EQUIPO NIZKOR |
|
15nov06
Anulan ordenes de detención de militares guatemaltecos.
Representantes de organizaciones sociales guatemaltecas criticaron las medidas dictadas por tribunales del país, que favorecen hoy a militares vinculados con actos de genocidio durante el pasado conflicto armado interno.
Francisco Soto, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), aseguró que la revocación de la orden de captura contra el general golpista Oscar Mejía Víctores causó mucha frustración entre las víctimas del enfrentamiento.
Según el encargado del programa de justicia de CALDH, tampoco se explican por qué no se expidió la solicitud de detención contra Efraín Ríos Montt, bajo cuyo gobierno se cometieron graves excesos contra la población civil.
Por su parte Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, calificó de injusticia dar esperanzas a la gente que ha sufrido tanto y luego que éstas se evaporen por una decisión judicial.
Es necesario, dijo, abrir la información para conocer con exactitud todo lo que está pasando en torno al proceso iniciado a solicitud de la Audiencia Nacional Española contra varios militares retirados y ex funcionarios guatemaltecos.
De los implicados en los delitos de tortura, asesinato y genocidio por las cortes madrileñas, uno ya falleció, el ex presidente Romeo Lucas García, y dos fueron liberados de cargos por tribunales locales, Ríos Montt y Mejía Víctores.
Hasta el momento hay dos detenidos, el ex ministro de defensa Angel Aníbal Guevara (1978-1982) y el ex jefe de la Policía Nacional German Chupina Barahona, cuya salud es precaria de acuerdo al criterio médico.
Otros dos ex funcionarios durante ese mismo período, Donaldo Alvarez Ruiz y Pedro García Arredondo, ministro de Gobernación y jefe de un cuerpo policial especializado en represión, respectivamente, están prófugos.
Eduardo de León, director ejecutivo de la Fundación Rigoberta Menchú, aseguró que hay una gran preocupación porque los principales acusados por delitos de lesa humanidad estén libres.
El conflicto armado interno en Guatemala se extendió de 1960 a 1996 y en ese tiempo murieron o desaparecieron más de 200 mil personas, unas 400 aldeas y poblados fueron arrasados y se perpetraron cientos de masacres contra comunidades indígenas.
Según dos acuciosas investigaciones, una de la iglesia católica y otra de las Naciones Unidas, el ejército fue responsable de más del 90 por cientos de estos actos.
[Fuente: Prensa Latina, Guatemala, 15nov06]
 | This document has been published on 19Nov06 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |