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La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH del Ecuador)denuncian nuevas amenazas de la "Legión Blanca".

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Quito, 21 de febrero de 2003

Coronel (r)
Lucio Gutiérrez Borbúa
Presidente Constitucional del Ecuador
Palacio de Gobierno
Quito - Ecuador.

Señor Presidente:

En representación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH del Ecuador, me permito exponer la siguiente denuncia.

Los hechos:

1.- El 15 de febrero de 2003 la autodenominada "Legión Blanca" ha procedido a enviar nuevamente a varias organizaciones sociales del país un "nuevo comunicado" remitido por correo electrónico, cuyo contenido acompaño a la presente, en el que de manera explícita amenaza de muerte a varios defensores de derechos humanos, periodistas de numerosos medios alternativos de comunicación, y, de manera general, a organizaciones indígenas y campesinas, sectores religiosos y seglares que realizan labor humanitaria en la provincia de Imbabura, intelectuales y académicos, dirigencias sociales, partidos y movimientos políticos de izquierda; e incluso, por vez primera, de manera chatamente velada y sin mencionar nombres, extiende sus "advertencias" contra los funcionarios gubernamentales que representan a la tendencia indígena y de izquierda en el régimen que Ud. preside, y que según la supuesta "Legión Blanca", los considera "ex-subversivos" y "revoltosos rojos".

2.- En este último mensaje en el que desea "buen año" por el reaparecimiento de esta estructura para-oficial autodenominada "Legión Blanca", se vuelve a declararnos "objetivos militares" y se amenaza con eliminarnos a varios defensores de DD.HH., grupos sociales y representaciones institucionales ya amenazadas en el pasado. El comunicado continúa escrito, como los anteriores que circularon en el período Julio a Diciembre de 2001, en un lenguaje adrede burdo y demencial, uno de cuyos obvios objetivos es confundir al lector desprevenido.

Sin embargo, cuatro nuevos "aportes" incorpora a su estilo.

a) Delatan, por primera vez, que "tienen el apoyo incondicional" (una suerte de "operaciones combinadas") de miembros de la Policía Nacional y de las FF.AA.

b) Declaran implícito apoyo a su Gobierno basados en sus declaraciones y decisiones en materia de política exterior (alianza incondicional con el Gobierno de los EE.UU. y a la política del Presidente Uribe) y en materia de política económica; apoyo debido a lo que en ese comunicado definen como "rectificación de sus enunciados de campaña" y a que el Gobierno "ha comprendido el respeto que debe guardar a la propiedad privada, como bien absoluto de toda sociedad". Eso no obsta para que en este mismo comunicado se advierta a miembros y facciones de su gobierno que representan las otras tendencias de la alianza gubernamental (los sectores indígenas y de las izquierdas), como "revoltosos rojos que han comprado un salvoconducto para seguir vivos" y "ex-subversivos que deberán contarle al país sus acciones como mecanismo que les permita redimirse".

c) Incorporan por primera vez en su lista de amenazas a las agrupaciones indígenas y campesinas, puesto que en los comunicados que circularon en el pasado, siempre se cuidaron de no nombrar al movimiento indígena entre los amenazados.

d) Excluyen, por primera ocasión, nombres de militares de su larga lista de amenazados, en contraste con sus anteriores comunicados (por citar un ejemplo, el llamado "Comunicado 004, de Agosto 19 de 2001") en que sí amenazaron explícitamente a varios Oficiales de Fuerzas Armadas que actuaron en la rebelión social del 21 de Enero de 2000, en la cual Ud. participó de manera protagónica.

3.- En este último comunicado vuelven a exhibir dos componentes típicos de sus anteriores amenazas:

# La aparente coordinación regional de "actividades" en la zona andina y el continente con organismos de Inteligencia; coordinación que intentan poner en evidencia en este nuevo comunicado cuando sus autores afirman que "la campaña América sin comunistas sigue victoriosa".

# Su terminología, que mucho nos recuerda la de los organismos de Seguridad e Inteligencia del Estado durante las décadas del sesenta, setenta y ochenta en Ecuador y América Latina. Hacen mención de un "Comando Gabriel García Moreno" al que le agradecen operaciones logísticas cumplidas; de igual forma, señalan que estuvieron en "un período de depuración, reincorporación y equipamiento" y que nuevamente sus "Unidades Operativas y de Inteligencia están en alerta y en disposición al combate".

Antecedentes necesarios:

4.- Como fue de su conocimiento en el pasado, la autodenominada "Legión Blanca" apareció amenazando a organizaciones nacionales de distinta índole social, e incluso, a representaciones diplomáticas acreditadas en el país durante el Gobierno del Dr. Gustavo Noboa Bejarano. Desde el 23 de julio de 2001, en un contexto de creciente ebullición social, auge organizativo de la sociedad civil ecuatoriana y aumento de la oposición al Plan Colombia y la base de EE.UU. en Manta, los que se parapetan tras la denominada "Legión Blanca" procedieron en primera instancia a amenazar de muerte a varios defensores de derechos humanos y, luego, a un sinnúmero de representantes de organizaciones e instituciones de la más amplia diversidad de la sociedad ecuatoriana, de manera reiterada.

5.- Tanto las amenazas cuanto la existencia misma de esta supuesta "Legión Blanca" quedaron ahí, impunemente impunes, porque jamás fueron investigados con rigor, eficacia y seriedad por parte de las autoridades máximas y las instancias pertinentes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Fiscalía Pública, Defensoría del Pueblo y otras estructuras del Estado ecuatoriano que nada (o poco, y mediocremente) realizaron para concretar investigaciones profundas y, peor aún, para "sancionar" como prescribe la ley, a los autores de esas amenazas.

6.- Más bien la campaña de hostigamiento, amedrentamientos y amenazas fue alentada y creció en el país durante el período gubernamental 2000 a 2002, en proporción similar al ambiente de hostilidad pública levantada por el discurso violento, vulgar y estigmatizante del Presidente de la República de aquel entonces, Dr. Gustavo Noboa Bejarano, contra los defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales, indígenas, sociales y ecologistas, al igual que las declaraciones de varios jefes militares y policiales cuyos ataques públicos y opiniones fueron profusamente difundidas en los "mass media", coadyuvando al deterioro de la ya por entonces desmejorada situación de los defensores de derechos humanos y dirigentes sociales en el Ecuador.

7.- Quienes están detrás de la autodenominada "Legión Blanca" se ampararon en la indiferencia (que no complicidad), ineptitud, poca seriedad, falta de garantías y de voluntad política de las autoridades y funcionarios del Estado y del Gobierno de ese entonces, que no intentaron siquiera neutralizar, peor aún desarticular y sancionar a los autores de tales amenazas, a pesar de que -según presumió el Ministro de Gobierno de entonces, Dr. Juan Manrique, en cita mantenida el 14 de Agosto de 2001 con cinco dirigentes de organizaciones de DDHH- "no descartaba que tras la llamada 'Legión Blanca' estuvieran miembros de Inteligencia del país".

8.- Usando medios como el correo electrónico, cartas convencionales, llamadas telefónicas y hasta "visitas" de sujetos inidentificados a oficinas de organizaciones de DD.HH., la autodenominada "Legión Blanca" lanzó reiteradas, sucesivas y sospechosas amenazas de muerte contra disidentes pacíficos y sectores sociales opuestos a la errática política exterior e interna del gobierno de turno. En especial, dedicó sus comunicados a quienes cuestionábamos el Plan Colombia, la base militar de EE.UU. en el puerto ecuatoriano de Manta y la política gubernamental en esta materia. Las amenazas, por lo menos las que llegamos a conocer, siguieron enviándose a un sinnúmero de organizaciones hasta el mes de diciembre de 2001 y, de lo que conocemos, no fueron emitidas en posteriores fechas a los defensores de DDHH, aunque supimos que de manera esporádica algunos sectores sociales seguían recibiendo amenazas, tema que no pudimos atender en detalle por el hermetismo con que algunos de esos sectores sociales afrontaban esta temática.

9.- En carta al Gobierno de ese entonces y a organizaciones sociales del país, indicábamos que una lectura actualizada de los manuales de "Inteligencia y Contrainteligencia", "Guerra Psicológica", "Operaciones Psicológicas", "Operaciones Encubiertas" y sus componentes de "Propaganda gris y Propaganda negra", según la jerga técnica de la Comunidad de Inteligencia, permitirían contar con elementos adicionales para una investigación seria, desarticulación total y sanción ejemplar de la gente que se parapeta tras ese "grupo" ; o por lo menos, para analizar quiénes se esconden y qué buscan tras esta denominación ahora reaparecida que ha vuelto a amenazar. No escapará a su ilustrado criterio, por su formación y profesión militar, que tal consulta e indagación técnica podría permitir que se establezcan las coordenadas de investigación que siempre se requirieron realizar en este tema. Tampoco escapará a su ilustrado criterio que todas las experiencias del pasado y presente de América Latina (Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, por citar algunos países) permitieron evidenciar que todo "escuadrón de la muerte" y "grupo paramilitar o parapolicial", como el caso de "Mano Blanca" en Centroamérica, tenía nexos con organismos de Inteligencia y Seguridad de esos Estados, y que contaba con auxilios de grupos de poder económico y político de esos países. La documentación judicial y bibliográfica sobre este particular es abundante en toda América Latina.

10.- Empero, queremos citar a su señoría no una tesis nuestra, sino la de un ex-alto Oficial de FF.AA., cuya denuncia desde 2001 incorporamos a nuestras comunicaciones ante el Gobierno nacional de entonces, las autoridades estatales y la comunidad internacional de DD.HH. Este ex-alto y meritorio Oficial de nuestro Ejército, Coronel Jorge Brito, que participó con su señoría en los hechos del 21 de Enero de 2000, experto en Inteligencia y cuyo nivel académico y experticia profesional han sustentado parte de nuestra crítica a los efectos nocivos del Plan Colombia y de la base de EE.UU. en Manta, en carta publicada como volante pública y entrevista otorgada a una radiodifusora local el día viernes 17 de agosto de 2001, luego de las operaciones y amenazas iniciales de las cuales él también fue objeto, señaló que: "a los autores de los mensajes por e-mail y de las llamadas telefónicas de la auto denominada "Legión Blanca" contra DDHH, así como de las siguientes amenazas, habría que buscarlos en la Jefatura de Inteligencia, la Compañía de Contrainteligencia Quito y su Unidad de Inteligencia Técnica, así como en los Servicios Secretos".

11.- En su carta, impresa como volante, el Oficial en retiro inculpó a los organismos de Inteligencia y sus máximos responsables de ser los autores de varias operaciones sucedidas en el 2000 y 2001 (insultos pintados en las paredes de la ciudad de Quito contra Oficiales participantes en los hechos del 21 de Enero, entre ellos su señoría; hojas volantes anónimas agraviando el honor de esos Oficiales; avisos de prensa apócrifos y denigrantes injuriando la honra de sus señoras esposas; operativos combinados de Policía y FF.AA. contra su domicilio; etc., asuntos todos que constan registrados en nuestros archivos). El citado Oficial señalaba con nombres y apellidos a los siguientes militares como responsables de esas operaciones: General Carlos Vasco Cevallos, Director de Inteligencia del Comando Conjunto de las FF.AA.; General Roberto Moya Arellano, Jefe del Estado Mayor; y Coronel Mario Pazmiño Silva, Comandante de la Compañía de Contrainteligencia Quito y del Servicio Secreto.

A estos ciudadanos acusó el ex-alto Oficial de FF.AA. citado, de ser los artífices directos de aquella campaña, catalogada técnicamente como "Operaciones Psicológicas de propaganda negra y gris e Inteligencia Electrónica". Conocemos que dos de los tres Oficiales nombrados ya no están en la institución castrense, debido a denuncias y juicios por un presunto y conocido públicamente caso de corrupción.

Elementos de contexto actual:

12.- Desafortunadamente las denuncias remitidas sobre ese y otros temas aledaños, no han sido respondidas por las autoridades gubernamentales y estatales pasadas y actuales, a las que hemos dirigido nuestras quejas, cartas y solicitudes. Han actuado así, de manera negligente, los ex-Ministros de Gobierno, señores Juan Manrique, Marcelo Merlo Jaramillo y Rodolfo Berniol, frente al tema "Legión Blanca" y al gravísimo caso de abuso policial cometido en los últimos días del gobierno del Sr. Noboa, contra nuestro hermano Jimmy Coronado Tello, miembro de la APDH a quien usted conoce por haber participado en las gestiones y acciones por su libertad, cuando su señoría estuvo detenido junto a otros Oficiales militares por haber participado en los hechos del 21 de Enero de 2000.

13.- Ha sido igualmente reprochable la actitud del Sr. Defensor del Pueblo, Dr. Carlos Mueckay ante el caso "Legión Blanca" y las amenazas y casos de agresión a defensores de derechos humanos, pues este "Organismo autónomo creado para la defensa de la ciudadanía", de lo que conocen las organizaciones de DDHH, no adelantó investigación de estos casos y guardó inaudito silencio frente a un tema que, en cualquier otro país, hubiera motivado la intervención de cualquier otro Defensor del Pueblo. Es el caso de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía que, por instrucción de la Fiscalía General, a pesar de iniciar el proceso investigativo del caso "Legión Blanca", amenazas y agresiones contra defensores de DD.HH., lo ha dejado en "stand-by" en el lapso de un año y seis meses.

14.- Debemos expresar nuestra preocupación por la falta de respuesta del Ministro de Gobierno en funciones, Sr. Mario Canessa, y del Subsecretario de Gobierno, Sr. Virgilio Hernández, ante la denuncia escrita interpuesta a ambos funcionarios, compartiéndoles la grave acción policial cometida contra nuestro compañero de labores y defensor de DDHH Jimmy Coronado Tello.

15. Igualmente, nos ha preocupado la falta de respuesta y atención de las autoridades gubernamentales anteriores y actuales encargadas del tema, ante la denuncia elevada por la APDH sobre las amenazas que fueron enviadas en los últimos días del anterior gobierno al personal del Periódico "Opción".

16.- El más grave elemento de contexto y que nos preocupa sobremanera es uno autorizado por usted mismo, señor Presidente. Nos referimos al nombramiento que usted concediera al General Edgar Vaca como Comandante General de la Policía Nacional, a pesar de conocerse que este Oficial fue denunciado por el ex-presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional, Sr. Carlos González, de "espionaje e intercepciones telefónicas en contra de las propias Fuerzas Armadas", así como por el ex-policía de elite Hugo España Torres, "de cometer violaciones a los DD.HH. y de participar en la guerra policial anti-subversiva padecida en los ochenta durante la administración del Ing. León Febres Cordero", política que significara graves abusos de poder, violaciones masivas de los derechos humanos y la implantación de un ambiente de persecución, autoritarismo y degradación de la vida en todo el país.

17.- Nos preocupó que otro uniformado, el militar Segovia, encausado en un juicio penal por la muerte del conscripto Robles Heras, haya sido tomado en cuenta por su Gobierno para laborar en la Gobernación del Azuay. Afortunadamente en este último caso se logró cerrar el paso al militar Segovia y de lo que se conoce, no ha sido nombrado para ninguna función, decisión que reconocemos como valiosa porque evidencia un ánimo de respeto a la ley, a la memoria ciudadana y a principios básicos de la democracia que contrarían la impunidad. Ojalá lo mismo pudiéramos decir a futuro en el caso del General Vaca.

PETICIONES:

17.- Nuestra actividad, como es conocida por usted de manera personal y por la ciudadanía, siempre ha sido pública, legal e inscrita en los principios de la Constitución Política de la República y la legislación internacional. Siempre hemos actuado en el marco de la no violencia, precautelando la vigencia de una democracia donde se respete la integridad física, material y moral de los ciudadanos y en la que se protejan los derechos humanos, individuales, políticos, colectivos, sociales, económicos y culturales de todos. En tal virtud, por considerar que es el Estado el llamado a proteger la integridad y vida de los ciudadanos, respetar los derechos humanos, sancionar los delitos y precautelar por la desarticulación de grupos delictivos que se organicen dentro o fuera del mismo Estado, responsabilizamos de todo lo que nos pudiese acontecer en el futuro, a los representantes del Estado en la personificación del Gobierno actual, es decir el Poder Ejecutivo y la Fuerza Pública.

18.- Responsabilizamos de lo que pudiese ocurrir a cualquiera de los ciudadanos amenazados o a sus familiares, a su Gobierno, al Estado ecuatoriano y, en especial, a los jefes y miembros de los Organismos de Seguridad y la Comunidad de Inteligencia del Ecuador. De no instruirse la sanción y desarticulación de esta gente, y de no develarse de modo temprano la identidad de los supuestos miembros de estos grupos de potenciales homicidas, deberá entenderse que el régimen y las autoridades de los principales Organismos de Seguridad los estarían protegiendo y resguardando en el anonimato.

19.- Requerimos que Usted, señor Presidente, a nombre del Gobierno nacional, realice un pronunciamiento público en el que repudie las amenazas y calificativos de que hemos sido objeto los distintos sectores sociales amenazados como "objetivos militares a ser eliminados". Le solicitamos que en el más alto nivel inicie las acciones necesarias para evitar el inicio de una escalada de violencia y de persecuciones en el país y que, en todo momento, instruya a la Fuerza Pública, a sus jefes y a los funcionarios del Estado el cumplimiento del "más alto deber del Estado ecuatoriano": respetar y hacer respetar los derechos humanos de todos los ecuatorianos que garantiza la Constitución en su Artículo 16.

20.- Si algo ocurre a uno de los ciudadanos amenazados, puesto que la lista es extensa, no vamos a admitir que voceros gubernamentales mencionen que la falta de investigación fue responsabilidad solamente del "anterior Gobierno" o de "funciones y organismos del Estado independientes del Ejecutivo", porque es deber de las actuales autoridades velar por el cumplimiento de la Constitución y su mandato en materia de derechos humanos. Tampoco podremos admitir lo que dijimos al anterior Gobierno: que, en caso de que ocurriese algo en contra de uno de los ciudadanos amenazados, voceros gubernamentales señalen como responsables a "grupos autónomos", "ejércitos privados", "civiles anónimos" "entes desligados del Poder", "dementes fanáticos", "policías oveja-negras", "militares rencorosos", etc.

No aceptaremos que esa muletilla, repetida en Colombia por las máximas autoridades civiles, militares y policiales, se haga fuerte en el Ecuador. Son el Estado y el Gobierno nacional, más sus Organismos de Seguridad, los que tienen la responsabilidad de garantizar la vida e integridad de los ciudadanos, máxime de los dirigentes sociales, académicos, periodísticos, indígenas y de DD.HH. amenazados. Las autoridades de los estados y gobiernos deben saber que las omisiones también se sancionan como delitos conexos en materia de Derechos Humanos, más aún las llamadas "Operaciones encubiertas".

21.- Responsabilizamos por la salvaguarda de la integridad física y las vidas de los activistas de DD.HH., dirigentes sociales y populares, periodistas de medios alternativos, sindicalistas, intelectuales, académicos y religiosos del Ecuador, a su Gobierno y a los organismos de Seguridad del Estado. Muy especialmente, nos permitimos responsabilizar a sus Ministros de Gobierno y de Defensa y a su Comandante General de Policía, lo mismo que a todos y cada uno de los responsables de los Organismos de Seguridad e Inteligencia del país.Los asuntos relatados no pueden pasar desapercibidos por un Gobierno responsable que tenga como ejes prioritarios la democracia, el respeto a los derechos humanos y la transparencia en su accionar. El gobierno anterior no lo hizo, es nuestro deseo que el gobierno actual lo haga, que actúe en correspondencia y proceda como prescriben la Constitución Política de la República, las leyes nacionales e internacionales en esta materia.

No tenemos temor alguno. Si el Establecimiento, los grupos de poder, los victimarios de los casos de violaciones a los derechos humanos, y esta llamada "Legión Blanca" y sus amenazas, jamás han logrado que nos callemos o que dejemos de actuar según nuestras legítimas convicciones y principios, no lo harán hoy. Queremos confiar en su voluntad política, señor Presidente, y en la enérgica intervención que sobre este tema proceda usted a realizar, en aras de que se respete la vida, la democracia y los derechos humanos en la República.

Del Sr. Presidente, cordialmente,

Alexis Ponce, VOCERO APDH

Este documento ha sido publicado el 24feb03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights