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18ago11
España sería el país más penalizado si se aplica la fórmula franco alemana de control del déficit público
La propuesta de Alemania y Francia de retirar los fondos europeos a aquellos países que inclumplan el límite de déficit a partir de 2014 (el 3% del PIB) cuestiona el acceso de los países miembros a miles de millones de euros. ¿Cuántos? No se puede saber aún porque la actual asignación de esos fondos termina precisamente en 2013. Y la negociación del próximo presupuesto 2014-2020 se prevé muy compleja.
Pero con datos actuales y con las últimas previsiones de la Comisión Europea, España sería el país con más riesgo, ya que es el segundo mayor perceptor y está más lejos de cumplir el objetivo de déficit que el primero, Polonia. El propósito del Gobierno español es, en cualquier caso, reducir al 3% el déficit para 2013, tal como figura en el Plan de Estabilidad enviado Bruselas. Por eso el ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, dijo ayer que el Ejecutivo no se da por "aludido" por la exigencia franco-alemana, ya que su objetivo es cumplir con dicho plan.
Los líderes de los dos grandes países europeos, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, ya han expresado su intención de congelar el presupuesto de la UE, como también la Comisión Europea ha propuesto vincular el cobro de determinados fondos (hasta ahora las sanciones a los incumplidores del Pacto de Estabilidad afectaban solo a los fondos de cohesión) al cumplimiento de determinadas reformas. Bruselas quiere ampliar estas posibles sanciones al resto del presupuesto comunitario, es decir a todos los fondos y ayudas procedentes de la Unión.
Ayer la Comisión Europea no se pronunció sobre la iniciativa de suspender los fondos a los incumplidores pero sí sobre las propuestas de Merkel y Sarkozy del día anterior sobre el gobierno económico de la Unión. El presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, y el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, valoraron esas propuestas, en un comunicado conjunto, como un "paso adelante" y una "importante contribución política" al debate y a los trabajos en curso en esa dirección.
En el periodo actual, el presupuesto comunitario reserva 347.410 millones de euros en siete años (2007-2013) para los 27 estados miembros, con Polonia (67.284 millones en los siete años) y España (35.217 millones) a la cabeza de los mayores receptores de esos fondos comunitarios. Les siguen Italia, con 28.812 millones, la República Checa y Alemania, con más de 26.000 millones.
Con las previsiones de déficit que maneja la Comisión para 2012, solo ocho países pasarían el examen del déficit (límite del 3% del PIB): Alemania, Estonia, Luxemburgo, Malta, Holanda Finlandia, Bulgaria y Suecia. Francia, con un déficit previsto del 5,3% para 2012, el mismo que España, no arriesgaría demasiado con la propuesta, ya que en ese año tiene asignados unos 2.000 millones anuales frente a los 5.000 de España.
Otros siete países estarían relativamente cerca alcanzar el objetivo, porque la previsión de Bruselas para 2012 está por debajo del 4%. Pero Grecia, Irlanda y Reino Unido, con déficits de al menos el doble de lo estimado se quedarían sin cobrar, si bien en el caso de Irlanda, la multa sería ridícula (menos de 150 millones al año).
Así que si se mantuviera el actual esquema de reparto, quienes más tendrían que perder serían Polonia y España, si bien el primero tiene una previsión de déficit del 3,6% en 2012, de modo que estaría en condiciones de aspirar a rebajarlo al 3% en los años siguientes.
En el caso de España es más difícil pasar el examen, de modo que el pronóstico de que en el próximo presupuesto comunitario se convierta en contribuyente neto (que pague más de lo que recibe, ya que ahora obtiene en ayudas más de lo que aporta) se haría más probable.
Los fondos que se propone vincular al cumplimiento del objetivo de déficit sirven para reducir las diferencias económicas y sociales entre los Estados miembros, dentro de la política de cohesión de la UE. España ha sido uno de los países europeos que más han gozado de estas subvenciones desde su incorporación a la UE en 1985, sobre todo algunas comunidades autónomas como Andalucía, Castilla la Mancha, León o Extremadura.
[Fuente: Por L. Otero y P. Marín, El País, Madrid, 18ago11]
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