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16mar14
El expolio de Aragón: la corrupción salpica ya a más de 70 políticos y empresarios
Ninguna comunidad autónoma es inmune a la corrupción. Pero se diría que algunas, como Aragón, parecen tener las defensas más bajas cuando se trata de combatir ese virus que penetra todas las terminales del poder. La lista negra de imputados acumula ya más de 70 políticos y empresarios en una región de sólo 1,3 millones de habitantes gobernada ahora por el PP, tras 12 años ininterrumpidos de ejecutivos socialistas. Y amenaza con seguir creciendo.
José Ángel Biel, presidente del Partido Aragonés (PAR), el socio de gobierno de la popular Luisa Fernanda Rudi, podría ser la próxima incorporación a ese listado de la infamia. El sindicato Manos Limpias presentó el pasado viernes una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra Biel, que es además presidente del Parlamento regional, por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
La víspera, el pleno de las Cortes de Aragón -el Parlamento autonómico- aprobó la creación de una comisión de investigación para depurar las responsabilidades políticas en la construcción y gestión de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), un mayúsculo escándalo de presunta malversación de caudales públicos que podría alcanzar los 100 millones de euros. Y, precisamente, los únicos que evitaron respaldar la propuesta fueron Biel y el PAR, un partido que gobierna con mano de hierro desde hace 14 años.
Biel justificó su abstención -PP, PSOE, IU y Chunta Aragonesista votaron a favor- con un argumento nada sofisticado: "Las comisiones de investigación sólo sirven para dar alpiste a los canarios". En 2011, después de que El Confidencial sacara a la luz una grabación en la que un colaborador muy cercano de Biel aseguraba que éste se había embolsado 500.000 euros en comisiones a cambio de favores urbanísticos, el líder del PAR tampoco pareció inmutarse: "Que diga lo que quiera. Decir que yo he cobrado comisiones es ciencia ficción".
El epicentro de la corrupción
El llamado caso Plaza marca el epicentro de la galopante corrupción en Aragón. Pero no es, ni mucho menos, el único. Y el PAR es el ingrediente de todas las salsas políticas que se cuecen en la comunidad, un partido bisagra que se dejó querer por el socialista Marcelino Iglesias, primero, y ahora por Rudi, con la que firmó en 2011 en Madrid un pacto de gobernabilidad para toda la legislatura que fue apadrinado por el mismísimo Mariano Rajoy.
La trama de corrupción del caso Plaza empezó a tejerse en 2004, cuando el PSOE y el PAR gobernaban la comunidad. Y la madeja siguió creciendo sin parar hasta 2011, ya con Rudi -y de nuevo Biel de copiloto- en el poder. La gigantesca plataforma logística que se levanta a las afueras de Zaragoza, una de las mayores de Europa, pretendía ser uno de los motores económicos de Aragón y un proyecto estratégico para el desarrollo de la comunidad. Pero se ha convertido en un agujero sin fondo que suma más de 100 millones de euros en pérdidas acumuladas.
A esos gigantescos números rojos hay que añadir el saqueo de otros 100 millones de euros -según los cálculos de policías y jueces- que han sido presuntamente desviados, mediante sobrecostes y comisiones, a bolsillos que tienen nombres y apellidos. El caso Plaza se tramita, ya despiezado, en ocho causas judiciales distintas que suman, de momento, 17 imputados. Entre ellos, quien fuera mano derecha de Iglesias y viceconsejero de Obras Públicas en el último Ejecutivo socialista, Carlos Escó, y el empresario y máximo accionista del Real Zaragoza CF, Agapito Iglesias.
El pasado 26 de febrero, un juez de Zaragoza pidió para ambos una fianza de responsabilidad civil de casi 19 millones de euros, que deberán prestar conjunta y solidariamente con Ricardo García Becerril, ex gerente de Plaza, la sociedad pública que gestiona la plataforma logística, controlada por el Gobierno aragonés y participada por el Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y CAI. Escó, que fue consejero delegado de Plaza, está casado con Eva Almunia, ex secretaria de Estado de Educación con José Luis Rodríguez Zapatero y rival de Rudi en las últimas elecciones autonómicas.
Escó puso tierra de por medio en 2010, cuando empezó a verle las orejas al lobo de la justicia, y fichó por Telefónica -uno de tantos políticos al que la multinacional de César Alierta ha encontrado acomodo- como responsable de Relaciones Institucionales para Latinoamérica. Telefónica le mantiene en su puesto, igual que Acciona ha cerrado filas en torno a dos de sus directivos imputados en la causa, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón. La familia Entrecanales ha desembolsado las fianzas que les impuso el juez, pese a que ambos están relacionados con el cobro de trabajos no realizados, certificaciones fraudulentas y facturas falsas para cargar gastos inexistentes.
Con las autonómicas a la vuelta de la esquina
El caso Plaza amenaza con envenenar la campaña electoral de las autonómicas de 2015. Ningún sondeo da a Rudi la mayoría absoluta en Aragón, y el PAR podría ser un incómodo aliado para el PP en la próxima legislatura si la telaraña de la corrupción acaba atrapando a Biel y los suyos. De hecho, una alcaldesa del PAR, Mariví Pinilla, se enfrenta a 37 años de prisión por cohecho, prevaricación y blanqueo en el llamado caso Molinos, una monumental estafa urdida en el municipio de La Muela, a 20 kilómetros de Zaragoza, en torno a la industria eólica.
El caso Molinos, que cuenta ya con 45 imputados, comenzó a fraguarse a mediados de la pasada década, cuando, casi de la noche a la mañana, La Muela se convirtió en uno de los municipios más ricos de España gracias a los más de 500 molinos de viento que surgieron como hongos. Hasta que se destapó la gigantesca corrupción urbanística que había alentado ese milagro económico. La trama presuntamente encabezada por Pinilla, y en cuyo festín participaron empresarios con pocos escrúpulos, ha dejado al Ayuntamiento asfixiado con una deuda de 25 millones de euros y un agujero tributario que roza los 10 millones.
A partir de mañana y hasta el próximo viernes, una docena de altos cargos y ex altos cargos del Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Zaragoza desfilarán por el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital aragonesa para declarar como testigos en una de las muchas ramificaciones del caso Plaza: el desfase millonario en la construcción de unas naves encargadas por la plataforma logística a la empresa Codesport, propiedad de Agapito Iglesias. Entre los convocados figura un consejero del Ejecutivo de Rudi, seis ex consejeros de la etapa del socialista Marcelino Iglesias y tres concejales del Ayuntamiento gobernado por Juan Alberto Belloch.
La querella de Manos Limpias contra Biel vincula a éste no sólo con el caso Molinos, sino también con el presunto cobro de 30 millones de euros en comisiones por la adjudicación de las depuradoras del Plan de Depuración de Aguas Residuales del Ejecutivo autonómico. Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial aseguran que el sindicato de funcionarios planea ampliar la querella al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, José María Rivera, primo hermano de Biel.
[Fuente: Por José L. Lobo, El Confidencial, Madrid, 16mar14]
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