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29ago18
Baltasar Garzón «coloniza» la justicia universal en el Ministerio de Delgado
Inhabilitado como juez pero restituido moralmente en algunos de los movimientos que Pedro Sánchez ha llevado a cabo en sus casi tres meses de gobierno, entre ellos la exhumación de Franco y ahora el impulso a la justicia universal.
La sombra de Baltasar Garzón, inhabilitado por el Tribunal Supremo por las escuchas entre abogados e imputados de Gürtel, planea sin disimulo por el Ministerio de Justicia de Dolores Delgado, con la que mantiene una estrecha amistad desde que ambos coincidieron en la Audiencia Nacional (él como instructor y ella como fiscal) y consiguieron, entre otros hitos, la primera condena por genocidio a un militar argentino, el capitán de corbeta Adolfo Scilingo.
Solo desde la relación de Delgado con la izquierda judicial ligada a Garzón se puede entender el fichaje para su equipo de asesores de materia de justicia universal de cuatro expertos estrechamente vinculados al que fuera instructor, entre otros, del caso Gürtel.
Se trata de José Ricardo de Prada, el ponente de la sentencia de ese caso que, extralimitándose del objeto de la vista, consideró acreditada la caja B del PP; Manuel Ollé, profesor de Derecho Internacional y recientemente abogado defensor de uno de los agresores a los guardias civiles de Alsasua; Manuel Miguel Vergara, profesor de Derecho Penal, asesor de la Fundación Internacional Baltasar Garzón y abogado de su despacho privado, Ilocad; y Hernán Hormazábal, catedrático de Derecho Penal y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España.
Polémica
En plena polémica sobre la posición del Ministerio de Justicia en la defensa de Llarena ante la demanda civil de los independentistas en Bélgica, y con el anuncio de su reprobación en el Senado por parte del PP, Delgado dio por constituido ayer el consejo asesor integrado por los juristas citados, un equipo que estará presidido por ella misma y que tendrá como vicepresidente al secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz.
El objetivo de este grupo es, según anunció su Departamento, proponer al Ministerio cuáles son los criterios que deben regir la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que permita la recuperación de la jurisdicción universal de los tribunales españoles. En definitiva, dar marcha atrás a la reforma promovida por el Grupo Popular en 2014.
Ese año, ante la proliferación de causas en la Audiencia Nacional que estaban tensando las relaciones diplomáticas con otros países, los populares decidieron limitar la justicia universal al supuesto de que el acusado fuera español o, siendo extranjero, se encontrara residiendo en España.
Esta circunstancia, que restringía aún más lo establecido en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, obligaba a cerrar procedimientos como el abierto contra tres militares estadounidenses por la muerte del cámara de Telecinco José Couso, a quien tres militares estadounidenses dispararon desde un tanque en Bagdag el 8 de abril de 2003.
En su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso el pasado 11 de julio, Delgado ya avanzó que la recuperación de la jurisdicción universal es uno de los proyectos prioritarios de su departamento en esta nueva etapa, al considerar que contribuye a evitar «indeseables espacios de impunidad» y que es un instrumento imprescindible en la persecución de crímenes transfronterizos y nucleares de la delincuencia organizada internacional y una eficaz herramienta en la defensa de las víctimas de crímenes contra la humanidad. Lo que no anunció fue que quienes iban a integrar este grupo eran estrechos colaboradores del que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Es el caso de José Ricardo de Prada, un magistrado con una ideología tan marcada como su capacidad para crear polémica. Suscribió un voto particular (de apoyo a Garzón) cuando el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional declaró en 2008 que el instructor no era competente para abrir las fosas del franquismo; afirmó que la «tortura» a miembros de la banda terrorista ETA ha sido «clara» en España; calificó de desproporcionadas las penas a etarras y avaló el «chivatazo» policial en el bar Faisán de Irún. En su haber tiene también su negativa a condenar a un proetarra por una pintada de enaltecimiento a la banda porque no llegó a terminarla o, más recientemente, la ponencia del caso Gürtel en la que, fuera del objeto del proceso, dio por probada la existencia de la caja B del PP facilitando a la oposición la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a La Moncloa.
Compañeros
La estrecha relación de Garzón con Ollé también viene de largo, por cuanto magistrado y letrado han coindicido en la instrucción de numerosas causas de justicia universal. En 2016 ambos, junto con el abogado Eduardo Ranz, presentaron un recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el que alegaban que el Consejo de Ministros había vulnerado el derecho de petición en su propuesta de convertir el Valle de los Caídos en un lugar de memoria histórica.
Entre otras cuestiones, solicitaban la exhumación de Francisco Franco y Primo de Rivera del Valle de los Caídos. En febrero de 2017 el Alto Tribunal desestimaba el recurso sin pronunciarse sobre el fondo de un asunto que hoy enarbola el Ejecutivo de Sánchez con tanta urgencia que le ha llevado a aprobar el desenterramiento del dictador por decreto-ley.
Más recientemente Ollé ha sido el abogado defensor de uno de los ocho acusados de agredir a dos guardias civiles y sus novias en Alsasua (Navarra), una acción calificada por la Fiscalía como terrorista. Durante su informe final, Ollé, letrado de Julen Goikoetxea, acusó al Ministerio Público de «tomar decisiones que sombrean el Estado totalitario», en referencia a su petición de cárcel.
Se da la circunstancia de que su cliente, condenado a nueve años de cárcel, fue trasladado de la prisión de Soto del Real a la alavesa de Zaballa el pasado 17 de agosto.
Por su parte, Manuel Miguel Vergara Céspedes, es profesor de Derecho Penal en el Instituto de Empresa, asesor de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar), y abogado del despacho fundado por el juez inhabilitado, mientras que Hernán Hormazábal, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH), es firme defensor del exjuez de la Audiencia Nacional en tribunas abiertas.
En la primera reunión celebrada ayer, Delgado les pidió un primer informe que permita que la reforma de la justicia universal se adapte a la realidad social y a los tratados internacionales suscritos por España.
[Fuente: Por Nati Villanueva, ABC, Madrid, 29ago18]
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