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02jul10
Escándalo sin fin
El optimismo por el nombramiento de María Ángela Holguín comenzó a desvanecerse. A unas semanas de la transferencia de mando, el escándalo sin fin del DAS ensombreció la ilusión de una política exterior menos reactiva y más autónoma. Cuesta creer que, por competente y preparada que sea la próxima canciller, pueda enderezar tantos entuertos.
"Si es cierto lo de las 'chuzadas', volveré a romper relaciones con Colombia", dijo el presidente Correa. Jaime Bermúdez se apresuró a negarlo y luego siguió el presidente Uribe, pero el Gobierno agotó su credibilidad en esta materia. Dadas las circunstancias, ¿existe razón alguna para creer que Correa no fue 'chuzado'? Además, conforme a la versión oficial, ¿no estaban los responsables de las 'chuzadas' por fuera del control de Casa de Nariño? Si el Gobierno quisiera continuar sosteniendo este argumento, cabría preguntarse cómo puede saber hasta dónde llegaron las actividades ilegales del DAS. Y, como si se necesitara más leña para el fuego, un informante declaró que tanto el presidente electo como el actual canciller conocían los detalles del caso.
El espionaje está contemplado en el derecho internacional para época de guerra. El Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907 contiene un capítulo sobre el tema.
Define al espía como el "individuo que obrando clandestinamente o con falsos pretextos recoge o trata de recoger informes en la zona de operaciones de un beligerante, con la intención de comunicarlos al enemigo". Establece también que "el espía cogido in fraganti no podrá ser castigado sin juicio previo". El derecho de Ginebra aclara que el espía no podrá ser considerado prisionero de guerra.
Pero la legalidad del espionaje en tiempos de paz es cuestionable. No existe un solo tratado internacional que lo prohíba pero tampoco ninguno que lo regule o siquiera lo mencione. La verdad es que ningún gobierno reconoce públicamente el uso de espías, y todos se reservan el derecho de juzgarlos. Días atrás, el FBI actuó contra un anillo de 11 espías de diversas nacionalidades que trabajaba en Estados Unidos para Rusia. Por eso, como mínimo, se podría afirmar que el espionaje constituye un gesto inamistoso.
Según el diario ecuatoriano El Universo, el DAS instaló plataformas móviles en Quito. No es evidente la norma que pueda permitir juzgar en Colombia a ciudadanos colombianos por hechos delictivos efectuados en Ecuador contra nacionales extranjeros. Lo que está claro es que Ecuador sí puede investigar y juzgar crímenes cometidos en su territorio. En otras palabras, podemos esperar nuevas solicitudes de extradición. ¿Se argumentará que este también constituye un asunto de Estado?
Había razones para pensar que las cosas podían cambiar. Durante un debate, Juan Manuel Santos expresó su voluntad de entregar las memorias de los computadores de 'Raúl Reyes' a las autoridades ecuatorianas, una demanda que mantiene trabada la normalización de las relaciones bilaterales. En los últimos meses, hizo esfuerzos para mostrarse cauteloso en temas de relaciones internacionales. Tan prudente fue que su programa de 107 puntos solo contiene uno sobre política exterior y, para colmo de males, este se destaca por su vaguedad. "Mantendremos una visión solidaria y de futuro compartido con los países vecinos dentro del respeto mutuo y la lucha contra el crimen y el terrorismo", afirmaba.
Este loable objetivo está en entredicho. Si las interceptaciones en Ecuador se confirmaran, resulta difícil imaginar cómo un gobierno de Santos se podría desligar de los hechos. Tendremos de canciller a una profesional seria que también ha demostrado ser una mujer íntegra. Más vale que nadie le esté mintiendo. Si así fuera, podrían ponerla a pensar en la renuncia antes incluso de la posesión.
[Fuente: Por Laura Gil, El Tiempo, Bogotá, 02jul10]
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