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16dic16
Despliegue de uniformados por el conflicto shuar
El conflicto va en aumento. Las diferencias entre el Gobierno y los indígenas por la explotación minera en la comunidad Nankints de Panantza, en Morona Santiago, derivaron en un violento incidente.
En juego está el control del área en la que se encuentra el campamento La Esperanza.
El miércoles, un enfrentamiento entre militares y policías con miembros de la comunidad shuar dejó un policía muerto y siete uniformados heridos. Entre los comuneros hay, al menos, dos heridos.
Según la versión oficial, los shuar intentaron, por segunda ocasión, recuperar los territorios de los que fueron desalojados el 11 de agosto. Ese día, el Gobierno puso en marcha un operativo que incluyó alrededor de 2.000 uniformados. 32 personas, entre adultos y niños, fueron desplazados.
En esa área del conflicto se desarrolla el proyecto minero a cielo abierto Panantza-San Carlos, concesionado por 25 años a la empresa canadiense Explorcobres S.A. (EXSA).
El Gobierno asegura que los militares y policías que custodiaban el campamento fueron emboscados. Los líderes indígenas de la Conaie y la Confeniae insisten que sus compañeros solo se defendieron.
Y no es la única diferencia entre el Gobierno y los indígenas.
La segunda. El Ejecutivo asegura que el miércoles, alrededor de las 17:00, unos "60 ciudadanos pertenecientes a grupos armados ilegales de la nacionalidad Shuar atacaron el campamento minero La Esperanza".
Jorge Herrera, titular de la Conaie, respondió que es una 'infamia' afirmar que hay grupos irregulares. Los indígenas son acusados de utilizar armas de fuego y dinamita en el supuesto ataque.
La tercera, las dos partes hablan de intentos de diálogos que, a la postre han fracasado.
Paola Pabón, secretaria de la Política, manifiesta que desde el lado del Gobierno se propició un acercamiento con los actores y que un pequeño grupo de ciudadanos shuar causó los actos de violencia.
Los indígenas dicen que buscaron todas las formas de solución pacífica sin encontrar respuesta del Gobierno. Por eso, ayer, pidieron a la ONU, OEA y la Iglesia que sean mediadores en el conflicto.
Herrera y Marlon Vargas, de la Confeniae, se solidarizaron con los familiares del fallecido y de los heridos pero responsabilizaron al Gobierno de lo ocurrido "por no acoger los pedidos de diálogo".
Para ellos hay un tema de fondo y es la cuarta diferencia. Según Vargas, no hubo consulta previa a las comunidades para iniciar la ejecución del proyecto minero como exige la Constitución. El Estado asegura que sí se cumplió.
La zona del conflicto, por ahora, permanece bajo control militar y policial. Ayer, solo entre antimotines y comandos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) alrededor de 500 uniformados viajaron a Morona, desde Quito y Guayaquil.
Fue una de las primeras medidas que se tomaron tras el decreto de estado de excepción. El ministro del Interior, Diego Fuentes, ofreció que los hechos no quedarán en la impunidad. El comandante de la Policía, Diego Mejía, confirmó la ejecución de un operativo para ubicar a los responsables del fallecimiento del policía José Luis Mejía.
En Cuenca, otro oficial está en estado crítico, tras un impacto de bala en la cabeza. Otros tres se recuperan. Uno de ellos relató que fueron emboscados por los indígenas. En Loja son atendidos los dos militares heridos.
La tarea de investigación formal está a cargo de la Fiscalía. Según Galo Chiriboga, tres fiscales investigarán la muerte del policía José Luis Mejía. César Navas, ministro de Seguridad, dijo que el equipo de la Fiscalía fue a la zona.
El proyecto San Carlos está en una de las minas de cobre más grandes de Ecuador. Se ubica entre Macas y Cuenca. La mayoría de las casi 40 hectáreas está en territorio shuar. Está en fase de exploración avanzada.
[Fuente: Por Marieta Campaña, Morona Santiago, Expreso, Guayaquil, 16dic16]
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