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06may12
Ola de cierre y privatización de empresas y organismos públicos en toda España
«Esta casa quedará ordenada», sentenció el pasado 16 de marzo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la sala de prensa de La Moncloa. El Consejo de Ministros acababa de aprobar meter la «tijera» al sector público empresarial y fundacional estatal que, entre otras medidas inmediatas, suponía la extinción de 24 empresas públicas, la desinversión o agilización de la liquidación en 80 sociedades, además de la fusión o supresión denueve fundaciones.
Sáenz de Santamaría no pudo ser más explícita en sus ejemplos: «En algunos casos había más miembros del Consejo de Administración que personal» trabajando para el sector público, al que se destina parte del dinero del contribuyente. En el listado de esas empresas que seguían recibiendo aportaciones del Ejecutivo central hay espacio para casos muy llamativos como la empresa Carmen: la comida de España 1992, que era una empresa destinada a fomentar la tortilla española, Barcelona Holding Olímpico, que todavía se mantenía, o la Sociedad de Altos Hornos AEC.
Solo en dietas de los 154 consejeros que se quedan fuera con la supresión de ese número de entidades públicas, el Ejecutivo central se ahorra un millón de euros al año. Un retrato muy nítido de la situación en la que se encontraba «la maraña administrativa» pública que, sobre la mesa del Consejo de Ministros, puso luz al hecho de que algunas se utilizaban de manera ilícita y sin una acción que reportase beneficios a la postre al Estado. En Moncloa se mostraron convencidos de que no se podía seguir manteniendo una telaraña de entidades y siglas que conllevaban más gastos que ingresos a las arcas públicas, máxime en este momento en que las consignas de la Administración central son las de «austeridad, eficiencia y estabilidad presupuestaria».
Ese mismo día, la también ministra de la Presidencia, a cuyo área pertenece la competencia de hacer que el sistema público se convierta en ejemplo de buen hacer ante los ciudadanos, aprovechó para despejar el balón al campo de las Comunidades Autónomas y corporaciones locales que todavía sigan dando alas al «innecesario» tejido empresarial público. La vicepresidenta lanzó ese mensaje de «poner orden en casa» a las regiones y ayuntamientos, máxime porque la mayoría están regidos por el PP y todos se comprometieron a cumplir con la «barra libre» de entidades públicas antes y después de las elecciones.
Pero la poda de empresas de las administraciones autonómicas, como vemos en el repaso que realizan los redactores de ABC en todas las delegaciones regionales, comenzó ya su andadura tras las elecciones del pasado 22 de mayo, en algunos casos, si bien en otras autonomías -gobernadas o no por los populares- han recogido la receta lanzada recientemente por el Estado para presentar, estos días, sus respectivos planes de reestructuración del sector, que implica una reducción drástica de los integrantes de «la res pública»:
1-. CATALUÑA, UN 21% MENOS: Según informa María Jesús Cañizares desde Barcelona, Cataluña contaba con 272 empresas, fundaciones y consorcios públicos, de los cuales se han extinguido ya 57 o se encuentran en un proceso muy avanzado. El objetivo es llegar a eliminar el 25% del total. La racionalización de estos entes incluye la fusión o integración en las consejerías de la Generalitat. Esta integración afectaría a empresas que apenas tienen trabajadores para poder ser recolocados en los departamentos del gobierno autonómico.
Algunas de esas empresas que se han extinguido ya o están a punto son: Instituto Catalán de Crédito Agrario; Entidad Autónoma de Difusión Cultural; Agencia Catalana de Seguridad Industrial; entes de coordinación y gestión de las participaciones y entidades públicas industriales de la Generalitat; la Agencia Catalana del Deporte; Gesclínic, S.A.; Energética de Instalaciones sanitarias, S.A.; CCRTV Interactiva, S.A.; Agencia de Patrocinio y Mecenazgo, S. A.; Activa Multimedia Digital, S.L.; y Viajes de Montaña, S. A.
2-. ARAGÓN, UN 25% MENOS: En la Comunidad vecina, Aragón, Roberto Pérez informa de que el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi sigue manteniendo sus 28 empresas públicas, compañías en las que o bien es el propietario o bien es el accionista mayoritario. Entre ellas, se incluye la radiotelevisión autonómica. En otoño del año pasado, el Ejecutivo popular de Rudi anunció un plan de reestructuración que permitirá dejar la cifra de empresas públicas en 21, pero no se sabe cuándo culminará el proceso, que incluirá varias fusiones. La parte más avanzada es la fusión de las empresas Sodemasa y Sirasa, que permitirá reducir sus cuadros directivos. Hasta el momento no se ha cuantificado qué supondrá la reestructuración en términos de empleo.
La deuda que acumula el sector público empresarial del Gobierno aragonés ronda los 550 millones de euros. De ellos, 400 corresponden a las empresas en las que el Ejecutivo autónomo es propietario o accionista minoritario. Los otros 150 millones se concentran en dos compañías en las que no tiene la mayoría de las acciones, pero sí una participación significativa. Sólo por su participación en la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad, participada por el Ministerio de Fomento, la porción que deuda que le toca al Gobierno aragonés asciende a 100 millones de euros.
3-. COMUNIDAD VALENCIANA, UN 87% MENOS: Según informa Alberto Caparrós, la Generalitat Valenciana ultima un proceso de reestructuración de su sector público empresarial, compuesto por un total de 46 sociedades mercantiles que antes de que acabe el actual ejercicio se fusionarán en seis entes. Esta operación no incluye al grupo Radio Televisión Valenciana (RTVV) y a la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) que se mantendrán como empresas independientes, aunque también ejecutarán procesos de adelgazamiento de su estructura. El Gobierno que preside Alberto Fabra prevé generar un ahorro total de 120 millones a través de un proceso de fusiones, absorciones y liquidaciones de empresas que, finalmente, configurarán una única corporación empresarial compuesta por seis holdings divididos por áreas de negocio: promoción cultural y ocio, bienestar social, apoyo a sectores productivos, transporte, medio ambiente y construcción y gestión de infraestructuras.
Conforme avanzó ABC el pasado 13 de marzo, el plan de la Generalitat contempla reducir a la mitad la plantilla de empleados que desempeñan su labor en las empresas públicas. De acuerdo con los últimos datos facilitados por el Gobierno valenciano, la medida implicará a 5.000 trabajadores, entre los que se incluirán los afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ultima RTVV. La Generalitat, además, ha equiparado el sueldo de los directivos de las empresas públicas para que ninguno rebase el tope salarial que marca el presidente autonómico -no supera los 68.000 euros brutos anuales- y ha comenzado el proceso de reestructuración en algunas empresas públicas donde ya se han puesto en marcha los primeros ERE. Son los casos del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), que prescindirá de 250 trabajadores, y de la empresa encargada de la construcción de colegios públicos (Ciegsa), que hará lo propio con otros ochenta empleados. Las condiciones de los despidos estarán reguladas por la nueva reforma laboral, que establece indemnizaciones de veinte días por año trabajado. El Gobierno autonómico sostiene que su voluntad pasa por «adelgazar la Administración bajo el concepto de la eficiencia y el mantenimiento de los servicios esenciales para los ciudadanos».
4-. BALEARES, UN 54,7% MENOS: También el Gobierno balear está dando los últimos retoques a un plan de reestructuración del sector empresarial público. Antoni Limongi, corresponsal de ABC en Baleares, informa de que el Govern balear reducirá en base a ese programa las empresas del sector público de 168 a 76. Actualmente el sector público balear cuenta con 168 empresas sumando consorcios, fundaciones, entes instrumentales, organismos autónomos y sociedades mercantiles. El ajuste del Gobierno balear previsto es quepase a 76. Este proceso de reducción se está ya produciendo, aunque a día de hoy no se disponen de los datos del trabajo efectuado hasta el momento. Esta medida, que se desarrolla en un proceso gradual de negociación particular con cada organismo,supone un ahorro de 115 millones de euros.
La reestructuración es la siguiente: integración de las empresas Gesma y las Fundaciones Hospital Son Llàtzer, Hospital de Manacor y Hospital Comarcal de Inca; fusión del Institut d'Estudis Baleàrics y el Cofuc; fusión de Semilla e Ibabsa; fusión del ParcBit, Bitel,Cidtur, Fundació Ibit e IDI; fusión de la Agència de Cooperaciò Internacional y la Fundació Balears a l'Exterior; fusión de la Fundación Mateu Orfila d'Investigació en Salut y la Fundació d'Investigació Sanitaria de les Illes Balears Ramon Llull; fusión de la Fundació Illesport y el Consorcio Escola Balear de l'Esport; fusión de l'ATB y la Fundación para el Desenvolupament Sostenible; y la disolución de 22 consorcios, además de la agrupación de otros 57 consorcios.
5-. PAÍS VASCO, la «tijera» en el gasto corriente, con un 20% menos: Al llegar a Ajuria Enea, el Ejecutivo de Patxi López se encontró en 2009 con una magna estructura pública, plagada de empresas, entes y fundaciones «amigas», herencia de treinta años de gobiernos del PNV. Los socialistas, impulsados desde fuera por el PP vasco, se comprometieron a reducir drásticamente lo que denunciaron como un entramado empresarial de «chiringuitos» nacionalistas, que los de Antonio Basagoiti cifraron en al menos 555 organismos controlados o participados por la Administración pública vasca, según informa Itziar Reyero desde Bilbao.
También informa, según fuentes del Gobierno vasco, de que en la práctica, la «tijera» se ha dedicado sobre todo a contener el gasto corriente, con una reducción cercana al 20%. El mayor ahorro se ha producido en los departamentos de Industria y Agricultura, que eran también los más «abultados» en sociedades públicas y semipúblicas. En concreto, la agencia para la promoción y reconversión industrial SPRI se ha visto «adelgazada» en cuatro sociedades, pasando de 29 a 25, tras suprimirse en Vizcaya el Centro de Empresas de Zamudio y tres «industrialdeas» -entes comarcales para la gestión y promoción de suelo industrial- en Vizcaya y una en Álava.
En Agricultura, la otra consejería «agigantada» por el PNV, con hasta 43 empresas públicas y un presupuesto propio de 84 millones de euros, el cinturón de ajuste ha propiciado la salida del Gobierno vasco de hasta 16 sociedades.
6-. EN CANARIAS, UN 83,6% MENOS: Desde el archipiélago canario, Mercedes Ramos informa de que el Gobierno regional aprobó el pasado mes de febrero nuevas medidas de racionalización dirigidas a las sociedades mercantiles públicas con el objetivo de reducir en cuatro años el 45% de los costes directos que generan las empresas y fundaciones públicas dependientes de la Administración autonómica canaria. Según la programación prevista, entre 2011 y 2014 se reducirán en torno a 100 millones de euros las transferencias al sector público. A su finalización, el sector público empresarial canario quedará reducido a 16 sociedades mercantiles.
A diciembre de 2011, el sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias estaba integrado por 98 entes, de los cuales un 43,2% lo constituyen sociedades mercantiles, un 23,7% fundaciones y otras instituciones sin fin de lucro, un 13,4% consorcios y, el resto, un 19,7%, engloba entes Públicos, organismos autónomos, entidades públicas empresariales y otros entes dependientes de la comunidad.
La programación prevista establece la enajenación de activos por valor de 49,7 millones, la venta de la participación en el capital social de dos sociedades (Gestur Tenerife y Gestur Las Palmas), así como la desinversión en 21 sociedades mercantiles participadas. Además se prevé un ajuste en las estructuras organizativas de 14 empresas. Con carácter general para todas las sociedades, se redimensionan los órganos de administración, reduciendo a siete el número máximo de miembros de los consejos y recortando en un 10% los gastos de dirección. También de forma genérica, se adoptan directrices en materia de negociación colectiva con el fin de armonizar las condiciones laborales y aumentar la productividad. Entre otras actuaciones, se fija un mínimo de 37,5 horas semanales de trabajo, se suprimen planes de pensiones y seguros médicos, se establece la edad de jubilación forzosa a los 65 años y se articula un tope retributivo para los directivos.
Por otro lado, el acuerdo de Gobierno incluye la culminación del proceso de disolución de tres sociedades. Se trata de la Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio (Saturno), Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria (CBB Maspalomas) y Canarias Congress Bureau Tenerife Sur (CBB Tenerife). Estas empresas, que en la actualidad no tienen actividad alguna, se unen a las ya extinguidas Fundación Canaria para la Prevención e Investigación de las Drogodependencias, Fundación Canaria para el Conservatorio Superior de Música de Canarias y Fundación Canaria para la Promoción de la Educación. Con la disolución de estas seis entidades, se da cumplimiento al plan aprobado por el Gobierno de Canarias el pasado mes de marzo de 2011 y, en consecuencia, al compromiso establecido en su momento con el Ministerio de Economía y Hacienda.
7-. CASTILLA-LA MANCHA, YA SE HA SUPRIMIDO UN 17%: Desde Toledo informa de la situación María José Muñoz. El anterior Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, que presidía José María Barreda, llegó a formar un entramado de empresas públicas y fundaciones cercano al centenar, suponiendo en muchos casos una agencia de recolocación para cargos socialistas y, sobre todo, vías de escape de miles de millones que la Comunidad Autónoma no podía permitirse, a tenor del enorme déficit que se encontró el nuevo Ejecutivo tras las elecciones de mayo de 2011. La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se comprometió a reducir al máximo los entes públicos de la región y, en este sentido, está trabajando el Ejecutivo castellano-manchego. Fuentes cercanas al Gobierno regional han confirmado a ABC que ya se han extinguido 8 empresas públicas; 6 están en proceso de extinción y 3 en proceso de fusión. Entre los entes extinguidos destacan la Fundación Centro Regional de Diseño de Castilla-La Mancha, la Fundación Miguel Fisac y la Fundación Virtus de Formación, Innovación y Desarrollo Tecnológico.
8-. EN CANTABRIA, UN 51,2% MENOS A FINALES DE 2012: Cantabria pretende acometer una profunda remodelación del sector público empresarial a lo largo de este ejercicio. De hecho, según informan fuentes de la Presidencia del Gobierno cántabro, se ha presentado un completo programa de actuaciones -aprobado el pasado 16 de febrero- y remitido al Parlamento regional para llevar a cabo la poda de contención en el gasto público en este sector. Según detallan a este periódico fuentes de la Consejería de Economía del Gobierno presidido por Ignacio Diego, el plan pasará por reducir de 45 a 22 los entes y organismos públicos con fecha de 31 de diciembre de 2012.
La propuesta íntegra de reestructuración del sector público empresarial y fundacional 2012 contempla la liquidación, entre otras entidades, de Gestión Energética de Cantabria, S. L. (Genercan), la Empresa Cántabra para el desarrollo de las nuevas tecnologías de la Administración, S. L. (Emcanta), de Empredinser, S.L.U.; Santander Centro Abierto, S.A.; Torrelavega Centro Abierto, S.A.; Suelo Industrial La Pasiega, S.L, Ecoparque Mioño, S.L., y Fundación Fondo Cantabria Coopera (FFCC). Además, este programa de actuaciones en el tejido empresarial y fundacional público, incluye la fusión de diversas entidades, como la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, la Sociedad Gestora del Año Jubilar Lebaniego, El Soplao S.L., y la Sociedad Regional de Turismo, S. A., entre otras muchas entidades.
9-. CASTILLA Y LEÓN, UN 29% MENOS: Según informa José María Ayala desde Valladolid, la Junta de Castilla y León prevé un ahorro de casi 20 millones de euros con la reestructuración de once entes del sector público, mediante su extinción, fusión o absorción, medida que se complementará con la limitación de los sueldos, que se equipararán a los de secretario general (66.000 euros al año). Así figura en el Plan de Ajuste enviado el pasado lunes al Gobierno y presentado este jueves 3 de mayo por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.Del inventario de 106 entes, explicó que sólo pueden actuar en 38, dado que carece de mayoría en otros 27, cuatro corresponden a las universidades públicas, de las que dependen a su vez 37 organismos. De manera que la extinción, fusión o absorción afectará a 11 de esas 38 (29%), por el que computa un ahorro de casi 20 millones de euros.
Así, Excal se fusiona en Ade, Sotur con la Fundación Siglo y la Fundación para la Enseñanza de las Artes de Castilla y León (Arcyl) con la Fundación Universidades. Entre las que desaparecen están Appacale (sus funciones las asume el Itacyl), la Fundación Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior y Cooperación al Desarrollo, la Fundación Anclaje, la Fundación Centro Regional para la Calidad y Acreditación Sanitaria y la Fundación Hospital Clínico Veterinario. Además, se producirá la reordenación de la Fundación Santa Bárbara, los Centros Europeos de Empresas e Innovación y Siemcalsa. Tanto Del Olmo como el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, insistieron en que en este momento no se puede precisar el número de trabajadores afectados, ya que antes de la extinción o fusión habrá un proceso de negociación y unos trámites administrativos.
10-. GALICIA PASARÁ DE 153 A 86, UN 43,7% MENOS: Desde Santiago de Compostela, Evaristo Amado informa de las novedades en el caso gallego, ya que el presidente Alberto Núñez Feijóo anunció este mes una nueva fase para eliminar o reformar otros 25 entes públicos. Desde la llegada de Feijóo al poder en 2009, la Xunta ha suprimido seis Consejerías (de las 14 de Emilio Pérez Touriño han quedado 8); ha rebajado de 125 a 66 el número de altos cargos del Ejecutivo y eliminado o refundido hasta octubre del pasado año 42 organismos de los 153 computados en julio pasado (34 de ellos son fundaciones comarcales, integradas en la Agencia de Desarrollo Rural). La Xunta ha anunciado una segunda fase de «adelgazamiento», con la supresión de los tres «vicevaledores» (los ayudantes de la figura que en Galicia equivale al Defensor del Pueblo) y del CES, entre otros. Se han reducido a 5 los 52 delegados territoriales.
En global, han desaparecido: 34 fundaciones para el desarrollo comarcal (baixo Miño, Verín, Consagrada, Ribeiro, Terra Chá, Terra do Deza, Carballiño, Ancares, Terra de Lemos, Celanova, Ordes, Mariña Occidental, Mariña Central, Mariña Oriental, Paradanta, Terra de Caldelas, Ulloa, Arzúa, Valedoras, Ortegal, Melide, Terra de Trives, Santiago, Eume, Morrazo, Noia, Muros, Betanzos, Chantada); el organismo Augas de Galicia y el ente público Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos se fusiona en la entidad pública empresarial de nombre Augas de Galicia; la Agencia Gallega de Innovación se crea cerrando la Dirección General de Investigación y la Fundación para el Fomento de la Calidad Industrial; y el Instituto de Estudios del Territorio asume la Dirección General de Sostenibilidad y Paisaje, la Subdirección de Sistemas de Información Territorial de Galicia y la Comisión de Sistemas de Información Geográfica y Cartográfica.
11-. MADRID, UNA VEINTENA MENOS DE ORGANISMOS: La Comunidad de Madrid ha ahorrado 2.200 millones de euros desde 2008 gracias al Plan de Austeridad que se puso en marcha hace cuatro años, según informa Miguel Oliver. Durante este tiempo, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre ha suprimido una veintena de empresas públicas, 24 puestos directivos y 83 órganos colegiados o consultivos. Entre las entidades destacan Promomadrid, el Centro de Transportes de Coslada, Tecnoalcalá y Ledesma. El pasado 1 de enero, además, también se suprimió la Agencia Madrileña de la Emigración y el Tribunal de Defensa de la Competencia.
En Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno se extinguieron el Consejo de la Juventud, y se disolvió Alcalá Natura 21. Por otra parte, la empresa pública Hidroser, Servicios Integrales del Agua, se fusionó con Canal Extensia. En lo referente a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, se extinguen el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña y el Instituto Madrileño de Administración Pública, integrándose el conjunto de sus bienes, competencias y personal en la Consejería. De la misma manera se ha disuelto la Sociedad Campus de la Justicia. En la Consejería de Economía y Hacienda se extinguió el ente público Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade). Sus competencias se integraron en diferentes unidades administrativas de la Comunidad. También se disolvió Turismo de Madrid, el Mercado Puerta de Toledo S.A., el Consorcio Escuela de Hostelería La Barranca y la Agencia Financiera de Madrid.
Por otra parte, se ha puesto a disposición de la iniciativa privada la totalidad de la participación de la Comunidad en el capital social de Centro de Transportes, Tecnoalcalá, Promomadrid, el Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid, Capital Riesgo Madrid, Inicap y Cemesa. En la Consejería de Transportes e Infraestructuras se integra Aeropuertos de Madrid en la empresa pública Mintra. En la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se fusionarán en una nueva empresa las sociedades mercantiles Arpegio, Invicam y Tres Cantos S.A. y se ha enajenado la participación de la CAM en Ledesma (Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid). En el área de Sanidad , se extinguió el Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la CAM, que se integró en el Servicio Madrileño de Salud. Además, se unió el Defensor del Paciente en la Dirección General de Atención al Paciente. Por último, se extinguieron el Consejo de la Mujer y el Instituto Regional de Cualificaciones Profesionales, dependientes de la Consejería de Mujer, Empleo e Inmigración. Esperanza Aguirre ya ha insinuado en un par de ocasiones que el siguiente organismo que podría desaparecer sería el Defensor del Menor de la Comunidad.
12-. EXTREMADURA, OBJETIVO EL 50%: En la economía «de guerra» implementada por el popular José Antonio Monago al recalar a la Presidencia de la Junta extremeña el pasado verano, comenzó por rebajar de 11 a 7 las consejerías, suprimir en un 50% de los directivos y cargos públicos y acabar con la «mochila de privilegios» que arrastraban estos, además del personal eventual del Gobierno de Extremadura, cuando cesaban en sus puestos. El ahorro para las arcas regionales se fijó en una horquilla de un 10 a un 20% a través de estas partidas y de otras acciones, como la eliminación de las secretarías de Extremadura en el mundo; la de Estudios para la Paz y la de Coordinación de Asuntos Africanos, que se incluyeron en un solo departamento que se ocupa de la acción exterior de la región y de las relaciones con la Unión Europea.
El mismo porcentaje del 50% fue el señalado por el plan de Monago para la reducción de las empresas, organismos y entes públicos. «Para conseguir la disciplina y el rigor en la ejecución presupuestaria en el Gobierno se creará una Oficina de Control Presupuestario dependiente del Parlamento y se impulsará en la Asamblea de Extremadura una Comisión de Seguimiento y Control del Sector Público Empresarial», estableció ya en su discurso de investidura.
En la actualidad, según fuentes del Gobierno de Extremadura consultadas por este periódico, se está valorando la red de empresas públicas dependientes del Ejecutivo y su viabilidad, por lo que a lo largo del año 2012 se tomarán diferentes decisiones para su reestructuración. No obstante, hasta el momento, ya se ha acometido la reestructuración en lo que concierne al número de personal directivo y su sueldo. Por ejemplo, en julio de 2010, el anterior Gobierno decidió una reestructuración de las empresas públicas agrupándolas en un solo conglomerado bajo la matriz GPEX. Hasta septiembre de 2011, tenía 14 áreas de gestión, que se correspondían con las antiguas empresas que formaban parte del grupo antes. Ahora tiene cinco áreas de gestión. La reducción se ha producido fundamentalmente en cargos directivos, ya que ahora sólo hay un gerente y un jefe de área. Antes, además del presidente del grupo de empresas, cada firma tenía su cúpula directiva. Durante 2011, el número medio de trabajadores ascendió a 1076. A fecha de hoy, la plantilla de GPEX asciende a poco más de 700 trabajadores, que realizan encomiendas de gestión con la Administración Pública.
En el proceso de reestructuración del sector público empresarial de Extremadura también se han extinguido dos sociedades mercantiles y cinco empresas públicas que existían se han aglutinado en una sola: Extremadura Avante. En esta primera fase de reestructuración (porque el proceso aún continúa), se ha prescindido de seis puestos de máximo poder decisorio dentro de la estructura jerárquica de las sociedades que integran Avante. Esta medida, junto con el resto de acciones de reestructuración en materia de personal del sector público empresarial, ha supuesto un ahorro de 1,3 millones de euros.
Por otra parte, la Consejería de Fomento tiene dos empresas que dependen de ella, son Gisvesa y Urbipexsa, y ahora el gerente es el mismo para las dos. Además, trabaja con empresas dependientes de GPEX, como el Área de Turismo (antes Turextremadura) cuyo gerente también se ha suprimido.
13-. NAVARRA, UN 66% MENOS: Según informa Pablo Ojer desde Pamplona, el Gobierno de Navarra anunció hace ahora un año la reducción del número de empresas públicas en un 66% para que se quede en un tercio de las que había en la legislatura precedente. Este proceso se fue dando a lo largo de estos doce meses y el número de empresas públicas pasaron de 38 a 13 mediante fusiones entre ellas. Con esta medida, el ahorro previsto era de 28 millones de euros. Además, el número de consejeros se dejó en algo menos de la mitad, pasando de 322 a 156.
Un nuevo organismo, la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) se encarga de coordinar las 13 empresas. Al constituirse un Gobierno de coalición tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, ocho de estas empresas están en manos de los regionalistas de UPN y cinco están dirigidas por lo socialistas. La CPEN está dirigida por un miembro de UPN. También se ha limitado de forma importante la remuneración de los gerentes de estas empresas. Se han dividido en cuatro categorías, según su importancia y complejidad. Los gerentes que más cobrarán tendrán un salario de 77.000 euros brutos al año con un incremento de hasta el 50% en función de variables y objetivos. Los gerentes de la categoría B ganarán 66.000 euros con hasta un 40% en variables y objetivos. Quienes dirijan las empresas del grupo C, cobrarán 57.750 euros con unos complementos del 30% y los del grupo D, 55.000 con un posible incremento de hasta el 15%.
14-. LA RIOJA, UNA ENTIDAD MENOS: El plan riojano para el ajuste de empresas públicas se publicó al renovar en el liderazgo Pedro Sanz. En esta Comunidad y según informan fuentes de la Presidencia, al inicio de la presente legislatura se suprimió Ader Infraestructuras (la Agencia para el Desarrollo Económico de La Rioja). Otras medidas presentadas por el mandatario autonómico conllevarían un ahorro de más dde 27 millones de euros, con la reducción de consejerías y del 0,5% del personal de la Administración regional, que ya se han llevado a cabo esta legislatura.
Asturias y Andalucía anunciarán sus respectivos programas tras la constitución de los nuevos Gobiernos autónomos resultantes de las elecciones del pasado 25 de marzo.
[Fuente: Por Érika Montañés y delegaciones de abc, ABC, Madrid, 06may12]
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