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08sep15
La regresión de Rafael Correa
La exasambleísta ecuatoriana y decana de derecho de la Universidad Internacional de Ecuador, María Paula Romo, hizo parte, con el movimiento Ruptura 25, de la plataforma que apoyó a Rafael Correa en su llegada a la Presidencia en 2006. Luego, el nombre de su movimiento resultó profético y hubo una ruptura con Correa, debido a los giros que estaba dando su proyecto de revolución ciudadana.
Romo estuvo en Colombia para presentar un informe sobre los dos años de una de las polémicas iniciativas impulsadas por Correa: la Ley Orgánica de Medios, criticada como una de las más restrictivas en materia de libertad de prensa en América Latina.
¿Cuál fue el Rafael Correa que usted apoyó?
La candidatura de Correa llegó en un momento de gravísima crisis política y de representación en el país. Cuando ganó las elecciones llevábamos diez años sin que un presidente terminara su período. Correa parecía la respuesta a la vieja política. La revolución ciudadana ofrecía una política en la cual las decisiones se toman para el bienestar de la mayoría y no para favorecer a un grupo; ofrecía participación y un papel eficiente y transparente del Estado. Esa revolución integró las agendas de la resistencia y de la política alternativa que se había gestado durante las dos décadas anteriores a la llegada de Correa. Veíamos a un outsider carismático, rodeado de gente joven que era crítica de los viejos partidos, como era nuestro caso. Además, con un discurso que reclamaba para el país los réditos del petróleo.
¿Cuándo dieron el giro respecto a Correa?
Cuando convocó a la consulta popular para "meterle las manos a la justicia", según sus propias palabras. Correa propuso la primera reforma de la Constitución a principios de 2011. Fue a la Corte Constitucional y mostró un paquete para la reforma de una Constitución que no tenía tres años de vigencia y que supuestamente iba a durar 300. Nosotros teníamos una lista de las cosas que no íbamos a repetir de la vieja política, como que la justicia sea el botín político o que se cambie la Constitución por conveniencia. Correa dijo que esa era la consulta y que al que no le gustara se podía ir. Así que nos fuimos. Fue un giro autoritario del Gobierno. Para entonces, Correa tenía el 80% de popularidad. Nos salimos y nos inscribimos como movimiento político nacional, en un proceso durísimo por las condiciones de la nueva Constitución y por las evidentes prácticas de restricción a los derechos políticos.
Y se hizo la consulta...
Y la ganó. Y hoy preside el Consejo de la Judicatura quien en ese entonces era su secretario particular. Y su secretario particular es quien presidía el Consejo Nacional Electoral, el que organizó la consulta. En esa misma reforma Correa se quitó la obligatoriedad de pedir licencia para ser candidato, así que fue candidato mientras era presidente, y también eliminó las restricciones a la publicidad oficial durante la campaña.
Ahora se viene una segunda reforma...
El segundo debate debería ser en diciembre de este año. Es un paquete que además mete a los militares en la seguridad interna, que le quita algunas competencias a la Contraloría General del Estado, que confirma la comunicación como servicio público para justificar el control de la Ley Orgánica de Comunicaciones.
¿Es correcto decir que esta consulta impulsa la reelección indefinida?
Lo que dice la Constitución es que cada persona puede elegirse para un cargo por dos veces, consecutivas o no. Eso es lo que se eliminaría: una misma persona puede reelegirse. Se le quita el límite. Correa dice que no es indefinida, que sólo se va a quedar un período más. Pero, más allá de si se queda o no, el límite constitucional se elimina. Esto sumado al cambio en las fórmulas de asignación de escaños, a que ya no hay restricciones para la propaganda y que no tiene que pedir licencia para ser candidato.
¿Qué papel cumple la justicia frente a la nueva reforma propuesta por el presidente?
Ponemos como ejemplo la sentencia en la que la Corte Constitucional de Colombia impidió la reelección de Uribe. Uribe era muy popular, pero la Corte hizo algo que era un resguardo institucional. En Ecuador no, porque tenemos una corte que legitima las decisiones del Ejecutivo. Lo digo con plena conciencia de lo duro que suena: es un grupo de marionetas del presidente. Ya en la práctica hemos visto un proceso de sustitución de la Constitución. Al final del día se dice lo que el presidente quiere que se diga. Si es necesario cambiarlo, se cambia. Supongo que, en reconocimiento de eso, el Gobierno propuso al presidente de la Corte Constitucional (Patricio Pazmiño) como juez de la Corte Interamericana de DD.HH., y fue designado.
¿Por qué es contradictoria la llegada de Pazmiño a la Corte IDH?
Al inicio del gobierno se creó el Ministerio de Justicia. Éramos uno de los pocos países del mundo que no tenían ese ministerio. Uno de los objetivos era ejecutar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de DD.HH. Hoy Correa se ha convertido en el cruzado en contra de los poderes de la Comisión y del Sistema Interamericano de DD.HH. Varios de los ministros de Correa, así como el propio Pazmiño, eran los defensores en varios procesos en la Corte IDH por el tema de pueblos indígenas. Ahora ellos, en una sentencia de la Corte Constitucional, han dicho que la justicia indígena no puede juzgar ciertos delitos, por ejemplo delitos contra la vida, porque la cosmovisión indígena valora la vida de una forma distinta. Así que el Estado plurinacional, en la práctica, se está desarmando; lo que hay es un Estado policíaco.
¿Lo dice por el tema de Hacking Team?
Se acaban de revelar contratos gigantescos del Estado con empresas de intervención y vigilancia. Se han hecho públicas las intervenciones de teléfonos y los informes de la policía de inteligencia en contra de opositores, ambientalistas, defensores de DD.HH. El ministro del Interior, que en su vida pasada era un abogado de DD.HH., nos ha prohibido hablar del tema porque pone en riesgo la seguridad del Estado y su reputación. Cerró la discusión con un boletín de prensa en una página web.
Y en medio de este contexto, la Ley Orgánica de Medios...
Esta ley es un ejemplo de lo que no debe regularse, porque en dos años ha hecho muy poco o nada, por ejemplo, por el acceso a las frecuencias, que es uno de los temas de discusión en América Latina. La ley se presenta como un mecanismo para democratizar los medios, para asegurar la pluralidad de voces, para que los ciudadanos puedan enfrentar este poder desmedido de los medios que destruyen su reputación.
Correa pasa por diferentes momentos. Cuando ganó las elecciones lo hizo en buena parte por el espacio que le dio la prensa a un candidato nuevo, fresco, inteligente. Ya en el sillón del presidente, se hizo cada vez menos tolerante a la crítica. En medio del vacío político, con muy pocos opositores, identificó a la prensa como un opositor, y fue por ella. Una vez consiguió meterle la mano a la justicia, su disputa ya no fue romper el periódico, sino poner juicios a los medios. Hubo un momento en el que Correa acumulaba juicios en contra de la prensa que sumaban US$300 millones en concesiones para él. No creo que lo viera como un negocio, sino que el monto de las indemnizaciones estaba diseñado para paralizar a la prensa. Si un medio va a tener que pagar US$40 millones, como sucedió en la primera sentencia contra El Universo, pues el medio se va a encargar de censurar.
Esta ley habla de la comunicación como un servicio público...
Uno de los puntos de la reforma constitucional es incorporar esa fórmula. Esto tiene implicaciones muy delicadas. Cuando tienes un servicio público la titularidad de la prestación del servicio es del Estado, y el Estado concesiona, ya no sólo las frecuencias, sino la posibilidad de prestar el servicio, aun si es prestado por terceros. Ahí está el fundamento de la extrema regulación: cuando tienes servicios públicos regulas todo el proceso de prestación y tienes la autorización en el ordenamiento jurídico para que la regulación sea mucho más detallada. Patricio Pazmiño fue el presidente de la Corte Constitucional que dijo que esto era correcto, y ahora va a ser puesto en la Constitución.
Tenemos una ley que sanciona hasta lo que no se escribe. Hay conceptos imprecisos en los que se puede ajustar casi cualquier comportamiento de un medio. Por ejemplo, hay sanciones por censura previa por omisión, como no cubrir la ceremonia del presidente en un viaje oficial o no darle la importancia debida a la entrega de un doctorado honoris causa al presidente. Hablo de casos reales. Hay otro tipo de sanciones por un programa de marionetas que desacreditan a un funcionario, o exigencias de rectificar una caricatura, o sanciones por falta de veracidad en una columna de opinión. ¿Qué información es la que no se puede omitir? La de interés público, pero el criterio del interés público no está definido en ningún lado, y no hay muchos criterios para definir qué es.
[Fuente: Por Daniel Salgar Antolínez, El Espectador, Bogotá, 08sep15]
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