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A los 11 federales detenidos se sumó el segundo de la Delegación

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Con la detención del subcomisario Carlos Acosta, ya suman 12 los involucrados en el caso más importante de los últimos tiempos y que tuvo, como pocas veces, a las dos fuerzas: Gendarmería y Policía Federal, involucradas y a la Justicia Federal como mediador y responsable máximo. Esta investigación se inició cuando los gendarmes advirtieron -escuchas mediante- algunas “cosas raras” en diferentes allanamientos realizados por los hombres de azul, en especial en locales de videojuegos.

Y lo que empezó como una investigación por narcotráfico terminó involucrando a la plana mayor de la delegación local de la Policía Federal Argentina. Los delitos a los que se enfrentan los policías son: exacciones ilegales (coimas), extorsión, ocultamiento de pruebas, falsedad ideológica y -el más grave- asociación ilícita.

Ayer todos, con el patrocinio legal de Carlos Reig, Guillermo Nievas y Jorge Miranda, optaron por seguir al pie de la letra el “ABC” de la defensa y se abstuvieron de declarar. “Ya habrá tiempo para hablar”, confió uno de los abogados. La gravedad de la acusación y la cantidad de involucrados, hizo ampliar el abanico defensivo. Y a la experiencia de Reig, defensor de decenas de policías (entre ellos al comisario Carlos Plácido Escobar en el caso Bordón, donde obtuviera su absolución lisa y llana), se le sumó Miranda, quien supo ser secretario de estos mismos tribunales, y Nievas, ex funcionario judicial de la provincia.

Ayer los Tribunales Federales volvieron a revivir tiempos pasados. Cámaras, micrófonos y periodistas coparon el tercer piso, que en esta oportunidad estuvo custodiado por media docena de efectivos de la Gendarmería Nacional. Así como sobre este mismo escenario pasaron Amira Yoma, Elsa Serrano, Monzer Al Kassar y decenas de imputados por el caso Banco Mendoza, en sus dos versiones. Ahora los protagonistas fueron los doce efectivos de la Federal, con Daniel Ouviñas Salgueiro y Carlos Acosta, a la cabeza como máximas autoridades de la delegación. También cambió el juez. Antes fueron Roberto Burad y más tarde Luis Leiva. Uno integra ahora el Tribunal Oral, mientras que el segundo fue removido después de un juicio ante el Consejo de la Magistratura.

Hoy el Juzgado Federal N̊ 1 es responsabilidad de Walter Bento y él está al frente de esta investigación, que aún mantiene el secreto de sumario, impuesto el pasado martes 14 y que se puede extender a lo largo de 10 días corridos. Precisamente el magistrado, que a primera hora habló -vía telefónica- con Magdalena Ruiz Guiñazú, después de tomar las indagatorias de forma, cerca de las 15, dialogó con la prensa local. Y se refirió a la función del Poder Judicial que integra y de la necesidad de que la gente denuncie los hechos, "para así poder aplicar la ley". También, desde su comentario, trató de evitar que estos delitos investigados "salpiquen a toda la fuerza". Sobre la causa no agregó nada nuevo, aunque reconoció que se está trabajando a tiempo completo para "darles a los detenidos las garantías de defensa", oportunidad en que no descartó que el secreto del sumario "pueda ser levantado antes de tiempo".

Modus operandi

Según pudo reconstruir Los Andes, la presencia de efectivos de la Federal con una orden de allanamiento (en verdad fotocopias con datos falsos), anticipaba a los comerciantes un procedimiento “difícil”. Estos ocurrieron hace algunos meses atrás y motivaron ahora una catarata de denuncias contra los efectivos policiales, muchos de los cuales fueron reconocidos en rueda de personas durante la madrugada del miércoles. Hoy nadie quiere hablar, ni mucho menos aparecer con nombre y apellido. “Tenemos miedo, porque esto recién empieza y los involucrados no son cualquier cosa...”, confió una de las víctimas.

[Fuente: Los Andes, Mendoza, Arg, 16ago07]

Informes sobre corrupción y crimen organizado

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