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18sep14


Marcelino Iglesias amañó en Aragón el contrato de una obra y la infló en 150 millones


El Gobierno de Aragón que presidía el socialista Marcelino Iglesias dio instrucciones para amañar el concurso de las obras de urbanización de la plataforma logística Plaza a favor de Necso Entrecanales, la constructora de Acciona, según correos electrónicos que la Udef ha entregado al juez de Zaragoza que investiga el caso. Ese trabajo tuvo un sobrecoste de 158 millones, 94 de ellos sin justificar, pero que aquel Ejecutivo aceptó.

La UTE que formaron Necso y su socio local, MLN, terminó facturando por ese contrato, correspondiente a la segunda fase de la urbanización, 204 millones más IVA, un precio cinco veces superior a los 46 millones por los que había sido adjudicado. Los informes periciales que constan en el procedimiento estiman que casi dos terceras partes de ese fabuloso sobrecoste -94 millones- es injustificado y se debe a una catarata de irregularidades: desde mediciones infladas para poder incrementar los precios a certificaciones de obras no ejecutadas y justificadas con facturas falsas cuyo importe se destinaba, en parte, a regalos y pagos en especie.

Plaza es el proyecto estratégico más importante de la comunidad de Aragón y aloja más de 200 empresas que dan empleo directo a unos 12.000 trabajadores. Inditex tiene allí un enorme centro desde el que distribuye su ropa para todo el mundo. La sociedad pública que gestiona la plataforma está participada en un 52% por el Gobierno autonómico y en otro 12% por el Ayuntamiento de Zaragoza. Precisamente, el Ejecutivo que preside Luisa Fernanda Rudi denunció el escándalo.

Desde que en 2000 se pusiera en marcha el proyecto, se adjudicaron obras por valor de 177 millones que han acabado costando en total 471. Casi 300 millones de exceso de los que más de la mitad -152- son producto de desmanes como los relatados, que constituyen un gravísimo caso de corrupción que se dirime en cinco procedimientos judiciales distintos con al menos 25 imputados hasta el momento.

Los correos entregados al juez

Los correos electrónicos, obtenidos del ordenador del ex gerente de Plaza y hasta ahora principal imputado, Ricardo García Becerril, fueron obtenidos por la Udef siguiendo las instrucciones del juez y del fiscal Anticorrupción José Grinda. Su contenido representa un enorme salto cualitativo respecto al alcance político del escándalo.

«Miguel Ángel, siguiendo instrucciones de la conserjería [sic], debemos reajustar la puntuación de Necso para alcanzar un total de 59 puntos», escribió en mayo de 2003 García Becerril al director técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez, precisando a continuación en qué consistió ese mandato desde el Ejecutivo de Marcelino Iglesias para favorecer a la constructora de los Entrecanales: «La indicación es subir a 10 puntos en coordinación y a 5 puntos en personal». Pérez pregunta entonces si da igual subir la puntuación en otros conceptos, «como Memoria», a lo que el gerente le responde afirmativamente.

La Policía razona que, sin esa argucia, es muy probable que Acciona hubiese perdido el contrato: «Sin la elevación de la puntuación en los criterios discrecionales, solicitada por el gerente a instancias de la Consejería, y ejecutada por el director técnico, la UTE Necso-MLN seguramente no habría pasado el corte a la segunda vuelta».

El informe relaciona esa «decisión directa» con otro correo electrónico en el que García Becerril habla del contrato de una fase anterior de la urbanización: «Estimado Javier: adjunto te envío las tablas de puntuación actualizadas en función de la última oferta de Necso y ACS recibida hoy en Plaza». La Udef subraya el término actualizadas como sugerente de que en esa adjudicación pudo producirse «igualmente alguna irregularidad en el sistema de puntuación».

La dirección receptora del mensaje es cordenacion@aragob.es. Según un directorio del Gobierno autonómico de aquel año, corresponde a la secretaria del entonces consejero de Obras Públicas, Javier Velasco. Se trata de un dirigente de la máxima confianza de Marcelino Iglesias, que de hecho llegó a ser después su consejero de Presidencia y en la actualidad es vicepresidente segundo de las Cortes de Aragón.

El viceconsejero de Obras Públicas en aquellos años, y al mismo tiempo consejero delegado de Plaza, era Carlos Esco, una de las personalidades más influyentes en esa comunidad autónoma. Casado con la última candidata socialista, Eva Almunia, y apadrinado por su amigo Marcelino Iglesias, que situó bajo su control las principales empresas públicas de la región, se enfrenta ahora a 15 años de cárcel en uno de los procedimientos adyacentes al escándalo, por malversar presuntamente 14 millones de euros correspondientes al sobrecoste injustificado de unas naves construidas en la plataforma por el conocido empresario Agapito Iglesias.

La Policía relaciona en su informe asimismo una serie de archivos de los que colige que, inmediatamente después de recibir los contratos, la UTE de Acciona ya tenía predeterminados unos sobrecostes cercanos al 150% e incluso previsto el precio de otras obras «aun cuando alguna de éstas ni siquiera se había comenzado a tratar por el Consejo de Administración de Plaza».

[Fuente: Por Joaquín Manso, El Mundo, Madrid, 18sep14]

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