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26ago06
La Fiscalía boliviana imputa a un síndico de Repsol YPF de "estafa agravada".
Un fiscal de Bolivia acusó ayer de "estafa agravada" a un síndico de la petrolera hispano-argentina Repsol YPF, detenido desde el viernes por su presunta responsabilidad en la firma de un contrato con Petrobras supuestamente lesivo al Estado boliviano.
El fiscal Alberto Cornejo dijo que presentó la imputación en la Corte de Distrito de la ciudad oriental de Santa Cruz, donde está la sede de la empresa, allanada el viernes de forma sorpresiva por un grupo de fiscales que confiscó documentación sobre el caso.
Cornejo señaló que pedirá en las próximas horas a un juez de turno que proceda a la reclusión preventiva en un penal del síndico de Repsol YPF Saúl Encinas Miranda, de nacionalidad boliviana, que se encuentra detenido en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de esa ciudad.
La imputación fue presentada pasado el mediodía en el juzgado de la magistrada Miriam Duran Rivera, cuando ésta ya había concluido su jornada laboral, por lo que será otro juez el que evalúe más tarde qué medidas cautelares se aplicarán a Encinas.
Los abogados de Repsol YPF estuvieron en la Corte de Santa Cruz a la espera de la audiencia cautelar y aguardan una nueva hora para la celebración de la misma.
Andina y Petrobras, empresas que proveen gas boliviano a Brasil, son acusadas de un "pacto secreto" suscrito en el 2002 que burló una fórmula de reajuste periódico del precio del hidrocarburo enviado a Brasil, como estipulaba un contrato firmado por los gobiernos de La Paz y Brasilia.
La denuncia fue realizada hace un mes por Gabriel Camacho, director designado por la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en Andina, nacionalizada en mayo pasado por el gobierno del socialista Evo Morales.
La acusación fue secundada por el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, quien calculó en cerca de 160 millones de dólares el daño cometido contra el Estado boliviano.
El fiscal Cornejo dijo ayer que la cifra exacta de las presuntas pérdidas sufridas por el Estado serán calculadas cuanto antes, aunque cree que oscilarán entre los 160 y los 190 millones de dólares.
Según el funcionario del ministerio Público, en el marco de esta investigación también serán citados a declarar en los próximos días otros ejecutivos de la empresa, incluido el actual presidente de Repsol YPF en Bolivia, el español Luis García Sánchez.
Fuentes de la empresa calificaron el operativo de allanamiento realizado por los fiscales y una veintena de policías de "irregular y desproporcionado", al tiempo que aseguraron que durante la vigencia del contrato observado no hubo daño al Estado boliviano.
La compañía petrolera hispano-argentina, una de las que más dinero ha invertido en Bolivia en la última década, también dijo el viernes que entregó toda la información que los fiscales pedían.
A mediados de este mes, Petrobras anunció que ese contrato estaba cancelado y asumía perdidas por 76,7 millones de dólares.
La denuncia hecha por el representante de YPFB demanda, además, investigar al español José María Moreno, ex ejecutivo principal de Repsol YPF en Bolivia, y a los brasileños Antonio Luiz Silva de Menezes y Luis Rodolfo Landim Machado, ex funcionarios de Petrobras.
Esta es la segunda vez este año que fiscales bolivianos allanan la sede de la empresa hispano-argentina en Santa Cruz. La primera se produjo el pasado 9 de marzo, cuando también irrumpieran en busca desus dos principales ejecutivos para investigar una denuncia de presunto contrabando de crudo.
Seis días después, el entonces máximo responsable de Repsol YPF en Bolivia, el español Julio Gavito, y su lugarteniente, el argentino Pedro Sánchez, fueron detenidos durante varias horas en celdas policiales para ser liberados posteriormente bajo fianza.
[Fuente: Estrella Digital, Madrid, Esp, 26ago06]
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