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15jun05
Desbandada en la Audiencia Nacional de jueces contrarios a los usos del presidente de la Sala de lo Penal, Gómez-Bermúdez.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que preside el magistrado Javier Gómez-Bermúdez vive una de las mayores crisis de su historia, con episodios de desbandada de magistrados quejosos con la peculiar forma de hacer las cosas de su presidente. Dos de los más notorios, Carlos Ollero y Raimunda de Peñafort Lorente, ya han aceptado otros destinos de menos relieve (BOE, jueves 9 junio 2005), incapaces de seguir soportando la situación creada.
La existencia de esta crisis es particularmente relevante en una instancia como la Audiencia Nacional y en una Sala de lo Penal que debe dilucidar asuntos tan calientes como el recurso de la Fiscalía contra la decisión del juez Santiago Pedraz de poner en libertad al sanguinario etarra De Juana Chaos.
El malestar de no pocos magistrados comenzó a hacerse evidente hace tiempo, tras constatar los intentos de Gómez-Bermúdez por controlar la Sala a través de la composición de los Tribunales. El primer paso, de acuerdo con las fuentes, consistió en anular las secciones que venían funcionando desde hace años, bajo el argumento de que ahora eran funcionales y no orgánicas y que, por tanto, se podían recomponer a su libre albedrío.
La situación ya provocó la recusación del propio Gómez-Bermúdez, cuando intentó presidir el tribunal encargado de juzgar el caso de las indemnizaciones millonarias pagadas por el banquero Emilio Botín. El episodio, sin embargo, no resolvió el fondo de la cuestión. Al contrario, el CGPJ apoyó el criterio de que se trataba de secciones funcionales, dándole la oportunidad de proceder a los nombramientos pertinentes para cada caso.
En teoría, la composición de las secciones debe estar preestablecida según un programa previo aprobado por la Sala de Gobierno a principio del año. Las situaciones de urgencia y el desbarajuste que enseñorean la AN, por un lado, y la propia voluntad de Bermúdez, por otro, han hecho que casi todo sean "situaciones de urgencia".
El resultado es que, en situaciones de esa índole, Gómez-Bermúdez dispone de poder bastante para nombrar y revocar para un juicio a quien considere oportuno. Esta dinámica de control de la composición de los tribunales ha provocado el recelo, cuando no las protestas, de no pocos magistrados de la Sala de lo Penal, conscientes de que el sistema podría permitir la nominación del juez o jueces más idóneos para entender según de qué casos, vulnerando el principio del derecho al juez predeterminado por la ley.
Plenos poderes en la Sala de lo Penal
Gómez-Bermúdez controla también el nombramiento de los magistrados sustitutos y de quienes están en comisión de servicio, que precisamente por su situación de precariedad le deben fidelidad casi absoluta. El número de magistrados en esta situación ha llegado a ser superior al de los magistrados titulares, cuya vida también se ha hecho más difícil a cuenta del sofisticado sistema de control implantado por Bermúdez sobre su trabajo, especialmente de los atrasos, de tal manera que sobre todos ellos pende una permanente espada de Damocles, puesto que en la AN es casi imposible estar totalmente al día, aunque el magistrado trabaje de sol a sol.
El resultado es que los magistrados titulares que no han llegado a algún tipo de entente con Bermúdez se están dando de baja por razones médicas o están abandonando la Audiencia directamente. Es el caso de Francisco Castro, de la Sección Tercera, que ha salido por razones médicas y presiones de diverso tipo y que, cuando ha tratado de volver, ha visto cerrado el camino.
Fernando García Nicolás, presionado por el trabajo atrasado, ha preferido, según las fuentes, aferrarse a una baja pretextando una operación de cataratas y dejando empantanado un juicio. Situación parecida es la de Luis Martínez de Salinas, a quien Bermúdez ayudó a salir del charco del 'caso Lamarie', pero que ahora se ve también amenazado y estaría en situación de abandonar la AN.
Carlos Ollero ha terminado también por decir adiós. Lo mismo que Raimunda de Penafort Lorente, que estaba en Comisión de Servicios y que, después de haber ofrecido su ayuda y colaboración plena a Gómez-Bermúdez, "se ha dado cuenta de que ningún apoyo es suficiente para colmar al presidente de la Sala de lo Penal", por lo que ha decidido retirarse de este peligroso juego.
Las prácticas de Bermúdez están provocando el recelo de quienes un día fueron sus incondicionales, al punto de que hay casos de magistrados suplentes que están haciendo lo imposible por irse, incluso perdiendo dinero. En definitiva, una situación de crisis que hace difícil para la Sala de lo Penal seguir conociendo de los asuntos judiciales más complicados y sensibles de este país.
[Fuente: Aníbal González para El Confidencial, Madrid (Esp), 15jun05]
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