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25nov21


¿Amnistía? La última trinchera del régimen fue obra de la izquierda y los nacionalistas


 El segundo día de las cortes elegidas democráticamente desde febrero de 1936, el 27 de julio de 1977, el PNV de Xabier Arzalluz había indicado que era indispensable: “una amnistía general aplicable a todos los delitos de intencionalidad política, sea cual fuere su naturaleza, cometidos con anterioridad al 15 de junio de 1977”. En el hemiciclo tomó la palabra para remarcarlo:

"En este sentido es necesario el olvido, el cese del diálogo de sordos, de las imputaciones mutuas, y no hay otra manera de que termine sino a partir de una amnistía total, de una amnistía amplia, en el pasado. Venimos de cara al futuro a política, laboral, pero amplia, para que ese olvido permita la confianza de todos en que ha comenzado una nueva época, en que se han abierto unos cauces de expresión de diferencias y de expresión de soluciones distintas, de renuncia a la violencia y empiece efectivamente una tarea colectiva de colaboración".

 Pocos se han acordado estos días en los que se debatía en el parlamento la nueva ley de Memoria Democrática del PSOE del verdadero origen de la ley de Amnistía. Las fechas elegidas también han contribuido al batiburrillo: alrededor del 20N, aniversario de la muerte del dictador, hasta el punto de producir situaciones un tanto ridículas como la presencia del líder del PP, Pablo Casado, en una misa por Francisco Franco en Granada "por error".

Libertad para ETA

Mientras, unos días antes, eran ERC y Unidas Podemos quienes pedían la derogación de una ley que en sus cabezas protege a los franquistas, pero que en realidad fueron los nacionalistas y los comunistas quienes la avalaron para poder concurrir en el nuevo proceso democrático.

Concretamnete para sacar de la cárcel a los terroristas de ETA y de paso a los del GRAPO y FRAP. Porque lo cierto es que las posibles imputaciones penales a líderes de la izquierda en la época de la Guerra Civil como el mismo Santiago Carrillo por su participación en las sacas de Paracuellos ya se habían eliminado, es más los presos políticos estaban todos en la calle desde hacía tiempo cuando se presentó la iniciativa de la amnistía.

 Así, los beneficiados fueron los terroristas: 56 miembors del GRAPO, 12 del FRAP, cuatro del FRAC -los responsables del asesinato del empresario Bultó-, 16 anarquistas y 26 presos de ETA entre ellos los sanguinarios Francisco Múgica Garmendia 'Pakito' -22 atentados y 36 asesinatos posteriores- o Santi Potros, responsable después de la matanza de Hipercor. No corrieron la misma suerte los once terroristas de ultraderecha implicados en el atentado de la revista El Papus, pero sí nueve del PCE.

No en vano, en esa misma sesión el diputado por el Partido Comunista, Santiago Carrillo, se expresó en términos similares a los de Arzalluz: “Bien sabemos que ciertos sectores pueden estar dolidos por acontecimientos recientes: también nosotros lo estamos por atentados que están en memoria de todos. Más el resentimiento no es buen consejero a la hora de iniciar la andadura política”.

Se referían a los muertos, los asesinados por ETA, y los Grapo, los de la Guerra Civil. Las palabras de Carrillo se enmarcaban en los secuestros y asesinatos a manos de ETA y a la matanza de Atocha. Lo que exigían él mismo y Arzalluz era la amnistía a los integrantes de ETA, GRAPO y FRAP, cuyos crímenes incluían como “delitos de intencionalidad política”.

El resultado de la presión de la oposición fue la Ley de Amnistía, que se aprobó en el parlamento el 15 de octubre de 1977 por todos los partidos de la oposición, más la UCD -en el gobierno- y con la única abstención de Alianza Popular. La frase que cambiaría la Historia de España: “Todos Ios actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis”.

 La Ley de Amnistía (46/1977, de 15 de octubre) por tanto, no tuvo su origen en la protección de los crímenes franquistas ni fue una iniciativa del gobierno de la UCD de Suárez sino parlamentaria. Antes incluso, los presos políticos de la dictadura habían sido primero indultados en 1975 por un decreto del rey Juan Carlos I y después ampliados por una ley de 1976 que eximía de responsabilidades penales y que dejaba sin efecto las condenas por actos de índole política a los opositores del régimen, objetores de conciencia, desertores y otros delitos tipificados entonces. Ambos decretos fueron aprobados por los últimos gobiernos de la dictadura y sancionados por el rey.

Catalanes y vascos

Fue precisamente el grupo parlamentario de catalanes y vascos el que reiteró la urgencia de la promulgación de la amnistía presentando el 14 de septiembre de 1977 un proyecto de decreto-ley. Los nacionalistas se sumaban al Partido Comunista que había presentado a su vez el 15 de julio de 1977 una "Proposición de ley de Amnistía General" en el que interpretaba que había que "superar definitivamente la división de los ciudadanos españoles en vencedores y vencidos de la Guerra Civil", -Santos Juliá 'Elogio de historia en tiempos de memoria' (2011)-.

Es decir que tanto a los nacionalistas como al PCE les parecía insuficientes los indultos del rey aprobados en los últimos actos de la dictadura. En puridad, una gran cantidad de presos, especialmente los terroristas de ETA se habían beneficiado de este proceso ¿Por qué entonces fueron más lejos el PCE, el PNV y CiU?

 Ahora que tanto el ministro de Presidencia Felix Bolaños, impulsor de la actual ley de memoria democrática tras Carmen Calvo, como la ministra de Defensa Margarita Robles han afirmado que la nueva ley no modificará en absoluto la amnistía y que se sienten orgullosos del proceso de Transición conviene por tanto aclarar el origen de todo el proceso. Lo que ocurrió en 1977 con las continuas y cada vez más profundas demandas de los grupos de la oposición fue que se articulase definitivamente una ley de punto final pero originada como iniciativa parlamentaria y no gubernativa. También lo hizo el mismo PSOE de Felipe González con una proposición de "Amnistía Total".

Eliminar sólo una parte

Como respuesta a las demandas de amnistía el grupo de la UCD en el gobierno incluyó entonces que también "quedaría extinguida cualquier responsabilidad penal en que pudieran haber incurrido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los delitos que quedaban amnistiados, es decir, los de intencionalidad política y de opinión siempre que no respondieran a un deliberado propósito de desestabilizar el proceso democrático". Es decir que lo que ERC y otros partidos han demandado eliminar ahora, es sólo una parte.El verdadero resultado final fue como explicó Santos Juliá: "consistía en amnistiar a los presos de ETA, pero de rebote, como así fue, también a los del FRAP, GRAPO o MPAIAC, es decir, a todos los grupos de extrema izquierda o nacionalistas que hubieran recurrido al terror como arma de la política.

 A los que no se amnistiaba, aunque algunos salieron también beneficiados en el clima de confusión que presidió la aplicación de la Ley, era a los terroristas de la extrema derecha causantes de la matanza de Atocha, en cuya acción resultaba imposible detectar el móvil de la reivindicación de libertades públicas o de autonomía de los pueblos de España". De hecho, la redacción de la ley amnistiaba a todos los presos de ETA incluido Miguel Ángel Apalategui, presuntamente implicado en el secuestro de Javier de Ybarra, asesinado el 22 de junio de 1977 siete días después de las primeras elecciones generales.

El error continuo desde hace años, ya en la primera redacción de la ley de Memoria Histórica en 2006 de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido el de querer ver en la amnistía de la Transición un proceso de autoritarismo por parte de la derecha, cuando su origen fue al contrario. Lo que sí evidencia es uno de los aspectos constantes de la memoria y es de sin querer, constatar que existe una voluntad por cambiar un hecho histórico y es que la democracia no fue fruto de un colapso del régimen franquista, sino de un pacto entre esas dos españas, y eso incluye a los de las misas por el alma de Francisco Franco, con Pablo Casado dentro de la iglesia o no.

[Fuente: Por Julio Martín Alarcón, El Confidencial, Madrid, 25nov21]

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