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23abr12
La producción española de cemento en 2012 será equivalente a la de 1967
El cemento vive uno de sus peores momentos. Tras varios años sin levantar cabeza, las estimaciones de negocio para este 2012 siguen deparando malas noticias. Según la patronal del sector, Oficemen estima que para este año la producción total apenas alcanzará las 16 millones de toneladas, una cantidad equivalente a la registrada en 1967, en pleno desarrollismo económico, cuando la renta per capita era sólo de 5.000 dólares por español. En términos del cemento como indicador de la actividad industrial, la crisis ha hecho retroceder a España más de 40 años en el tiempo.
Antes de poder coger el aire al sector, Juan Béjar se encontró con el tarifazo aprobado a finales de marzo por Industria recién aterrizado en las presidencias de Portland Valderrivas y Oficemen. El primer paquete de medidas aprobado ha supuesto una subida de la factura eléctrica un 0,91% para la gran industria, un porcentaje casi irrelevante en comparación con el trasladado al consumidor doméstico (7%), pymes (4%) o industrias medianas (2,78%). Sin embargo, el anuncio de nuevas reformas que completen la reforma del sector energético hace temer a los cementeros nuevos contratiempos.
Si la tarifa eléctrica representa cerca del 30% de los costes en el sector industrial, en el cemento este porcentaje puede llegar hasta el 18%. Un componente fijo y determinante en su estructura de gastos que se ha duplicado en los últimos cuatro años con motivo de los cambios regulatorios, según explica Juan Béjar, que alerta de la "flagrante pérdida de competitividad" que suponen estas revisiones tarifarias, sobre todo para una industria en la que la energía equivale al 35% de sus costes globales y tiene un peso mucho más importante, por ejemplo, que el coste salarial.
Estableciendo paralelismos, según el director general de Oficiemen, Aniceto Zaragoza, si la reforma del mercado laboral ha sido una de las actuaciones claves del actual Gobierno, cuánto más tiene que ser la reforma del sector energético por la trascendencia que tiene para el conjunto de la actividad económica, más allá del precio final que se traslade a los consumidores domésticos, sin duda el aspecto políticamente más comprometido para cualquier partido político. Está en juego, según los cementeros, la competitividad del tejido industrial español en un momento de plena crisis.
Como han padecido otros sectores, la incertidumbre regulatoria y los bandazos sobre el modelo energético han convertido al sector industrial en pagador de una buena parte de los sobrecostes añadidos al sistema, que ha visto como su contribución a la tarifa se ha duplicado en sólo cuatro años, como recuerda Béjar. En buena parte, por la parte alícuota que sufragan de las primas a las renovables, una situación que no ha ocurrido en otros países, como Alemania, donde el desarrollo verde se ha trasladado de manera marginal (0,5€/MW) a la tarifa eléctrica de la gran industria.
Soluciones a medida
Para resolver parte del problema, las cementeras reclaman un marco de relación directo con las eléctricas, poder establecer acuerdos bilaterales, algo que no permite la política de precios marginales. Pretenden asumir sólo el coste de suministro y evitar el régimen especial que carga el total de la factura. Según datos de Oficemen con información pública, los costes de suministro (generación, transporte y distribución) en 2005 representaban un 72% de su factura eléctrica, por sólo el 44% de 2010 al haberse incluido en la tarifa otros costes adicionales (primas, impuestos, déficit).
Tanto para Béjar como para Zaragoza, el Gobierno afronta la oportunidad de reformar de manera integral el modelo energético del país. Sin embargo, temen que en esta revisión que prepara el Ministerio de Industria afecte al servicio de interrumpibilidad, una partida de los costes regulados de la tarifa que representa cerca de 400 millones de euros. Esta retribución abona desde 2007 a los grandes clientes industriales por estar disponibles para interrumpir su demanda en caso de necesidad del sistema. Sin embargo, dada la actual sobrecapacidad del sistema, esta bonificación está en cuestión.
En definitiva, los fabricantes de cemento invitan al Gobierno a que aborde de manera amplia la revisión de la política impositiva de la tarifa. Si una de las palancas para salir de la crisis es la exportación, "tenemos que ser competitivos en precios y por tanto en el coste indirecto que representa la energía". En la actualidad, España sólo exporta 4 millones de toneladas, por los 16 millones (cifra récord) alcanzados en 1986, cuando "sí éramos competitivos". Ahora, cualquier nueva subida en la tarifa, según la asociación cementera, impedirá que esta industria sea viable siquiera para exportar.
[Fuente: Por Carlos Herranz, El Confidencial, Madrid, 23abr12]
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