 | Este documento ha sido publicado el 05mar04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |
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18feb04
Trágicos saldos deja Represión Militar en Azuay.
La trágica muerte de la comunera María Lucinda Lalbay de 63 años de edad ocurrió el 16 de febrero en el marco de las protestas convocadas por la CONAIE. Ella, junto a otros tres comuneros de uno de los sectores más empobrecidos del país, sufrió una herida de bala en el abdomen mientras elementos de la fuerza pública perseguían por el monte a los comuneros que apoyaban la movilización. El pelotón de miembros de la III División el Ejército "Tarqui" y otros miembros de la fuerza pública son responsables de este condenable abuso de la fuerza. Ellos reprimiron a bala a los comuneros del cantón Nabón y cometieron otros graves atropellos para amedrentar al pueblo indígena.
La CEDHU expresa su solidaridad a los familiares de la víctima, a los comuneros del cantón Nabón y al movimiento indígena nacional por la pérdida de esta valiosa vida y por las heridas causadas a otros tres comuneros. Condena el abuso de la fuerza por parte del escuadrón del Ejército y elementos de la Policía Nacional que, además de utilizar los fusiles contra el pueblo indígena y campesino, incautar o destruir bienes de los comuneros, incurrió en el delito de quemar el páramo andino de la comunidad de Shiña que el trabajo comunitario lo había reforestado. Este abominable acto de amedrentamiento a los comuneros andinos refleja la respuesta brutal de barbarie a las protestas indígenas.
En igual forma, la CEDHU señala que a estos repudiables hechos, que el actual Gobierno está obligado a responder ante la comunidad nacional e internacional, se suma la actitud asumida por miembros del Ejército, quienes por varios minutos impidieron el traslado de los heridos para que reciban atención oportuna en un hospital de la ciudad de Cuenca, que viola del derecho internacional humanitario. En esas circunstancias, según testigos, el padre Juan López, quien acompañaba a los heridos fue bajado a golpes del vehículo y agredido a patadas, en igual forma un concejal y el chofer del vehículo que trasladaba a los heridos. Otros comuneros fueron detenidos en la misma circunstancia.
La respuesta inicial dada por algunos estamentos militares trata de ampararse en la impunidad y también refleja apreciaciones ofensivas contra los pueblos indígenas. La CEDHU exige a las autoridades del Gobierno parar la represión contra el pueblo y sancionar a los responsables de tan condenables acciones que violan derechos civiles y políticos, derechos colectivos, ambientales, internacional humanitario, y que tienen una profunda raíz en la inequidad social y la exclusión a las que el poder económico y político ha sometido a los pueblos indígenas y a los sectores más empobrecidos del país.
La paz y la justicia no necesitan de más "uniformes militares, botas y autos militares", tampoco de ejercicios de entremamiento militar que se cobijan bajo diferentes nombres, coordinadas por el Comando Sur que nos lleva a la pendiente de la regionalización del conflicto militar y a una mayor violencia en la Región.
Quito, 18 de febrero de 2004
Hna. Elsie Monge
Directora Ejecutiva de la CEDHU
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