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17jul12
Presidente del Banco de España explica en el Congreso el comportamiento durante la crisis
17.07.2012
Luis M. Linde
GobernadorSeñorías:
El gobernador del Banco de España comparece todos los años ante esta Comisión para exponer su valoración de la situación económica, en el marco de la presentación del Informe Anual del Banco.
La comparecencia de hoy tiene lugar en un momento de gran dificultad y, por ello, de gran trascendencia. La economía española atraviesa una difícil coyuntura y los problemas a los que se enfrentan nuestras finanzas públicas y nuestro sistema bancario centran la atención de inversores, analistas y responsables políticos, tanto nacionales como internacionales. Creo, por ello que, cambiando el énfasis habitual de la presentación del Informe, está justificado que dedique una parte amplia de mi intervención a los problemas, tan importantes y tan urgentes, de nuestro sistema financiero y a las medidas para resolverlos.
Así, mi presentación está organizada en torno a cuatro apartados:
1 La evolución económica internacional.
2 La situación de la economía española y sus perspectivas.
1 La evolución económica internacional
Querría empezar señalando que el proceso de recuperación de la economía mundial, iniciado en 2010, se ha truncado en 2012 y que atravesamos un nuevo episodio de debilitamiento de la actividad global que afecta a las economías más desarrolladas y al área euro, pero también a las grandes economías emergentes.
1.1 El área euro
La crisis de la deuda soberana, circunscrita, en un primer momento, a un conjunto limitado de economías, evolucionó a lo largo del pasado año hasta convertirse, primero, en una crisis sistémica para el conjunto del área euro y, más tarde, en motivo de preocupación y factor de riesgo para la economía mundial.
Las raíces de la crisis actual hay que buscarlas en la acumulación de desequilibrios en las finanzas públicas de diferentes países. La crisis ha puesto de manifiesto que el entramado institucional en el que se sustenta el euro y la política monetaria común tiene fisuras e inconsistencias que hay que reparar y las dificultades políticas acerca de cómo abordar esa reparación han contribuido a su agravamiento.
Ciertamente, se han producido avances tanto en el ámbito de las políticas económicas nacionales, como en el relativo a la gestión del conjunto del área. En los países afectados por las tensiones más graves, (Grecia, Portugal, Irlanda) se han puesto en marcha programas ambiciosos de consolidación fiscal y de reformas, incluyendo, entre estas últimas, tanto las acometidas en los mercados de bienes y de factores, como las realizadas en sus sistemas bancarios. Asimismo, se han reforzado y ampliado los dispositivos comunes de seguimiento, alerta y, en su caso, corrección de los desequilibrios macroeconómicos, fiscales, en primer lugar, y se ha articulado un mecanismo europeo de gestión de crisis y prestación de apoyo financiero a los Estados miembros en dificultades: primero, y de manera temporal, la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera y, más adelante y ya con carácter permanente, el Mecanismo Europeo de Estabilidad.
En los últimos meses, se han sentado varios principios para mejorar la cohesión económica entre los países de Unión Europea en torno a cuatro grandes líneas de actuación: un marco financiero integrado a nivel europeo; una mayor integración fiscal; una mayor corresponsabilidad en el ámbito de diseño de las políticas económica; y avances en transparencia y en rendición de cuentas que refuercen la legitimidad de todo el proceso.
Pero, independientemente de estas medidas a medio y largo plazo, hay que señalar que una parte importante de la tarea de estabilización en el área euro ha recaído sobre el Banco Central Europeo, tanto con medidas convencionales de política monetaria, como con medidas no convencionales de compra de deuda soberana de los países miembros. Existe un debate sobre la actuación del BCE, si ha sido, o no, suficientemente decidida o expansiva, pero, en todo caso, hay reconocer que su suministro de liquidez a largo plazo y sus compras de deuda han sido medidas positivas.
Según el Fondo Monetario Internacional, las perspectivas de crecimiento para este año, 2012, son negativas para el conjunto de los países de la Unión Económica y Monetaria (-0,3 %) y de muy escaso crecimiento para el 2013 (en torno al 0,7 %).
1.2 Otras economías desarrolladas y países emergentes
La crisis de la deuda soberana en el área del euro ha afectado negativamente al resto de las economías avanzadas, sumándose así a los impulsos contractivos (como el tsunami en Japón y sus implicaciones para la industria nuclear, o las tensiones políticas en los países árabes) y a los efectos a corto plazo de los procesos de ajuste para reducir niveles de endeudamiento del sector privado, para recomponer sistemas financieros y para reajustar sectores inmobiliarios sobredimensionados. Estados Unidos creció un 1,7 % en 2011, frente al 3 % en 2010; Reino Unido no llegó en 2011 al 1 % y Japón retrocedió un 0,7 %.
Las economías emergentes, sin embargo, mostraron una mayor resistencia ante esta corriente contractiva y avanzaron un 6,4 % en el conjunto del año. El comportamiento alcista de los precios de las materias primas, las entradas de capitales y la continuada pujanza de la economía China ayudan a explicar esta evolución. Con todo, el contexto global de creciente incertidumbre, la desaceleración del comercio mundial, inducida por el menor dinamismo de las economías desarrolladas, y las políticas monetarias contractivas, puestas en marcha en estos países para combatir los riesgos de recalentamiento, tuvieron un efecto que se dejó sentir, sobre todo, en la segunda mitad del ejercicio.
2 La crisis de la economía española
Paso ahora a la economía española.
La crisis española tiene un componente propio, gestado durante la fase de expansión que siguió a la crisis de 1992-1993 y que se extendió hasta el estallido de la actual, en el verano de 2008. Durante esa expansión, se acumularon severos desequilibrios macroeconómicos y financieros –básicamente, un pronunciado deterioro de la competitividad y un endeudamiento excesivo.
El fuerte endeudamiento de empresas y familias (que se canalizó a través de las entidades de crédito españolas que, a su vez, debieron recurrir al exterior para obtener los fondos necesarios) situó a la economía española en una posición potencialmente vulnerable a los fenómenos de inestabilidad financiera mundial y a la propia inestabilidad de la zona del euro.
La extraordinaria expansión del sector de construcción e inmobiliario desempeñó un papel decisivo en este proceso de endeudamiento, pues requirió un volumen muy cuantioso de financiación. El patrón de expansión del sector provocó otros desajustes, como fueron el episodio de aguda sobrevaloración de activos inmobiliarios y el sobredimensionamiento que adquirió el propio sector de la construcción. Desarrollos que nos han llevado a la crisis inmobiliaria más severa que ha vivido la economía en las últimas décadas y que han sido el desencadenante fundamental de la recesión en España.
El impacto del ajuste inmobiliario sobre el empleo y la actividad fue muy elevado en las etapas iniciales de la crisis debido a la intensa utilización de mano de obra por este sector y a los efectos de arrastre que genera sobre otras ramas productivas, característica común a lo ocurrido en otros países de nuestro entorno con una problemática similar.
Nuestras finanzas públicas se beneficiaron durante esta etapa de un crecimiento extraordinario de los ingresos públicos (me estoy refiriendo a los años 2003-2007), lo que debilitó el esfuerzo para contener la demanda interna. Todo ello sucedió, además, en condiciones financieras muy holgadas, es decir, con tipos de interés reales muy bajos o, incluso, negativos en algunos momentos, consecuencia de la política mantenida entonces tanto por la Reserva Federal de los Estados Unidos, como por el Banco Central Europeo. Este crecimiento en los ingresos públicos resultaría finalmente insostenible, de manera que la recesión se saldó con una grave crisis fiscal, precisamente en el momento en que los acontecimientos europeos llevarían a los analistas y a los mercados a poner el foco en la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El Informe reitera que esta situación exige una política económica que permita sanear la posición financiera de todos los sectores: empresas, hogares, administraciones públicas y entidades financieras, y corrija el mal funcionamiento de algunas instituciones que dificultan los ajustes y afectan a la competitividad.
Los tres pilares sobre los que debería asentarse esta estrategia de política económica son un proceso de consolidación fiscal y ahorro público ambicioso; el avance en un conjunto de reformas que mejoren la eficiencia y la competencia en los sectores menos expuestos a la misma; y, desde luego, el saneamiento y reforma de nuestro sistema bancario y de su regulación.
Entre las reformas, hay que mencionar en primer lugar, la reforma del mercado laboral. Desde hace bastantes años, prácticamente todos los organismos económicos internacionales y analistas de diferentes adscripciones ideológicas han venido señalando, de forma reiterada, los problemas de nuestro mercado laboral, sus efectos negativos sobre la creación de empleo y cuales debían ser las líneas generales de la reforma. Es comprensible que existan discrepancias sobre aspectos de la reforma, pero no puede caber duda de que nuestro viejo modelo laboral era muy ineficiente y debía ser reformado.
El Informe Anual del Banco de España explica cómo la intensificación de la crisis de la deuda soberana y su interacción con la situación del sistema financiero han sumido a la economía española en una doble recesión: 2009 y 2012. Se trata de un acontecimiento extraordinario, sobre el que no existen precedentes en nuestro historial económico, y que complica notablemente, desde luego, la corrección de los desequilibrios en nuestras finanzas públicas debido a su doble impacto, dificultando el aumento de los ingresos y favoreciendo el aumento de los gastos.
La previsión del Banco de España es que para todo el año 2012 se registre una caída del PIB del 1,5%. Pero hay que señalar, y es una constatación positiva, que nuestra economía está registrando un ajuste que tiene ya una intensidad apreciable. Vamos a terminar el 2012 con una balanza corriente cercana al equilibrio, una evolución de los precios bastante favorable – nuestra tasa de inflación sigue por debajo de la media de la Unión Monetaria - y con una evolución salarial que va a permitir una evolución de los costes laborales unitarios compatible con una mejora en nuestra competitividad. Obviamente, una parte del ajuste en la balanza corriente se explica por la baja actividad económica, pero solo una parte. Hay también mejora en la competitividad.
3 La situación de nuestro sistema bancario.
Paso ahora a nuestro sistema bancario, a su evolución durante los últimos años y su situación actual.
Nuestro sistema bancario atraviesa por dificultades cuya gestación hay que buscarla en el largo período de expansión iniciado a mediados de los 90 y prolongado hasta los inicios de 2008. Fue un período en el que la inversión crediticia del sector privado residente aumentó a una media anual del 15 %, ritmo que se aceleró en la parte final de este período, llegando a cifras medias del 23 % entre 2004 y 2007. La deuda bruta de los hogares y sociedades no financieras pasó de suponer un 107 % del PIB en 2000, a un 201 % a finales de 2011, cuando ese mismo ratio se situaba en el entorno del 165 %, tanto en el conjunto de la UEM, como en Estados Unidos –en el Reino Unido, sin embargo, alcanzaba un 207 %–.
Esta acumulación de pasivos por parte del sector privado llevó a un incremento de la posición deudora neta española frente al resto del mundo, que en 2011 se situó en un 92% del PIB. Esta cifra se aproxima a las exhibidas por Grecia (antes de la quita), Portugal o Irlanda –todas ellas en el entorno del 100 %-. Países como Francia, Italia, Reino Unido o Estados Unidos muestran posiciones deudoras netas frente al resto del mundo entre el 10% y el 20 % del PIB. En el otro extremo, Alemania y Holanda tienen posiciones activas netas frente al exterior, en el entorno del 35 % de su PIB.
Por otra parte, yendo al Activo de los balances bancarios, el crecimiento de la inversión crediticia no fue equilibrado entre los distintos sectores de la economía, sino que se concentró principalmente en el sector inmobiliario, de manera que el riesgo relacionado con la adquisición, promoción y construcción inmobiliarias llegó a alcanzar en el año 2007 el 62 % de la financiación al sector privado residente.
Esta progresión de las carteras crediticias no podía financiarse mediante la evolución, digamos, natural, de los depósitos de la clientela minorista residente –que es la base de financiación más estable-, sino que se recurrió de forma creciente a los mercados mayoristas e interbancarios, que proporcionaban en aquella época recursos líquidos abundantes a precio razonable, pero que, en contrapartida, exponían a las entidades a riesgos muy altos de liquidez y de coste para el reemplazo de las financiaciones a su vencimiento, unos riesgos que muchas entidades españolas no estaban acostumbradas a gestionar.
De esta forma, las cotas alcanzadas de riesgo inmobiliario y de dependencia de los mercados de financiación mayoristas, en buena parte extranjeros, pasaron a ser dos fuentes de vulnerabilidad que se hicieron evidentes con la crisis a partir de 2008.
3.1 Medidas adoptadas 2008-2011
La crisis financiera internacional se inicia a mediados de 2007 en Estados Unidos y desde Estados Unidos va contagiando el conjunto de la economía de los países desarrollados y a sus sistemas financieros.
En España, se adoptaron las primeras medidas en octubre de 2008. Se creó el Fondo de Adquisición de Activos Financieros y se aprobó un mecanismo de avales públicos, para facilitar nuevas emisiones de títulos bancarios, todo ello con objeto de hacer frente a las dificultades que iban apareciendo en el mercado interbancario y que afectaban a la financiación mayorista de algunas entidades.
Después, también en 2008, se elevó a 100.000€ la cobertura de los depósitos garantizados para bancos, cajas y cooperativas, al igual que se hizo por entonces en algunos otros países europeos.
En 2009, se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para permitir el apoyo público a las integraciones entre entidades de crédito, definiendo un nuevo marco de resolución. Esta iniciativa permitió, o favoreció, un conjunto de fusiones e integraciones entre cajas de ahorro, que pasaron de ser 45 entidades a 17 entidades o grupos a finales de 2010.
En 2010, se publicó una norma importante, el Real Decreto-ley 11/2010, que afrontaba las dos principales limitaciones de nuestras cajas de ahorro: su incapacidad o imposibilidad para captar capital en los mercados y sus problemas de gobernanza, abriendo la vía para que pudieran ejercer su negocio financiero de forma indirecta, a través de bancos, fórmula que se generalizó rápidamente.
También en 2010 se adoptaron medidas en cuanto a régimen contable de las provisiones, endureciendo el tratamiento de los activos adjudicados y de las garantías inmobiliarias y acortando los calendarios de dotación de riesgos morosos; se inició una política de mayor transparencia en las llamadas “pruebas de resistencia”, llevadas a cabo bajo la coordinación de las instituciones europeas; y el Banco de España exigió a las entidades ampliar la información que proporcionaban sobre sus activos en promoción y construcción y en la cartera hipotecaria minorista.
A comienzos del 2011, mediante el Real Decreto-Ley 2/2011, se elevaron los requerimientos de capital, para nuestras entidades de crédito, estableciéndose un nuevo coeficiente mínimo del capital, el llamado “capital principal” del 8 %, que se elevaba al 10 % para entidades muy dependientes de los mercados mayoristas. Este mismo Real Decreto-Ley ofreció el respaldo del FROB para aquellas entidades que no pudieran alcanzar los nuevos mínimos obligatorios por sus propios medios, mediante un nuevo sistema de ayudas que abrió la puerta a la entrada del FROB como accionista en el capital de las entidades.
En octubre de 2011 se unificaron los tres fondos de garantía de depósitos de bancos, cajas y cooperativas, a la vez que se previó la posibilidad de que este nuevo fondo participara en la financiación de las operaciones de reestructuración gestionadas por el FROB.
3.2 Medidas adoptadas en 2012
Aunque el problema venía de más lejos, como ya he señalado, los datos sobre la evolución de nuestro sistema financiero indican con claridad que entre 2003 y 2007 se produce un gran incremento en nuestro endeudamiento total, bruto y neto que afecta al conjunto de la economía y que en un país tan bancarizado como el nuestro se canaliza, fundamentalmente, a través del sistema bancario
A pesar de las medidas adoptadas entre 2008 y 2011, las dudas sobre la viabilidad de una parte de nuestro sistema bancario y de cajas de ahorro no se despejaron, y se fueron intensificando a lo largo de 2011 y principios de 2012. El empeoramiento de la situación económica internacional y el deslizamiento de nuestra economía hacia una nueva recesión contribuyeron, desde luego, a esta evolución, que se centraba, de forma primordial, en la valoración contable y el tratamiento de la gran masa de activos relacionados con el riesgo inmobiliario.
Pero, evidentemente, no podemos atribuir toda la responsabilidad por el deterioro de la confianza en nuestro sistema bancario a la coyuntura económica internacional, a los problemas de la zona euro, -en particular, la situación de Grecia y las negociaciones sobre su rescate, que han tenido un indudable y fuerte impacto, como lo ha reconocido en diversas ocasiones el propio Banco Central Europeo- o a nuestra recesión.
Voy a entrar ahora en un terreno que sé bien que es delicado y que me expongo a ser malinterpretado pero es un aspecto que no quiero soslayar o evitar. Quiero hacer algunas observaciones sobre lo ocurrido en nuestro sistema financiero desde el punto de vista de la supervisión y de las responsabilidades del Banco de España.
En los años de la burbuja inmobiliaria y financiera que acaba en 2008 existía una especie de euforia, no sólo en España, sino en todos los países de la Unión Europea y en Estados Unidos, que llevaba a no ver, o no querer ver, los riesgos que se estaban acumulando. Era como si nadie quisiera prever escenarios de recesión, de subidas de tipos de interés o de colapso de financiación.
Sólo a título de ilustración voy a señalar tres cuestiones en las que, insisto, con la fácil lucidez que da mirar al pasado desde el presente, y, por supuesto, sin querer dar ninguna lección a nadie, podemos concluir que se actuó con poca decisión o de modo insuficiente o inadecuado.
En primer lugar, el mecanismo llamado “Sistema Institucional de Protección” (SIP), las llamadas “fusiones frías”, una forma de integración que trataba de evitar o soslayar las dificultades políticas planteadas desde las Comunidades Autónomas, y otras dificultades planteadas desde las propias entidades, a fusiones e integraciones de cajas de ahorros que se consideraban convenientes. Las “fusiones frías” se aceptaron con la intención de favorecer ciertos procesos que podían permitir racionalizar el sector y mejorar la eficiencia de determinadas cajas pero, parece claro, su efecto final no fue demasiado positivo y contribuyó, más bien, a retrasar decisiones y ajustes.
Otro ejemplo estaría en al provisión anticíclica, a la que el Banco de España se vio obligado, si no a renunciar del todo, sí a renunciar en parte. El Banco de España fue, indiscutiblemente, pionero en la introducción de esta medida que hoy se clasificaría como herramienta de política macro-prudencial. Esta medida fue, en su momento, criticada por la comunidad financiera internacional por su difícil compatibilidad, se decía, con las normas contables y por su contraste con la separación entre políticas macro y regulatorias que en aquel momento se preconizaban, y también fue criticada, hay que recordarlo, por la banca española, pues se entendía que dañaba o podía dañar su posición competitiva.
Desde la perspectiva de hoy, muchos estarían de acuerdo en que el defecto principal de aquella norma era su timidez y su insuficiencia para contener el crecimiento excesivo del crédito, y que todos habríamos salido ganando si se hubiera mantenido y generalizado, tal como el Banco de España la defendió a comienzos de los años 2000, y se hubiera hecho, incluso, más exigente. En suma, el Banco de España fue considerado entonces heterodoxo, pero hoy sabemos que debería haber sido aún más heterodoxo en su utilización de su capacidad regulatoria y supervisora para mitigar la vulnerabilidad de nuestro sistema financiero.
Además, y este es el tercer punto al que me quería referir, creo que casi nadie previó la doble recesión, algo que afectó, sin duda, a la calidad de los “stress tests” o pruebas de esfuerzo que el Banco llevó a cabo en 2010 y 2011, en el marco de un ejercicio dirigido por la Autoridad Bancaria Europea.
En suma, y juzgando lo ocurrido con la información que hoy tenemos, hay que reconocer que, en el Banco de España, no tuvimos éxito en lo que ahora llamamos “supervisión macroprudencial”. No nos enfrentamos con la decisión que ahora entendemos habría sido necesaria al gran aumento de nuestro endeudamiento y, después, a la contención y corrección del fortísimo deterioro en los balances bancarios, consecuencia del estallido de la burbuja y la recesión. El hecho de no ser el único supervisor europeo al que puede hacerse este reproche no es un consuelo para nadie.
Dicho lo anterior, quiero llegar ahora comienzos del presente año, 2012. Los dos Reales Decretos-leyes, el de febrero y el de mayo, han significado adoptar un enfoque más radical para hacer frente a la morosidad ya producida o potencial en los activos de los bancos y al saneamiento y reestructuración de una parte significativa de nuestro sistema bancario.
El primero de estos Decretos, en febrero, centró su atención en la cartera de activos problemáticos, al exigir unos requerimientos extraordinarios de provisión sobre los créditos calificados como dudosos o sub-estándar, con independencia del valor de las garantías, y sobre los activos inmobiliarios adjudicados o recibidos en pago de deudas. Adicionalmente, en el caso de los activos problemáticos con mayor perfil de riesgos, como terrenos y promociones en curso, se exigía un colchón de capital que protegiese a las entidades ante eventuales pérdidas extraordinarias. Además, las entidades debían constituir una provisión del 7 % para la cartera de créditos considerados no morosos o normales.
El segundo Decreto, en mayo, da un paso más y trata de resolver las dudas sobre la cartera de activos en situación contable normal o no morosa, al aumentar las provisiones exigidas en función de la naturaleza de los activos financiados. En resumen, se incrementan las provisiones medias del 7 % al 30 %, con una mayor penalización para las exposiciones para financiación de suelo o sin garantía real.
El esfuerzo conjunto para las entidades de crédito de los dos decretos leyes, que tiene que completarse en el presente ejercicio, 2012, se eleva a unos 59.000 millones de provisiones y 11.000 millones de colchón de capital.
Con este nuevo esfuerzo, el sector bancario español habrá realizado, entre 2007 y 2012, saneamientos por importe superior a 200.000 millones de euros, a los cuales hay que sumar el incremento de los requerimientos de capital principal de 11.000 millones antes citado. Ello supone, de manera agregada, un esfuerzo equivalente a más del 20 % del PIB español de 2011.
4 Evaluación externa y acuerdo con el Eurogrupo
En el deterioro de la confianza en el sistema bancario español, ha influido un conjunto complejo de circunstancias: la evolución negativa de la economía internacional; la crisis de la Unión Monetaria; la falta de mejora en las finanzas públicas de un conjunto de países, entre ellos, España; y, desde luego, la percepción, por parte de los mercados, de que nuestro sistema bancario no estaba resolviendo sus problemas de morosidad y de deterioro en los activos inmobiliarios.
En esta situación, el Gobierno tomó el pasado mes de mayo dos decisiones: 1) llevar a cabo una evaluación independiente del grado de solvencia y de las perspectivas de negocio del conjunto del sistema bancario español; y 2) obtener la ayuda financiera de nuestros socios europeos para poner en marcha un plan de reestructuración y recapitalización de nuestro sistema bancario.
En cuanto a la primera de esas medidas, recordaré que se llegó a un acuerdo con dos evaluadores independientes y cuatro auditores para la realización de una estimación de las necesidades de recursos propios de los bancos españoles, en dos escenarios de recesión, uno de ellos de recesión severa, durante los años 2012 a 2014. Los resultados de esta primera evaluación se hicieron públicos el pasado 21 de junio y mostraron, en una primera aproximación, que el conjunto del sistema bancario español podría necesitar entre 51.000 y 62.000 millones de euros para mantener un ratio de capital de 6 % en un escenario macroeconómico muy pesimista, que en suma significase una caída acumulada del PIB del 6,5 % entre 2012 y 2014.
Este primer examen deberá completarse con otros dos ejercicios a desarrollar antes de finales de septiembre, que implicarán un análisis detallado de los balances de 14 grupos bancarios, la clasificación de los activos, las provisiones realizadas y las valoraciones que se hayan tenido en cuenta, para llegar a determinar las necesidades de recapitalización y provisiones de cada una de las instituciones estudiadas, que representarán más del 90 % del sistema bancario español.
Conviene recordar que todo este ejercicio de evaluación y auditoría ha sido y va a ser coordinado y controlado por comités en los que están representados la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea y el Fondo Monetario Internacional, además de, claro está, el Ministerio de Economía y el Banco de España. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno español y el Eurogrupo se va a materializar, en primer lugar, en un Memorando de Entendimiento que se firmará el próximo 20 de julio, a lo que seguirán otros acuerdos para su desarrollo y aplicación.
El uso efectivo de los fondos solo podrá especificarse cuando termine el ejercicio en su totalidad, es decir, cuando finalice el ejercicio llamado bottom up y el control de los evaluadores. Pero los criterios generales para aplicar los fondos, que se recogerán en el Memorando de Entendimiento, ya se conocen y puedo resumirlos brevemente.
Un primer grupo de bancos cumplirá con las nuevas referencias de core capital previstas en el ejercicio, sin necesidad de medidas de recapitalización. No es un secreto que las grandes entidades del sistema financiero español han venido demostrando su solvencia, su capacidad para absorber pérdidas en situaciones de tensión y su capacidad para generar elevados niveles de capital interno, por lo que cabe presuponer que, junto a otras entidades de menor tamaño, estarán dentro de este grupo. En definitiva, el ejercicio confirmará que una parte relevante de nuestro sistema bancario está en disposición, sin necesidad de ayudas públicas, de mantener toda su actividad y contribuir eficientemente a la canalización de los flujos financieros de nuestra economía.
Hay un segundo grupo de entidades ya predefinido, en el que se integran los bancos intervenidos o controlados por el FROB: BFA/Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco y Banco de Valencia. No es aventurado anticipar que concentrarán las mayores necesidades de capital que se deriven del ejercicio.
En un tercer grupo de bancos se incluirán aquellos otros en los que se concreten necesidades adicionales de capital que, por su cuantía y por la propia posición de las entidades, sólo podrán atenderse mediante el recurso a las ayudas públicas previstas en el programa europeo de asistencia financiera.
Finalmente, un cuarto grupo de bancos lo formarán aquellos que, sin llegar a los niveles de capital requeridos, planteen en sus planes de recapitalización medidas adecuadas para conseguir capital privado en un plazo de tiempo moderado. Cuando las necesidades de capital adicional que requieran sean elevadas, es razonable que, de forma provisional, reciban una inyección transitoria de fondos públicos en forma de capital contingente.
Todo esto, en cuanto a grupos de bancos. Pero el Memorando de Entendimiento tiene, además, un contenido de procedimientos y objetivos. Yo lo resumiría en cinco apartados.
1 Las ayudas prestadas a cada banco implicarán el cumplimiento de una serie de condiciones, cuyo marco general se ha negociado entre las autoridades europeas y españolas. El objetivo último es consolidar la capacidad y resistencia de nuestro sistema bancario a largo plazo y generar la confianza precisa para normalizar su acceso a los mercados.
2 Los bancos que reciban ayudas públicas habrán de acometer un proceso reestructuración, compatible con la normativa europea de ayudas de estado. Como es lógico, el nivel de exigencia de los planes de reestructuración habrá de estar en consonancia con el volumen de las ayudas previstas, y estarán orientados a reforzar la capacidad para mantener un negocio sostenible y rentable. La reestructuración se podrá traducir en ajustes de tamaño, eliminación de los segmentos de negocio no rentables, reequilibrio de las estructuras de financiación, mejoras en la gobernanza y racionalización de las redes.
3 En el caso de que se determine que alguna entidad no resulta viable, se procederá a su resolución ordenada, como ya se ha hecho con algunas entidades a lo largo de esta crisis, como ha sido el caso de la Caja de Castilla La Mancha, CajaSur, la Caja de Ahorros del Mediterráneo y Unnim.
4 Dos de los principios en que se basará la recapitalización y reestructuración de una parte de nuestro sistema bancario serán la separación de los activos problemáticos (el instrumento que hemos dado en llamar “banco malo”, aunque es posible que no sea un banco, sino una compañía o sociedad de gestión de activos); y la participación en los costes del saneamiento y la reestructuración, de accionistas, acreedores y contribuyentes en general:
a La segregación de activos problemáticos, principalmente inmobiliarios, continúa y amplía un camino ya abierto por nuestra normativa con el Real Decreto Ley 18/2012 que prevé la segregación en compañías separadas de activos adjudicados en pago de deudas, separando definitivamente los activos dañados, los inmuebles adjudicados y los créditos morosos de los balances de los bancos que reciban ayuda pública. Es una técnica experimentada en otros países como Suecia, Irlanda, Estados Unidos o Alemania, un vehículo o entidad en que concentrar esos activos para su gestión y venta posterior, “limpiando” los balances de las entidades y permitiendo, en el caso de que sean viables, su puesta en valor y venta posterior.
b En relación con el reparto equitativo de los costes, el acuerdo recogerá la necesidad de minimizar las cargas para el contribuyente, a través de medidas que podrán afectar, entre otros, al pago de dividendos, a las remuneraciones de los administradores de las entidades y a los compromisos asumidos por los tenedores de instrumentos computables como capital distintos de las acciones.
5 El Memorando preverá una serie de medidas de aplicación a toda la banca española. Estas medidas se centrarán en la exigencia de un coeficiente de capital del 9 %, e incluirán mejoras en la normativa de resolución, en el tratamiento del riesgo de concentración, en el papel de las cajas como accionistas de bancos, en la transparencia de la información financiera, en los procedimientos supervisores, en la comercialización de productos complejos y en la central de información de riesgos, entre otros aspectos.
Los planes de recapitalización que presenten las entidades tendrán que ser realistas y ejecutables en un corto plazo; en caso contrario, las entidades habrán de demostrar su viabilidad, acometer un proceso de reestructuración y recibir ayudas públicas. Si alguna entidad no tuviera pulso suficiente para asegurar su futuro, habrá de encarar un proceso de resolución o liquidación ordenada. La gestión de la masa de activos inmobiliarios dañados de las entidades receptoras de ayudas se prolongará en el tiempo, pero de forma separada, sin contaminar las operaciones y los resultados de los bancos.
El núcleo de nuestro sistema bancario es fundamentalmente sano y yo tengo la seguridad de que pronto, con la puesta en marcha del programa en curso, nuestros bancos desarrollarán su actividad con la solvencia y vitalidad necesarias para cumplir con su misión principal: intermediar eficientemente los flujos financieros y contribuir al crecimiento de la economía.
Tenemos un sistema financiero con bancos que están entre los más eficientes en cualquier comparación internacional. Creo que todos vamos a aprender la lección, que es muy dolorosa desde diversos puntos de vista, y que nuestro sistema financiero saldrá de esta crisis reforzado y más eficiente, y que volverá a ser la pieza fundamental que siempre ha sido para el avance de nuestra economía y el bienestar de nuestros ciudadanos.
Muchas gracias a todos por su atención.
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