Las violaciones a los derechos humanos
en el primer semestre de 1996
Compiladas por
OIDHACO - Oficina Internacional de Derechos Humanos
Acción Colombia
OIDHACO (Oficina Internacional de Derechos Humanos - Acción Colombia) ha recopilado en este
documento algunos casos que ilustran las violaciones a los derechos humanos ocurridos en Colombia
en lo que va corrido del año. Su contenido se sustenta en la abundante información recibida por parte
de las siguientes Organizaciones colombianas:
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos -ASFADDES-, Asociación para la Promoción
Social Alternativa -MINGA-, Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, Colectivo de Abogados
José Alvear Restrepo, Comisión Colombiana de Juristas, Corporación Jurídica Libertad, Comité de
Derechos Humanos Semillas de Libertad, Corporación Servicios Profesionales Comunitarios -Sembrar-, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP-, Organización Nacional Indígena
de Colombia ONIC, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y Grupo de
Atención a Desplazados -GAD-.
Introducción
En la pasada sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, el gobierno colombiano aceptó la apertura de una Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas en el país. Tal voluntad se materializó en la
Declaración del Presidente de la Comisión, el pasado 19 de Abril. Sin embargo,
hasta la fecha la Oficina no ha sido instalada. El gobierno ha dilatado la firma de
los termines de referencia previamente acordados. En el entretanto, la situación
de los derechos humanos ha ido deteriorándose cada vez más.
La desaparición y asesinato de personas consideradas de oposición, la represión
violenta de cualquier manifestación de protesta social, el desplazamiento masivo
de campesinos hacia los cordones de miseria de las grandes ciudades, el
hostigamiento y señalamiento constante de los defensores de derechos humanos,
la limpieza social dirigida contra personas consideradas marginales, las sucesivas
masacres de campesinos y trabajadores, la detención arbitraria de pobladores de
zonas de conflicto, los litigios agrarios que afectan por igual a campesinos e
indígenas enfrentados a grandes terratenientes, la práctica de la tortura como
mecanismo de intimidación y terror, sumados a la violencia callejera y el
desarraigo social de los sectores más empobrecidos de la población urbana y
rural, son hechos cotidianos que reflejan la situación de un país sumergido en un
círculo vicioso de represión e impunidad.
Al amparo de la crisis de legitimidad y gobernabilidad por la que atraviesa la
administración del Presidente Ernesto Samper, la frágil estructura del Estado de
derecho se ha ido debilitado progresivamente a través de las medidas legislativas
adoptadas en virtud del Estado de Conmoción Interna declarada por segunda vez
en noviembre de 1995 por el actual gobierno. El estamento militar ha visto
fortalecido sus poderes, siendo el ejemplo más ilustrativo de ello la declaratoria
de "Zonas Especiales de Orden Público". Las facultades que de su declaratoria se
derivan para los Comandantes Militares, termina por desnaturalizar
completamente la autoridad civil en dichas zonas. Paralelamente, el control de los
grupos paramilitares en vastas regiones del país adopta de forma contundente la
táctica de limpieza y redoblamiento de zonas consideradas económicamente
estratégicas en el marco de la lucha contrainsurgente.
En este contexto las expectativas generadas al inicio del actual gobierno, de
buscar una salida negociada al conflicto armado se encuentran totalmente
diluidas, mientras el giro de los acontecimientos pone de manifiesto una mayor
intensidad de la confrontación armada y polarización política del conflicto.
En materia económica la ineficacia de - El salto social - "modelo neoliberal
moderado" a generado la movilización social a todo lo largo del territorio nacional.
La sumatoria de estos factores ofrece un panorama poco alentador de violencia,
represión y violaciones a los derechos humanos apoyados sobre una sólida base
de impunidad.
Incursiones paramilitares
Durante el primer semestre del año los grupos paramilitares han incrementado su accionar en
vastas regiones del pais. Paradójicamente, es en las zonas meas militarizadas en donde se registra
un mayor volumen de incursiones paramilitares.
Ocaña.
En la Provincia de Ocaña ubicada en el departamento del Norte de Santander, vienen operando
grupos paramilitares identificados como "Los Tunebos", "Los Ovejos" y "Colsinguer". En la
segunda semana de enero tales grupos se dirigieron a los comerciantes de Ocaña exigiendoles su
presencia en una reunión a celebrarse el 21 de Enero en el corregimiento del "Burro"
jurisdicción del Sur del Cesar. De manera verbal se les insistió en que los comerciantes que no
asistieran tendrían una multa de un millón de pesos y no se respondería por sus vidas. A los
asistentes se les garantizarla la seguridad desde el sitio de partida hasta el sitio de encuentro y
estarían protegidos en el lugar de reunión por miembros del Ejército Nacional.
Magdalena Medio.
El reclutamiento forzado por parte de los grupos paramilitares es una práctica que persiste. Según
el testimonio de una persona obligada a ingresar a la estructura paramilitar que opera en El
Carmen y San Vicente de Chucura, departamento de Santander, en esta zona existen bases
paramilitares en las veredas: Alto Viento, Llana Fría, La fe, Peña de Oro, La Plazuela, El Trianón,
Nuevo Mundo, Mirabal y Cerro de la Magdalena. La base paramilitar del Cerro de la Magdalena
cuenta con aproximadamente 38 paramilitares acantonados a muy poca distancia de las
instalaciones del Batallón Luciano D'Elhuyart, bajo el mando de los Comandantes "Rayo",
"Robinson y "Moncho", quienes con frecuencia se desplazan al Comando del Batallón. El testimonio
hace igualmente referencia al cobro de cuotas a los campesinos de la región y su Obligación de
prestar guardia. De no cumplir con tales exigencias les quedan dos opciones: desplazarse de la
región o ser victima de homicidio. Brutales métodos de tortura son utilizados en dichas bases contra
miembros del grupo paramilitar que hayan incumplido ordenes.
En jurisdicción del municipio de Cimitarra, departamento- de Santander, en la primera semana de
Mayo otro grupo paramilitar se desplazó por varias veredas, montando una base paramilitar en la
vereda Vuelta Acuña. Las amenazas contra la población residente en la vereda generó una ola de
desplazamiento de sus pobladores.
Sur del Cesar.
El 8 de Mayo en el cruce que separa las vías que conducen a la vereda el Terror y Caño Arenas,
a escasos kilómetros del municipio de Pailitas, un grupo paramilitar instaló un reten obligando
a los transeúntes a permanecer por algunas horas. Luis Fuentes Márquez y Luis Uribe,
conductores de vehículos destinados al transporte público, fueron asesinados en presencia de los
demás retenido después de haber sido brutalmente torturados.
Sur de Bolívar.
El 21 de marzo, un grupo conformado de 20 hombres fuertemente armados, que se identificaron
como miembros de "Autodefensas Campesinas de Colombia", se tomó el corregimiento de Bodega
Central, localidad ribereña en jurisdicción del municipio de Morales. Una vez taponadas las vías de
ingreso al corregimiento, procedieron a golpear violentamente las viviendas ordenándole a sus
habitantes a salir. Pintaron las paredes con consignas como: "Guerra contra el ELN y las FARC".
Concentraron a toda la población Obligándola a permanecer en el piso y manifestaron tener una lista
de 15 personas señaladas como colaboradores de la guerrilla contra quienes procederían después.
Delante de toda la población, asesinaron Marcelino Arango Alfaro y Gilberto Arvelaez Jiménez.
Luego obligaron a uno de sus habitantes a transportar al grupo paramilitar a la otra orilla del río, en
donde se encuentra ubicado el corregimiento Lomas del Corredor. Allí procedieron a llamar a lista,
sin encontrar a las personas mencionadas en ella. Según versiones de los pescadores a 12 kilometres
por río del lugar de los hechos se encontraba ubicada una lancha Guardacostas de la Armada
Nacional y un remolcador con soldados del Ejército Nacional.
Antioquia.
En la región de Murrí que comprende los municipios de Dabeiba, Murindo y Frontino, 100 hombres
fuertemente armados y vestidos con prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas irrumpieron
a la vereda La Blanquita manifestando ser miembros de las "Autodefensas Campesinas". La agresión
física contra los pobladores y la amenaza de ser asesinados si no abandonaban la región conllevó a
un desplazamiento masivo de la población.
Aproximadamente 450 personas desplazadas del área con posterioridad al ingreso del grupo
paramilitar se hallaban en el mes de mayo, concentradas en los Corregimientos de Nutibara y
Munguruma, jurisdicción del municipio de Frontino, en precarias condiciones de subsistencia.
El 9 de julio un grupo paramilitar integrado por 40 hombres que vestían prendas de uso privativo de
las Fuerzas Armadas, hizo presencia el Corregimiento de Pato, jurisdicción del municipio de
Zaragoza. Allí se dirigieron a la vivienda de Elvia Regina Cuello y Ezequiel Antonio Urang, los
sacaron de la misma y procedieron a asesinarlos a las afueras del corregimiento por considerarlos
simpatizantes de la guerrilla. Antes de abandonar el pueblo manifestaron que volverían para ajustar
cuentas con las personas que no habían encontrado. Según versiones de los pobladores es posible
que la acción haya sido ejecutada por el grupo de paramilitar dirigido por alias "el Mocho", de quien
se dice es un ex agente del DAS del municipio de Caucasia. La señora Cuello había recibido con
anterioridad amenazas por parte del mencionado grupo.
Uraba.
El 27 de junio el Grupo Paramilitar autodenominado "Movimiento de Autodefensas Campesinas de
Uraba y Córdoba" incursionó en el municipio El Carmen del Atrato, departamento del Choco,
arrojando una granada de fragmentación y difundiendo un comunicado sobre sus acciones con una
lista de personas sentenciadas a muerte, entre las que se encuentran algunos miembros del Comite
de Derechos Humanos del municipio.
Desplazados Internos
Según los organismos de derechos humanos dedicados a la atención de población desplazada, el
volumen actual de desplazados asila alrededor de las ochocientas mil personas. En tan solo 15 meses
de la administración del Presidente Ernesto Samper 127.870 personas han sido desplazadas.
Antioquia, Cesar, Sucre, Boyacá y Meta se cuentan entre los departamentos más afectados en la
actualidad [Cf. "Éxodo", Boletín sobre el desplazamiento interno en Colombia, Marzo - Abril de 1996, número 2].
El fortalecimiento y expansión de grupos paramilitares es un factor que incide de manera directa en
el aumento promedio de la población desplazada en este periodo. La estrategia paramilitar busca
mediante el desplazamiento, el repoblamiento de zonas consideradas estratégicas dentro de una
concepción de "consolidar posiciones" en el marco del proyecto contrainsurgente, que cuenta con
el apoyo de gremios económicos y sectores politices de los partidos tradicionales.
Según Monseñor Jaime Prieto, Obispo de Barrancabermeja, 18.000 hectáreas de tierra habrían sido
compradas por testaferros de los paramilitares en los últimos dos años en el Magdalena Medio.
En el mes de junio, 603 campesinos provenientes de áreas rurales los municipios de Mutatá,
Arboletes, Turbo, Chigorodo, Carepa y Apartado, realizaron un éxodo masivo hacia el municipio
de Apartado. La razón del desplazamiento estaba relacionada con las numerosas violaciones a los
derechos humanos cometidas por los paramilitares y el ejército en sus lugares de residencia. El 19
de junio mientras se encontraban concentrados en el estadio del Municipio a la espera de ser oídos
por representantes del gobierno Nacional, fueron asesinados los campesinos Rafael Gutiérrez y
Dinas Piedrahita, participantes del éxodo. Igualmente, el 22 de junio fue asesinado el Concejal de
Apartado Arsenio Córdoba, quien estaba colaborando activamente en la búsqueda de soluciones
para las familias desplazadas.
Violaciones contra miembros de partidos políticos de
oposición
Desde que la Unión Patriótica se constituyó como movimiento político en 1985, más de dos mil
quinientos de sus militantes han sido asesinados. En el mes de abril Aída Abella, Presidente de la
Unión Patriótica había denunciado públicamente y ante el Ministro de Defensa Juan Carlos
Esguerra, la existencia de un plan de exterminio contra los dirigentes del Partido Comunista
Colombiano y la Unión Patriótica denominado "Golpe de Gracia II", en el que estarían involucrados
miembros de Inteligencia militar. Pese a ello, los actos de violencia contra sus miembros
continuaron.
De la misma manera, la violencia contra miembros de organizaciones armadas de Oposición
incorporadas a la vida civil y contra dirigentes de movimientos políticos regionales se mantuvo.
Evidenciando así un alto grado de intolerancia política frente a aquellas opciones consideradas
criticas del establecimiento.
Homicidio de Carlos Durango y Marcelino Medellín.
Integrantes de la dirección Central del Partido Comunista en Uraba. Asesinados el 3 de mayo.
Homicidio de Pedro Malagón.
Diputado ante la Asamblea del Meta de la Unión Patriótica y Secretario del Partido Comunista en
el Departamento del Meta. Fue asesinado junto con su hija de 15 años, en la terraza de su casa
ubicada en la ciudad de Villavicencio, el 20 de junio pasado. Pedro Malagón había sucedido en su
cargo al diputado José Rodrigo García también asesinado. Es de resaltar que este hecho se produjo
con posterioridad a que el Departamento del Meta fuese declarado " zona especial de orden público".
Homicidio de Arsenio Córdoba.
Ocupaba el cargo de Concejal en el Municipio de Apartado, región del Uraba Antioqueño. Fue
ultimado por sicarios cuando salla de la sede del concejo Municipal, el 22 de junio.
Atentado contra Aída Abella.
Presidente de la Unión Patriótica y Concejal por Santa fe de Bogotá, Distrito Capital. El 7 de Mayo
en una congestionada Autopista situada al Norte de la capital, tres hombres dispararon un Rocket
contra el vehículo en que se desplazaba y huyeron en Contraria abriendo fuego con armas de corto
alcance. El blindaje del carro y la rápida respuesta de sus escoltas evito que se consumara el
homicidio.
Antes de salir al exilio la Presidente de la Unión Patriótica acuso como responsables del hecho a los
grupos paramilitares con el apoyo del Comandante del Ejército, General Harold Bedoya Pizarro.
`
Desaparición de Jhon Jairo Giraldo.
Miembro de el movimiento armado desmovilizado "Corriente de Renovación Socialista".
Permaneció detenido en la cárcel de Bellavista de Medellín, por un periodo de tres años en donde
recibió reiteradas amenazas de muerte. Al salir en libertad se tomaron varias precauciones para
proteger su seguridad entre ellas el mantenerse alejado de su circulo familiar. Desde el 24 de abril
sus allegados desconocen su paradero. Dados los antecedentes sus familiares consideran que fue
victima de una desaparición forzada.
Homicidio de Auden Pinzón Carreño.
Joven dirigente del Movimiento de Integración Cívico Comunal de Pailitas, departamento del Cesar.
El 8 de febrero Auden Pinzón se encontraba administrando un negocio llamado el "Club Ganadero",
ubicado en el mismo municipio. Dos hombres ingresaron y le solicitaron algo de beber al proceder
a atender el pedido los hombres le propinaron varios disparos causando su muerte instantánea.
Varios dirigentes del mismo movimiento han sido asesinados en los ultimes tres años.
Violaciones contra comunidades indígenas.
Los actos de violencia ejercidos contra los indígenas contrastan con el reconocimiento y
participación política reconocida en la Constitución Colombiana. Los conflictos de intereses con
Compañías multinacionales, la problemática de tierras de sus reguardos en disputa con grandes
terratenientes, el cultivo de sustancias estupefacientes, ligado al problema de los métodos de
fumigación y sustitución de cultivos en sus territorios y la presión ejercida contra ellos por las
fuerzas en conflicto, son algunos de los elementos que los convierten en blanco de continúas
violaciones a sus derechos.
El pasado 5 de julio diversas comunidades indígenas decidieron tomarse pacíficamente la sede de
la Conferencia Episcopal Colombiana. Su objetivo era instar al gobierno nacional a la instalación
de una mesa de concertación sobre la política indigenista y las garantías de protección dirigidas a
contrarrestar la violencia ejercida contra su población. En varios departamentos fueron igualmente
tomadas las instalaciones del Instituto Nacional de la Reforma Agraria INCORA.
Comunidad Zenú.
Asentados en territorios de afluencia del río Zenú entre los departamentos de Córdoba y Sucre. Los
indígenas Zenúes han soportado en los últimos años una fuerte represión ejercida contra la población
del Resguardo de San Andrés de Sotavento. En los últimos 10 años varios dirigentes de la
comunidad han sido asesinados. En lo que va corrido del año, el 16 de mayo fue asesinado el
dirigente Manuel Beltrán, en el resguardo de San Andrés de Sotavento. El 25 de mayo fue
asesinado el Secretario General del Cabildo Mayor Alejandro Teherán. El 3 de junio, en la Casa
indígena del municipio de San Andrés de Sotavento, es introducido un volante anónimo en que se
amenazaba de muerte a todos los dirigentes de la comunidad si no abandonaban sus tierras. El 5 de
junio, un grupo de hombres encapuchados y fuertemente armados llegó en horas de la madrugada
la "Finca la Fortuna", sacó de sus casas a Dagoberto Centeno, Julio Centeno, Carlos Solano y
Milesio de la Cruz y asesinó a los tres primeros en la plaza principal de la Comunidad. El 2 de julio
fue asesinado en el Reguardo de San Andrés de Sotavento, el dirigente Saúl Baltasar.
Comunidad wayúu.
La Comunidad Wayúu, asentada en el Departamento de la Guajira, ha venido denunciando la
malversación oficial de fondos destinados a su resguardo, así como la existencia de proyectos
oficiales tendientes a romper la unidad de la comunidad. Tal situación viola la autonomía indígena
y la política de concertación que debe regir las relaciones entre el Estado y las Comunidades
indígenas.
Comunidad U'wa.
La Comunidad U'wa se encuentra ubicada en territorios comprendidos entre los Departamentos de
Santander, Arauca y Boyacá. Recientemente los U'wa han denunciado la manera como la Compañía
OXY intenta imponer su proyecto de explotación petrolífera sin respetar las leyes de protección a
las comunidades indígenas y vulnerando las tradiciones propias de su cultura que rigen en sus
territorios.
Violaciones contra defensores de Derechos Humanos
Pese a que las organizaciones de derechos humanos han obtenido el reconocimiento publico del
gobierno nacional sobre la importancia y legitimidad de su labor, los hostigamientos y señalamientos
en su contra por parte del estamento militar han sido reiterativos a lo largo del año.
Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos -Asfaddes-
Debido al hostigamiento constante perpetrado contra Gloria Herney Galindez, miembro de la junta
directiva de la Asociación, en el mes de enero Gloria Herney junto con su familia se vio precisada
a salir al exilio. En el mismo lapso, los miembros de la sección de Asfaddes en Riosucio fueron
victimas de hostigamientos constantes por parte de funcionarios de la Fiscalía. Dicha seccionad
estimó que la causa de la presión está relacionada con la labor de denuncia e investigación asumida
respecto de la desaparición, tortura y posterior asesinato de la niña de 12 años Yulith Natalia Alape,
en la que aparece involucrado un agente de policía. Así mismo, Bertha Cecilia Ardila perteneciente
a la Sección de Asfaddes - Cundinamarca fue objeto de seguimientos Continuos durante el mes de
mayo.
Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz.
El 2 de enero de 1996, la Unidad de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación profirió
orden de captura contra el ex alcalde del municipio del Carmen de Chucuri Timoteo Rueda por su
vinculación con grupos paramilitares en la región. De inmediato el Comandante del Ejército General
Harold Bedoya Pizarro se apresuró a censurar la medida acusando al Padre Javier Giraldo,
Secretario General de Justicia y Paz como artífice de la misma y "parlante de la subversión (sic) ".
["El Espectador", "El general Bedoya defiende sus acciones", 9jun96, pág. 7]
El General Retirado Álvaro Valencia Novar en su columna habitual en el diario El Tiempo dedicó
una artículo al suceso titulado "Atropello Aberrante". Textualmente refiriendose al Padre Girando
dice " -quien combina su encomiable amor por los derechos humanos con un incomprensible odio
visceral contra el ejército- persiste en su animo persecutorio contra ciudadanos de El Carmen
señalados como paramilitares por personas a todas luces vinculadas con redes urbanas y en algunos
casos rurales en la subversión" ["El Tiempo", "Atropello Aberrante", 1feb96].
Anteriormente, el Padre Giraldo fue denunciado penalmente por el mismo General Bedoya Pizarro.
La investigación fue archivada por falta de mérito en la acusación.
Brigadas Internacionales de Paz.
El 8 de junio en la ciudad de Barrancabermeja dos integrantes del Equipo de Brigadas
Internacionales de Paz fueron detenidas por la policía. Posteriormente, fue requisada su vivienda e
interrogadas en el comando de policía. La policía justificó el hecho sobre la base de un presunto
informe de inteligencia en el que consta el acompañamiento por parte de Brigadas a una dirigente
de un grupo armado de oposición, quien además estaré a siendo ocultada en la residencia de los
miembros del equipo de brigadas en Barrancabermeja. La retención de los miembros de Brigadas
Internacionales de Paz ha sido interpretada como una señal de hostigamiento del alto mando militar
a la actividad de acompañamiento internacional por parte de organizaciones humanitarias. La
actividad del equipo de Brigadas en Colombia se centra en el acompañamiento a defensores de
derechos humanos que han sido hostigados o amenazados.
Asociación par la Promoción Social Alternativa -Minga-.
El 22 de junio en inmediaciones del municipio de Pelaya, departamento del Cesar Adriana Salazar
y Fernando González, miembros de dicha institución fueron detenidos en un reten policial. Los
agentes los obligaron a bajar del bus en que viajaban para ingresar a las instalaciones del Comando
de Policía. Una vez allí les fueron revisadas todas sus pertenencias. Después de verificados sus datos
personales el Oficial al frente del Comando les informó que la retención obedecía a una llamada
recibida de la SIJIN Valledupar y de Inteligencia de Bogotá. Los dos miembros de Minga habían
detectado seguimientos rigurosos desde el comienzo de su viaje. En 1995 tres integrantes de dicha
organización fueron victimas de una retención similar en el municipio de Aguachina.
El caso de la Hacienda Bellacruz
El 13 de febrero se produjo una incursión paramilitar en la Hacienda Bellacruz, reconocido latifundio
ubicado en jurisdicción de los municipios de la Gloria, Pailitas y Tamalameque, región del sur del
Cesar, reclamado en propiedad por el actual Embajador ante la Unión Europea, Bélgica y
Luxemburgo Carlos Arturo Marulanda Ramírez. El grupo paramilitar integrado por 40 hombres
irrumpió violentamente en las viviendas de los campesinos, hurtando objetos de valor, incendiando
algunas de ellas y golpeando con látigos a sus moradores. Luego, los paramilitares les anunciaron
que debían abandonar la hacienda en un lapso de cinco días. A consecuencia de estos hechos 280
familias campesinas asentadas en la hacienda se vieron obligadas a desplazarse.
Según las denuncias de los campesinos la familia Marulanda Ramírez estaría negociando la
Hacienda con el reconocido paramilitar Víctor Carranza. Tal información se encuentra igualmente
consignada en un informe de la Policía Judicial sobre la presencia de Grupos paramilitares en el Sur
del Cesar.
El objetivo de la negociación de la Hacienda seria el de "limpiar la zona", utilizando el mismo
modelo y personal paramilitar utilizado por Carranza en el departamento del Meta. En la declaración
judicial del ex comandante de Policía de Aguachina Fabián Ríos Cortéz también se hace referencia
al mismo asunto. [División de Policía Judicial e Investigación, Unidad de Delitos contra la Vida e Integridad Personal,
Informe remitido al Brigadier General, 13 de febrero de 1995].
En el mes de marzo, los campesinos desplazados de la hacienda Bellacruz decidieron tomarse
pacíficamente la sede principal del Instituto Nacional de la Reforma Agraria -INCORA-, ubicada
en Santafé de Bogotá. El propósito de los campesinos fue el de llamar la atención del gobierno
nacional en la búsqueda de soluciones al conflicto de tierras con la Familia Marulanda Ramírez. El
otorgamiento de garantías para su seguridad personal y retorno a sus parcelas. El compromiso del
gobierno nacional para promover la correcta investigación de las violaciones a los derechos humanos
cometidas.
Pese a haber logrado un sinnúmero de acuerdos con el Gobierno, contenidos en las actas de
compromiso del 28 de Marzo, 12 de abril y 7 de junio respectivamente, las familias afectadas no han
podido regresar a sus parcelas. La zona continúa bajo el control de los paramilitares. La Comisión
Interinstitucional de investigación pactada en los acuerdos, se ha visto impedida a iniciar sus labores.
El trámite legal de adjudicación de tierras a los campesinos ha sido seriamente obstaculizado por la
presencia paramilitar, aún cuando existe la certeza jurídica en el sentido que una porción de la
Hacienda debe ser debidamente titulada a los campesinos poseedores con anterioridad al desalojo
violento.
Nuevos hechos de violencia siguen perpetrándose en el área entre los que se encuentra el asesinato
de Jaime Laguna, reconocido educador y dirigente campesino.
Según un informe del Ejército Nacional, en relación al caso del desalojo masivo de campesinos de
la Hacienda Bellacruz, conocido en el mes de julio, las organizaciones no gubernamentales que han
venido acompañando a los campesinos en el proceso de negociación con el Gobierno Nacional serían
las responsables del no retorno de los campesinos a la hacienda. Lo anterior, en el marco de una
estrategia liderada por el grupo armado de oposición Ejército de Liberación Nacional - ELN- para
promover la ingobernabilidad de la región, advierte el informe. Las Organizaciones no
gubernamentales que aparecen señaladas en el informe son: la Asociación Nacional de Usuarios
Campesinos -ANUC-, Asociación para la Promoción Social Alternativa -MINGA-, el Comité de
Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP- y el Grupo de Apoyo a Desplazados -GAD -.
La situación en el Municipio de Segovia
Desde septiembre de 1995 las organizaciones de derechos humanos del Nordeste antioqueño venían
denunciando las amenazas contra la población del municipio de Segovia. Tal situación genero una
peregrinación Nacional con ocasión a la conmemoración de los siete años de la tristemente celebre
Matanza de Segovia. [El 11 de noviembre de 1988, un grupo paramilitar fuertemente armado irrumpió al municipio
de Segovia asesinando a 43 personas. Las investigaciones realizadas por las autoridades correspondientes determinaron
la participación en estos hechos de personal perteneciente a las unidades del Ejército y Policía presentes en la zona].
Pese a ello, el ambiente de tensión prosiguió. El 17 de abril pasado se distribuyó en el municipio un
volante suscrito por un grupo denominado "Dignidad por Antioquia" en el que se amenazaba de
muerte a los pobladores que apoyaran la convocatoria de Paro Armado hecha por los grupos armados
de oposición.
El 22 de abril en horas de la mañana, un grupo armado que se movilizaba en un campero ingresó al
municipio, se dirigió primero al barrio de invasión " La Paz " y allá asesinó a cinco personas que se
encontraban en un billar. Luego, en otro barrio de invasión asesinó a cuatro personas más. Prosiguió
su recorrido de muerte dejando un saldo final de quince personas asesinadas, otras tantas heridas y
dos personas desparecidas.
La investigación adelantada por la Fiscalía ha logrado establecer la participación de un oficial del
Ejército en la Masacre. El Capitán Rodrigo Cañas Forero se encuentra actualmente detenido en las
instalaciones de la IV Brigada a ordenes de la Fiscalía, por su participación en el hecho.
El Comandante de la XIV Brigada del Ejército Coronel Álvaro Vargas, generó una Colisión de
Competencias ante el Concejo Superior de la Judicatura, con el objeto de obtener que la
investigación de los hecho pasé a competencia de la Justicia Penal Militar. Según declaraciones del
Coronel para el diario El Colombiano la sindicación del Capitán Cañas en la investigación se debería
a un montaje de la subversión, como retaliación a su buena labor en el municipio de Segovia. ["El
Colombiano", 14may96, pág. 3c]
Con posterioridad al hecho se ha activado toda una campaña de persecución por parte de las
autoridades militares contra el coordinador del Comité de derechos Humanos de Segovia Jesús
Ramiro Zapata. El 26 de Mayo es allanada su vivienda y tal como se ha podido establecer en la
correspondiente investigación, el personal del Ejército que efectuó la diligencia le introdujo material
explosivo con la finalidad de involucrarlo con grupos armados de oposición.
Inmediata, aduciendo tener una orden de captura en su contra por su vinculación a organizaciones
guerilleras. Tras la gestión hecha por los organismos de derechos humanos logró demostrarse que
tal orden no existía y en consecuencia el señor Zapata fue dejado en libertad. Sin embargo, fue
iniciada en su contra una indagación preliminar.
Mediante el decreto 2035 del 10 de Mayo la Gobernación de Antioquia declaró a los municipios de
Segovia y Remedios "Zonas Especiales de Orden Público". En virtud de la medida se fortalecen los
poderes de las Fuerzas Militares acantonadas en la zona. Entre sus facultades se encuentra la
expedición de salvoconductos personales, empadronamiento de vehículos, montaje de retenes
móviles, etc.Para su implementación se ha desplegado un mayor pie de fuerza en los municipios
mencionados, lo que ha contribuido a aumentar la situación de pánico que se vive. El 15 de julio en
horas de la noche las principales paredes de Segovia fueron pintadas con consignas de amenaza a
la población suscritas por el grupo paramilitar MACOGUE. Es de resaltar que a altas horas de la
noche derivado de las medidas de orden público sólo transitan libremente por las calles el personal
militar acantonado en el municipio.
Movilización Social en el Guaviaré
El 13 de julio campesinos provenientes de los municipios de Miraflores, Calamar y el Retorno entre
otros, iniciaron éxodos masivos en protesta por la declaratoria de " zona especial de orden público"
que cobija a todo el departamento. Así mismo, se proponían presentar a su llegada a San José del
Guaviaré un pliego de peticiones al gobierno nacional como alternativa a la difícil situación
económico social que atraviesan a consecuencia entre otros factores, del el fracaso del programa de
sustitución de cultivos implementado por el gobierno en las zonas de cultivo de hoja de coca y los
inadecuados métodos de fumigación y el incumpliendo del plan de inversión social.
Las marchas simultáneas se vieron obstaculizadas por personal militar que mediante el montaje de
retenes militares emprendió violentamente contra los campesinos. Se calcula en alrededor de 40.000
el número de personas que marchan desde diferentes lugares del departamento.
El Batallón Joaquín Paris y las Brigadas Móviles 1 y 2 procedieron a dinamitar la vía que Comunica
el municipio el Retorno con la capital del departamento, como mecanismo para aislar la protesta de
los campesinos, en momentos en que transitaban los labriegos. Veinte campesinos resultaron heridos.
Dos de ellos fueron recluidos en centros hospitalarios bajo pronóstico reservado. Se estima en
veinticinco el número de personas desaparecidas al caer al río durante un choque con un patrullero
de la Armada en momentos en que varias embarcaciones de campesinos navegaban por el río
Guaviaré y otros a pie a la orilla del mismo.
En la última semana de julio, dos mil personas se hallaban retenidas por el Ejército bajo la amenaza
de "No responder si insisten en pasar"en la inspección de San Francisco, jurisdicción del municipio
de San José del Guaviaré. En el entretanto, la capital se encontraba totalmente militarizada y todo
el transporte terrestre y fluvial suspendido por orden militar.
Las protestas campesinas se extendieron a los departamentos del Putumayo y Caquetá, regiones en
donde el conflicto social presenta similares Características. Hasta finales de julio la Comisión
negociadora nombrada por el gobierno no había hecho presencia en las zonas de conflicto,
imponiendose las medidas de fuerza implementadas por las autoridades militares y de policía cuya
consecuencia es un elevado saldo de muertos, detenidos y heridos.
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Editado electrónicamente por el Equipo Nizkor el 22 de octubre de 1996.
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