| Información |  | |
Derechos | Equipo Nizkor
| ||
| Información | | |
Derechos | Equipo Nizkor
| ||
04jun13
La Generalitat pide más de 11 años de prisión para Blasco, la Fiscalía 14
La Abogacía de la Generalitat Valenciana solicita 11 años y 6 meses de prisión y hasta 21 años de inhabilitación para quien fuera su conseller de Cooperación, Rafael Blasco, ex portavoz parlamentario del PP valenciano y aún diputado autonómico del grupo 'popular', por su presunta participación en una trama a la que se acusa de desviar fondos públicos destinados a ayudar al Tercer Mundo.
El informe de los servicios jurídicos del gobierno valenciano estima que la pena para Blasco debe ser de 7 años de prisión y otros 17 de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de malversación de caudales públicos, y de 4 años y 6 meses de cárcel y otros 4 de inhabilitación por un delito de falsedad documental. Por el presunto delito de prevaricación pide otros 10 años de inhabilitación.
La Abogacía hace responsable en su escrito a Blasco del desvío de las subvenciones públicas. "Ello no hubiera sido posible si el departamento administrativo competente hubiere accionado los mecanismos oportunos para el control de los caudales públicos", dice su informe, que censura las "acciones y omisiones de funcionarios y cargos públicos que favorecen, contribuyen, conocen, consienten y no impiden el resultado que se alcanza en cuanto a la desviación de fondos públicos".
La Fiscalía pide 14 años de prisión
El pronunciamiento de la Generalitat se ha conocido casi al mismo tiempo que el de la Fiscalía Anticorrupción, que solicita 14 años de prisión y 33 años de inhabilitación para el ex conseller de la Generalitat Valenciana.
Los fiscales Vicente Torres y Jesús Carrasco piden para él ocho años por un delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, y como inductor del delito de falsificación documental, y otros seis años por falsedad en documento público y oficial.
Los delitos que le atribuyen son directamente proporcionales a la gravedad de los hechos que se han investigado. Blasco está contra las cuerdas. El Ministerio Público dice que él era el "garante" de los fondos de la Conselleria.
La Fiscalía le sitúa en un lugar estratégico para que su empresario de referencia, Augusto César Tauroni ('Mister X' en la investigación), pudiera hacer negocios ya que, dice la Fiscalía, se enteraba a través de él de las convocatorias a las subvenciones.
Además, insiste en que Blasco no era alguien ajeno a lo que sucedía en su departamento. Más bien todo lo contrario. "Tenía entre sus obligaciones la adjudicación y distribución de los fondos públicos de su Conselleria", concluye Anticorrupción.
A lo largo de las 90 páginas que integran su escrito provisional de los hechos, la Fiscalía repasa todos los capítulos de subvenciones, la influencia de Tauroni, la estrecha relación que unía al empresario con Blasco (habla de "amistad personal" y añade que "trataba directamente con él los problemas que surgían en las Cortes") e incorpora el intercambio de correos electrónicos entre ambos en los que el político le informaba de todas las preguntas que hacían los partidos de la oposición en las Cortes en relación con el entramado delictivo.
Torres y Carrasco también dedican un extenso capítulo a las presiones del entonces conseller a los técnicos que se negaron a validar la concesión a la Fundación Cyes, cuyo presidente era Marcial López, de un proyecto por falta de experiencia.
Se refiere a los 1,8 millones de euros que la Fundación Cyes -que no tiene ninguna relación con la constructora del mismo nombre- recibió en 2008 para la ejecución de dos proyectos solidarios en Nicaragua y de los que sólo un 3% alcanzaron su destino final.
Blasco, según se deduce del escrito, tenía interés en que esa operación saliera adelante y llegó incluso a decirles que "si nunca habían cometido ninguna irregularidad en la tramitación de los expedientes de subvenciones". E insiste en que "aprovechó su condición de máximo responsable de la Conselleria" para "amedrentarles".
Después, prosigue el Ministerio Público, se concedió la subvención y Cyes se embolsó un total de 1.666.819,86 euros. "Esta Resolución la dictó el acusado Rafael Blasco Castany sabiendo que la Fundación Cyes no tenía la experiencia que exigía la convocatoria de las subvenciones que él mismo había ordenado y que nunca debía haber obtenido estas subvenciones", argumentan los fiscales.
Anticorrupción se mete de lleno en el análisis de cómo se gestionó el dinero que recibió la Fundación que dirigía López. En concreto, habla de dos proyectos para Nicaragua que no llegaron a realizarse y de cómo 'Míster X' le aleccionó para hacerse con ellos. "Augusto César Tauroni Masiá emitió a nombre de Gestiones e Iniciativas Arcmed S.L. dos facturas (...) por importe de 208.352,48 euros cada una, lo que suponía exactamente el 25% del importe total de la subvención, es decir, el importe que previamente habían convenido él y Marcial López López como contraprestación por la adjudicación de la subvención".
Tauroni, prosigue, "a través de Gestiones e Iniciativas Arcmed S.L., no realizó ninguno de los dos trabajos por los que cobró un total de 416.704,96 euros, ya que ni disponía de trabajadores ni envió a ningún ingeniero ni topógrafo a Nicaragua, a realizar los trabajos facturados. Se limitó a realizar dos dossiers copiados de diversas páginas web de internet para justificar los trabajos no realizados. Rafael Blasco Castany sabía que esta sociedad pertenecía a Augusto César Tauroni Masiá y que era la mercantil que había utilizado para lucrarse con las dos subvenciones concedidas".
Más tarde, concluye que se adquirieron inmuebles por valor de 805.000 euros. La adquisición de los cuatro pisos, dice Anticorrupción, "nada tenía que ver con el objeto de las subvenciones concedidas en Nicaragua".
En contraposición, añade, "únicamente se transfirió a Nicaragua la cantidad de 22.000 euros (...), es decir, sólo el 2,5 % del total de las dos subvenciones llegó a su país de destino".
Asimismo, los fiscales también aluden a las "actividades paralelas" entre Tauroni y Blasco en relación con el tratamiento informativo que estaba apareciendo en diversos medios de comunicación sobre las irregularidades de las subvenciones referidas. La consigna, según recoge el escrito, era una batería de entrevistas y el anuncio de querellas.
La instrucción
El pronunciamiento de la Fiscalía llega diez días después de que la juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) Pía Calderón cerrara la instrucción de la primera de las dos piezas del llamado caso Cooperación con un auto que ya era demoledor para el ex conseller de Cooperación.
El PSPV, que ejerce la acusación popular, pide 15 años de cárcel para el ex conseller de Cooperación y otros 42 de inhabilitación y José Antonio Penadés, padre del único niño haitiano adoptado en la Comunidad Valenciana, y también acusación popular, solicita una pena de 13 años de prisión.
La juez Calderón detectó "indicios de criminalidad" en las actuaciones de Blasco y le situó en el centro de la trama. La verosimilitud inicial de los hechos alcanzó en su auto "un grado de realidad muy probable".
A Rafael Blasco, que todavía mantiene su acta de diputado autonómico del PP valenciano y ha sido conseller con todos los gobiernos de la Generalitat (incluso el del socialista Joan Lerma), se le imputan los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos.
[Fuente: Por Gema Peñalosa, Valencia, El Mundo, Madrid, 04jun13]
 | This document has been published on 06Jun13 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |