Equipo Nizkor - Assange no quiere ser el pianista del burdel.

"No le digas a mi madre que soy periodista, ella cree que soy pianista en un burdel", reza un viejo dicho sobre el desprestigio de la profesión. Pero de las muchas etiquetas que se le pueden atribuir a Julian Assange -para unos un héroe y para otros un traidor- él persigue la de periodista. No es capricho ni cuestión baladí. El fundador de WikiLeaks, que no cuenta con ningún título que así lo acredite pero presentó un programa de entrevistas en Russia Today, puede sortear la condena en Estados Unidos por la publicación de la información clasificada en ese matiz. Si se le considera como tal podría acogerse a la Primera Enmienda de la Constitución, como ya sucedió en el caso de los Papeles del Pentágono.

Aquellas informaciones de The New York Times y The Washington Post revelaron en la década de los 70 que el Gobierno norteamericano había engañado a la población sobre la Guerra del Vietnam. Los papeles clasificados que se filtraron eran la prueba. Su publicación provocó que el funcionario Daniel Ellsberg y The New York Times acabasen en los tribunales. A Ellsberg se le intentó juzgar mediante la ley de espionaje de 1917, elaborada durante la Primera Guerra Mundial y pensada contra aquellos que ayudaran a potencias extranjeras, pero los cargos fueron retirados. Además el Tribunal Supremo dio la razón al rotativo neoyorkino en una decisión histórica en la que prevaleció la Primera Enmienda y el derecho a la libertad de información. Sentó un precedente. Tampoco se juzgó a los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein por el caso Watergate en esa misma década.

En la Constitución de Estados Unidos de 1787 no se reconocían los derechos fundamentales y libertades; pero para ello se introdujeron enmiendas desde 1791 (las diez primeras) a 1964. En la Primera Enmienda se recogen la libertad de prensa e información y libertad de expresión. Son garantías y derechos frente al poder político y judicial. El texto recoge que "el Congreso no podrá hacer ninguna ley limitando la libertad de expresión, ni de prensa", aunque el Tribunal Supremo considera que el "interés nacional" podría prevalecer por encima de ello. El conflicto entre la seguridad nacional y el interés público es un asunto que no se ha resuelto a fondo y con los Papeles del Pentágono no hubo unanimidad.

En una maniobra de protección, WikiLeaks se registró legalmente en Islandia bajo el nombre de Sunshine Press Productions en octubre de 2010 con Assange como presidente. Los que trabajaron con él en la difusión de los cables así como los directores de sus medios han pedido en repetidas ocasiones que sea tratado como un editor y no como un filtrador. Los documentos, al fin y al cabo, provenían del soldado Bradley Manning, que vuelve a estar en prisión desde marzo por negarse a testificar contra Assange. Ello denota que algo se movía ya contra el activista australiano en los tribunales del otro lado del atlántico.

Al hacker australiano se le acusó de exponer la seguridad de personas que trabajaban para la Administración al difundir los cables diplomáticos y por ahora constan cargos por conspiración para cometer intrusión informática. En 2010 se barajaba acusarle con la ley de espionaje de 1917, según trascendió a algunos medios. Si se demostrara que Assange coaccionó a Manning sí se le podría encausar y juzgar; y estaría en serios aprietos, pero no hay ningún indicio de que así sucediera por ahora.

La agencia Bloomberg sugería ayer que ese debate sobre el fondo de la libertad de prensa debería abordarse al margen del fundador de WikiLeaks al señalar que ha jugado un papel clave en la política norteamericana con las filtraciones de los correos de la campaña de Hillary Clinton en 2016 y pide que no sea extraditado.

La agencia arguye que puede haber resentimiento en las filas demócratas, con mayoría en el Congreso, y que Donald Trump, que en 2010 había pedido su ejecución, se vio beneficiado gracias a los correos de la campaña, que provenían de hackers rusos. Por ello Bloomberg pide que Assange, que ni es ciudadano estadounidense ni trabaja para la Administración, no sea extraditado y evitar un fuego político cruzado con él de por medio. También el líder laborista Jeremy Corbyn se ha opuesto a que se le entregue a Estados Unidos.

El tratado de extradición entre Reino Unido y Estados Unidos, rubricado en 2003, fue muy criticado pero sigue vigente. Por ahora los intentos de los sospechosos de argumentar, por ejemplo, que el sistema penitenciario estadounidense es tan cruel que viola las protecciones europeas a los derechos humanos han sido rechazados tanto por los tribunales británicos como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recuerda la agencia, que recaba algunos datos.

Entre 2007 y 2014 se han aprobado 106 entregas y se han denegado 14 solicitudes; dos de ellas por cuestiones relacionadas con los Derechos Humanos. No obstante, nunca se ha vetado una extradición por persecución política.

"El artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos estipula el derecho a un juicio justo, y es posible argumentar que privar a Assange de una defensa por el interés del público haría que su juicio en EE.UU. sea injusto", concluye Bloomberg. En ese sentido se expresó también uno de los abogados de Assange, el exjuez Baltasar Garzón, que explicó ayer en RAC1 que batallarían para frenar la extradición y que esgrimirán su componente político. Sus letrados creen que la anulación del asilo por parte de Ecuador "es irregular", como la detención.

"Ha sido irregular la detención y extracción de la embajada. No se puede interrumpir el asilo. No ha habido reevaluación del riesgo. La detención en la delegación ecuatoriana plantea serias dudas. Parece que había un acuerdo entre gobiernos", afirmó. El propio Lenín Moreno aseguró que tenía el compromiso de Reino Unido de que Assange no sería extraditado a un país donde su vida corra peligro. "Moreno estableció un protocolo de convivencia que ha servido para acabar con el asilo. Ha habido injerencia en su intimidad y vida ordinaria. Creemos que ha sido una excusa", insistió el letrado.

En todo este entuerto, la prensa de Estados Unidos vigila de fondo que una posible condena a Assange no pisotee la Primera Enmienda. Dinah PoKempner, abogada jefe de Human Rights Watch, advierte que "pueden sentar un precedente peligroso para el periodismo". The Associated Press planteaba el debate sobre si WikiLeaks hace periodismo o no. The New York Times considera en su editorial que la justicia podría sortear la Primera Enmienda acusándole de robar la información y no de publicarla, pero advierte que "siempre existe el riesgo" de que se "viole la Primera Enmienda" con las acusaciones al activista, máxime con una Administración "que etiqueta a la prensa libre como el enemigo del pueblo".

Assange también tiene cargos en Reino Unido por violar la libertad condicional, algo que acarrea penas hasta de un año de prisión, y en Suecia se le persigue por violación en grado menor en una causa que fue archivada en 2017 al desistir de su entrega la justicia sueca pero que no prescribe hasta 2020.

13abr19

Assange no quiere ser el pianista del burdel

[Fuente: Por Iñaki Pardo Torregrosa, La Vanguardia, Barcelona, 13abr19]

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