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11jul12
Mariano Rajoy explica en el Congreso la política económica del Gobierno
(11.JULIO.2012) Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías:
Antes de entrar en materia sobre el Consejo Europeo que hoy nos ocupa, permítanme que exprese mi agradecimiento por todos los apoyos que el Gobierno ha recibido de los grupos parlamentarios de esta Cámara, singularmente el de principal partido de la oposición, antes de emprender el viaje a Bruselas. Entiendo que este apoyo introduce fortaleza en nuestras posiciones y nos ayuda a mantenerlas con mayor firmeza. No les oculto que muchas de las posiciones que se observan en el Consejo Europeo derivan de la debilidad del respaldo político que algunos dirigentes sufren. Es evidente que estamos ante una tarea que nos compromete a todos, y es bueno que podamos ofrecer a nuestros socios una imagen de unidad que fortalezca nuestro crédito y la defensa de nuestros intereses.
Reclamo su comprensión para un informe que puede resultar prolijo, pero no puedo evitarlo si quiero ser fiel a lo ocurrido en la Cumbre. Son muchos los acuerdos adoptados, muchas la materias que merecen atención y lo mismo ocurre con lo que quiero comunicarles sobre la situación española.
Confío en que el interés de todos ustedes compense lo extenso de mi intervención.
Como punto previo a la explicación pormenorizada de lo sucedido en el Consejo Europeo de los pasados días 28 y 29 de junio, permítanme, Señorías, detenerme unos instantes en la aparente paradoja que se observa en las reacciones que los resultados del mismo suscitaron y cómo, una semana más tarde, todo se dio la vuelta: mientras que inmediatamente detrás de la Cumbre, las bolsas subían y la prima de riesgo bajaba por la confianza que se transmitió, en las últimas jornadas bastó, por ejemplo, que los mercados percibieran que los mecanismos relativos a la compra de deuda en el mercado secundario no eran inmediatos, para que las bolsas y la prima de riesgo enviaran, otra vez, mensajes de alarma.
Dicho de otra manera, Señorías, los acuerdos políticos emanados de la Cumbre exigen un cumplimiento rápido y completo para que los mercados reaccionen favorablemente. Los déficit de gobernanza de la Unión Europea manifiestan, en situaciones como ésta, su cara más dramática.
Observen Sus Señorías: la recapitalización de los bancos españoles requiere para su efectividad la aprobación por unanimidad del Memorándum de Entendimiento en el Eurogrupo y del Acuerdo de Asistencia en el Consejo de Directores de la Facilidad Europea. Para ello, en seis países (Alemania, Finlandia, Estonia, Eslovenia, Italia y Malta) se requiere aprobación parlamentaria. En otros siete Estados tiene que pasar por un trámite de información en sus Parlamentos. No hace falta que insista en lo que esto representa de dilatación en los plazos de efectividad de los acuerdos.
El tiempo, Señorías, tanto en la política como en la economía, es siempre una variable importante. Pero en un momento de incertidumbre en los mercados, de dudas sobre la Unión Monetaria, se convierte en una variable crítica. Por eso es importante todo aquello que contribuya, no sólo a despejar las actuales incertidumbres, sino también el camino de la toma de decisiones. Se trata de evitar que entre la decisión política y su aplicación, se abra un paréntesis temporal que puede acabar dejando sin efecto el sentido de los acuerdos políticos de más alto nivel.
Vayamos, pues, a lo que fue la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los días 28 y 29 pasados.
Como todos ustedes conocen, el Consejo Europeo de junio se ha celebrado en un momento especialmente crítico para el euro, para todo el proyecto de integración europeo y, también, para España.
Las turbulencias financieras a las que asistimos y la incertidumbre que generan, entorpecen el crecimiento de todos los países europeos y, en particular, el de España y los países de nuestro entorno inmediato.
Las dudas que pueda generar la moneda única se traducen en presiones especialmente agobiantes sobre las economías que en estos momentos están más débiles. Estas presiones se manifiestan en unas primas de riesgo muy elevadas y volátiles para los países de la periferia.
No podemos olvidar que España se encuentra en una posición de gran debilidad, por su endeudamiento excesivo y por la grave recesión que vivimos, que sólo podemos superar avanzando en el intenso proceso de corrección déficit y de reformas estructurales que está desarrollando este Gobierno.
Por eso ha sido tan importante este Consejo Europeo, porque supone un cambio decisivo en una serie de aspectos claves y marca unos objetivos para todos, que a todos deben beneficiar.
Se ha logrado el acuerdo sobre la necesidad de corregir las debilidades de nuestra estructura comunitaria. Queda mucha tarea por desarrollar, pero estamos de acuerdo en la ruta y en la meta. Hemos abierto la puerta a un nuevo modelo de Unión Europea.
Sólo el tiempo evaluará la importancia de estas decisiones que, como es imprescindible, se han tomado por consenso.
Insisto en ello porque he apreciado la tendencia a establecer un balance de vencedores y vencidos, como si la reunión se celebrara en un clima de competición deportiva.
Cualquiera que conozca el desarrollo de las cumbres sabe que no es así. En ésta, como es habitual, los acuerdos se tomaron -insisto- por consenso, fueron suscritos por todos los Estados miembros y nos comprometen a todos por igual. Por supuesto hay intereses comunes que discutir e intereses nacionales que cada uno defiende con calor, pero sin perder la conciencia de que nuestro deber preferente es fortalecer los intereses que todos compartimos sobre la Unión y su moneda.
En pocas ocasiones resulta tan manifiesto que no sería posible cerrar con éxito, en dos días y en una situación de gran inestabilidad, una Cumbre tan ambiciosa como ésta si no la sostuviera muchas horas de trabajo previo, muchas conversaciones telefónicas, muchas idas y venidas de ideas y propuestas, mucho trabajo en la sombra y mucho acuerdo en la superficie. En una palabra, nada que ver con el marcador de una competición deportiva.
Las resoluciones adoptadas se pueden resumir en dos conceptos:
• El primero: Es preciso cumplir con los acuerdos presupuestarios y las reformas estructurales a escala nacional.
• El segundo: Debemos avanzar hacia una mayor integración en la Unión Europea
Esto es muy importante, porque fortalecer el proyecto común contribuye -más que ninguna otra cosa- a recuperar la confianza en el euro y en su irreversibilidad.
Insisto en que queda mucho camino por recorrer, pero en este Consejo se han acordado algunos elementos que muestran la determinación de los Jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro, de la Unión Europea en su conjunto, de dar solidez al proyecto de integración, apostando por la moneda única y por el mercado único.
A esto será preciso añadir otras tareas que nos aseguren un crecimiento estable, sostenible y creador de empleo en Europa.
Por eso hemos hablado también en este Consejo Europeo de la escasa flexibilidad de nuestras economías, de la falta de competitividad, de la insuficiente financiación, de la carencia de mercados integrados en Europa, de la pobre disciplina fiscal, y de la necesidad de disponer de todos los mecanismos necesarios para corregir estas carencias.
En resumen, señorías: el Consejo Europeo, para superar la crisis actual, ha establecido la necesidad de que todos, Estados Miembros e instituciones, trabajemos sobre una agenda que se articula en cinco ejes, que ustedes ya conocen, porque son los mismos que estructuran la agenda de mi Gobierno. Es decir:
• consolidación fiscal
• reformas estructurales de dimensión nacional
• reformas estructurales e integración de mercados a escala comunitaria
• estabilidad financiera
• y lo que podemos llamar “más Europa”
Sólo una actuación simultánea y coherente en todos los frentes, permitirá volver a crecer de forma sostenible y recuperar la estabilidad del proyecto europeo.
Permítanme, pues, referirme ahora a cada uno de esos cinco ejes, a la respuesta que se ha elaborado en este Consejo, y a los pasos que han de darse en el futuro inmediato -tanto por parte de la Comunidad como por cada Estado Miembro- y, en particular, por España.
Esta vez empezaré por el final, es decir por la necesidad de fortalecer la estructura de la Unión o, por decirlo en otras palabras, construir más Europa.
Hoy en día, como algunos hemos señalado en múltiples ocasiones, la zona euro muestra una arquitectura incompleta de la que se derivan algunos de los problemas que vivimos y la dificultad de encontrar soluciones a los mismos.
Por ello, los Jefes de Estado y de Gobierno hemos discutido intensamente el informe “Hacia una auténtica unión económica y monetaria” elaborado por el Sr. Van Rompuy, Presidente del Consejo Europeo, en colaboración con los Presidentes de la Comisión, del Eurogrupo y del Banco Central Europeo. Ese informe plantea la necesidad de avanzar en la integración en cuatro ámbitos: financiero, fiscal, económico y político.
Primero, lo más inmediato, integración financiera. Significa transferir a una instancia europea la responsabilidad de supervisión, estableciendo mecanismos europeos de garantía de depósitos y de reestructuración y liquidación de entidades bancarias. Este sistema se basaría en un libro de reglas único, es decir, en normas de regulación y supervisión comunes.
El avance en este ámbito puede ser más rápido. Los miembros del Euro queremos tener un sistema de supervisión único a finales de año. Ello puede lograrse, transfiriendo ciertas capacidades de supervisión al Banco Central Europeo, según lo previsto en el artículo 127.6 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Segundo, integración fiscal. Se trata de fortalecer los mecanismos de coordinación, decisión conjunta y ejecución de la política fiscal. La contrapartida de la cesión de soberanía sería, si así se decide, la instauración de un “pasivo soberano conjunto y múltiple”, por utilizar las mismas palabras del informe del Sr. Van Rompuy. A largo plazo se establecerían un Tesoro Europeo con un presupuesto propio y una Agencia Europea de Deuda. El avance hacia esta mayor integración deberá ser necesariamente gradual, pero decidido.
Mi Gobierno apoya firmemente esta línea de actuación. Es necesario lanzar un proceso similar al de Maastricht, que sirva de referencia hacia dónde avanza la Unión y premie a los países que formarán parte de la nueva unión fiscal. Esta mayor integración fiscal será un instrumento eficaz para compensar los efectos asimétricos de las crisis económicas sobre los distintos países. Compensar esos efectos, como ocurre ahora con la actuación aislada de los Gobiernos nacionales, provoca importantes distorsiones económicas, cuyas consecuencias acaban siendo más graves que las perturbaciones que se pretendía remediar.
Tercero, una mayor integración económica. Es necesario reforzar aún más la cooperación entre los Estados Miembros a la hora de diseñar y ejecutar sus políticas económicas, para que sean más consistentes. Estas medidas se basarían en los procedimientos ya existentes del Semestre Europeo y del Pacto por el Euro Plus.
Y cuarto, mayor integración política. Al poner en común competencias nacionales, debemos acompañar el proceso de un mayor respaldo democrático a las instituciones europeas. Esto consiste en hacer un uso más extensivo de los mecanismos de colaboración con el Parlamento Europeo y con los parlamentos nacionales.
Los países miembros del Euro -y así ha quedado reflejado en las conclusiones del Consejo-, han manifestado su voluntad de avanzar en la integración en estos ámbitos. Es cierto que existen todavía matices y puntos de vista diferenciados, pero se ha avanzado y mucho en la dirección correcta.
En consecuencia, el Consejo Europeo ha invitado a su Presidente a elaborar un programa de trabajo pormenorizado y con un calendario concreto, para la consecución de una auténtica Unión Económica y Monetaria. Habrá consultas con los Estados Miembros y el Parlamento Europeo con vistas a presentar un primer informe en octubre de 2012 y uno definitivo antes de que finalice el año.
España ha discutido extensamente estos temas con otros estados miembros, así como con las instituciones europeas, y seguiremos participando en este debate activamente. Mi postura es inequívoca en este sentido: debemos ser ambiciosos y trazar, a la mayor brevedad, una “hoja de ruta” que nos permita completar la unión monetaria con una unión fiscal y una unión bancaria. La solución debe ser integral y debe llevarse a cabo en el menor tiempo posible.
Permítanme ahora referirme al segundo punto: garantizar la estabilidad financiera.
Es éste -y así ha sido reconocido en el Consejo Europeo- un requisito previo para el crecimiento. Sólo en un entorno de estabilidad en los mercados es posible obtener la financiación necesaria para crecer. La situación hoy dista de ser estable y la incertidumbre actual lastra las perspectivas de crecimiento y la recuperación.
El Consejo Europeo, y en particular los países miembros del Euro, como parte de su compromiso con la moneda única y con el proyecto de integración europeo, han mostrado su compromiso de –cito textualmente- “emprender acciones decididas para hacer frente a las tensiones en los mercados financieros, restaurar la confianza y reactivar el crecimiento”.
En este sentido, los países de la Zona Euro se han comprometido a poner en marcha medidas de estabilización, de forma que se normalicen las condiciones de acceso a la financiación y liquidez que necesita nuestra economía.
En concreto se van a tomar medidas en tres ámbitos:
El primero, se refiere a la recapitalización bancaria directa. Los miembros del euro han acordado que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) podrá otorgar préstamos directamente a las entidades bancarias que lo necesiten, sin necesidad de que los recursos se canalicen a través de un Estado, una vez se haya establecido un mecanismo único de supervisión bancaria.
Además, nos hemos dado una fecha para que el Consejo Europeo estudie estas propuestas bajo el procedimiento de urgencia: final de 2012.
En mi opinión, este es un logro muy importante. Durante esta crisis, el vínculo de contagio entre la deuda soberana y los bancos se ha mostrado muy pernicioso. Las dudas sobre la solvencia de algunas entidades han lastrado la percepción de solidez de algunos estados soberanos, así como su capacidad de acceso al mercado. Y viceversa. Romper este vínculo era imprescindible.
Estas ayudas irán acompañadas de condicionalidad financiera y/o individual, conforme a la normativa de ayudas de Estado. Sólo cuando el la magnitud del problema del sector financiero sea excesivamente grande en relación con el tamaño de su economía, se podrán acompañar de una condicionalidad más general. En esta línea, nos hemos comprometido a revisar la excepcional situación de Irlanda.
En segundo lugar, los Estados Miembros de la zona euro reiteraron su apoyo a España, así como la necesidad de concluir todos los pasos necesarios para desbloquear las ayudas a nuestro sistema financiero lo antes posible.
Como saben, la asistencia será facilitada inicialmente por la Facilidad Europea para la Estabilidad Financiera (FEEF), hasta que entre en funcionamiento el MEDE. El pasado lunes el Eurogrupo concretó las condiciones del préstamo, con plazos, tipos de interés, desembolsos y periodos de carencia, que, a juicio del gobierno, son satisfactorias y adecuadas para la finalidad que se pretende. Además, se fijaron definitivamente los criterios de condicionalidad que, como sus Señorías conocen y quiero recordar, afectan exclusivamente a las entidades financieras que reciban este préstamo y a su proceso de reestructuración.
Así mismo, en la Cumbre, hemos acordado que cuando se produzca la transferencia de estos apoyos de la “Facilidad” al “Mecanismo”, se llevará a cabo sin perjuicio a los acreedores privados del Estado, ya que el MEDE no gozará de estatuto de acreedor privilegiado. Ello dará mayor seguridad a los que confían en nuestra deuda pública.
Es más, en cuanto se instaure la posibilidad de recapitalización directa, la asistencia financiera a España dejará de ser deuda pública española para pasar a ser gestionada por el supervisor único.
Y en tercer lugar, los Estados Miembros del euro hemos acordado utilizar todas las herramientas de que disponemos para garantizar la estabilidad financiera en la Zona Euro. Esto incluye, en particular, utilizar los instrumentos que están disponibles en el “cortafuegos” europeo de forma flexible y eficiente para estabilizar los mercados, con el único requisito de respetar las obligaciones derivadas del Semestre Europeo, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y del Procedimiento de Desequilibrios Excesivos.
La compra de deuda en mercados primarios y secundarios, con el fin de estabilizar los mismos, se facilita notablemente. En especial después que el Banco Central Europeo haya aceptado actuar como agente de los mecanismos existentes para llevar a cabo las necesarias operaciones en el mercado.
La adopción de esos tres acuerdos resulta de gran importancia:
Por un lado, porque demuestra la voluntad de los países de la Zona Euro de actuar de forma decidida para resolver la situación actual y, de esta forma, ponen de manifiesto nuestro compromiso irrevocable con el euro.
Por otro lado, porque permiten que la zona euro actúe de manera más efectiva sobre sus mercados financieros, utilizando todo el rango de instrumentos que permiten los fondos de rescate, e involucrando de forma más eficaz al Banco Central Europeo.
Ahora bien, hay que ser realistas: el camino de la construcción europea nunca ha sido fácil. Se ha acordado la estrategia y el punto de llegada, pero estamos viendo y veremos, tensiones, difíciles votos por unanimidad y muchos sinsabores. Pero ya hemos decidido adónde queremos ir y que queremos hacerlo lo antes posible.
Paso al tercer punto, reformas estructurales e integración de mercados a escala comunitaria. Dicho de otra forma: activación de las políticas de que dispone la Unión Europea para impulsar el crecimiento.
El Consejo Europeo, consciente del duro momento que atraviesan muchas de nuestras economías, ha dedicado gran parte de su atención a cómo fomentar el crecimiento. El denominado “Pacto por el crecimiento” acordado, destaca la necesidad de movilizar todos los mecanismos, instrumentos y políticas de la Unión Europea para fomentar un crecimiento sólido y generador de empleo.
El punto de partida de dicho pacto es reconocer la importancia de tres materias fundamentales: unas finanzas públicas saneadas, reformas estructurales e inversión destinada específicamente al crecimiento sostenible.
Sobre esta base, el Consejo Europeo ha concluido cuáles son las medidas que deben tomarse a nivel comunitario. Estas medidas se dividen en dos grandes bloques: profundización del mercado interior a todos los niveles y mecanismos que impulsen la financiación de la economía.
España, como no puede ser de otra forma, apoya este enfoque. Impulsar el crecimiento ha sido una de nuestras prioridades desde que asumimos nuestras responsabilidades de gobierno.
Para ello, a nivel europeo, es imprescindible avanzar en las dos líneas: por un lado, profundizar en la consecución de un verdadero mercado interior, a través de la puesta en marcha de las reformas estructurales a nivel europeo. Y por otro, para que la financiación llegue a los agentes económicos y poder, de esta forma, crecer, es necesario el mejor uso posible de los recursos disponibles en la Unión. Esta agenda es el reflejo, a escala comunitaria, de nuestra agenda nacional.
1. En relación a la financiación, saben que se ha acordado movilizar recursos equivalentes a un 1% del PIB europeo, para apoyar medidas de crecimiento de efecto rápido.
Estas medidas son, en gran parte, resultado de las distintas propuestas para impulsar el crecimiento en Europa que venimos discutiendo desde principios de este año, y que recibieron el impulso definitivo de los cuatro países más poblados de la zona euro en la reunión celebrada el pasado 22 de junio en Roma.
Un asunto al que hemos prestado especial atención es el acceso a la financiación del sector privado, y muy especialmente de las pequeñas y medianas empresas, que están sufriendo con particular intensidad las perturbaciones de los mercados de crédito. A ello se dedicarán recursos del Banco Europeo de Inversión y de los Fondos Estructurales europeos.
Por un lado el Banco Europeo de Inversión (BEI), antes de final de año, ampliará su capital desembolsado en 10 mil millones de euros, lo que permitiría expandir el crédito otorgado por esta institución en 60 mil millones, lo que sumado a los 120 mil millones de euros que suponen el 1% del PIB europeo, representan una inversión total en 180 mil millones.
Igualmente, hemos acordado lanzar la fase piloto de los Bonos Proyecto, cofinanciados por el Banco Europeo de Inversiones y por el propio presupuesto comunitario. Esto permitirá que se pongan en marcha, inmediatamente, 4.500 millones de euros en inversiones en los sectores de transporte, energía y telecomunicaciones. Este volumen podría ampliarse en función de los resultados de estos proyectos.
Los Estados Miembros que lo deseen podrán también reprogramar fondos estructurales a favor de proyectos de reparto de riesgo con el BEI, bajo las reglas y prácticas habituales de dichos fondos. En este punto, quiero recodar que España ya ha llevado a cabo una reasignación que permite aumentar la eficiencia en el uso de los fondos disponibles.
El Consejo Europeo ha acordado también otorgar un mayor papel a los fondos comunitarios como instrumento para fomentar el crecimiento y el empleo en toda Europa. En particular, de cara a las Perspectivas Financieras 2014-2020, el gasto se movilizará para apoyar el crecimiento, el empleo, la competitividad y la convergencia.
2. En relación al mercado interior, el Consejo Europeo está decidido a darle un fuerte impulso.
En este sentido es importante la presentación de nuevas propuestas en el marco de lo que se denomina segunda Acta del Mercado Único.
Estamos ante una oportunidad excepcional para reeditar el impulso que supuso el Acta Única para el mercado interior. Un compromiso claro de profundizar la integración de nuestros mercados, con medidas concretas, influiría favorablemente en las perspectivas de crecimiento y contribuiría a acelerar la recuperación.
Y del mismo modo, el Consejo Europeo considera fundamental la aplicación inmediata de la Directiva de Servicios, que podría generar beneficios económicos en la Unión de hasta 330.000 millones de euros.
El Consejo también se ha comprometido a avanzar decididamente en otras áreas: Mercado Único Digital antes de 2015; desarrollo de un mercado único de la energía, con el compromiso de que ningún estado miembro permanezca aislado más allá de 2015 y fortalecimiento del Espacio Europeo de Investigación para generar oportunidades de inversión a nuevas empresas y pymes innovadoras.
En lo que respecta al impuesto de transacciones financieras, hemos constatado las dificultades para alcanzar un acuerdo entre los veintisiete estados miembros. Varios estados estamos dispuestos a estudiar vías para avanzar mediante el procedimiento de cooperación reforzada, que deberían permitir resultados concretos antes de finales de este año.
Para España tiene especial urgencia que se apliquen, a nivel comunitario, políticas orientadas a la creación de empleo, con especial atención al desempleo juvenil y a la reincorporación al mercado laboral de los trabajadores de más edad. También, hemos constatado la importancia de favorecer la movilidad laboral dentro de la Unión a través de diversos instrumentos, en particular el fortalecimiento de la adquisición y mantenimiento de derechos de pensión y otros derechos sociales. En este sentido podemos felicitarnos de que las Conclusiones reflejan una iniciativa española.
Paso ahora a traducir todo esto a su dimensión nacional, a los pasos concretos que debemos dar cada Estado Miembro dentro de la completa agenda que se ha esbozado en este Consejo. Es nuestra parte del compromiso que adquirimos cuando nos incorporamos al proyecto europeo.
Para ello, dentro del marco de coordinación de políticas económicas existente (Semestre Europeo) este Consejo Europeo ha apoyado las Recomendaciones específicas elaboradas para cada uno de los Estados Miembros, a partir del análisis de los Programas Nacionales de Reforma y de los Programas de Estabilidad.
Con carácter general, estas Recomendaciones recogen la necesidad de avanzar en cinco ámbitos por parte de cada Estado miembro: uno, consolidación fiscal, adaptada a las circunstancias de cada país y promotora de crecimiento; dos, restauración del canal del crédito a la economía; tres, impulso a la competitividad de nuestras economías, mediante reformas que promuevan la flexibilidad; cuatro, lucha contra el desempleo, con especial atención a los colectivos más vulnerables, y particularmente a los jóvenes; y cinco, modernización de las Administraciones Públicas, racionalizando su estructura, aumentando su eficiencia, y acercándolas a los ciudadanos.
Para España en concreto, el Consejo ha formulado Recomendaciones en materia de consolidación presupuestaria, sostenibilidad del sistema de pensiones, sistema fiscal, reforma del sector bancario, mercado de trabajo, eficiencia del gasto público y la liberalización de determinadas actividades y sectores económicos.
Adicionalmente, España y otros 16 Estados Miembros de la Unión que están en procedimiento de déficit excesivo tendrán estrictas obligaciones que, en caso de incumplimiento, acarrearían sanciones inmediatas.
Entre las que se refieren a España, aparece una nueva senda de consolidación fiscal que conlleva que este año 2012 el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas no podrá superar el 6,3%. El próximo año, esa cifra se reduce al 4,5%. Y, finalmente, en 2014, quedará en el 2,8%.
Habrán observado sus Señorías que el Consejo es sensible a la nueva situación recesiva en la que se encuentra la Unión Europea y a la situación de partida de España, con un 8,9% de déficit el pasado año. Por eso modifica las exigencias para este año que en nuestro país estaban en el 5,3%.
Pero, consciente de la necesidad de cumplir estrictamente con estos objetivos para los próximos tres años, el Consejo fija una serie de obligaciones adicionales. Las más importantes son las siguientes:
- Realizar un esfuerzo de ajuste fiscal estructural
♦ del 2,7% del PIB en 2012,
♦ del 2,5% en 2013
♦ y del 1,9% en 2014.
- Adoptar las medidas comprendidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 y en los planes de reequilibrio de las Comunidades Autónomas.
- Aprobar el Plan de Reequilibrio 2013-2014 a finales de julio.
- Adoptar, sin dilación, las medidas necesarias para cumplir los objetivos fiscales de 2012.
- E, igualmente, adoptar medidas para reducir los riesgos de desviación fiscal y acelerar la corrección del déficit en 2013 y 2014.
Estas Recomendaciones están en línea con los ejes de actuación de mi Gobierno: alcanzar la estabilidad presupuestaria y reformar nuestra economía.
Nuestro compromiso con estos objetivos es inequívoco y haremos todo lo necesario para que España gane la competitividad y flexibilidad que permitan de nuevo crecer y crear empleo.
En la situación actual eso no es posible. Atravesamos la segunda recesión más grave de nuestra historia, con un decrecimiento de la actividad económica cercano al 2%. Nunca antes la economía española había tenido dos recesiones tan seguidas y de esta magnitud. Es algo que ninguno habíamos vivido. Y, es más, para el año que viene todas las previsiones apuntan a que la situación recesiva continuará, aunque más cerca del 0%. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos.
Las cifras económicas se traducen en los peores indicadores, los más dañinos, aquellos que mayor deterioro provocan en el bienestar de los españoles. En el último año, la tasa de desempleo ha crecido en tres puntos, y supera el 50% en el caso de los jóvenes. En el mismo periodo, el paro registrado se ha incrementado en casi medio millón de personas y el número de empresas que han cerrado ascendió a 32.094.
Este panorama tiene que ver mucho que ver con la sequía financiera. El crédito a las familias se ha reducido un 2,7% y el de las empresas, un 3,7%.
Y es que los excesos del pasado se pagan en el momento presente. Porque el verdadero origen de esta situación está en el elevado endeudamiento de todos los agentes económicos, públicos y privados.
Presentamos un déficit público elevadísimo. Si en la zona euro es del 4% del PIB, España ha cerrado 2011 con una cifra del 8,9%, 90.000 millones de euros, es decir, más del doble.
La deuda pública se situará a final de año en el 79,8%, cuando en 2007, hace solo cinco años, era del 36%. Piensen, Señorías, que ese porcentaje representa que el conjunto de las Administraciones Públicas españolas tienen una deuda de 800.000 millones de euros. 800.000 millones de euros que hay que refinanciar cuando van venciendo y, en estos momentos, a un interés de al menos el 6%.
Toda nuestra economía, es decir, sector público y privado, se encuentra fuertemente endeudada frente al exterior. Esa deuda supone el 165% del PIB en términos brutos, es decir, 1,8 billones de euros. Y descontando lo que hemos invertido fuera de nuestro país, aún debemos 977.000 millones de euros, prácticamente la totalidad de nuestro PIB (92,1%). En comparación la deuda neta externa de Italia es la quinta parte del PIB (21,8%), Francia el 11%, Reino Unido el 14%, EE.UU. el 17% del PIB. Y Alemania es acreedora neta (+36,3%).
Todavía tenemos problemas de competitividad frente a nuestros socios que generan dudas sobre nuestra capacidad de crecer. En los distintos índices, España ha recuperado casi la mitad de la competitividad perdida, pero a base de aumentar la productividad mediante la reducción del empleo, que es el peor sistema posible. Por ello la reforma laboral ha buscado en la flexibilidad y la moderación salarial una alternativa más justa y eficiente al despido.
No obstante, hay algunos indicadores positivos. La inflación española se sitúa cinco décimas por debajo de la media de la zona euro, al contrario de lo que ha ocurrido en el resto del tiempo de nuestra pertenencia a la Unión Monetaria. El sector exterior ha realizado un más que notable proceso de corrección desde el 11% en el año 2008 a alcanzar prácticamente el equilibrio al finalizar el presente ejercicio.
Pero, a pesar de esto, el panorama que he presentado es bien sombrío. Y hay una realidad que debe estar constantemente en nuestro pensamiento: cinco millones seiscientas mil personas salen cada día por la mañana de su casa a buscar un trabajo que no encuentran. Todas y cada una de nuestras actuaciones deben tener –siempre- ese referente.
Como ya dije en el debate de investidura, en política, las herencias no se reciben a beneficio de inventario. Dicho de otra manera; no vale protestar con lo que uno se encuentra. Ahora bien, es misión de mi Gobierno liberar a España del peso de esa herencia.
Por eso, en el ámbito de la consolidación fiscal, estamos decididos a cumplir con nuestros compromisos. Nuestros socios europeos también esperan de nosotros la máxima responsabilidad, disciplina y diligencia.
Debemos corregir el problema del déficit público, no sólo porque es una regla esencial para el funcionamiento de la Unión Monetaria y una obligación al pertenecer a la zona euro, sino porque, de esta forma, se canalizarán hacia el sector privado los recursos necesarios para financiar el consumo y la inversión, que es lo que dinamiza la actividad económica.
Pero además, si no reducimos el déficit pondremos en riesgo a medio plazo la prestación de los servicios públicos. Esto no es una contradicción en sus términos. El déficit supone incremento de la deuda, y mayor deuda supone un mayor gasto en el pago de intereses, mermando nuestra capacidad de maniobra para dotar de forma eficiente y equitativa los servicios públicos.
Partimos de niveles muy altos de desajuste presupuestario en un escenario económico difícil.
Desde diciembre estamos aplicando ajustes presupuestarios orientados a la corrección del déficit. Ahora, la situación recesiva y las Recomendaciones aprobadas ayer en el ECOFIN, en el marco del Procedimiento de Corrección de Déficit Excesivo, aconseja no solo reducir los gastos sino incrementar los ingresos.
Para asegurar el cumplimiento del ajuste presupuestario y la senda comprometida, debemos acometer esfuerzos adicionales. Pero ello no será suficiente, es preciso además, mejorar el funcionamiento de nuestras Administraciones y hacer reformas estructurales para impulsar la flexibilidad y competitividad de nuestra economía.
A estos tres puntos me voy a referir. Y voy a comunicar a sus Señorías algunas de las principales decisiones que empezaremos a adoptar de manera inmediata.
En primer lugar, es necesario empezar con la reforma de las Administraciones Públicas para primar la austeridad, lograr mayor eficiencia y evitar duplicidades, atendiendo a la premisa de “una Administración, una competencia”.
Ese es el objetivo esencial de la reforma para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Para ello, se delimitarán las competencias de cada Administración, se soluciona el problema de las competencias impropias para que los ayuntamientos no puedan prestar servicios para los que no se cuenta con la financiación necesaria y se refuerza el papel de las Diputaciones Provinciales con el fin de centralizar la prestación de servicios.
Con esta reforma, se va a garantizar que los pequeños municipios puedan recibir servicios públicos adecuados, a precios razonables y mejor gestionados. Las estimaciones derivadas de los estudios que se han venido realizando señalan que el ahorro estará en el entorno de los 3.500 millones de euros.
Además, se va a mejorar el control de las cuentas públicas en el ámbito local, con el fortalecimiento de la imparcialidad del Interventor Municipal y funcionarios con habilitación de carácter nacional.
Una de las principales novedades será la homogeneización y publicación de las retribuciones que tienen los alcaldes y concejales de los municipios. Para ello, la ley de presupuestos de cada año fijará los baremos de la retribución de alcaldes y concejales en función de las características del municipio. Al mismo tiempo, se reducirá alrededor de un 30% el número de concejales por tramos de población, establecido en el artículo 179.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Otra medida en este terreno, será la drástica reducción -e incluso eliminación- de empresas públicas en el ámbito local. Analizando las funciones que, hasta ahora, venían siendo desempeñadas por estas empresas, nos encontramos en multitud de ocasiones duplicaciones e incluso triplicaciones de servicios, lo que conlleva un evidente despilfarro del gasto público y grandes ineficiencias.
Esta reforma institucional exige actuar en todos los niveles. También las CCAA deben tomar sus propias decisiones para conseguir los objetivos antes citados, es decir: primar la austeridad, lograr una mayor eficiencia y evitar duplicidades.
Hoy es preciso intensificar los esfuerzos con el fin de garantizar el cumplimiento de la senda de reducción del déficit que nos hemos fijado. Digo esto, porque para lograrlo es imprescindible el compromiso de todos, y particularmente el de las CCAA, que gestionan gran parte de los recursos públicos.
La estabilidad presupuestaria ha supuesto un salto cualitativo en las relaciones del Estado con las Comunidades Autónomas, en la propia arquitectura institucional del Estado. Tras la reforma constitucional, se ha aprobado la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, se ha logrado un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar unos planes de ajuste, se ha instrumentado un Plan de Pago a proveedores para aflorar y pagar la deuda comercial pendiente y ordenar, con ello, las cuentas públicas.
Ahora les toca a las Comunidades Autónomas acreditar que están cumpliendo. Y ganar credibilidad, para que todas puedan volver a financiarse normalmente en el mercado.
Precisamente mañana se celebrará una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera con tres puntos esenciales:
1º.- Fijar el objetivo de déficit para los ejercicios 2013 y 2014.
2º.- Revisar la aplicación de los planes económico-financieros de las Comunidades Autónomas aprobados en abril, en la línea de lo establecido en el Procedimiento de Corrección del Déficit Excesivo.
En virtud del grado de aplicación de los planes aprobados, se pondrán en marcha los mecanismos correctores previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
3º.- Poner en marcha un instrumento financiero que garantice la liquidez suficiente para que las Comunidades Autónomas puedan hacer frente a sus compromisos financieros.
Un mecanismo que incluirá los vencimientos de deuda financiera y comercial. Todo ello, con una condicionalidad y control adicionales del Estado, que requerirá la utilización por parte de las Comunidades Autónomas de su capacidad normativa y de decisión en el ámbito de ingresos y gastos.
En tercer lugar, se va a proceder a una revisión integral de la función pública. El empleo público debe adaptarse a la realidad económica del momento.
La partida de sueldos y salarios de la Administración es una de las de mayor cuantía de los Presupuestos. El número de empleados públicos ha crecido de forma considerable en los últimos años; piensen, Señorías, que desde que se inicia la crisis económica en 2007, se han destruido en el sector privado más de 2.900.000 empleos, mientras que en el sector público, el número de empleados ha crecido en 289.000 personas. Para buscar un mejor equilibrio en el ratio empleo público / empleo privado, más allá de la no reposición de efectivos que se ha introducido en el Presupuesto de 2012, se tomarán medidas adicionales que permitan avanzar hacia un modelo de Administración que, con mayor eficiencia, sea capaz de generar ahorros en este terreno.
Por poner un ejemplo:
- Se reducirá el número de días de libre disposición.
- Se ajustará el número de “liberados sindicales”, a lo dispuesto estrictamente en la Ley.
- Se equipararán las condiciones en situación de incapacidad temporal a las del resto de trabajadores.
- Se facilitará la movilidad de los empleados públicos.
Y, dadas las circunstancias de la economía, excepcionalmente graves, pedimos un esfuerzo, también excepcional, a los empleados y altos cargos públicos. En este año 2012, se suspenderá el abono de la segunda paga extraordinaria.
Esta medida se aplicará a los altos cargos de la administración central, autonómica y local. Y solicito que ese esfuerzo sea también compartido por quienes ostentamos el cargo de diputados y senadores.
Y solo en el caso de los empleados públicos, esta suspensión será compensada, a partir de 2015, con la correspondiente aportación en forma de fondo de pensiones.
Y, en cuarto lugar, vamos a reducir significativamente el número de empresas y fundaciones públicas. Por ello, acometeremos la segunda fase del Plan de reestructuración del Sector Público Empresarial y Fundacional.
Hasta aquí las decisiones que iremos adoptando en el ámbito de la reforma de las Administraciones Públicas, que indudablemente tendrán una enorme trascendencia en la contención del gasto público. Pero, irán acompañadas de otras medidas presupuestarias.
Concretamente, en materia de gastos, se va a proceder a un nuevo ajuste en las partidas de gasto de los departamentos ministeriales en 600 millones de euros. En lo que queda de 2012, se reducirán créditos presupuestarios destinados a subvenciones, a los gastos corrientes y a transferencias.
Les anuncio, asimismo, que en los Presupuestos para el año 2013 se incluirá un nuevo recorte del 20% en la subvención destinada a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, que se añade al que ya se hizo en estos presupuestos para el año 2012.
A fin de garantizar su sostenibilidad, se racionalizará el gasto en el sistema de dependencia, revisando el baremo y las prestaciones económicas.
En materia de empleo, se suprimirán gran número de las actuales bonificaciones a la contratación, salvo las relativas al nuevo contrato para emprendedores o a la inserción laboral de las personas discapacitadas.
Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generan efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo, siguiendo el ejemplo de algunos países de la UE.
No se modificará el periodo máximo de duración de la prestación, 24 meses, y se mantendrá el importe actual durante los primeros seis meses de la misma. Pero, para animar la búsqueda activa de trabajo, los nuevos receptores que se incorporen a la prestación la verán reducida a partir del sexto mes del 60% al 50% de la base reguladora.
También quiero señalar que en materia de Seguridad Social, les anuncio que tengo la intención de llevar al Pacto de Toledo un Proyecto de Ley para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar el tratamiento de la jubilación anticipada; tal y como establece en su Recomendación de la Unión Europea.
Presento en esta Cámara un paquete de medidas equilibrado, que combina ajustes de gasto con iniciativas por el lado de los ingresos, siguiendo las recomendaciones efectuadas por el Consejo Europeo. Paso a referirme a las actuaciones en materia de ingresos.
Este viernes el Consejo de Ministros aprobará medidas adicionales de ingresos que coadyuven a cumplir la senda fiscal comprometida con nuestros socios europeos. Y que, además, supondrán el inicio de un cambio en la estructura tributaria de nuestro país de acuerdo con las propias Recomendaciones europeas.
Por eso, elevaremos la imposición indirecta, aumentando el IVA y la fiscalidad medioambiental, y reduciendo la imposición sobre el empleo.
En concreto, el tipo general del IVA aumentará tres puntos, del 18 al 21%. El tipo reducido, del 8% al 10%. Y se mantiene el tipo super reducido en el 4% para productos de primera necesidad.
Por otro lado, las cotizaciones sociales bajarán un punto en 2013 y un punto adicional en 2014.
En fin, Señorías, se trata de cumplir con lo establecido en el Programa de Estabilidad del Reino de España y, mediante una mayor imposición indirecta, reducir la brecha fiscal para favorecer la creación de empleo.
Asimismo, se realizará una reforma de la tributación medioambiental impulsando en nuestro sistema impositivo el principio “quien contamina paga” ya arraigado en países de nuestro entorno.
Dentro de la imposición indirecta, contemplamos la subida de la imposición sobre el tabaco.
Adicionalmente, se realizarán modificaciones en el sistema de pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades.
Por otra parte, en línea con las Recomendaciones de la Unión Europea, se procederá a la eliminación de la deducción por vivienda para los nuevos compradores a partir de 2013.
En su conjunto, el paquete de consolidación fiscal, incluyendo ingresos y reducción de gastos, representará una cifra de 65.000 millones de euros en los próximos dos años y medio.
Junto con la inevitable consolidación fiscal debemos acometer, las reformas estructurales que nuestra economía necesita para recuperar su competitividad y flexibilidad y generar crecimiento y crear empleo. Para ello, el Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso programa de reformas estructurales. A las tres grandes reformas, como son la reforma del mercado laboral, la del sector financiero y el nuevo marco de estabilidad presupuestaria, se suman un buen número de medidas que hemos ido adoptando y adoptaremos con un único fin: que la economía española sea más competitiva y pueda crecer y crear empleo.
Es imprescindible acelerar el calendario de estas reformas estructurales. Las actuaciones para mejorar los mercados de bienes, servicios y factores productivos son indispensables para facilitar el crecimiento de la actividad económica y su calidad, así como para competir eficazmente en los mercados internacionales.
Debemos llevar a cabo reformas con el fin de reducir costes a los ciudadanos y a las empresas y dinamizar la actividad productiva. De entre las reformas que se van ha llevar a cabo en el corto plazo, destacan las siguientes:
En primer lugar, se presentará la siguiente fase de la reforma del sector energético. El coste de la energía condiciona la competitividad de la nuestra economía. De hecho, puede llegar a representar hasta el 50% de los costes de producción de la industria, y además tiene un fuerte impacto en el IPC.
Las decisiones de política energética adoptadas durante los últimos ocho años han dejado de lado la prioridad de suministrar la energía al menor coste posible y han conducido a un abultadísimo déficit tarifario al que vamos a dar una solución definitiva.
La solución vendrá de un reparto del déficit entre los diferentes sectores implicados a través de un nuevo esquema de fiscalidad energética.
En segundo lugar, se va a llevar a cabo un ambicioso programa para garantizar la unidad de mercado de forma efectiva. La unidad de mercado constituye un principio económico fundamental e irrenunciable para el funcionamiento competitivo de la economía española.
Vamos a dar una solución estructural al complejo marco regulatorio al que se enfrentan las empresas. Este marco, además de disperso, poco coherente y con duplicidades, provoca la fragmentación del mercado nacional, impide el crecimiento empresarial y eleva sus costes.
Se garantizará por ley el principio de eficacia inmediata en todo el territorio nacional de las habilitaciones otorgadas por las Administraciones Públicas y se equipararán los efectos de las acreditaciones y certificaciones. Se eliminará la multiplicación de controles por diversos ámbitos administrativos y, paralelamente, se podrán en marcha los mecanismos necesarios para reforzar la cooperación entre las distintas administraciones públicas.
Adicionalmente, se establecerá un mecanismo ágil de resolución de conflictos entre los operadores económicos y las Administraciones Públicas, lo que incidirá positivamente en la eliminación de obstáculos a la unidad de mercado.
En tercer lugar, debemos profundizar en las reformas y liberalización del sector servicios. Este sector representa en España más de dos tercios del PIB y del empleo, y es, por tanto, uno de los principales motores de nuestra economía. Por ello, debemos garantizar que este sector funciona adecuadamente, eliminando barreras y posiciones anticompetitivas, que sólo tienen el efecto de reducir la calidad de la prestación, al tiempo que aumentan sus precios.
Uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento y de exportación es el de los servicios profesionales. De hecho, cada vez más se reconoce en el ámbito internacional la posición exportadora del sector de servicios profesionales y de servicios a empresas, como las empresas de consultoría. Para contribuir a potenciar su crecimiento se fortalecerá el principio de libertad de acceso y ejercicio en las actividades profesionales.
Por otro lado, a las reformas ya emprendidas en el sector de distribución comercial, se sumara la flexibilización de los horarios comerciales, especialmente en las áreas turísticas, con el fin de mejorar la calidad del servicio y proporcionar a los comerciantes mayor flexibilidad para adoptar las estrategias comerciales que estimen oportunas.
Asimismo se llevará a cabo un proceso de liberalización y, en su caso, privatización de los servicios asociados al transporte ferroviario, portuario y aeroportuario.
Señoras y señores diputados, he tratado de informarles con todo detalle que el tiempo permite, sobre los acuerdos del Consejo Europeo, la situación de la economía española y las medidas inmediatas que mi gobierno se propone adoptar.
Por lo que se refiere a los acuerdos de la Cumbre, lo urgente es, como señala el documento de Conclusiones, que se sustancien, y que lo hagan con urgencia, para recuperar la estabilidad de los mercados financieros.
Por lo que se refiere a España pretendemos, como he dicho, combatir el déficit y avanzar en el programa de reformas de nuestra economía.
Sé que las medidas que les he anunciado no son agradables. No lo es cada una de ellas en particular y, menos aún, lo son todas juntas. No son agradables, pero son imprescindibles.
Nos encontramos en una situación extraordinariamente grave y es preciso corregirla con urgencia:
Que el dinero para pagar nuestra Deuda Pública nos cueste el 7% significa que buena parte de los sacrificios de los españoles se los lleva el incremento del pago de la deuda.
Es así, señorías: necesitamos que nos presten dinero hasta para pagar las prestaciones por desempleo, los sueldos de los funcionarios, la sanidad, la educación, etc. Y los necesitamos porque nuestro gasto público excede en decenas de miles de millones de euros los ingresos. El año pasado, sin ir más lejos, más de 90.000 millones de euros. En eso consiste el déficit. No podemos prescindir de los préstamos del exterior, pero resulta tan caro obtenerlos, que estamos encerrados en un círculo vicioso insoportable, del que necesitamos salir cuanto antes.
Estamos viviendo un momento crucial que determinará nuestro futuro, el de nuestras familias, el de nuestros jóvenes, el de nuestro bienestar y el de todas nuestras esperanzas.
Esta es la realidad, señorías.
Tenemos que salir de este atolladero y necesitamos hacerlo -insisto- cuanto antes.
Y aquí no caben ni fantasías ni ocurrencias.
Porque no hay mucho para escoger: o reducimos los gastos o aumentamos los ingresos o, si no nos queda más remedio, hacemos ambas cosas.
No disponemos de más ley ni de más criterio que el que la necesidad nos impone. Hacemos lo que no nos queda más remedio que hacer, tanto si nos gusta como si no.
Yo soy el primero en estar haciendo lo que no le gusta.
Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. No he cambiado de criterios. Ni renuncio a bajarlos en cuanto sea posible, pero han cambiado las circunstancias y tengo que adaptarme a ellas.
Hago lo único que se puede hacer para salir de esta postración. No pregunto si me gusta. Aplico las medidas excepcionales que reclama un momento excepcional.
Tratamos de avanzar con firmeza por un camino que no es fácil, ni corto, ni agradable, pero que no podemos eludir, porque es el único que conduce a la recuperación y es el que tenemos la obligación de seguir, y el que vamos a recorrer sin vacilaciones, como estamos haciendo desde el primer día.
Pero que nadie piense que esto lo pueda resolver un Gobierno en solitario.
Exige la colaboración de todos cuantos tienen la obligación de contribuir al esfuerzo común.
Hablo de todos ustedes que representan a la soberanía nacional. Hablo de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos. De los empresarios y de los trabajadores. De los Medios de Comunicación. Hablo, en definitiva, de toda la sociedad.
O trabajamos todos unidos para lograr los mismos objetivos, o nuestros esfuerzos serán estériles. O demostramos, de verdad, que somos una Nación dispuesta a sacrificarse para conquistar un futuro mejor, o no merecerá la pena el esfuerzo.
Sé que los pasos que estamos dando y los que vamos a dar, duelen a cada persona, a cada individuo, como consumidor, como pensionista, como ama de casa, como lo que ustedes quieran. Duele que los ingresos se reduzcan y duele que los impuestos suban.
Pero hemos de hacerlo, porque gracias a esos sacrificios individuales, podremos salvar lo que compartimos.
Los españoles hemos llegado a un punto en que no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios. No tenemos esa libertad. Las circunstancias no son tan generosas.
La única opción que la realidad nos permite es aceptar los sacrificios y renunciar a algo,
o rechazar los sacrificios y renunciar a todo.
La única pregunta que debe importarnos es: ¿Servirá de algo?
¿Servirán de algo tanta estrechez y tantas apreturas?
La respuesta es un sí con toda rotundidad.
Yo no tengo ninguna duda, señorías. No ocuparía este puesto si la tuviera.
Estoy convencido de que al final del sacrificio nos espera la recompensa.
España tiene solución, porque conserva fortalezas económicas, estructurales, demográficas, incluso morales que nos permitirán, una vez que abandone este atasco de las finanzas y del déficit, recuperar, paso a paso, todo lo que hemos perdido.
La tarea no será sencilla, ni rápida, ni agradable. Será difícil, exigirá sacrificios y llevará tiempo.
Pero puede hacerse, podemos hacerlo, lo estamos haciendo ya. No será un sacrificio estéril, porque nos permitirá alcanzar todo lo que nos hemos propuesto.
Y que nadie imagine que vamos a recortar nuestras ambiciones para España.
Sería muy cómodo conformarnos con menos, reducir nuestras aspiraciones, limitar nuestro esfuerzo. No lo haremos. No vamos a encoger nuestra ambición de españoles. Queremos todo lo que seamos capaces de conseguir, y trabajaremos sin descanso para alcanzarlo.
¿Tiene España el coraje y la determinación necesarios para mantener esta disciplina el tiempo suficiente?
Sí. Los tiene y los tendrá, porque sabe lo que se juega en ello, y porque el gobierno que yo presido, y que ha sido elegido por los españoles para esta tarea, cumplirá con su deber, hasta lograr lo que pretende.
Lo haremos porque nos empuja, por encima de todo, esa cifra de más de cinco millones de personas que no pueden trabajar
Ese es nuestro mayor acicate, y no la prima de riesgo, ni el coste de la deuda, ni la salud financiera. Lo que da color y apremio y tristeza a la deuda y al déficit son los millones de personas que están pagando las consecuencias.
Me importa mucho más la cola del desempleo que todos los equilibrios de la economía, pero debo poner toda mi atención en los equilibrios de la economía, porque de ellos depende el futuro de la cola del desempleo.
Esta es nuestra legitimidad moral, señorías. Esto es lo que da sentido al esfuerzo, al sacrificio y a las privaciones. Esto es lo que nos justifica y nos apremia y nos compromete a no relajarnos hasta lograr nuestro propósito.
Porque estamos hablando de la esperanza de millones de familias y, muy en especial, de esa juventud española que aguarda para asomarse a un futuro del que todavía no hemos logrado abrirle las puertas.
Lo haremos, lo estamos haciendo, y les aseguro, Señorías, que, con la ayuda de muchísimos españoles, que serán muchísimos españoles, seguiremos hasta el final sin cambiar ni el rumbo, ni el ímpetu, ni la constancia.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
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