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28mar12
Varias ciudades comunican a Hacienda que su ruina impide cualquier plan de viabilidad
A falta de tres días para que los 4.622 alcaldes que se han acogido al plan de pago a proveedores expliquen al Ministerio de Hacienda cómo sanearán sus cuentas, los más endeudados se muestran "incapaces" de remitir un plan de ajuste que garantice al Ejecutivo el pago futuro de las deudas. Muchos de ellos iniciaron la legislatura con unos planes de ajustes muy austeros, pero ni siquiera bajando el sueldo a sus empleados y despidiendo a parte de su plantilla son capaces de cumplir con las exigencias del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ante la desesperación que han mostrado los municipios más insolventes, un portavoz de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) asegura que pedirá al Gobierno que destense la cuerda y aplique "medidas excepcionales" solo en casos "excepcionales".
León (con 180 millones de euros en facturas impagadas) y los municipios gaditanos de Jerez de la Frontera (400 millones), La Línea de la Concepción (60 millones) y Los Barrios (34 millones) ya han informado a Hacienda de que no se pueden comprometer a devolver el préstamo solicitado para solventar las facturas impagadas en diez años, fecha límite impuesta por el Ejecutivo central.
Cristóbal Montoro confeccionó un "modelo del plan de ajuste" donde instaba a los consistorios que solicitasen la línea de crédito antes del 15 de marzo a reducir los costes de personal bajándoles el sueldo o despidiendo a trabajadores municipales. Jorge Romero, alcalde de Los Barrios, adelgazó la plantilla municipal casi a la mitad (de 550 trabajadores a 330) mucho antes de que se lo insinuase Montoro. Pero ni siquiera así ha sido capaz de ajustar su presupuesto. "Con las cláusulas que nos ofrece el Gobierno, necesito 50 ó 60 años para poder pagar el dinero solicitado", cuenta el edil.
Desesperado, cuenta a El Confidencial que la deuda comercial que heredó de sus antecesores socialistas de 34 millones de euros casi duplica el presupuesto anual con el que trabaja (22 millones), y que con estas cifras es imposible trabajar. También es él el encargado de pagar los 40 millones que se debe a la Seguridad Social y los ocho millones que dejaron a deber en Hacienda. "Nosotros no podemos devolver el crédito en diez años. Necesitamos un aplazamiento a muy largo plazo".
A falta de tres días para que los 4.622 alcaldes que se han acogido al plan de pago a proveedores expliquen al Ministerio de Hacienda cómo sanearán sus cuentas, los más endeudados se muestran "incapaces" de remitir un plan de ajuste que garantice al Ejecutivo el pago futuro de las deudas. Muchos de ellos iniciaron la legislatura con unos planes de ajustes muy austeros, pero ni siquiera bajando el sueldo a sus empleados y despidiendo a parte de su plantilla son capaces de cumplir con las exigencias del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ante la desesperación que han mostrado los municipios más insolventes, un portavoz de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) asegura que pedirá al Gobierno que destense la cuerda y aplique "medidas excepcionales" solo en casos "excepcionales".
León (con 180 millones de euros en facturas impagadas) y los municipios gaditanos de Jerez de la Frontera (400 millones), La Línea de la Concepción (60 millones) y Los Barrios (34 millones) ya han informado a Hacienda de que no se pueden comprometer a devolver el préstamo solicitado para solventar las facturas impagadas en diez años, fecha límite impuesta por el Ejecutivo central.
Cristóbal Montoro confeccionó un "modelo del plan de ajuste" donde instaba a los consistorios que solicitasen la línea de crédito antes del 15 de marzo a reducir los costes de personal bajándoles el sueldo o despidiendo a trabajadores municipales. Jorge Romero, alcalde de Los Barrios, adelgazó la plantilla municipal casi a la mitad (de 550 trabajadores a 330) mucho antes de que se lo insinuase Montoro. Pero ni siquiera así ha sido capaz de ajustar su presupuesto. "Con las cláusulas que nos ofrece el Gobierno, necesito 50 ó 60 años para poder pagar el dinero solicitado", cuenta el edil.
Desesperado, cuenta a El Confidencial que la deuda comercial que heredó de sus antecesores socialistas de 34 millones de euros casi duplica el presupuesto anual con el que trabaja (22 millones), y que con estas cifras es imposible trabajar. También es él el encargado de pagar los 40 millones que se debe a la Seguridad Social y los ocho millones que dejaron a deber en Hacienda. "Nosotros no podemos devolver el crédito en diez años. Necesitamos un aplazamiento a muy largo plazo".
La ignorancia de Hacienda ante la desesperación de La Línea
La alcaldesa de La Línea de la Concepción, Gemma Araujo, siente la misma indefensión que su paisano. El 30 de diciembre remitió una carta al ministro de Hacienda reclamándole su atención sobre el estado crítico de la ciudad y pidiéndole que retomara el asunto de la Carta Económica Especial que presentó el Ayuntamiento ante el Ministerio, pero no obtuvo ninguna respuesta.
Tras presentar sus facturas impagadas a proveedores el 15 de marzo, volvió a solicitar otra reunión con el ministro para plantearle la "desesperante" situación económica que vive el Ayuntamiento y pedirle que estudie "no sólo el documento que demuestra la singularidad especial de nuestra ciudad", sino también medidas para paliar la asfixia económica. Araujo propuso también que se incluya el "desbloqueo" de los más de 15 millones de euros anuales correspondientes a la Participación de los Ingresos del Estado que ahora no percibe este Ayuntamiento como consecuencia de la deuda con la Seguridad Social y Hacienda de casi 40 millones de euros, "adquirida por los anteriores gobiernos municipales".
La alcaldesa también se adelantó a las advertencias del Gobierno y redujo el número de concejales liberados y sus sueldos "hasta alcanzar el 70%" con respecto a la partida de años anteriores. "Están siendo medidas de ajuste para dar solución definitiva al problema económico del Ayuntamiento de La Línea". Aun así, se muestra incapaz de encajar los presupuestos y ya solo confía en que el Gobierno flexibilice las duras condiciones impuestas para poder ponerse al día en el pago a proveedores.
[Fuente: Por Ana Gracia, El Confidencial, Madrid, 28mar12]
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