26ago11
El suicidio de la izquierda: a propósito de la reforma constitucional
Probablemente, uno de los mayores triunfos políticos de la derecha europea y estadounidense fue la de establecer una relación causa-efecto entre la izquierda y el déficit público. A partir de este argumento, comprado por buena parte de la opinión pública, cuando gobiernan los partidos socialdemócratas crecen el despilfarro, la mala gestión de la cosa pública y hasta el clientelismo político, toda vez que la izquierda cuando está en el poder alimenta con subvenciones todo tipo de iniciativas que en realidad benefician a unos pocos. Su obsesión por repartir el pastel, pero sin atender a la creación de riqueza mediante políticas de oferta, hace el resto.
Este argumento ha hecho furor. Hasta el punto de que la propia izquierda ha acabado por creerse este aparente axioma, convertido en una especia de verdad revelada. Hoy en día, amplios sectores de la izquierda están convencidos de que un país que se endeuda es mejor que otro que no lo hace. Hasta el punto de que ha convertido el gasto público en una de sus señas de identidad.
Aunque parezca mentira, se trata de un fenómeno relativamente nuevo. Tanto en el siglo XIX como hasta mediados del siglo XX, era la derecha tradicional ligada a los sectores oligárquicos quien reclamaba mayor presencia del sector público en la economía, por supuesto con aviesas intenciones, como pudo comprobar este país durante la Restauración y el franquismo.
El proteccionismo, los aranceles, las restricciones a la libertad de comercio han sido históricamente reivindicaciones de la derecha, pero la irrupción, en primer lugar, del estatismo soviético; y, en segundo lugar de las políticas keynesianas que cuestionaban los modelos de equilibrio macroeconómicos neoclásicos, cambiaron el discurso de la izquierda. Hoy, determinados partidos y dirigentes políticos que se proclaman socialistas o socialdemócratas reclaman el gasto público como un instrumento de reequilibrio económico y social. Incluso se sienten altamente contrariados por el hecho de que el Gobierno socialista y el Partido Popular hayan pactado poner freno constitucional al déficit público.
Esos argumentos serían ciertos si estuvieran basados en la verdad empírica. Pero la realidad dice todo lo contrario. En EEUU han sido históricamente los republicanos quienes han generado mayores déficits públicos. Ahí están los casos de Reagan o Bush (padre e hijo), que dejaron las finanzas públicas temblando, al contrario que Clinton, cuyo superávit fiscal todavía se recuerda hoy como una bendición. Y qué decir de Nixon con su guerra del Vietnam.
Conservadores y socialdemócratas
En Europa, al contrario, no ha habido coherencia alguna. Izquierda y derecha se han endeudado hasta las cejas sin rubor alguno, y por lo tanto no es fácil encontrar una pauta general de comportamiento. En los cinco países con mayor déficit en 2010 (Irlanda, Grecia, Reino Unido, España y Portugal) gobiernan o han gobernado tanto conservadores como socialdemócratas, lo que da a entender que no se trata de una estrategia común en función de criterios ideológicos.
La cantidad de déficit público hay que relacionarla, por lo tanto, con las políticas económicas practicadas. O dicho en términos más sencillos, el desequilibrio presupuestario tiene que ver con lo que decide de forma discrecional cada gobierno. Y así encontramos que países como Suecia, con uno de los mayores niveles de gasto público de Europa (53% del PIB) es, igualmente, un ejemplo de solvencia fiscal. El Gobierno de Estocolmo (conservador) consiguió en 2010 equilibrar el presupuesto público (déficit cero) y, al mismo tiempo, mantener elevados niveles de gasto social. Como dijo en estas mismas páginas el profesor Fernández-Villaverde, las reglas fiscales poco tiene de conspiración cavernícola. La seriedad fiscal no es ni de izquierdas ni de derechas (a fin de cuentas, a irresponsables fiscales no les gana nadie a los republicanos en EEUU).
Esto da a entender dos cosas. En primer lugar, que el nivel de gasto público (que en última instancia es lo que preocupa a algunos sectores de la izquierda y a los sindicatos) no tiene nada que ver con los número rojos. Se puede gastar mucho en bienestar social (y con amplia presencia del sector público en la economía) y, al mismo tiempo, equilibrar el presupuesto. De la misma manera, el hecho de gastar mucho no garantiza nada. Ni desde luego la cohesión social. Ahí está el caso de España, que combina el desgraciado mérito de ser el cuarto país con mayor déficit público y, al mismo tiempo, es el que tiene mayor tasa de desempleo (cerca del 21%).
Esto sugiere que el problema no está sólo en el gasto, sino también en los ingresos, como a menudo se olvida. No estará de más recordar, por lo tanto, que cuando en 2009 España alcanzó el mayor desequilibrio fiscal de su historia, el 11,2% del PIB, la mitad tuvo su origen en un aumento desbocado de los gastos (los famosos estabilizadores autonómicos derivados del aumento del desempleo), pero la otra mitad esconde sus raíces en el desplome de la recaudación.
Al contrario de lo que se suele creer, el déficit público en España es de naturaleza eminentemente estructural. Se debe, sobre todo, a una pérdida permanente de ingresos como consecuencia del redimensionamiento del sector inmobiliario y a la existencia de altos niveles de desempleo, incluso en periodos de expansión. Algo que explica, por ejemplo, que un país en bancarrota como Grecia ingrese más que España.
¿Y Por qué España no recauda? Básicamente por la existencia de un sistema tributario ineficiente que hace descansar la presión fiscal en los asalariados. Pero al contrario de lo que cabe suponer, lo que han hecho las distintas administraciones no ha sido reformar la fiscalidad para ensanchar las bases imponibles o hacer reformas económicas de calado para actuar sobre la oferta y no sólo sobre la demanda; sino que, por el contrario, han hecho lo más fácil. Subir los impuestos por la puerta de atrás sin que nadie se entere. Al menos la presenta generación, porque las que vienen detrás tendrán que pagar el marrón, como se dice ahora.
Una financiación heterodoxa
¿Y cómo se hace esto? Pues pidiendo dinero a los célebres mercados financieros o, incluso, acudiendo al banco más cercano para que les presten pasta (mejor si es una caja de ahorros amiga). Dicho en otras palabras, como no se atreven a cambiar la fiscalidad (subiendo impuestos para financiar el nivel de prestaciones públicas que disfrutan los ciudadanos) lo que se hace es pedir dinero por la ventanilla de última instancia (los mercados). Sujetos a quienes nadie ve y que no piden nada. Claro está, salvo altas rentabilidades, en última instancia el origen de la actual crisis de deuda soberana.
Ni que decir tiene que se trata del camino equivocado. Y no sólo por la falta de transparencia que suscita esta heterodoxa forma de financiar las necesidades del sector público. O incluso por un mínimo sentido de la decencia democrática. También porque de esta manera se produce un fenómeno perverso. Son las administraciones públicas (efecto crowding out) quienes se endeudan y evitan que los agentes económicos privados se financien, lo que alimenta la crisis. Pero es que además, niveles elevados de déficit y ritmos crecientes de deuda pública (escenario previsible hasta 2018-20) suponen necesariamente un encarecimiento de los tipos de interés, sobre todo cuando los mercados se encuentran en estado de alerta frente a la posibilidad de que se produzcan crisis fiscales en algunos Estados.
El equilibrio presupuestario, por lo tanto, es algo más que una necesidad económica. Es el instrumento necesario para hacer una política auténticamente social, como bien han demostrado los países escandinavos desde la crisis de los años 80. La existencia de elevados déficits, por el contrario, sólo ayuda a aumentar el tamaño de los mercados financieros y para nada aumenta la cohesión social. Al contrario.
El gasto público hay que volver a financiarlo con impuestos, que son la columna vertebral de cualquier sistema democrático. Reivindicar lo contrario es el mejor camino para la autodestrucción, como de hecho explica que el 95% de los gobiernos europeos sean de centro derecha.
[Fuente: Por Carlos Sánchez, El Confidencial, Madrid, 26ago11]
