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21may06
La relación de la DINA con el crimen organizado.
Poco antes de que Chile volviera a la democracia, un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) secuestró al coronel de Famae Carlos Carreño. Era 1987. Coincidencia o no, el uniformado lideraba ya una red de venta de armas y transferencia tecnológica a países del Medio Oriente. Esa operación fue uno de los puntos de partida de lo que podría constituirse en asociación ilícita con aires mafiosos, que funcionó al alero de la dictadura hasta 1990 y siguió teniendo un poder en las sombras en los primeros años de la transición. Recién ahora –en 2006– comienzan a conocerse sus verdaderos alcances.
Carreño fue llevado por el FPMR a Brasil. Sus captores, antes de liberarlo, aprovecharon de interrogarlo acerca de la venta de bombas de racimo a Irán. En diciembre de 1987, un informe del Departamento de Estado norteamericano –desclasificado en 2000– en que se comenta el secuestro de Carreño, concluye que una vez liberado por sus secuestradores fue (supuestamente) sumariado y alejado del Ejército, bajo acusaciones de tráfico de drogas. Carreño diría, años más tarde, en una declaración prestada ante el ministro en visita Claudio Pavez, a cargo de la investigación del homicidio del coronel Gerardo Huber, que siempre le llamaron la atención las preguntas de los frentistas durante su cautiverio.
Dos años más tarde, el 10 de febrero de 1989, un nuevo informe (el N° 937) –también desclasificado en julio de 2000 y esta vez redactado por la Embajada de Estados Unidos en Chile– da cuenta de un intento de negociación del ex jefe de la DINA, general (R) Manuel Contreras Sepúlveda, con un intermediario de la legación diplomática.
El documento señala que Contreras, a cambio de que el país del norte bajara la presión por el caso Letelier, ofrecía entregar información sobre las actividades en el narcotráfico de “un hijo de Pinochet (posiblemente Marco Antonio) y de Armando Fernández Larios”.
Drogas, armas, mafia italiana, colombiana, traficantes peruanos, sirios, agentes de inteligencia militar argentina, chilena, uruguaya, criminales de guerra croatas, ex espías ingleses, terroristas italianos, ex nazis y toda una pléyade de sujetos afines a los negocios turbios mantuvieron relaciones con los aparatos de inteligencia militar de Augusto Pinochet y su círculo más cerrado. Los nombres se repiten a través de la historia y se instalan pudiendo configurar una suerte de orgánica del crimen.
El Ex Marine
A mediados de 1985, un sujeto ingresó a Chile con un pasaporte a nombre de Trinidad Moreno. Su contacto en nuestro país era un funcionario del consulado chileno en Los ángeles, Federico Humberto Silva Pizarro, con quien mantuvo relaciones comerciales y de amistad. Ambos arribaron al país en el mismo vuelo, el 22 de junio de 1985. En realidad, Moreno no era otro que el ex sargento de la Infantería de Marina de EEUU Iván Baramdyka, conocido narcotraficante estadounidense radicado en Los ángeles (California), que escapaba de la justicia de su país.
El 10 de julio del mismo año ingresó a la sociedad Redes del Pacífico, que, según su escritura pública, se dedicaba a la explotación, promoción y comercialización de pescado fresco chileno en Estados Unidos.
Años más tarde, en 1993, fue extraditado a EEUU, luego de cumplir una condena de cinco años por giro doloso de cheques. Pero antes de que el FBI se lo llevara, Baramdyka se preocupó de dejar su historia grabada en video.
De los antecedentes remitidos a Chile en el proceso de extradición queda claro que este personaje participó en las operaciones de los años 80 conocidas como “drogas por armas”, a cargo del coronel Oliver North, que sirvieron para entregar armas a la Contra nicaragüense. Los envíos de armas se financiaban con el tráfico de cocaína a EEUU.
En sus declaraciones reconoció sus vínculos con Patricio Madariaga Gutiérrez, el cónsul de Chile en Los ángeles. El diplomático fue el encargado de cuidar los asuntos de Augusto Pinochet hijo, cuando éste fue asignado a esa legación en los primeros años 80.
Baramdyka también contó que entre 1983 y 1984 varios núcleos de fabricantes de cocaína colombianos compraban éter y acetona producidos en el Complejo Químico Industrial del Ejército chileno en Talagante. Dicha planta fue transferida en 1979 desde el Bacteriológico, actual Instituto de Salud Pública. En 1987, Gerardo Huber, el ex oficial de la DINA asesinado a inicios de 1992 por el caso armas a Criacia, se hizo cargo de esa planta.
En el proceso por el homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos, tramitado por el ministro Alejandro Madrid, hay un documento donde los jefes del Complejo Químico de Talagante reconocen que la DEA les advirtió en varias oportunidades que no existía documentación sobre la producción de éter y acetona en esa planta, productos químicos esenciales para la fabricación de cocaína. De hecho, uno de los oficiales del Ejército declaró ante Investigaciones que en una oportunidad un sujeto de nacionalidad peruana le compró varias miles de litros de éter y le dejó 50 mil dólares en un maletín, luego de firmar un contrato que se haría efectivo al día siguiente. Pero, al día siguiente el peruano fue detenido en el aeropuerto por el OS-7 por sus vínculos con el cartel de Cali.
Baramdyka relata que a semanas de su llegada a Chile, un oficial del Ejército llegó a su oficina de la calle Huelén 102. Le traía un recado: álvaro Corbalán, el jefe operativo de la CNI, deseaba hablar con él. Se reunieron en el Rodizzio de Apoquindo. Corbalán le dijo que sabía perfectamente con quién estaba hablando y le pidió su asesoría para encontrar comprador a 75 kilos de cocaína que su organización tenía en las Bahamas.
Meses más tarde, en diciembre de 1985, los mismos oficiales del Ejército le presentaron en el restaurante Oliver a un personaje vital en la organización: Edgardo Bathich Villarroel, el hombre de origen sirio, famoso en la jet-set local de los ’80. Poseía el único Rolls Royce de la plaza, tenía casas en el sur de Chile, propiedades alhajadas fastuosamente en balnearios de moda y en centros invernales de esquí, donde desplegaba su colección de automóviles, lanchas y vehículos deportivos. Por lo general, viajaba de un lugar a otro en helicópteros de su propiedad. Ser invitado a sus fiestas, donde participaban modelos, estrellas de televisión y reinas de belleza, llegó a ser considerado un verdadero privilegio.
Bathich representó en Chile los intereses de Monzer Al-Kassar, un famoso traficante de drogas y armas sirio radicado en España, que en ese período compraba grandes extensiones de tierras en las cercanías de Mendoza; más tarde obtuvo la ciudadanía argentina gracias a los buenos oficios del gobierno de Carlos Menem, caso que terminó en los tribunales de justicia de ese país.
En 1985, el negocio de Bathich era la importación desde Europa de motores diesel usados. Sus estrechos vínculos con la familia Pinochet llegaban al punto de que Marco Antonio Pinochet Hiriart, representante en Chile de las lanchas Chaparral, vendía sus productos a través de la empresa de Bathich, ubicada en Américo Vespucio 1313.
Esa noche, en el restaurante Oliver, Baramdyka escuchó lo que Bathich tenía que comunicarle: “Me dijo que él podía ayudarme y que tenía excelentes relaciones con el general Pinochet y con los Servicios de Seguridad. Me contó que movía cantidades importantes de cocaína. Ingresaba la droga al país en los motores usados que traía por tierra desde Brasil a su empresa Bathich Motoren. También usaba helicópteros y camiones que traían minerales de Bolivia. Pero ese no era un problema; álvaro Corbalán se preocupaba de la seguridad del ingreso y del transporte de la cocaína dentro de las fronteras de Chile. Era en el exterior donde sus operaciones presentaba dificultades. Ellos trabajaban casi exclusivamente con Fabio Ochoa y con sus tres hijos, los hermanos Ochoa Vázquez. En los días siguientes conoceré a otros miembros de la organización”, contó el ex marine.
En 1986, Baramdyka habría realizado tres viajes al extranjero por cuenta de la organización. El procedimiento para salir y entrar del país fue siempre el mismo: vehículo militar hasta la frontera argentina, donde le entregaban un pasaporte paraguayo a nombre de Hernán Fuenzalida Galvarino. De ahí un taxi a Mendoza, avión a Ezeiza y combinación a otro país. Su misión era asegurar el tránsito de los vuelos que llevaban pertrechos militares chilenos en algunos aeropuertos centroamericanos y del Caribe. En estos lugares se descargaban partidas de cocaína que venían desde Chile escondidas entre el material militar. Baramdyka sostiene haber tenido conocimiento del contrabando de 12 toneladas de cocaína de Chile a Europa y EEUU en los años 1986 y 1987.
La Mira Láser
El 21 de diciembre de 1990, el Registro Civil denunció la pérdida de 134 pasaportes, iniciándose un proceso en el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago. Dos de los documentos de identidad fueron incautados el 18 de mayo del mismo año en la ciudad de Roma (Italia) al ciudadano chileno Alejandro Ramírez Cáceres. Los pasaportes iban a ser entregados nada menos que a Edgardo Bathich De esta misma partida de pasaportes, al menos cuatro documentos fueron extendidos con identidades adulteradas a Augusto Pinochet, los que sirvieron para que éste abriera sus cuentas en el Banco Riggs y estableciera sus sociedades en paraísos fiscales.
Ese mismo año, el Presidente Patricio Aylwin –recién instalado en La Moneda– se lanzó en una misión crucial y designó como jefe de Investigaciones al general (R) Horacio Toro.
A los pocos días de asumir el cargo, Toro recibió una información inquietante: a fines de 1989, un joven colombiano llamado Jesús Ochoa Galves se había instalado en el país. El sujeto era pariente del clan de los Ochoa Vázquez, los capos del cartel de Medellín. Su vínculo con Chile era Bathich y la empresa Focus Chile Motores, la única cuyo recinto contaba con helipuerto autorizado por la Dirección de Aeronáutica Civil.
La lógica indicaba una suma matemática fácil de resolver. Si Ochoa Gálvez era socio de Bathich y éste estaba vinculado con Marco Antonio, la inteligencia militar tendría también allí sus garras. Pero además, la firma y el colombiano eran representados por el abogado Héctor Novoa Vásquez.
Las sospechas de Investigaciones se redoblaron en 1992 cuando Bathich fue detenido en el aeropuerto madrileño de Barajas, junto a Monzer Al-Kassar, en momentos en que se disponían a seguir rumbo a Viena en un Lear-jet privado, matrícula OE GBR. Ese mismo avión, de propiedad de los Al-Kassar, fue utilizado en 1986 para rescatar de Italia a Abu Abbas, el terrorista palestino responsable del secuestro del barco de pasajeros “Achille Lauro”. Días más tarde, el juez Baltasar Garzón, a cargo del caso, sin sospechar a quién tenía en sus manos, ordenó la excarcelación del chileno, que viajaba con un pasaporte sirio a nombre de Yamal Bathich. El juez español mantuvo en cambio a Monzer Al-Kassar bajo arresto para procesarlo por los delitos de falsificación de documentos, tráfico ilegal de vehículos, tenencia ilícita de armas y participación en actos de terrorismo internacional. Años más tarde, luego de que todos los testigos o murieran en extrañas circunstancias o se retractaran, Al-Kassar fue sobreseído. Según los investigadores, Monzer Al-Kassar, uno de los capos de la llamada “mafia siria”, mantuvo estrechos vínculos con la Cosa Nostra siciliana y con los carteles colombianos.
En diciembre de 1992, la suerte de Bathich cambió radicalmente. El Servicio de Impuestos Internos se dejó caer en las oficinas de Focus Chile Motores. En la mañana del 7 de diciembre, un grupo de inspectores se presentó en las oficinas de la empresa y selló todos los cajones y muebles que contenían documentación. Al día siguiente, los inspectores descubrieron que todos los sellos habían sido violados. Hombres de Bathich habían ingresado al recinto la noche anterior. Los documentos contables habían desaparecido. En uno de los patios internos humeaban aún las cenizas de papeles y archivos. Los detectives de la Brigadas de Narcóticos y Delitos Económicos de Investigaciones encontraron un pequeño arsenal: escopetas recortadas, cascos de guerra, chalecos antibalas, pistolas, revólveres, municiones y una pistola Uzi con mira infrarroja.
El 9 de diciembre de 1992, Bathich salió del país rumbo a Argentina para instalarse en el palacio Mifadil que posee Al-Kassar en Marbella (España). Dos día más tarde, Jesús Ochoa Galvis, su socio colombiano, escapó con toda la familia. Finalmente, este proceso terminó con multas y penas remitidas de cárcel. Bathich no volvió a Chile sino hasta mediados de los ’90, pasó unos meses en la cárcel y salió en libertad bajo fianza.
“Todos Eran Viciosos”
Pinochet, por otro lado, se ajustaba a la transición democrática. Sus relaciones con Aylwin fueron siempre tensas. Sobre todo cuando las agrupaciones de derechos humanos iniciaron en 1990 la ofensiva judicial contra los agentes de la dictadura. El análisis de la inteligencia militar de la época era claro: el chaparrón mojaría a todos por igual.
El ex dictador, entonces, cortó por lo sano. Creó el Departamento Cuarto, que no era sino un grupo de abogados que, coordinados por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), defendían a los militares que iniciarían el desfile por los tribunales.
Pero había uniformados con situaciones judiciales más complejas. Era el caso del ex agente de la CNI capitán Luis Arturo Sanhueza Ros. Este último estaba inculpado del crimen del empresario gastronómico Aurelio Sichel, como también del homicidio del vocero del MIR Jécar Neghme, ocurrido en septiembre de 1989. Fue entonces cuando el ex dictador dio la orden al jefe de la DINE, general Hernán Ramírez Rurange, para que lo sacara de Chile, según declaraciones judiciales del propio Ramírez Rurange.
Pero las cosas empeoraron para Pinochet en junio de 1991, cuando la Corte Suprema nombró al ministro Adolfo Bañados para sustanciar el proceso por el homicidio –cometido en Washignton en 1976– del ex canciller Orlando Letelier.
Paralelamente, el abogado Jorge Mario Saavedra presionaba por otro flanco para que el autor intelectual del crimen de Tucapel Jiménez, el mayor Carlos Herrera Jiménez, enfrentara la justicia.
La operación silencio diseñada, según el ex jefe de la DINE, por Pinochet, conocida también como “control de bajas”, inició el segundo acto: Herrera Jiménez fue sacado también hacia Argentina y luego a Uruguay por la Unidad Especial de la DINE, dirigida por el jefe de la avanzada de Pinochet en el extranjero, el mayor Arturo Silva Valdés, conocido como “El Príncipe”.
El ministro Bañados había citado al ex químico de la DINA Eugenio Berríos a declarar en el caso Letelier. Las alarmas de la inteligencia militar se encendieron de inmediato. Berríos trabajó en la DINA, precisamente en la casa que el organismo tenía en la calle Vía Naranja de Lo Curro, junto a Michael Townley.
La situación de Berríos era sumamente compleja, ya que, además, podía dar a conocer el proyecto Andrea: la creación de gas sarín, de toxina botulínica, entre otros venenos usados para matar a los opositores al régimen militar. Encargado del proyecto Andrea, después de que Townley fuese enviado a EEUU, fue el entonces mayor Gerardo Huber.
Pero el químico también guardaba otro secreto: su vínculo con el narcotráfico, con peruanos ex agentes de inteligencia militar, chilenos prestamistas y militares.
Las declaraciones judiciales de uno de los narcos vinculado con el químico, militares y carabineros son reveladoras. Se trata del peruano Justo Cornejo Hualpa, cuya parcela en Pirque contaba con modernos sistemas de seguridad, guardaespaldas y vínculos con la ex CNI. Este último entregó una versión que da luces del por qué la inteligencia militar chilena protegió al ex químico de la DINA y después lo asesinó antes de que el ex dictador viajara a Uruguay en febrero de 1993.
“A mi finca iba la alta sociedad chilena, políticos, militares, congresistas; hasta a los hijos y sobrinos de Pinochet los vi alguna vez. Todos eran viciosos, todos eran amigos”, declaró Cornejo Hualpa.
Y así fue como Berríos fue sacado de Chile en octubre de 1991 con destino a Uruguay, a través del paso Monte Aymond de Punta Arenas. Allí permaneció hasta noviembre de 1992, última vez que se le vio con vida.
Berríos pertenecía a una potente red de tráfico de cocaína que abastecía de drogas a Australia y Europa. Más de una vez se reunió en Argentina y Montevideo con sus socios narcotraficantes, todo esto mientras estaba bajo la estricta custodia de la inteligencia militar chilena y uruguaya.
El Misterioso Coronel
A principios de los ’90, el narcotráfico se mezclaba con la alta sociedad de Viña del Mar. El empresario Manuel Losada traficaba drogas con los carteles colombianos. Como se relató en una nota de LND el pasado 7 de mayo, el representante del cartel de Cali y después de Medellín, Carlos Zuluaga, tenía dos contactos importantes, tanto para llevar la droga fuera de Chile como para traer desde Europa los narcodólares colombianos. La cocaína era distribuida en ese continente por la Cosa Nostra, liderada entonces por Bernardo Provenzano.
El primero era un coronel de Inteligencia militar; el segundo, un conocido industrial chileno. En 1998, Losada acabó detenido en el marco de la operación Océano. Años antes también cayó Zuluaga.
Traían la cocaína desde Mendoza para reelaborarla en Caleta Abarca, Viña del Mar, donde la transformaban en líquido. En 1991, según las confesiones de Zuluaga, salieron de Chile 150 kilos del alcaloide a Estados Unidos en 360 botellas de vino de la Viña Manquehue, sin que esta firma tuviera alguna responsabilidad. Y justamente en Caleta Abarca vivía un peruano experto en licuar la cocaína. Se trata de Máximo Isidro Bocanegra Guevara, ex agente de Inteligencia militar peruana, que formaba parte de la organización criminal que integraba Berríos. El peruano fue detenido en junio de 2001 por el OS-7 de Carabineros, precisamente por un laboratorio de este tipo.
Un Eslabón Perdido
En diciembre de 1991, un cargamento de armas chilenas fue descubierto en Budapest (Hungría), rotulado como ayuda humanitaria. El pato de la boda se llamaba Gerardo Huber Olivares, coronel de Ejército y jefe del Departamento de Adquisiciones en el Exterior de la Dirección de Logística. Había sido jefe de Berríos durante los años del proyecto Andrea y encargado de la Planta de Químicos del Ejercito en Talagante.
La operación, sin embargo, había comenzado en abril del mismo año con la llegada a Chile de dos personajes: el ex espía inglés Sydney Edwards y el nazi croata Vladimir Secen. Ambos jugaban distintos roles para un mismo fin: armar a los neonazis croatas contra los serbios. Secen será vinculado por la prensa argentina con los servicios de Inteligencia militar en Chile. En los primeros meses de 1992, Monzer Al-Kassar, que también traficaba armas a Croacia, viajó en dos oportunidades a Chile.
Debido al escándalo que produjo el hallazgo en Europa oriental, la Justicia chilena nombró ministro en visita a Hernán Correa de la Cerda para llevar adelante el caso. Una de las primeras diligencias que realizó el magistrado fue interrogar a Huber. Este último se declaró inocente, pero a diferencia del resto de los involucrados dijo que debían preguntarle mayores detalles al general Florencio Tejos, entonces jefe de material de guerra del Ejército. Ese solo hecho puso en alerta a la Inteligencia militar y a Huber fue apartado con una licencia médica por estrés.
Se refugió en el Cajón del Maipo, en casa de su amigo Elwin Tapia. Permaneció allí hasta el 29 de enero de 1992, no sin antes quemar una serie de documentos que comprometían al alto mando institucional de la época. Ese mismo día desapareció sin dejar rastro hasta el 20 de febrero, cuando su cuerpo fue encontrado en el lecho del río Maipo con un tiro en la cabeza.
Con el paso de los años, varias piezas se han ido uniendo. En julio de 2004, el Senado norteamericano entregó el informe sobre las actividades de lavado de dinero de distintos dictadores, entre ellos Augusto Pinochet. Allí apareció por primera vez su fortuna en el Banco Riggs de Estados Unidos y en otras entidades financieras de Europa y paraísos fiscales. Hasta ahora, la cifra llega casi a los 30 millones de dólares.
Poco a poco, la olla se ha ido destapando. Por ejemplo, la muerte del químico de la DINA Eugenio Berríos. Este homicidio no sólo tuvo motivaciones políticas, sino que además Berríos tuvo conocimiento directo de las actividades ilícitas del círculo cercano de Pinochet. Aparentemente, Huber no quiso ser sacado de Chile. ¿Por qué lo asesinaron? ¿Qué sabía?
[Fuente: La Nación, Santiago de Chile, 21may06]
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