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06may05
Carta abierta al Presidente del Gobierno con motivo del debate sobre el Estado de la Nación.
Índice
- Multilateralismo y ratificación de instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos
- Comercio español de Armas
- Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas
- Protección de víctimas de graves violaciones de los derechos humanos
- Responsabilidad Social de las Empresas
- Malos tratos, tortura y régimen de incomunicación
- Violencia contra las mujeres
- Extranjería y Racismo
- Víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista
- Educación en derechos humanos
Exmo. Sr. José Luis Rodríguez Zapatero Presidente del Gobierno Complejo de la Moncloa 28071 Madrid
Excelentísimo señor:
Nos dirigimos a usted con ocasión del próximo debate sobre el estado de la Nación, a un año de la actual legislatura. Al inicio de la misma, Amnistía Internacional presentó al Gobierno y a todos los Grupos Parlamentarios una serie de recomendaciones para dar respuesta a los principales retos de derechos humanos a los que se enfrenta España, tanto dentro como fuera de sus fronteras.
Entre las recomendaciones de la organización se incluyó la adopción de un Plan de Acción de Derechos Humanos. Dicha medida, además de constituir un compromiso electoral del actual partido en el Gobierno, fue un compromiso expresado durante la entrevista mantenida con la Secretaria General de la organización, Irene Khan, en junio de 2004. En dicha ocasión solicitamos que dicho Plan concretase las metas de política interior y política exterior en materia de derechos humanos, así como las acciones a desarrollar para alcanzarlas.
Tras un año de Gobierno, Amnistía Internacional constata que se han producido algunos avances, pero lamenta la ausencia de medidas concretas en relación con importantes preocupaciones de derechos humanos en España. La organización destaca el diálogo iniciado con el Gobierno en materia de derechos humanos, y el compromiso expresado por el mismo en diferentes foros multilaterales de impulsar la protección y la promoción de los mismos, así como la firma del Protocolo Opcional a la Convención contra la Tortura y el apoyo a la iniciativa a favor de un Tratado Internacional de Comercio de Armas. En el ámbito de política interior, Amnistía Internacional valora positivamente algunas medidas impulsadas por el Gobierno como la aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la creación y constitución de una Comisión Interministerial para estudiar la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, o el procedimiento de regularización extraordinario que ha permitido la visibilización de inmigrantes en situación irregular.
Sin embargo, Amnistía Internacional considera que durante este primer año de Gobierno, no se han abordado muchos de los motivos de preocupación respecto de los cuales la organización hiciera recomendaciones, especialmente en el ámbito de política interior, tales como la lucha contra el racismo y la xenofobia, una reforma de la normativa de Extranjería que asegure los derechos fundamentales de los inmigrantes y solicitantes de asilo, y la adopción de medidas contra la impunidad por casos de tortura y malos tratos cometidos por Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, incluidas aquellas medidas que aseguren el derecho de las víctimas de tortura y malos tratos a una reparación acorde a las normas internacionales. Igualmente, la organización considera que la política exterior del Gobierno debe ser más decidida y coherente en materia de derechos humanos, tanto en relación con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, el comercio de armas, las graves crisis de derechos humanos en el mundo y la protección de víctimas individuales de graves violaciones de los derechos humanos.
Algunas de las medidas pendientes que deben abordarse en la presente legislatura y que deben incluirse en el futuro Plan de Acción de Derechos Humanos son las siguientes:
Política exterior
Multilateralismo y ratificación de instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos
Amnistía Internacional celebra el respaldo del Gobierno español al multilateralismo y al sistema de Naciones Unidas. En ese sentido, celebra la firma del Protocolo Opcional a la Convención contra la Tortura, que debe ser ratificado con prontitud. Sin embargo, esa apuesta por el multilateralismo debe concretarse respecto de otros importantes instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos como:
La Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores y Trabajadoras Migrantes y de los Miembros de su Familia. Los protocolos 4, 7 , 12 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La ratificación del Acuerdo sobre Privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional.
Comercio español de Armas
Amnistía Internacional valora positivamente algunos avances en materia de transparencia en la información oficial sobre las transferencias de armas, sin embargo, varios de los destinos de las armas españolas continúan vulnerando el Código de Conducta de la Unión Europea. Amnistía Internacional insta al Gobierno a que modifique la política española sobre transferencia de armas y sitúe los derechos humanos y la seguridad de las personas por encima de los intereses económicos o políticos. En concreto, el Gobierno debe:
Elaborar un proyecto de Ley sobre comercio de armas para su debate y aprobación por el Parlamento, que asegure el máximo control de las transferencias españolas de material militar, policial y de seguridad, así como de productos y tecnologías de doble uso a otros países, garantizando el respeto del Código de Conducta de la Unión Europea y garantizando la máxima transparencia en la información oficial que se ofrece sobre dichas transferencias.
Apoyar de manera expresa y activa la iniciativa a favor de un Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, en el marco de la próxima Revisión Bianual del Programa de Acción de Naciones Unidas sobre armas pequeñas y ligeras.
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas
Amnistía Internacional considera esencial conceder a este foro de Naciones Unidas toda la atención que merece, como principal órgano para la protección y la promoción de los derechos humanos. Resulta positiva la presencia de la Vicepresidenta del Gobierno en la sesión inaugural del 61 periodo de sesiones, así como el discurso que dirigió al plenario de la Comisión. Sin embargo, el papel desarrollado en ese foro y el posicionamiento del Gobierno español en relación con las iniciativas y resoluciones de la Comisión resulta desigual y en ocasiones contradictorio con los principios defendidos por la Vicepresidenta en su discurso. Por esta razón, Amnistía Internacional reitera al Gobierno su petición de que:
El ministro de Asuntos Exteriores comparezca en el Congreso y explique los resultados del 61 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el posicionamiento del Gobierno español en relación con temas de gran trascendencia como la prohibición de la tortura, los derechos humanos en la “lucha contra el terrorismo” y las graves crisis de derechos humanos en diferentes países, entre ellos Colombia.
Protección de víctimas de graves violaciones de los derechos humanos
Amnistía Internacional pidió al Gobierno español al principio de la nueva legislatura un compromiso para actuar a favor de víctimas concretas de graves violaciones de los derechos humanos como la tortura, la pena de muerte, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, utilizando para ello las Directrices de la Unión Europea sobre estos temas. La organización considera que la actuación del Gobierno en estos casos ha sido irregular e inconstante e insta al Gobierno a:
Establecer un mecanismo de respuesta rápida gubernamental para casos urgentes de pena de muerte, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, en especial cuando se trata de defensores de los derechos humanos, que permita la puesta en práctica efectiva de las Directrices de la Unión Europea sobre estos temas. Desarrollar todas las acciones a su alcance para que no se ejecuten las sentencias de los españoles condenados a muerte en otros países, como es el caso de Pablo Ibar, Nabil Manakli, Francisco Larrañaga.
Responsabilidad Social de las Empresas
Amnistía Internacional valoró positivamente el compromiso electoral del partido en el Gobierno de impulsar una regulación de la responsabilidad social de las empresas y la posterior creación por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de un “Foro de Expertos”, por tratarse de una iniciativa que puede resultar de gran trascendencia para el desarrollo y difusión de la responsabilidad social de las empresas en España, así como para su futuro desarrollo legislativo. Amnistía Internacional sostiene que es responsabilidad del Gobierno español desarrollar normas y medidas respecto de las empresas de origen español que desarrollen actividades o relaciones económicas y comerciales en otros países, con vistas a que éstas respeten en todo momento las normas internacionales de derechos humanos. La organización reitera al Gobierno español las siguientes recomendaciones: Promover iniciativas legislativas que regulen la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos.
Apoyar expresamente las Normas de Naciones Unidas sobre la Responsabilidad de las Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales.
Política interior
Malos tratos, tortura y régimen de incomunicación
Amnistía Internacional muestra su satisfacción por el diálogo que se ha iniciado por parte de las autoridades españolas y la organización, sin embargo los motivos de preocupación de Amnistía Internacional siguen siendo los mismos, y ve con preocupación que el gobierno siga sin poner en marcha las recomendaciones de organismos internacionales como por ejemplo las que el Relator de Naciones Unidas contra la Tortura hizo en su informe de España en 2004, la organización recuerda que deben adoptarse medidas concretas como:
Garantías expresas de que todos los casos de tortura y malos tratos en manos de agentes del Estado van a ser investigadas con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia. Garantizar que la interpretación de tortura sea la de la Convención contra la Tortura, incluyendo la violación o agresión sexual grave cometida por agentes del Estado. Del mismo modo es necesario ajustar la legislación española al principio de imprescriptibilidad del delito de tortura. Eliminar el régimen de incomunicación y mientras tanto, aplicar las recomendaciones de los organismos internacionales, que incluyen asegurar el derecho a entrevistarse con su abogado, y ser examinado por un médico de libre elección junto con el médico forense. En todo caso, los interrogatorios deben ser grabados, bajo control judicial, tanto para proteger a los detenidos de ser torturados, como a los agentes que falsamente puedan ser acusados. Garantizar que las víctimas de tortura y malos tratos tienen acceso en la práctica y de forma rápida y efectiva a una reparación concreta que incluya una indemnización justa, medios de rehabilitación lo más completa posible, reconocimiento público del daño sufrido y garantías de no repetición.
Violencia contra las mujeres
Al inicio de esta legislatura, Amnistía Internacional instaba al nuevo Gobierno a emprender una acción decidida para asegurar la protección integral y efectiva de los derechos de las mujeres que sufren violencia basada en la discriminación de género. La organización considera positivo la aprobación y la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Sin embargo hay una serie de cuestiones que aún preocupan a la organización por lo que instamos al gobierno que adopte medidas concretas para subsanarlas:
Garantizar que todas las víctimas tienen acceso a recursos adecuados y especializados, sin discriminación, especialmente aquellas mujeres que pertenecen a colectivos vulnerables, que continúan padeciendo obstáculos en el acceso a recursos de acogida, o quedan excluidas de ciertos recursos, como las mujeres inmigrantes indocumentadas. Revisar las normas relativas a “los juicios rápidos” a fin de establecer las garantías suficientes para que la celeridad en la fase de instrucción no impida practicar todas las pruebas necesarias, teniendo en cuenta los márgenes de impunidad efectiva que siguen acompañando a estos delitos.
Garantizar el derecho de las víctimas a obtener una reparación justa y adecuada: una compensación económica, una completa rehabilitación, y garantías de no repetición.
Extranjería y Racismo
Ante el aumento de la inmigración en España estamos asistiendo a un recorte de libertades de los derechos fundamentales de los refugiados e inmigrantes, así como un incremento de los comportamientos racistas y xenófobos. Si bien la organización consideró positiva la retirada de la Instrucción que permitía la expulsión de menores entre 16 y 18 años, el Real Decreto 2393/2004 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Extranjería, ha sido una oportunidad perdida para mejorar la situación de derechos humanos de los inmigrantes y los solicitantes de asilo. Por este motivo, la organización considera que es necesario adoptar medidas relativas, que impliquen reformas legislativas, dirigidas a:
En el marco de la reforma de la ley de Extranjería garantizar a los todos inmigrantes (con independencia de su situación administrativa) sus derechos de reunión, asociación y huelga. Es necesaria la adopción de una Estrategia y un Plan Estatal e Integral de Lucha contra el Racismo, Xenofobia y formas Conexas de Intolerancia, en cumplimiento de lo establecido en las directivas comunitarias al respecto. Reformar la legislación de asilo para que esté en consonancia con los compromisos internacionales adquiridos por España, para garantizar el acceso adecuado al proceso de asilo y reconocer el estatuto de asilo a quienes huyen de persecución por motivos de género, orientación sexual, y de persecución por agentes no estatales.
Víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista
Al inicio de la legislatura, Amnistía Internacional instaba al gobierno a promover los mecanismos necesarios para el acceso al derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la guerra civil y del régimen franquista. La organización acogió con satisfacción la proposición no de ley aprobada por acuerdo unánime en el Congreso de los Diputados el 1 de junio de 2004. Aunque el 10 de septiembre de 2004 por Real Decreto 1891/2004 se creó una Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, ésta todavía no ha presentado sus resultados en los plazos y con los alcances indicados en la proposición no de ley de junio de 2004. Es positivo que el gobierno haya aprobado algunas medidas como la relativa a compensaciones a los llamados niños de la guerra o dispuesto la remoción de símbolos de homenaje erigidos durante el régimen franquista. Inquieta, sin embargo, que en el ya prolongado proceso de elaboración de respuesta, se hagan anuncios sobre medidas limitadas a reconocimientos simbólicos y morales hacia las víctimas. Amnistía Internacional considera que el anteproyecto de ley que presente esta comisión debe responder a las normas internacionales relativas a los derechos de las víctimas y tomando en cuenta la responsabilidad unitaria del Estado en materia de derechos humanos. En esta línea debe cuidar de no propiciar desigualdades por razones geográficas que afecten los derechos de las víctimas reconocidos internacionalmente. En concreto, Amnistía Internacional pide:
Medidas para garantizar la memoria colectiva respecto de los crímenes y abusos graves cometidos durante la guerra civil y el régimen franquista, afirmando el derecho a saber y el deber de no olvidar como patrimonio de las actuales y las nuevas generaciones. El reconocimiento público de que el Estado privó a ciertas víctimas de recursos efectivos con relación a su derecho a la verdad, justicia y reparación, y formula todas las medidas apropiadas y necesarias para cesar esta situación de prolongada injusticia.
Educación en derechos humanos
Amnistía Internacional instó al gobierno para que la educación en derechos humanos fuese una prioridad en los planes de estudios, especialmente en la formación del profesorado, y dentro de los planes de formación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La organización quiere recordar que en el Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los Derechos Humanos 1995/2004 y en el Programa mundial para la Educación en Derechos Humanos, aprobado en la Asamblea General de la ONU el pasado 10 de diciembre de 2004, se recomendaba que a los derechos humanos se les diese un contenido propio. Sin embargo, en el anteproyecto de la Ley de Educación que está elaborando el gobierno, los derechos humanos apenas existen y no tienen contenido propio de asignatura, tampoco se asegura la formación del profesorado en esta materia y no se contemplan las recomendaciones de Naciones Unidas.
Amnistía Internacional pide que:El Gobierno asuma las recomendaciones del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos, mediante la elaboración de una estrategia estatal que permita impartir educación en derechos humanos en primaria y secundaria.
La enseñanza y el aprendizaje de los derechos humanos sea componente explícito y desarrollado en esta Ley, a través de una asignatura obligatoria en todos los niveles educativos, con contenidos específicos. Los derechos humanos estén incluidos de manera obligatoria en la formación del profesorado, en especial de Magisterio, Pedagogía y Ciencias de la Educación.
Confiando en que estas recomendaciones sean tenidas en cuenta con ocasión del debate sobre el estado de la Nación y que constituyan una prioridad de la política del Gobierno durante la presente legislatura, me despido atentamente.
Esteban Beltrán
Director Aministía Internacional.
Madrid, 06may05
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