28ago02
Nueva denuncia por irregularidades en el sector petrolero.
El día de mañana jueves 29 de Agosto, a las 9h:00, con patrocinio legal del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), la Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador (FIPSE), la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) y la Federación Interprovincial de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (FINAE), presentarán una denuncia ante la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, por irregularidades que se vienen cometiendo en la gestión del contrato de participación petrolera del bloque 24.
La denuncia se refiere a la ejecución del "Contrato de Participación para la Exploración de Hidrocarburos y Explotación de Petróleo Crudo en el Bloque No 24 de la Región Amazónica", celebrado entre el Estado por intermedio de Petroecuador y la compañía Arco Oriente Inc., el 27 de abril de 1998. La empresa Arco Oriente cedió sus derechos y obligaciones a la empresa Burlington Resources Ecuador Limited, mediante contrato del 17 de abril del año 2000.
La documentación que sustenta la denuncia demuestra el incumplimiento al mandato constitucional de realizar un proceso de consulta previa informada con las comunidades y organizaciones indígenas afectadas. Precisamente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a propósito de la reclamación presentada por FIPSE ante el incumplimiento del Convenio 169 por parte del Ecuador y las operadoras del bloque 24, el 8 de abril del 2002 recomienda al gobierno nacional dar cumplimiento al derecho de consulta previa informada en el conflicto entre Burlington y el pueblo shuar - achuar del Transkutukú.
Además, en la denuncia se presentará un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el que se señala que la participación del Estado en éste contrato es la más baja que se ha dado y puede darse (solo el 12.5% de las ganancias para los ecuatorianos y el 87.5% para la compañía petrolera), objetándolo por su inconveniencia para el país, ya que no se explica el porqué del porcentaje de participación tan bajo.
De igual forma, se documenta cómo la transnacional Burlington viene incumpliendo y haciendo tabla rasa de las resoluciones de los jueces ecuatorianos, al no acatar la sentencia de Amparo Constitucional, emitida por un Juez de Macas y ratificada por el Tribunal Constitucional (16-03-2000), en la que se prohíbe a la operadora del bloque 24 realizar o mantener contactos y reuniones con personas, asociaciones y/o comunidades de la FIPSE, sin la autorización de su Asamblea. En el "Plan anual de actividades y Presupuesto del 2002" presentado por la compañía al Ministerio de Energía y a Petroecuador, se señala haber realizado una serie de talleres con miembros y comunidades de FIPSE, sin haber obtenido la aprobación de la Asamblea, lo que constituye una prueba irrefutable del desacato a la Resolución del TC.
Otro de los documentos que sustentan la denuncia, detalla el presupuesto "invertido" en el año 2001 por Burlington en el bloque 24, en el que se establece que en gastos administrativos y sueldos del equipo de relacionadores comunitarios se gastaron alrededor de 400.000 dólares! Al respecto, la Dirección Nacional de Hidrocarburos hizo conocer su preocupación a la empresa a inicios de año, puesto que a pesar de que en el rubro de relacionamiento comunitario en el período 98-2002 los gastos sobrepasan ya el millón de dólares, ni siquiera se haya llegado a plantear un "Programa de Actividades Comunitarias en firme."
Es decir, la empresa incumple sus compromisos contractuales, justificando por medio de este contrato sus propios gastos administrativos, sin que exista ningún beneficio para el Estado y aún más, cuando estos gastos podrían ser reembolsados con dinero del pueblo ecuatoriano!
Finalmente, el contrato del bloque 24 terminó en mayo del 2002 y la petrolera pretende hacer valer una supuesta situación de "fuerza mayor", atribuida a la imposibilidad de llegar a acuerdos con FIPSE, FICSH y FINAE, y así dejar abierta la puerta a una no consentida demanda contra el Estado y los ecuatorianos, por indemnizaciones millonarias.
Los denunciantes solicitan a la CCCC iniciar una profunda investigación de este contrato, que consideramos lesivo para los intereses del país y que ha sido motivo para graves conflictos sociales en el territorio de los pueblos shuar y achuar de la provincias de Morona y Pastaza.
Centro de Derechos Económicos y Sociales, CDES.
Quito, 28 de agosto del 2002
Este documento ha sido publicado el 16sep02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights