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06abr09
Ofensiva para salvar la banca: MAFO estudia relajar las provisiones y allanar la entrada del Gobierno en las cajas
El famoso plan de rescate bancario que está negociando el Gobierno con el PP no comprende solamente el llamado "fondo de reestructuración" de entidades en dificultades. Al contrario, pretende incluir algunas modificaciones de gran relevancia que, si bien no son la panacea, pueden aliviar notablemente la grave situación que atraviesa todo el sector en la actualidad. Según fuentes de toda solvencia, el Banco de España ha planteado al sector dos modificaciones principales: elevar el techo de las preferentes en el capital (actualmente en el 30%) y alargar el calendario para provisionar la morosidad más allá de los dos años actuales para los créditos no hipotecarios.
La primera de estas medidas está destinada claramente a permitir la inyección de capital público en cajas de ahorros en dificultades. Es decir, pretende resolver la peliaguda cuestión de cómo inyectar capital a unas entidades que no tienen capital propiamente dicho, y que planteó la semana pasada el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez en el Congreso al solicitar una fórmula para aumentar el capital de las cajas de ahorros “al menos con una facilidad parecida a la que lo hacen los bancos”, que siempre pueden emitir nuevas acciones.
La única fórmula factible, como adelantó el viernes El Confidencial, son las participaciones preferentes, instrumentos híbridos entre deuda y capital que son realmente bonos pero que computan dentro del ratio Tier 1 de capital (el segundo grupo de las normas de Basilea II después de los fondos propios de toda la vida -el capital, la prima de emisión y las reservas-, que se conocen como core capital). El problema es que, según la normativa española, las preferentes no pueden superar el 30% del Tier 1, y en muchas entidades ya andan cerca de ese nivel, lo que reduce notablemente el margen del Gobierno para inyectar capital a cajas en dificultades.
Ésa es la razón por la que el Banco de España ha planteado al sector la posibilidad de elevar ese techo del 30% para las preferentes al 40%. Un aumento que no parece excesivo así en frío pero que es mucho teniendo en cuenta que estamos hablando de unos instrumentos que, aunque se consideren parte de los fondos propios, no son capital propiamente dicho; dicho a la inversa, que permitir que el 40% de los fondos propios de una entidad no sea capital no es que sea mucho, es que es muchísimo.
Por otro lado, este posible cambio de la normativa confirma lo que todo el mundo sabe tras la intervención de Caja Castilla-La Mancha por mucho que el Gobierno trate de ocultarlo: que va a ser necesario rescatar a bastantes entidades en dificultades con inyecciones directas de capital, aparte de que la mayoría de estas entidades serán cajas de ahorros; de ahí la necesidad de elevar el tope de las preferentes. Algo que los propios ahorradores tienen claro, como evidencia el fuerte trasvase de depósitos desde las cajas a los bancos en febrero.
El salvavidas de las provisiones
Más importante todavía que esta medida es la segunda que el Banco de España ha planteado al sector: la relajación del calendario de provisiones que no obligue a las entidades a apuntarse como pérdida la totalidad de un crédito moroso a los dos años de haber entrado en mora. Éste es el llamado calendario corto, que afecta a todos los créditos salvo a los hipotecarios por un porcentaje inferior al 80% del valor de tasación (loan to value) y que, en consecuencia, se aplica a la ingente morosidad de los créditos a promotores, el verdadero vía crucis de bancos y cajas en la actualidad. Las hipotecas 'razonables' que entran en mora se provisionan en seis años.
Esta medida fue la más importante de las que pidió el presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, en el Congreso hace tres semanas, puesto que, si se permitiera a cajas y bancos -al cambiar la ley, la medida afectaría por igual a unos y a otros- alargar el plazo de estas provisiones, desaparecería la mayor amenaza que se cierne ahora mismo sobre el sector financiero. Inicialmente, el Banco de España se mostró reacio a aceptar esta medida porque MAFO no quería tocar una norma (es más partidario de conceder toda la flexibilidad posible dentro de la misma) que, además, ya se cambió en noviembre, porque se trata de cambiar una regla general en favor de unos pocos y por la mala imagen de nuestro sistema financiero que transmitiría, puesto que sería lo mismo que reconocer que necesita ser salvado.
Pero a la fuerza ahorcan y la intervención de CCM deja bien a las claras que las cosas están tan feas que no es momento de andarse con remilgos: se trata de evitar quiebras y de que le estalle en la cara a Zapatero "el sistema financiero más solvente del mundo". Además, la imagen de la banca española en el exterior -en especial la de las cajas- es difícilmente empeorable. Y si el precio que hay que pagar es un nuevo castigo a la cotización de los bancos, se pagará en aras de un bien superior.
Obama y el 'mark to market'
Además, ahora la ocasión la pintan calva: la semana pasada el Gobierno de Obama aceptó en EUU la relajación de su norma del 'mark to market', que es la que obligaba a valorar todos los activos a precio de mercado, aunque éste fuera el de las ventas forzadas de inversores en quiebra o directamente cero cuando no había mercado para algunos activos (CDOs, MBS, titulizaciones sintéticas). La diferencia entre el precio de adquisición y este 'precio de mercado' ha provocado las fortísimas pérdidas que se han llevado por delante a los principales bancos del planeta. Pues bien, si ahora EEUU va a relajar esta obligación a la vista de la escabechina que ha provocado, España tiene la excusa perfecta para hacer lo mismo con nuestras obligaciones contables más duras, concretamente el calendario de provisiones.
La justificación de esta medida es que no tiene sentido valorar a cero un crédito que tiene garantía real -normalmente viviendas- porque éstas tienen un valor, y que hacerlo en un espacio de tiempo tan corto es procíclico, es decir, perjudica a las entidades cuando peor les va el negocio. En realidad, el problema es que el 75% de la morosidad declarada en 2008 tendrá que declararse a lo largo de 2009 y principios de 2010, lo que puede poner en serios apuros a muchas entidades si no generan suficientes ingresos para dotar estas provisiones.
No ha trascendido cuál sería la duración de esta prórroga extraordinaria, aunque se supone que será al menos de un año. Aunque muchos expertos consideran que no sirve para solucionar el problema, sino que sólo lo alarga, al menos daría oxígeno a muchas entidades, que podrían aguantar si la recuperación llega verdaderamente a finales de 2010. Además, aplazaría las intervenciones e inyecciones de capital en el tiempo. Es decir, echaría más tierra sobre los problemas de la banca en vez de coger el toro por los cuernos.
[Fuente: Cotizalia, Madrid, 06abr09]
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