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03abr11
José Manuel Gómez Benítez preparó las querellas contra cargos políticos chinos
Todo aquel que le conoce está de acuerdo: José Manuel Gómez Benítez es una persona brillante como profesional que, sin embargo, lo pierde todo en sus formas. Irascible, colérico, duro e incluso agresivo. Así es uno de los actuales vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que está sonando mucho por su participación en las negociaciones con ETA durante la pasada tregua.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, le eligió como una de las tres personas que hablarían con los etarras en nombre del Gobierno. Según la descripción de las personas que le conocen, no es descabellado pensar que efectivamente en una de las reuniones con los terroristas tras el atentado de la T-4, este catedrático mantuvo un encuentro más que airado. Protagonizó una bronca con un etarra que, dicen, casi llega a las manos.
Gómez Benítez es una persona de confianza del ministro. Ha sido abogado del PSOE durante mucho tiempo, a la par que de Baltasar Garzón. Estos estrechos lazos profesionales los rompió cuando fue nombrado vocal del órgano de los jueces. Evidentemente, su carta de presentación para ser elegido vino directamente del vicepresidente.
Se le propuso este puesto aunque dentro del Partido Socialista no era la primera vez que habían pensado en él para un cargo público. Su nombre ya sonó cuando en 2004 el PSOE ganó las elecciones como ministro de Justicia, aunque no llegó a conseguirlo. Curiosamente, a ese puesto también aspiraba su íntimo amigo unos años antes con Felipe González.
Antes de llegar al CGPJ, el nombre de Gómez Benítez no era muy conocido en el mundo extrajudicial. Sin embargo, su relación con Garzón y su papel de negociador han hecho que este abogado salga en primera plana. Poco después de llegar al Consejo, Baltasar Garzón comenzó con graves problemas judiciales en el Tribunal Supremo. El magistrado tuvo que buscarse otro abogado porque su letrado desde hacía mucho tiempo ocupaba ya en cargo público.
El CGPJ debía decidir si el juez de la Audiencia Nacional tenía ser aparatado de manera cautelar hasta que el Alto Tribunal le juzgara. Gómez Benítez se abstuvo de todas las decisiones, o por lo menos de manera pública y formal. Fuentes del Consejo explican que este vocal del lado progresista elaboró informes y asesoró a alguno de sus compañeros para intentar evitar la suspensión de su amigo.
Previamente, el órgano de los jueces había estudiado el asunto de los cobros de la Universidad de Nueva York. En ese momento, entendió que Garzón no había cometido ninguna falta disciplinaria al no avisar de sus ingresos por impartir unos cursos.
Tensión en el CGPJ
Otro de los momentos más bruscos de su carrera se dio con su mala relación personal con otra vocal progresista del CGPJ, Margarita Robles, a su vez enemiga de Garzón. Aún así, una vez pasado el terremoto, las aguas han vuelto a su cauce y ahora trabajan codo con codo en la comisión de asesoramiento al Gobierno para las próximas reformas legales, junto con el vicepresidente Fernando de Rosa y el vocal Manuel Almenar.
Las tensiones ya no son tan evidentes, la cordialidad ha vuelto al escenario diario. Aún así, de todos es conocido el carácter tan complejo de Gómez Benítez. Los debates y las reuniones se hacen complicadas cuando él está presente.
Después de toda la tensión, parecía que ahora tocaba calma. Sin embargo, su nombre ha vuelto a la palestra tras aparecer en las actas de ETA como uno de los tres negociadores con los terroristas.
El PP le pide públicamente explicaciones, mientras que el sindicato Manos Limpias, el mismo que ha hecho que Garzón se siente en el banquillo de los acusados por el asunto de la Memoria Histórica, le ha denunciado en la Audiencia Nacional. El juez Eloy Velasco debe decidir ahora si abre una investigación contra él y los otros dos negociadores, Javier Moscoso y Jesús Eguiguren, por hablar con ETA, aunque los antecedentes dicen que estas reuniones no son delito.
La labor que Gómez Benítez hizo para el Estado al sentarse a negociar con los terroristas tiene un precio. Su nombre aparece en todos los medios de comunicación, junto a su fotografía. Algo que puede afectar a su seguridad, aunque en cierta manera, estar en el Consejo le proporciona la vigilancia y escolta que necesita. Además, trabaja en un edifico con altas medidas de seguridad y en una zona que con el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional al lado, tiene pocos resquicios de inseguridad.
Este catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III compatibilizaba su labor, con la de abogado. Fue conocido por su implicación con el Comité de Ayuda al Tíbet (CAT) y presentó una querella contra varios altos cargos chinos por el exterminio del pueblo tibetano.
Fue conocida su presencia en el juicio contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y dos de sus consejeros, Ángel Corcóstegui y José María Amusátegui. Decidió aceptar esta causa a pesar del desprestigio de aquellos que le contrataron, Rafael Pérez Escolar, condenado e inhabilitado por la justicia. Aún así, él siguió adelante. Lo vio como un reto y un antecedente sobre las indemnizaciones por jubilación que las empresas cotizadas pueden pagar a sus altos cargos. Botín se salió con la suya. Él perdió.
[Fuente: Por C. Gundal, El Confidencial, Madrid, 03abr11]
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