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17ene12
Garzón pide la recusación de dos magistrados y poder recurrir si le condenan
Los principales imputados del "caso Gürtel" sientan desde hoy en el banquillo de los acusados a Baltasar Garzón, el juez que les investigó, por haber ordenado a la Policía que grabara las conversaciones que mantenían en prisión con sus abogados. Francisco Correa, supuesto cabecilla de la trama de corrupción; su número dos, Pablo Crespo Sabaris, y el constructor José Luis Ulibarri piden para el magistrado una pena de 17 años de inhabilitación. La fiscal Pilar Fernández defiende que Garzón no incurrió en ningún delito y reclama su absolución, al igual que el abogado defensor.
Garzón ha vuelto a formular al Tribunal Supremo la recusación de dos de los magistrados de la sala, al tiempo que ha pedido que se le garantice la posibilidad de poder recurrir en segunda instancia a la Sala 61 del TS en caso de una hipotética condena. Con esta petición, el abogado de Garzón, Francisco Baena Bocanera, ha iniciado su intervención en la fase de cuestiones previas de la vista oral. Baena Bocanera ha vuelto a plantear la recusación de los magistrados Luciano Varela y Manuel Marchena, por considerar que su imparcialidad está comprometida al ser éstos, respectivamente, los instructores de las otras dos causas abiertas a Garzón en el Supremo: la relativa a la Memoria Histórica y la que le investiga por los patrocinios de los cursos que impartió en Nueva York entre 2005 y 2006.
El abogado Baena Bocanegra también ha planteado al tribunal que se permita a Garzón la posibilidad de presentar un recurso de apelación ante la Sala del 61 del TS, encargada de los casos de aforados, ya que no está prevista esa posibilidad, lo que en opinión del letrado impide al magistrado "ejercer un derecho plenamente reconocido". Garzón, que no se sienta en el banquillo de los acusados, sino en el estrado reservado a los letrados vestido con toga y puñetas, se mantiene atento a la intervención de su abogado, que también ha denunciado la "discriminación" que ha sufrido, al haber excluido el tribunal como prueba el auto del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, que prorrogó las escuchas ordenadas por Garzón.
El magistrado Alberto Jorge Barreiro, instructor de la causa, decía en su auto de apertura del juicio oral, de fecha 11 de abril de 2012, que Garzón autorizó las intervenciones telefónicas "con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que no tenía la seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos". Esa información era la estrategia de las defensas y los datos confidenciales que los jefes de la trama, entonces encarcelados en Soto del Real (Madrid), pudiesen trasladar a sus abogados, según el auto citado.
Francisco Correa y Pablo Crespo tenían entonces (19 de febrero de 2009) como abogado a José Antonio López Rubial, que resultó imputado en la causa, aunque el 2 de marzo designaron nuevos letrados para hacerse cargo de su defensas. Éstos acudieron a prisión para ver a sus clientes el 6 de marzo y sus comunicaciones fueron igualmente interceptadas pese "a no constar indicio incriminatorio alguno ni sospecha que pudiera vincularles" a la trama de corrupción, dice el auto del instructor.
Recibido entre aplausos y gritos de ánimo
El juez ha llegado al Tribunal Supremo entre los aplausos y gritos de ánimo de simpatizantes. Alrededor de las 09:50 horas han llegado a pie desde la Audiencia Nacional al Alto Tribunal un grupo de magistrados y fiscales, que han acudido para arropar a su compañero. Entre ellos estaban la fiscal Dolores Delgado, los jueces de instrucción Fernando Andreu y Santiago Pedraz y los magistrados de la sala de lo penal Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez Valcárcel, Clara Bayarri y José Ricardo de Prada, estos últimos son los que firmaron el voto particular a favor de la competencia de Garzón para investigar los crímenes del franquismo.
Frente a las puertas del Supremo varias decenas de personas, convocadas por la plataforma "Solidarios con Garzón", se han concentrado para denunciar "la persecución política" al magistrado de la Audiencia Nacional, suspendido de sus funciones desde mayo de 2010. El grupo de simpatizantes, encabezado por la actriz Pilar Bardem y el diputado de IU Gaspar Llamazares, portaba una gran pancarta en la que se podía leer "Contra la inmunidad, solidaridad con las víctimas del franquismo", al tiempo que coreaban gritos en solidaridad con apoyo al juez e insistiendo en que "hay que juzgar al franquismo criminal". La plataforma ha presentado en el registro del Tribunal Supremo un escrito para pedir la dimisión de la Sala de lo Penal que juzga al magistrado.
Enorme expectación
Está previsto que la vista se prolongue hasta el próximo jueves. En la primera jornada se resolverán las cuestiones previas y declarará Baltasar Garzón. Las siguientes se dedicarán a escuchar a los seis testigos citados, todos ellos policías vinculados con la investigación del "caso Gürtel". La expectación creada es tal que se han acreditado setenta medios de comunicación, una treintena de ellos internacionales, como CNN, The Times, Wall Street Journal o la cadena de televisión Al Jazeera.
La vista es la primera de las tres a las que el extitular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional debe enfrentarse. Para dentro de una semana, el día 24, volverá a ser juzgado por el caso de las fosas del franquismo, y aún está en fase de instrucción la causa por los emolumentos que recibió de varias entidades bancarias para financiar distintas actividades académicas durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006. Una condena en cualquiera de ellas supondría el fin de su carrera como juez.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspendió al juez en sus funciones el 14 de mayo de 2010, después de que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela decidiera abrir juicio oral contra él por un delito de prevaricación al investigar los crímenes del franquismo sin ser competente para ello. Varela forma parte de la Sala que lo juzgará desde hoy, al igual que Manuel Marchena, que instruye la causa por la financiación de sus cursos en Estados Unidos. La recusación de ambos por Garzón fue desestimada la semana pasada por el Tribunal Constitucional (TC).
[Fuente: Por Carlos Fonseca, El Confidencial, Madrid, 17ene12]
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