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11jul12
Las diez claves de la intervención 'light' de España por parte de Bruselas
España es más Europa a la fuerza. Las condiciones del Memorando aprobado en la madrugada del pasado lunes por los socios de Unión Europea para el rescate del sistema financiero español dejan bien a las claras el nivel de tutela que ha tenido que aceptar el Gobierno de Mariano Rajoy para poder tener acceso a los recursos del fondo de rescate. Más que un préstamo, parece una intervención suave.
La mitad de estos recursos -30.000 millones de euros- estará disponible antes de fin de año después de que el Ejecutivo español haya cedido competencias de supervisión a Bruselas y se haya comprometido a llevar a cabo las recomendaciones de política macroeconómica para ajustar el déficit presupuestario. Los 32 puntos del acuerdo de principios pueden resumirse en estos diez principios generales.
1.- Cesión de competencias. El rescate al sistema financiero español tiene un precio: la cesión de parte de las competencias que el Estado tiene en materia de supervisión y control, que pasan a estar en manos de Bruselas, donde serán compartidas entre la Comisión, el BCE y la Autoridad Bancaria Europea, además del FMI. La soberanía española sobre su sector financiero queda a partir de ahora compartida con el resto de socios europeos.
2.- Reporte exahustivo. Bruselas se convierte así en el nuevo supervisor del grueso de la banca española. Según las condiciones que recoge el borrador del Memorandum de Entendimiento (MoU), el Gobierno español se ha comprometido a informar, con carácter semanal, del nivel de depósitos bancarios y de la posición de liquidez de las entidades y, cada tres meses, del nivel de deuda soberana que atesoran los bancos en sus carteras.
3.- Sociedades de liquidación. Además de este férreo control, Bruselas ha impuesto la obligatoriedad para los bancos que reciban ayudas de transferir sus activos problemáticos a una sociedad de liquidación o banco malo para proceder a su venta ordenada, además de recortar sucursales y plantilla, vender participaciones industriales y activos no estratégicos, no pagar dividendo y limitar el salario de sus ejecutivos.
4.- Preferentes y subordinadas. Otras de las condiciones, ya descontada, será que los inversores que posean títulos híbridos (preferentes) y deuda subordinada de los bancos que reciban ayudas deberán soportar una quita en el valor de sus inversiones. Esta política de reparto de cargas, que no podrá ser voluntario, pretende asegurar que el coste del rescate al sistema financiero sea el mínimo para los contribuyentes.
5.- Salida a bolsa o desaparición. España deberá ofrecer una hoja de ruta para antes de diciembre de 2012 en la que detalle un plan de salida del Estado de las entidades financieras que hayan recibido ayudas, preferiblemente mediante una salida a Bolsa, la alternativa más transparente para que sea el mercado quien fije un precio por el negocio bancario donde participa. Aquellas cuya reestructuración no sea viable tendrán que enfrentarse a un proceso de liquidación.
6.- Despolitización bancaria. Otro de los puntos del MoU obliga a España a dar un papel sancionador más preponderante al Banco de España, que en el futuro reportará al supervisor bancario único. Estas competencias, sobre todo las de gobierno interno, descansan ahora en el seno de las Comunidades Autónomas y en el Ministerio de Economía. Para impulsar este cambio recomienda establecer una nueva legislación en la que se transfieran esta potestad sancionadora.
7.- Reformulación de las cajas. Además, la figura de las cajas de ahorros queda cuestionada, ya que según el MoU podrían verse obligadas a deshacer sus posiciones de control en la banca comercial española. Según el borrador, España deberá "preparar para finales de noviembre de 2012 una legislación que clarifique el papel de las cajas de ahorros como accionistas de entidades de crédito con la idea de reducir eventualmente sus participaciones a posiciones de no control".
8.- Core capital del 9%. La exigencia de capital para todo el sector financiero será del 9% al menos hasta el año 2014. Además, con el fin de crear un nuevo marco regulatorio sólido y unificado en toda la zona euro, las autoridades españolas tendrán que presentar propuestas para reformar el marco por el que se calculan las provisiones para dotar las pérdidas por deterioro de los préstamos, evitando así las diferencias de criterio por país.
9.- Clasificación por solvencia. Las 14 entidades financieras españolas quedan divididas en cuatro grupos: las que no necesiten capital (al menos Santander, BBVA y La Caixa); las nacionalizadas BFA-Bankia, CatalunyaCaixa, Novacaixagalicia y Banco de Valencia; las que precisen capital y no puedan captarlo en el mercado, que recibirán cocos; y las que tengan medios para recapitalizarse sin acudir a las ayudas públicas, cuyo plan de viabilidad será presentado en octubre.
10.- Presupuestos supervisados. La inyección de dinero del fondo de rescate (EFSF) implica también la obligatoriedad de cumplir las recomendaciones macroeconómicas dictadas por la Comisión Europea, que se traducirá en un nuevo paquete de recortes para ajustar el déficit presupuestario. El rescate lleva asociada "la condicionalidad que se aplica a cualquier Estado que debe cumplir las condiciones del procedimiento de déficit excesivo, cuando se vigila el cumplimento de una forma regular".
[Fuente: Por Carlos Hernanz, El Confidencial, Madrid, 11jul12]
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