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16mar13
El ex alcalde de Alicante publicó sus bienes dos días después de empezar a ser investigado
El pasado 7 de junio de 2012, en pleno escándalo por la instrucción de la rama alicantina de Brugal, Luis Díaz Alperi publicó a petición propia el informe sobre sus actividades y bienes en la página web de las Cortes. Y este movimiento hizo saltar las alarmas a la Fiscalía, que empezó a pedir información sobre el patrimonio y la facturación del ex alcalde de Alicante y diputado del PPCV.
La denuncia registrada este viernes en el Tribunal Superior de Justicia y que instruirá el magistrado valenciano, Antonio Ferrer, recoge una supuesta operación de ingeniería contable en la que se habría apoyado el dirigente popular para ocultar su verdadero patrimonio.
Hacienda estima que pudo defraudar más de 600.000 euros al ocultar varios millones en ingresos. En el escrito de acusación los fiscales destacan que "a lo largo de su vida parlamentaria como diputado en las Cortes Valencianas jamás ha presentado en el registro de intereses el pasivo de la deuda tributaria".
Casualmente, matiza la Fiscalía, "es el 7 de junio de 2012 cuando de manera voluntaria procede a presentar una nueva declaración de actividades y bienes patrimoniales en la que hace constar un pasivo" por el concepto de deudas muy a largo plazo "por importe de 850.000 euros".
Por si fuera de interés, continúan afirmando para que el magistrado lo tenga en cuenta, Díaz Alperi publicó los datos "dos días después de iniciarse las actividades de comprobación por la Agencia Tributaria y ser requerido por diligencia de 5 de junio de 2012". En realidad, Díaz Alperi firmó el documento de bienes el mismo día en que se enteró de la investigación del fisco, tal y como refleja el documento que acompaña esta noticia.
Construyó una apariencia negocial
Todos estos datos son los que empujan a la Fiscalía Superior de la Comunidad a creer que Díaz Alperi "ha construido una apariencia negocial, mediante la intervención de personas interpuestas y a través de las correspondientes falsedades documentales mercantiles, encaminada a simular una deuda por la que se paga a nombre de Díaz Alperi sin que exista justificación contable alguna" para que el resto de empresarios no soliciten la deuda ni los créditos concedidos al ex alcalde.
Por tanto, el ministerio público está convencido de que el que realmente pagaba las deudas era Díaz Alperi con dinero que ocultó al estado para no pagar impuestos.
Las operaciones sospechosas de Díaz Alperi se consumaron entre los años 2007 y 2010, mientras era alcalde de Alicante y diputado regional en Valencia (aún mantiene su escaño).
En concreto, los supuestos fraudes detectados son tres. Uno hace referencia a la deuda tributaria que tenía contraída el dirigente como responsable de la mercantil Champaka de Promociones SL. El pago de esa cantidad fue satisfecha por un tercero, Taller de Contabilidad, con sede en Madrid. Y lo hizo "en base a un negocio subyacente por el que Alperi resultaba deudor", según la denuncia.
Más ONG que mercantiles
Otra empresa, Maldonado 33 SA, hizo de avalista alegando que tenía un contrato de asesoramiento con el popular. Sin embargo, los investigadores creen que "quien realmente paga" es el ex alcalde "y quien, por lo tanto, tiene el dinero y ha obtenido el ingreso es Díaz Alperi". ¿Por qué? Estas empresas nunca reclamaron el dinero al ex alcalde pese a que la cantidad que tenían que abonar era de un millón de euros. Tampoco reclamaron la ejecución del aval con la excusa de que lo robaron de la caja fuerte (llegaron a presentar denuncia en Comisaría).
"Estamos en presencia de un caso insólito en el ámbito mercantil, más propio de las ONG que de las sociedades con ánimo de lucro", explica al juez la Fiscalía. De hecho, las empresas llegan a considerar que «el crédito es totalmente irrecuperable al contabilizarlo como pérdida al cierre del ejercicio de 2007".
La denuncia explica que tras la inspección de Hacienda las empresas reclaman la deuda a Alperi aunque "en un procedimiento arbitral ante el Colegio de Abogados de Madrid".
Yates y empresas
Las otros dos supuestos fraudes se centran en operaciones de varios años ligadas a la entrega por parte de Solana de un yate al ex alcalde, el Akra Uno. Por una parte, en 2008, los fiscales creen que Díaz Alperi defraudó 144.862 euros por incremento patrimonial no declarado en torno a la adquisición de esta embarcación tipo catamarán de más de 15 metros de eslora.
Y por otra parte, la denuncia sostiene que el diputado no pagó en 2010 132.468 euros en impuestos por el cambio de titularidad del barco.
Por este yate, según destapó la investigación Brugal, el dirigente adquirió una empresa, Andarx SL, por sólo 1.500 euros pese a que poseía esta embarcación valorada en 600.000. Andarx la crea Ramón Cerdá en julio de 2005, un liquidador investigado en operaciones de blanqueo de capitales por actividades relacionadas con la creación de empresas express.
En noviembre, esta firma ya figura a nombre de Solana y, en abril de 2008, Alperi entra en el accionarado adquiriendo el 50%. Dos años después, el ex alcalde se hace con el control de la empresa y sus bienes. La Fiscalía ha pedido el interrogatorio de Díaz Alperi y Solana a la mayor brevedad posible.
[Fuente: Por Juan Nieto, Alicante, El Mundo, Madrid, 16mar13]
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