 | Este documento ha sido publicado el 08feb04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |
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04feb03
Condenan vínculos del embajador ecuatoriano con el General Suárez Mason.
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) de Ecuador condena la actuación del teniente coronel en retiro Germánico Carlos Molina Alulema, quien por pedido expreso del ministro del Exterior, Rafael Bielsa ha sido retirado del cargo de Embajador en la hermana República de Argentina por haber ayudado a violar la prisión domiciliaria que cumple el ex general Guillermo Suárez Mason, uno de los mayores símbolos de la represión argentina durante la última Junta Militar (1976-1983).
La grave acusación de haber usado “un auto inviolable del cuerpo diplomático para violar leyes argentinas de un detenido que no puede salir de su lugar de detención” refleja la impunidad y complicidad de los perpetradores de violaciones a los derechos humanos. En la dimensión ética hiere profundamente el reclamo de justicia y condena social a quienes construyeron y alimentaron las cruentas dictaduras militares del Continente. Ayudar a uno de los ex coordinadores de esa represión que vivió el pueblo argentino, a celebrar su cumpleaños fuera de su casa donde está obligado a permanecer por disposición de la Justicia, es una grave ofensa para los derechos humanos, para la justicia internacional, para los familiares de las innumerables víctimas de las dictaduras militares que sembraron el horror en los países del cono sur latinoamericano y trazaron un siniestro Plan que se conoció como Cóndor.
La CEDHU resalta la importancia de la memoria histórica en la lucha contra la impunidad. Recuerda que ex jefe del Primer Cuerpo del Ejército, ex general Guillermo Suárez Mason, entre 1976 y 1979 tenía a cargo más de 40 centros clandestinos de detención en la capital Federal. El represor argentino fue procesado por 39 homicidios, 430 secuestros y 164 casos de tortura, siendo uno de los amparados por los indultos de Carlos Menem de 1990. Aun no habiendo sido condenado por los hechos aberrantes, el indulto que lo benefició no le exime de responsabilidad histórica. Los crímenes cometidos en la Argentina durante la última dictadura son delitos imprescriptibles. El ex general Suárez Mason está en la mira de la justicia local e internacional acusado en causas tan graves como la sustracción de hijos de desaparecidos y los juicios en Italia y Alemania por la desaparición o muerte de ciudadanos de esas nacionalidades.
La aplicación de la jurisdicción internacional en los crímenes de lesa humanidad hizo que el largo y difícil camino empezado en 1977 por el padre de Elizabeth Kaesemann, quien fue secuestrada en mayo de 1977 y su cadáver fue hallado en Monte Grande, reclame la extradición de Videla, Massera y Suárez Mason. La justicia alemana los requiere para su juzgamiento porque los acusa del secuestro, desaparición y homicidio de los jóvenes alemanes Elizabeth Kaesemann, y Klaus Zieschank. Las instituciones humanitarias y los organismos de derechos humanos en Alemania están pendientes de este caso porque es un mensaje de la justicia internacional de que no se puede aceptar una terrible injusticia sin hacer nada. La pasividad en la impunidad causó heridas graves y disminuyó el estado de derecho. Para los familiares la justicia internacional es el comienzo de una reparación moral y jurídica para las víctimas.
La CEDHU señala que la acción de apoyo a la impunidad en la que incurrió el ex teniente coronel en retiro Germánico Molina, actualmente suspendido de su cargo de Embajador en Argentina, es un negativo precedente que compromete la política internacional del actual régimen por la que debe responder el Presidente de la República, ex coronel Lucio Gutiérrez y el Ministerio de Relaciones Exteriores. De ninguna manera, reitera la CEDHU, se trata sólo de “un asunto personal” o de “un mal manejo de su desempeño en sus funciones”, como ha afirmado en declaraciones a la prensa que circulan en el ámbito internacional, dadas por el ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores Patricio Zuquilanda. Este grave hecho de política internacional contrario al respeto de los derechos humanos, también refleja la inconveniencia de que miembros de la fuerza pública en retiro aún sigan ocupando cargos diplomáticos tan sensibles como el de Embajador en Colombia.
Quito, 4 de febrero de 2004
Hna. Elsie Monge, Directora Ejecutiva de la CEDHU
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