EQUIPO NIZKOR |
|
01jun06
La unidad policial exterminada había sido entrenada especialmente por la DEA y el FBI.
Un francotirador disparó el 40 por ciento de las balas que mataron a los agentes de la Dijín.
"Son cinco torcidos de la Sijín y otros cinco hampones", fue la versión inicial que los militares del Batallón de Alta Montaña del Ejército dieron después de aniquilar a 10 miembros de la Dijín, el pasado lunes 22 de mayo, en la finca La Cristalina, ubicada en Jamundí (Valle).
La justificación les fue dada a dos agentes de la policía que llegaron hacia las 6:35 p.m. a la zona, visiblemente perturbados. El lugar aún olía a pólvora y sangre.
"No son ningunos hampones y no son de la Sijín, son mis compañeros de la Dijín, mírelos, tienen sus chalecos", respondió uno de ellos angustiado y mostrando insignias.
Los dos agentes son miembros de la unidad que fue aniquilada y que el gobierno de E.U. entrenó para labores antimafia.
Ese día, los dos agentes no fueron al operativo porque estaban en un municipio vecino acompañando a un fiscal en una diligencia oficial.
Una vez la terminaron, fueron a apoyar a su unidad y entonces escucharon (por comunicaciones internas) los llamados de auxilio que, inexplicablemente, la policía local se demoró en atender, un hecho que está siendo indagado.
Según los investigadores, la llegada de los uniformados impidió que cuerpos, carros, armas y testigos siguieran siendo manipulados.
Sin chaquetas
"Hay evidencia de que los cadáveres fueron movidos e incluso hay algunos casquillos que corresponden a armas que, al parecer, no fueron entregadas a la Fiscalía. Además, a dos de los cadáveres alguien les estaba quitando las chaquetas", le dijo a EL TIEMPO una fuente oficial, que llegó a las 7 en punto de la noche al lugar de los hechos.
Lo anterior, y el cruce de llamadas y mensajes de texto, vía celular, entre los militares implicados, se ha convertido en la clave para desenredar este ovillo que inicialmente se mostró como un error militar pero que, poco a poco, ha tomado el rostro de una masacre premeditada.
La evidencia recogida llevó a la Fiscalía a irrumpir en la madrugada del jueves en las instalaciones del batallón de Alta Montaña para capturar al coronel Bayron Carvajal y a 7 de sus subalternos por el delito de homicidio agravado. Es más, en las próximas horas vienen otras capturas.
"No fue un error, fue un crimen, fue un acierto, pero un acierto criminal", dijo visiblemente indignado el fiscal general, Mario Iguarán, en la rueda de prensa en la que anunció los primeros resultados de las investigaciones.
El rigor en las indagaciones ha llegado a tal punto que en la última semana miembros del CTI han grabado el cambio de luz natural en la zona para probar que a la hora de los hechos la visibilidad era plena y no había lugar a confusiones.
El viernes, la Jueza 25 Penal Municipal de Cali, con funciones de control de garantías, avaló la evidencia de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento y detención preventiva sin beneficio de libertad, a los ocho militares.
De prosperar la investigación, estos enfrentarían penas entre 30 y 50 años.
‘¿Por qué pasaron esos h.p.?’
Aunque en la audiencia pública del jueves se leyeron la mayoría de los textos que los militares se enviaron vía celular, hay uno que se ha mantenido en reserva y que parece hacer referencia al malestar que causó la llegada intempestiva de los dos hombres del cuerpo élite, de los demás refuerzos de la Policía y de un par de testigos que les dijeron a las autoridades cómo los policías gritaban que no les dispararan.
"¿Por qué dejaron pasar a esos hijueputas?", dice el mensaje.
También menciona la palabra pollo, apodo con el que se conocía a Luis Eduardo Betancur, el civil que acompañaba a los uniformados y quien aparece como informante certificado del coronel Carvajal.
El hombre fue encontrado a seis metros de los cuerpos de los policías, con un balazo en la nuca (realizado casi a quemarropa) que le atravesó el pasamontañas que llevaba puesto, el cual apareció tirado a un lado del cadáver.
Aunque su familia niega que él entregara información a las autoridades, Betancur aparece relacionado en tres operaciones exitosas contra ladrones de gasolina.
Hoy se indaga si estuvo vinculado a una operación en el corregimiento La Cumbre (Valle), realizada el 9 de septiembre del año pasado: ese día, cinco policías de la Estación del pueblo, que verificaban un supuesto robo del combustible, fueron emboscados equivocadamente por hombres del mismo coronel Carvajal. El saldo del error: dos policías muertos y tres heridos.
En este caso y en el de Jamundí, el Ejército ha dado sus propias explicaciones.
Por ejemplo, el coronel Carvajal dijo que los mensajes estaban siendo malinterpretados y que cuando habló de un pollo se refería a las raciones que les enviaría a sus hombres: "Ahí tengo los recibos de compra".
Sin embargo, la Fiscalía cree que hay una clara contradicción: para qué enviaban más raciones de comida, si la operación supuestamente no se iba a prolongar.
También se indaga por qué 21 de los 28 miembros del batallón de Alta Montaña no dispararon un solo tiro. Es más, se sabe que algunos de ellos han manifestado extraoficialmente que quedaron desconcertados cuando sus compañeros empezaron a disparar.
¿Inocentes?
La hipótesis de las autoridades a este respecto, señala que tan solo un pequeño grupo de militares sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Eso explica por qué el intercambio de correos fue tan solo entre unos pocos (coronel, oficiales y suboficiales) y por qué uno solo de los militares (el francotirador José Alfredo Porras) disparó el 40 por ciento de los cerca de los 200 proyectiles que hicieron blanco en los policías.
Este soldado estaba camuflado a un costado del lugar de los hechos (a cerca de 10 metros), por eso, los policías no pudieron escapar de sus balas ni siquiera cuando se ocultaron en una cuneta.
Por ahora, lo concreto es que, a raíz de la evidencia recogida en el lugar, se abrió otro frente de investigación: La Cristalina, sus ocupantes y su historial.
Hasta el momento, los investigadores tienen claro que el predio era usado como centro de operaciones de William García Albán, el ‘Indio’, y de Óscar Varela García, ‘Capachivo’, lugartenientes del extraditable Diego Montoya Sánchez, ‘don Diego’.
"Se tiene información de que allí se adiestraban hombres de la oficina de cobro de ‘Capachivo’, además, allí mantenían personas en cautiverio y realizaban torturas", dice un informe oficial secreto, hecho con base en testimonios, que está siendo verificado.
Es más, pobladores del sector le dijeron al propio presidente Álvaro Uribe que, el día de la muerte de los uniformados, el ‘Indio’, señalado jefe narcoparamilitar de Jamundí, se encontraba a 200 metros del lugar de los hechos y que, al parecer, fue él quien alertó a los militares de la operación policial.
Pero hay un nuevo individuo que ha entrado al rompecabezas.
Según fuentes de la propia mafia, un arquitecto al que le dicen ‘don Carlos’, es el encargado de pagarles no solo a los lugartenientes de ‘don Diego’, sino a algunos miembros corruptos de autoridades regionales que cuidan sus pasos, caletas, narcolaboratorios y envíos. Él tendría varias respuestas sobre la supuesta relación de los lugartenientes del capo con los militares, que ha llevado a la Fiscalía a contemplar como principal hipótesis que se le estaba haciendo un favor a la mafia.
"Se explora la tesis de que le estaban haciendo un mandado al narcotráfico. No permitiremos que obstruyan la justicia y enloden el honor de la Fuerza Pública", dijo el pasado jueves el fiscal general, Mario Iguarán.
FBI y extradición
Esta posibilidad ha suscitado todo tipo de reacciones, incluida la del gobierno de Estados Unidos que le pidió al FBI relevar en la investigación a la DEA, agencia que entrenó a los uniformados muertos y que está indignada con lo sucedido.
"No hablamos sobre investigaciones en curso", le dijo el viernes a ELTIEMPO un vocero de la embajada de E.U.
Sin embargo, extraoficialmente se supo que ese país advirtió que si a alguno de los implicados se le comprueba nexos con la mafia, de inmediato será pedido en extradición.
"La solicitud estaría fundamentada en la llamada Ley Rico que faculta a E.U. a procesar a toda persona que tenga vínculos con organizaciones delincuenciales y con personas buscadas por ese país, y ‘don Diego’ encabeza la lista de colombianos", explicó una fuente oficial.
Este es el rastro de la mafia en el caso de La Cristalina
Diego Montoya, ‘don Diego’ controla la zona a través de sus lugartenientes ‘Capachivo’, el ‘Indio’ y ‘Cucaracho’. Incluso, hace unos meses protagonizaron un sangriento enfrentamiento con hombres de su archienemigo Wilber Varela, ‘Jabón’. Este caso está siendo indagado por E.U. y por Colombia ante la posibilidad de que autoridades de la zona hayan participado en los hechos.
Ómar Varela García, ‘Capachivo’ o ‘K10’, hombre de ‘don Diego’, controlaba la zona desde hacía al menos tres años. Se le acusa del asesinato del teniente Péterson. Dicen que es el jefe de varias oficinas de cobro. Al parecer, su hija está casada con Carlos Robayo, ‘Guacamayo’, otro lugarteniente de ‘don Diego’, preso en la cárcel de Cómbita y próximo a ser extraditado.
William García Albán, el ‘Indio’, es el segundo de ‘Capachivo’. Su familia dice que tiene unas marraneras en la zona pero autoridades lo acusan de ser un paramilitar que ahora cuida laboratorios. También se le acusa de extorsionar a comerciantes y de la desaparición de personas en el corregimiento de Timba, entre Valle y Cauca.
La defensa de los ocho militares.
El mismo día en que una jueza –a solicitud de la Fiscalía General– les dictó medida de aseguramiento a los ocho militares –coronel Byron Carvajal, teniente Harrison Castro Aponte, sargento viceprimero Jaime Montenegro Castañeda y los soldados Carlos Fernando Erazo Riascos, Luis Eduardo Carvajal Peralta, Nelson Enrique David Posso, José Alfredo Parra Mantilla y José Geiner Peñaranda Díaz–, su defensa la apeló.
Básicamente, argumentan dos razones: que la justicia ordinaria no es la competente para investigar el caso (sino la Penal Militar) y que la orden de allanamiento que usó la Dijín es falsa.
"Se trató de una acción del servicio: hubo combate y los uniformados siempre creyeron que enfrentaban a la guerrilla", dijo uno de los abogados de los militares.
El abogado y militar retirado Ómar Suárez, apoderado del coronel Carvajal, señalóque la fuerza utilizada no fue exagerada y que en táctica militar la presencia de un francotirador es comprensible para asegurar el área.
Para demostrar su competencia, la jueza del caso manifestó que se está basando en una sentencia de la Corte Constitucional (la C-358 de 1997), que entre otros aspectos señala que, el vínculo entre la conducta delictiva y el acto relacionado con el servicio se rompe cuando "el delito adquiere una gravedad inusitada".
En cualquier caso, la Fiscalía dispone ahora de 30 días, ampliables a 60, para elaborar el escrito de acusación ante un juez de conocimiento.
Mientras esto sucede, la defensa de los militares seguirá exigiendo que se le quite la competencia a la justicia ordinaria. La última palabra a este respecto la tiene el Consejo Superior de la Judicatura.
La defensa de los militares también planean exigir una veeduría internacional para el proceso.
‘Retiren emboscada (...) quedó para esta noche’
El intercambio de llamadas y de mensajes vía celular entre militares se ha convertido en una de las principales evidencias de la Fiscalía. Por estrategia, los investigadores tan solo retuvieron los teléfonos de los militares la madrugada del martes 23 de mayo (10 horas después de la balacera) y, como se esperaba, varios de ellos los usaron para unificar la versión de los hechos e intentar elaborar, lo que la Fiscalía llama, una coartada perfecta. Los mensajes fueron enviados a tres horas distintas. ¿Qué hacían los policías mientras tanto? EL TIEMPO lo averiguó:
10:30 a.m.
"Retiren emboscada. Mande a la gente a sitios reconocidos y que duerman. Anoche había mucha tropa y se ariscaron. Todo quedó para esta noche".
A esa hora, la Policía había abortado la operación por que el informante no les había cumplido la cita, pactada para la noche anterior o la madrugada del lunes.
2:39 p.m.
"Pendientes que el grupo viene con el pollo, para que salgan a reclamarlo".
Los policías acababan de hacer contacto con el informante, conocido como el ‘pollo’ y reanudaron los preparativos de la operación de vigilancia y verificación de la zona.
6:45 p.m.
"¿Por qué dejaron pasar a esos hijueputas?".
A esa hora, los dos miembros del grupo élite de la Dijín llegaron al lugar de los hechos.
[Fuente: Unidad investigativa y redacción justicia, El Tiempo, Bogotá, Col, 03jun06]
 | This document has been published on 09Jun06 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |