiones de la llamada "comisión de estudio del Proceso Constituyente". De hecho, la mayoría absoluta del bloque secesionista que integran Junts pel Sí y la CUP consumó su desafío al Tribunal Constitucional al aprobar esas conclusiones que suponían 'de facto' abrir la vía unilateral de independencia.
En aquél momento, el tribunal de garantías aún no había avalado las nuevas herramientas con las que lo dotó el Gobierno del PP para imponer el cumplimento de sus resoluciones. Lo hizo a través de la reforma de la ley reguladora del Tribunal Constitucional que introdujo dos novedades fundamentales en las facultades del alto tribunal que fueron recurridas a su vez por el Gobierno vasco y la Generalitat. Son las que recoge el artículo 92 en sus apartados b y c de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: "Acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal" y "La ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales. En este caso, el Tribunal podrá requerir la colaboración del Gobierno de la Nación a fin de que, en los términos fijados por el Tribunal, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones".
En la providencia que se ha conocido este miércoles, los magistrados dan traslado al Ministerio Fiscal y al Parlamento de Cataluña de la petición de la Abogacía del Estado para que, en el plazo de veinte días formulen las alegaciones que estimen oportunas y acuerda también la suspensión cautelar de los apartados objeto del incidente de ejecución, lo que es consecuencia automática de la invocación por el Gobierno del artículo 161.2 de la Constitución española -"El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses"-.
La CUP busca, una vez más, el 'choque de trenes'
De acuerdo con lo solicitado por el Abogado del Estado, el Pleno ordena notificar personalmente esta resolución a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, a los demás miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, al secretario general de la Cámara autonómica, así como al presidente Carles Puigdemont y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Se les advierte de su deber de "impedir o paralizar" cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y les apercibe de las "eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".
Con todos estos mimbres legales, la CUP, el partido antisistema que sostiene al Govern de Puigdemont y cuyos votos son ahora mismo esenciales para sacar adelante los presupuestos catalanes, sigue empeñado en conducir a Cataluña al choque de trenes con el Estado español. Y para ello no se le ha ocurrido otra cosa que exigir al Ejecutivo autonómico el "compromiso" de que los Mossos no solo no impidan la celebración del referéndum sino que ayuden a que se produzca. "Necesitamos que los Mossos puedan garantizar este referéndum y que no se cojan de la mano del código penal, del TC, de España y de la no democracia", ha dicho la diputada de la CUP, Anna Gabriel, que además ha dado por descarrilado el proceso de acercamiento emprendido por el nuevo Gobierno de Rajoy: "La operación diálogo acaba aquí".
La CUP se ha crecido más si cabe durante los últimos días después de que los Mossos detuvieran a algunos autores de la quema de fotos del Rey. Los anticapitalistas han señalado directamente el conseller de Interior, Jordi Jané, como responsable de la actuación y han pedido su dimisión. No la han conseguido pero el episodio ha puesto en evidencia las brechas en la mayoría independentista del Parlament . No obstante, la alianza de cara al debate de los Presupuestos que se celebrará la próxima semana y a la cumbre sobre el referéndum que Puigdemont ha convocado para el día 23 se mantiene. Y es que si el Govern no consigue ver aprobadas sus cuentas, se abriría una crisis en esa mayoría secesionista que antes o después conduciría a un nuevo adelanto electoral. En esas circunstancias, el compromiso de llevar a cabo el referéndum asumido por el Govern y Junts pel Sí quedaría reducido a papel mojado y la CUP se arriesgaría a no volver a disfrutar de una posición tan ventajosa como la que tiene ahora para reeditarlo.
En cualquier caso, lo que no habrá es una comisión en el Congreso de los Diputados para estudiar la celebración del referéndum, comisión que ha pedido el PDECat, la antigua Convergència, en una moción debatida en el pleno este miércoles. PP, PSOE y Ciudadanos no piensan apoyarla después de que el portavoz de los nacionalistas catalanes, Francesc Homs, haya rechazado sus mociones. A favor se han pronunciado ERC, que inicialmente anunció que se abstendría, Unidos Podemos y el PNV. Todos estos votos, no obstante, no serán suficientes para crear la ponencia que reclama Homs.
[Fuente: Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 14dic16]
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