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16jul10
Histórico proyecto de ley de reforma financiera se convertirá en ley
El Senado de Estados Unidos aprobó ayer un proyecto de ley que reformará radicalmente el sector financiero por primera vez desde el fin de la Gran Depresión.
El Senado aprobó el proyecto final el 15 de julio sobre todo con votos demócratas y con tres senadores republicanos que rompieron filas con sus colegas para apoyar la medida. Puesto que la Cámara de Representantes ya aprobó el proyecto de ley en junio, la medida ahora pasa directamente al despacho del presidente, quien probablemente promulgue la ley la próxima semana, según la Casa Blanca.
El objetivo explícito de la medida es reducir el riesgo de que vuelva a producirse una grave crisis financiera en el futuro.
La reforma está "diseñada para garantizar que todos obedezcan el mismo conjunto de reglas, de modo que las empresas compitan en precio y calidad, no en trucos y trampas", dijo el presidente Obama.
La medida trata de subsanar lo que sus autores consideran como las causas de los recientes problemas financieros. Amplía la supervisión gubernamental de una gama más amplia de empresas e instrumentos financieros; prohíbe a los bancos utilizar fondos que provienen del contribuyente para su propio beneficio; hace que el comercio de instrumentos financieros conocidos como derivados sea más transparente y sus gestores más responsables, y confiere nuevos poderes a los reguladores para establecer normas más estrictas en los bancos más grandes y más interrelacionados, así como para disolver o liquidar las instituciones financieras no bancarias cuyo fracaso se considera una amenaza para todo el sector financiero.
"Como resultado, ninguna empresa estará aislada de las consecuencias de sus actuaciones. [...] El proyecto de ley deja claro que a los contribuyentes no se les pedirá que corran con los gastos del fracaso de una empresa financiera", declaró el vicesecretario del Tesoro Neal Wolin, el 15 de julio.
En los años 2008 y 2009, el Departamento de Hacienda, banqueros de la Reserva Federal y reguladores financieros intentaron encontrar soluciones momentáneas adecuadas para evitar la quiebra de Bear Sterns, un banco de inversión, y de AIG, el gigante de seguros, cosa que los reguladores temían que podría haber desatado el caos en el economía. El gobierno acabó inyectando fondos públicos a AIG y a algunos bancos comerciales para evitar que quebraran.
El proyecto de ley crea dos nuevos organismos normativos: un consejo de reguladores y la Agencia de Protección Financiera del Consumidor. El consejo tiene como objetivo detectar los riesgos para el sector financiero y recomendar medidas para reducirlos, como por ejemplo mayor fiscalización y normas de reservas de capital más estrictas para determinadas instituciones financieras. El organismo del consumidor, establecido dentro de la estructura del banco central de Estados Unidos, se dedicará a la protección de consumidores que utilizan productos financieros, como préstamos hipotecarios y tarjetas de crédito. La creación de este organismo resultó ser una de las cuestiones más polémicas durante el debate de un año de duración sobre la reforma.
Las reformas financieras figuraron como tema de máxima prioridad en los programas de las tres últimas cumbres del G20, el grupo de las 20 principales economías del mundo. En la reunión de junio en Canadá, el G20 se comprometió a avanzar en la reforma financiera destinada a fortalecer la regulación de los mercados financieros del mundo.
Próximos pasos
Aunque la mayoría de los legisladores, expertos y líderes del sector financiero coinciden en que el proyecto tendrá un impacto drástico en el sector financiero y la economía en general, discrepan en lo relativo a resultados concretos. Los demócratas y los expertos de tendencia progresista califican la medida como una protección eficaz contra graves crisis financieras similares a la que se desató como consecuencia del colapso del mercado de hipotecas de alto riesgo en el 2007. Los republicanos y los expertos conservadores han fustigado el proyecto de ley por considerarlo una extralimitación del gobierno que es poco probable que impida futuras crisis financieras. En lugar de ello, "desalentará la actividad prestamista y congelará los créditos", declaró el líder de la minoría del Senado Mitch McConnell, del partido republicano.
Observadores de la Fundación New America, una organización de tendencia progresista, creen que el impacto pleno de la nueva ley puede que no se sienta hasta dentro de muchos años. Deja muchos detalles concretos a la discreción de los reguladores, como por ejemplo qué características hacen que una institución sea demasiado grande como para fracasar o qué normas son razonables. Por tanto, "en muchos sentidos, la promulgación de la nueva ley es sólo el comienzo de una larga lucha por delante" entre los grupos de presión del sector financiero y los defensores del consumidor, según dijo Justin King en su blog en el sitio web de la organización.
La medida no aborda los principales problemas del sector inmobiliario que desataron la crisis, cosa que los republicanos ven como una debilidad importante. El vicesecretario Wolin dijo que la administración Obama tiene previsto abordar este problema en 2011, ya que "es evidente que el sistema de financiación del sector de la vivienda no puede seguir funcionando como lo ha hecho en el pasado".
[Fuente: Departamento de Estado, Washington, 16jul10]
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