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31may12
Bruselas impone su hoja de ruta y condena a España a una recesión todavía mayor
España en el punto de mira. Y no, precisamente, para bien. La economía se enfrenta a una tormenta casi perfecta. La crisis ya no afecta sólo al sistema financiero o a la solvencia de la deuda pública. También comienza a ser una crisis política. Por primera vez, la Comisión Europea ha puesto en duda la eficacia de la política económica del Gobierno de Mariano Rajoy. Tan sólo seis después de las primeras medidas. Tan sólo seis meses después del primer Consejo de Ministros en el que se aprobó un ajuste del gasto de 15.000 millones de euros. En apenas medio año, la Bolsa se ha desplomado un 30% y la prima de riesgo ha aumentado un 50%.
Y no sólo eso, Alemania y su ‘núcleo duro’ –Holanda, Finlandia o Austria- han dejado claro que el Banco Central Europeo (BCE), al contrario de lo que quiere Moncloa, no está para ayudar a países con dificultades. Hasta ahora el Gobierno siempre había confiado en que la autoridad monetaria sacaría España las castañas del fuego. Pero no lo va a hacer. Al menos por el momento.
El problema para España es que el tiempo se le ha echado encima. Y la crisis financiera –deuda soberana y solvencia del sistema bancario- ha acabado por contaminar la actividad económica real. Y no parece un asunto pasajero. Hasta el próximo 17 de junio, no se despejará la gran duda griega -si continúa en el euro o si sale de la moneda única-, y hasta el 30 de julio no se conocerá la situación real de las entidades financieras españolas. Y una vez que se desvelen los nuevos resultados de las pruebas de esfuerzos habrá que poner más dinero. No con carácter general. En particular, en las entidades ‘nacionalizadas’ por el Frob.
Hay, por lo tanto, crisis para largo. Y todo ello en un contexto macroeconómico extraordinariamente complejo: debilidad de la economía europea -como refleja el índice de sentimiento que publicó ayer la Comisión Europea-; deterioro adicional del comercio minorista en España -que representa las dos terceras partes de la demanda interna-, y nuevas medidas fiscales restrictivas -aumento de los impuestos indirectos y medioambientales- que deprimirán todavía más la renta disponible de las familias y, por ende, la actividad económica.
Doble recesión
El ministro De Guindos aseguró recientemente que el PIB en términos intertrimestrales caerá tres décimas entre abril y junio, igual que en el mismo periodo precedente. Pero algunos indicadores adelantados reflejan un deterioro adicional. En particular, los relacionados con la confianza de los agentes económicos, empresas y familias.
El ïndice de Sentimiento Económico, por ejemplo, se situó en mayo en 88,2 puntos, el nivel más bajo desde la anterior recesión. Mientras que las ventas de las grandes superficies, indicador clave para entender la evolución del consumo (y de los ingresos públicos), están retrocediendo nada menos que un 6,9% en términos anuales.
Nunca en la reciente historia de España, la economía había encadenado dos recesiones consecutivas, lo que supone un escenario nuevo. Algo que, sin duda, explica que el Índice de Confianza del Consumidor se sitúe en mayo en 33,2 puntos, el peor registro desde la Gran Recesión de 2009. O que la producción industrial esté cayendo a un ritmo del 7,5% anual.
En este contexto es en el que le ha estallado la crisis al Gobierno, ya sin ningún poder de actuación para hacer política económica al margen del dictado de Bruselas y, lo que es más importante, de Alemania. El ritmo de las reformas e, incluso, su intensidad ya no depende del Gobierno de Madrid después de las recomendaciones que dictaron ayer los burócratas de Bruselas, que incluso se atreven a cuestionar una de las reformas más ambiciosas del Gobierno, la laboral, que ahora la Unión Europea considera insuficiente. Como también estiman que van en la dirección contraria decisiones como la subida del IRPF (en principio temporal) o las deducciones por vivienda.
El problema para España es de crecimiento y, aunque el Gobierno disponga de un año más para reducir el déficit público (hasta el 3% del PIB en 2014), lo cierto es que su impacto será prácticamente nulo. Básicamente porque tanto en 2012 como en 2013, según la mayoría de los institutos de coyuntura, no se iba a cumplir el objetivo de desequilibrio fiscal, por lo que el hecho de prolongarlo tendrá un efecto neutral sobre el crecimiento económico. Es más, el año de 'gracia' obligará a ajustes adicionales, algo extraordinariamente complicado en un contexto recesivo.
Máxime cuando, como recordó ayer Olli Rehn, comisario de Asuntos Económicos, aún falta por poner orden en las cuentas de las comunidades autónomas y en los balances del 30% del sistema financiero (según avanzó el FMI). Bruselas no habla todavía de recortar el seguro de paro, pero ya sugiere que hay que ‘racionalizar” los subsidios, que consumen (incluyendo el nivel contributivo) cerca de 30.000 millones de euros, de los que la mitad se financian con impuestos y el resto con cotizaciones sociales.
[Fuente: Por Carlos Sánchez, El Confidencial, Madrid, 31may12]
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