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18jul16
La Fiscalía rechaza acusar a Mas, Otega y Rigau por malversación en el 9-N, único delito con cárcel
La Fiscalía Superior de Cataluña ha renunciado a acusar de malversación de fondos públicos por el 9N al expresidente de la Generalitat Artur Mas, a la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y a la que era consellera de Enseñanza, Irene Rigau, aunque mantiene que prevaricaron y desobedecieron la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional (TC). Lo ha avanzado en un escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) —en el que se opone a las peticiones de archivo de Mas, Ortega y Rigau— al considerar "oportuno adelantar su posición" sobre este punto, en lugar de esperarse a hacerlo en el escrito de calificación acusatorio previo al juicio.
La decisión de la Fiscalía implica no pedir penas de cárcel para los investigados -también se investiga al diputado en el Congreso Francesc Homs, pero en su caso lo hace el Tribunal Supremo-, pues la prevaricación y la desobediencia conlleva solamente penas de inhabilitación.
La Fiscalía cree que la instrucción del caso, que ya ha finalizado, ha permitido conocer el proceso de contratación de todos los servicios relacionados con la organización del 9-N "en un grado de detalle que no se tenía al inicio del procedimiento".
Ahora ve constatado que los gastos para la consulta del 9 de noviembre de 2014 habían sido "comprometidos con anterioridad a la suspensión por el TC" porque se habían contratado aunque algunos se hayan pagado después, aunque tiene dudas de si esto es el caso también del centro de prensa que el Govern instaló en el recinto de Montjuïc.
Tras valorar la causa en su conjunto, la Fiscalía cree que existe un "margen de duda" en cuanto a si se dan todos los elementos típicos del delito de malversación de caudales públicos, por lo que renuncia a acusarlos por ello.
Decidieron desobedecer al TC
Eso sí, mantiene su acusación de desobediencia porque cree que los tres investigados, encabezados por Mas, decidieron no acatar la decisión del TC pese a que "conocieron y comprendieron perfectamente el contenido y efectos de la providencia del Tribunal Constitucional, la cual era clara e inequívoca", al contrario de lo que argumentan las defensas.
También les atribuye prevaricación porque "dejaron de suspender oficialmente tanto la convocatoria" como las decisiones administrativas concretas para la consulta, pese a que las defensas dicen que dejaron el peso de la organización en los voluntarios.
El escrito de la Fiscalía considera que "pretendieron aparentar que el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no fue así".
Mas, Ortega y Rigau recurrieron el auto del TSJC que cerraba la instrucción y los deja a las puertas del juicio argumentando que ni desobedecieron ni prevaricaron y considerando que la causa judicial tiene "un contenido marcadamente político".
[Fuente: República de las ideas, Ep, Madrid, 18jul16]
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