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10jun06
Tras la masacre de Jamundí el Gobierno estudia reformar la Justicia Penal Militar.
La Fiscalía adelantaría la investigación previa, pero el juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública continuaría en cabeza de jueces castrenses.
El ministro de Defensa, Camilo Ospina, y mandos militares acordaron esta semana proponer un revolcón de tres puntos básicos, que apunta a darle mayor transparencia a los procesos penales que se siguen contra militares y policías.
Les quitarían investigaciones.
La reforma, que por ahora consiste en una propuesta, le quitaría a la Justicia Penal Militar las funciones de investigación e instrucción de los procesos para cualquier delito cometido por militares, como acto del servicio o no, y se las entregaría a la Fiscalía General de la Nación.
"Como los militares no tenemos un cuerpo de investigación criminalística, nos parece conveniente que el CTI de la Fiscalía asuma esta etapa del proceso", le dijo a EL TIEMPO el comandante de las Fuerzas Militares, general Carlos Alberto Ospina.
El CTI se encargaría de la recolección de pruebas y evidencias en el sitio de los hechos, y recogería los testimonios y declaraciones de personas clave. Estas funciones que anteriormente solo se cumplía en casos especiales, como los ocurridos en Guaitarilla y Jamundí, con la reforma las ejercería en cualquier proceso contra miembros de la Fuerza Pública.
El revolcón también le quitaría a la Justicia Penal Militar y le pasaría a la Fiscalía la etapa de calificación del proceso. Es decir, una vez recolectadas las evidencias, pruebas y testimonios, sería la Fiscalía la que dictaría auto inhibitorio o preclusión de la investigación, o llamaría a juicio a los sindicados de un hecho.
"Estamos pensando en un cuerpo especial de fiscales dentro de la
Fiscalía General de la Nación que tomen estos procesos y los califique", sostuvo el general Ospina.
De todas maneras, el cambio no significa la desaparición de la Justicia Penal Militar. Los jueces penales militares recibirían el proceso de la Fiscalía y juzgarían a los miembros de la Fuerza Pública involucrados en delitos.
"Al Ministro le ha parecido viable esta propuesta porque el propósito no es acabar con la Justicia Penal Militar sino fortalecerla", puntualizó Ospina.
Los procesos de la justicia castrense.
La Justicia Penal Militar tiene en este momento 16.489 procesos, de los cuales 10.149 están en curso y 6.340 corresponden a preliminares. Según su director, el general Luis Fernando Puentes, de los 1.500 casos que estudian anualmente, el 75 por ciento de ellos tienen una sentencia condenatoria.
Entre los procesos más importantes que ha manejado la Justicia Penal Militar en los últimos años están el de Guaitarilla (Nariño), ocurrido en el 2004, donde siete policías murieron a manos del Ejército; el de la guaca, investigación que involucró a 147 soldados que en abril del 2003 se encontraron en las selvas del Caquetá una caleta de las Farc que contenía más de 50 millones de dólares. También investigó el robo de cerca de 400 millones de pesos del Ministerio de Defensa por parte de un oficial y un suboficial de la Armada Nacional.
Cambio propuesto.
1. Delitos. Hasta ahora, la Fiscalía General de la Nación solo investigaba y calificaba algunos casos especiales ocurridos en la Fuerza Pública (militares y Policía). Con la propuesta de revolcón, la justicia ordinaria podría asumir cualquier delito cometido por militares y policías, desde el abandono del servicio, hasta deserción.
2. Investigación. En vista de que las Fuerzas Militares no cuentan con un órgano de investigación criminalística, la idea es que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asuma estas funciones imediatamente se cometa el hecho. Para los altos mandos militares, el CTI es un cuerpo que goza de su total credibilidad.
3. Calificación. Hasta ahora, la Fiscalía asumía la investigación inicial por ciertos procesos penales en los que estaban involucrados miembros de la Fuerza Pública, pero la calificación (preclusión o llamado a juicio) la realizaba un fiscal militar. Ahora todos los casos serán calificados por fiscales de la justicia ordinaria, quienes los enviarán a los jueces militares.
[Fuente: El Tiempo, Bogotá, Col, 10jun06]
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