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02jun14
La cúpula de Caixa Penedés falseó las cuentas durante 10 años para amasar 31,6 millones en pensiones
Durante casi una década no hubo rastro de 31,6 millones de euros. Entre 2001-09, las millonarias pensiones de la cúpula de Caixa Penedés permanecieron ocultas gracias al poder absoluto del que gozaban Ricardo Pagés, Manuel Troyano, Santiago José Abella, Juan Caellas y Jaume Jorba. Todos ellos elaboraron un plan, con distintas etapas, para ampliar las condiciones de acceso a los derechos pasivos que tenían reconocidos en sus contratos de alta dirección. Un plan que les obligó a falsear las cuentas de las entidad, durante nueve ejercicios, según confirman fuentes del sector, para evitar que el resto de responsables de la caja y el Banco de España conocieran cómo estaban preparando su retiro dorado de la entidad. Así elaboraron un plan que les embolsó ilícitamente 31,6 millones de euros, de los que han tenido que devolver 28,6 millones para sortear la cárcel, después de convertirse en los primeros banqueros condenados por el saqueo de las cajas de ahorros.
Durante el proceso de externalización de los compromisos por pensiones, a finales de 2001, los banqueros condenados por la Audiencia Nacional, aprovechándose de la representación general atribuida a su entonces director general, Ricardo Pagès, modificaron unilateralmente, sin consentimiento ni conocimiento de la entidad, en beneficio propio y perjuicio de Caixa Penedés, los compromisos por pensiones reconocidos en sus contratos.
El 28 de diciembre de 2001, Pagès, actuando en nombre de Caixa Penedès en calidad de tomadora, contrató una póliza de seguros cubrir el fallecimiento de los directivos Pagès, Troyano, Abella, Caellas y Jorba. En esa póliza incluyeron una cláusula denominada "derechos económicos", con la cual se garantizaban el acceso a los derechos pasivos en el caso de cesar en la compañía en cualquier momento y por cualquier concepto. Incluso por despidos disciplinarios o por salir de la entidad voluntariamente para prestar servicios en cualquier otra empresa, incluso del ámbito financiero. De hecho, éste fue el modo, y no el reconocido en sus contratos, en que Pagès y Abella (y el fallecido Jorba) accedieron finalmente a los derechos pasivos y la vía por la que Troyano y Caellas mantenían su pretensión de acceso. Esta primera póliza sumaba 8,7 millones en 2001, cantidad que se fue incrementando cada año.
En esta póliza, los ex directivos redactaron otra cláusula que dejaba a la entidad, es decir, a futuros directivos, sin posibilidad de anular estas prestaciones. Así, Pagès, el ejecutor del plan, hizo constar que el tomador (Caixa Penedès) únicamente podía ejercer su derecho de rescate con el consentimiento de cada asegurado. De esta manera, la antigua caja catalana se quedó sin opciones de poder reclamar esas cantidades.
Indemización millonaria incluso con despido procedente
El segundo movimiento se efectuó apenas dos meses después. El 6 de febrero de 2002, Pagés sin autorización previa, sin que los órganos de administración de Caixa Penedès fueran informados con posterioridad, sin ratificación posterior por parte de los órganos de administración de la entidad, y actuando simultáneamente, además, en representación de la sociedad como tomadora y en representación propia como asegurado y beneficiario, añadió una nueva cláusula y modificó otras dos.
El nuevo cambio ampliaba la posibilidad de cobrar las millonarias pensiones incluso en caso de despido disciplinario procedente. Gracias a esta situación, las cláusulas de sus contratos de pensiones con Deutsche Bank Vida y AXA les posibilitaba percibir un blindaje de hasta dos veces el importe de la provisión matemática (aportaciones anuales). Todas estas modificaciones se efectuaron sin conocimiento, consentimiento, autorización ni ratificación por parte de los órganos de administración de la entidad bancaria.
Tras la contratación de las pólizas, los acusados dotaron las correspondientes primas y provisiones entre 2001 y 2010 para garantizar los compromisos suscritos con las aseguradoras. Estos pagos, sin embargo, permanecieron ocultos en la contabilidad de la entidad. No fueron detallados en ningún momento ni en las cuentas anuales de la sociedad ni en los informes de gobierno corporativo de la caja, ni en la información proporcionada a la CNMV, ni finalmente en las comunicaciones dirigidas al Banco de España a nombre de la entidad, según confirman fuentes judiciales.
El engaño corría peligro de destaparse con la integración de Penedés en BMN, en 2010. Para poder legalizar las cantidades amasadas durante todos esos años, Juan Caellas logró que la Comisión Ejecutiva de Caixa Penedés validase estos contratos, apenas 43 días antes de la fusión. El ex directivo logró su objetivo argumentando que los acuerdos que proponía "no suponían incremento retributivo alguno" y ocultó las circunstancias en las que fueron contraídas las obligaciones fraudulentas contra la entidad en 2001 y 2002. La Comisión Ejecutiva aprobó adaptar los contratos de los directivos con las pólizas suscritas en el año 2001 y 2002, por lo que quedaban validados automáticamente los 31,6 millones que se venían amasando en la sombra.
El plan de los banqueros saltó por los aires con la entrada en BMN. Carlos Egea solicitó a Pagès que diversa documentación sobre la entidad, pero Pagès le respondió que iba a remitírsela al Banco de España.
Entonces Egea se dirigió al supervisor y fue entonces cuando supo al obtener finalmente la documentación, las cifras de las pensiones de hasta 31,6 millones de euros que se habían autoconcedido los acusados. Por ello, el presidente de BMN exigió a Pagès su dimisión y le advirtió de que, si no accedía, pediría su cese al futuro Consejo de BMN, a lo que le respondió que le diera tiempo para pensárselo, si bien finalmente acabó dimitiendo en la reunión del 24 de noviembre de 2011.
[Fuente: Por Miguel Alba, Vozpópuli, Madrid, 02jun14]
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