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17jul23
La factura de la luz de los 'súper' subirá 3.000 millones en España por otra idea 'verde' de Bruselas
Los gases fluorados son un desconocido de uso cotidiano. Los refrigerantes, aerosoles, extintores de incendios o disolventes contienen estos gases artificiales con un elevado potencial de calentamiento atmosférico. Unos elementos claves para la economía diaria tanto en España como en el resto de Europa que desde Bruselas trabajan, en su senda verde, de acabar con ellos de forma inmediata.
Y, siendo favorable para el clima, tendrá un coste elevado. La prohibición del uso de los gases fluorados en refrigeración podría suponer un coste adicional al año de 3.000 millones de euros en costes de electricidad sólo al sector español de los supermercados. En Europa, este coste alcanzaría hasta los 30.000 millones de euros. Las alternativas, al ser menos eficientes, obligan a los sistemas a trabajar más y, por tanto, a consumir más energía.
Los supermercados son un ejemplo cercano de la problemática. Pero la medida que pretende ponerse en marcha en Europa en el último trimestre de este año afecta a un gran tejido industrial de España. Agrupaciones como la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Confederación Española del Comercio, Asaja, Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC) o Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Energía y Fluidos (Conaif) trabajan para encontrar una alternativa a una medida medioambiental desastrosa para su negocio.
El Reglamento sobre gases fluorados de Bruselas quiere reducir progresivamente el uso de hidrofluorocarburos (HFCs) y limitar en la medida de lo posible el impacto sobre el cambio climático. Estos sectores defienden que los gases fluorados de cuarta generación han ayudado a evitar la liberación de 295 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Defienden que esta tecnología ha demostrado que los sistemas de refrigeración de grandes superficies como los supermercados son un 30% más eficientes que la refrigeración convencional, principalmente porque el calor residual se recicla.
Dos sectores críticos
El sector agroalimentario en España sufrirá en su actividad actual. El golpe llega en su dependencia de la refrigeración en toda la cadena de suministro, almacenamiento, transporte o refrigeración minorista. En caso de llevarse a cabo la prohibición de mantenimiento de sistemas de refrigeración en este campo, más de un 90% de los 24.000 puntos de venta de distribución alimentaria en España no podrían ser mantenidos.
Otro de los grandes afectados sería el sector turístico, si la idea de Bruselas sigue adelante. El gas fluorado es un elemento primordial en todo este sector, que supone el 12,2% del PIB en España, y si se restringe o prohíbe, provocaría graves consecuencias en hoteles, restaurantes o centros de ocio, especialmente en verano.
Batalla en Bruselas
La Comisión Europea quiso regular los gases fluorados equilibrada en cuanto a neutralidad tecnológica y necesidades de los países. La Comisión de Medio Ambiente, por su parte, impulsó este asunto en marzo. El diputado holandés de Izquierda Verde, Blas Eickhout, lanzó una propuesta que cambiaba la opción de regular los gases fluorados a prohibirlos por completo. Además, incluye prohibiciones nunca consideradas por el informe propuesto por la Comisión Europea para distintos usos, como puede ser el del transporte refrigerado.
Actualmente, se están produciendo los trílogos en Bruselas. Está previsto que el próximo 19 de julio se celebre el trílogo político donde se tomará una decisión definitiva. Un análisis que se hace con la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Y España ha presentado una propuesta para acordar con el Parlamento Europeo las prohibiciones de gases fluorados.
Una propuesta que se ha encontrado con un rechazo frontal de los sectores afectados porque no es coherente con la neutralidad tecnológica, la eficiencia energética y la seguridad. "Los reguladores deben impulsar textos legislativos que garanticen la neutralidad tecnológica, permitiendo a la industria satisfacer sus necesidades eligiendo la mejor solución en cada caso, entre los refrigerantes más eficientes energéticamente, sostenibles y seguros del mercado", explican desde el sector.
Para la industria la refrigeración eficiente y las bombas de calor desempeñan un papel importante en la consecución de los ambiciosos objetivos del Pacto Verde Europeo y REPowerEU. Este plan para independizarse de Rusia prevé una aceleración del despliegue de bombas de calor. Dependiendo de las cifras y objetivos, se duplicaría o casi triplicaría el ritmo de instalación. La propuesta de la Comisión de Medio Ambiente y la Presidencia española pone este despliegue en riesgo.
[Fuente: Por Alberto Sanz, Vozpópuli, Madrid, 17jul23]
Radio Nizkor
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