18sep02
Carta al gobenador del Cauca Floro Tunubala de las comunidades campesinas, indígenas y sociales protestando por el tratamiento recibido por parte del gobierno nacional.
Doctor Floro Alberto Tunubala
Gobernador Departamento del Cauca
E. S. D.Las comunidades campesinas, indígenas y sociales participantes de la movilización Social del Suroccidente Colombiano 2002, manifestamos nuestra inconformidad con el tratamiento recibido a nuestra jornada por parte del gobierno nacional.
Pesa a las Peticiones de la Oficina del Alto Comisionado de Las Naciones Unidas que instan al gobierno nacional a garantizar el desarrollo de la jornada, el comunicado público del gobierno nacional de respeto a la protesta, las promesas de garantizar el derecho a la protesta del Vice Ministro del interior Juan Carlos Vives en la reunión sostenida con voceros de la movilización el 13 de Septiembre, la actuación real de las autoridades militares y de policía ha sido otra, evidenciando el régimen antidemocrático que somete al pueblo colombiano.
Con la actitud, cómplice de las autoridades civiles, la policía y el ejército han detenido, golpeado y ultrajado personas, decomisado buses, quemado víveres y alimentos, prohibido el ingreso de alimentos y de personas, y el acceso a las fuentes de agua. Esto sumado a las acciones militares encubiertas como retenes y despliegue de paramilitares de las AUC por los sitios de concentración al sur del departamento del Cauca, sin que se haya actuado contra esa presencia y actuación armada. Todas estas agresiones, las violaciones a los derechos de los campesinos, indígenas, y sectores sociales están pretendiendo evitar el logro de una movilización de más de 12 mil a 15 mil campesinos, mediante la consolidación de un cerco militar y policial, el bloqueo y persecución sistemática, evidencia el desconocimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos por parte del Estado Colombiano.
Las agresiones, las violaciones a los derechos de los pobladores civiles, la muerte de un Indígena Lorenzo Ramos Dagua, después de haber transitado trochas con alimentos para los movilizados, por varios días, ante el impedimento de movilizarse en los chiveros, la negligencia en la atención de emergencia a la afección cardiaca que sufrió por la persecución policial y militar, es la expresión suma de la respuesta estatal a nuestro derecho a la protesta social pacífica.
Valoramos positivamente la intervención departamental ante la detención de que fueron objeto los observadores internacionales belgas. Vemos con profunda preocupación que las ordenes y acatamiento a las disposición departamental de respeto a los manifestantes es inexistente, los agentes estatales de la policía y del ejército son quiénes están mostrando la verdadera voluntad política del Estado frente a nosotros los movilizados; es evidente que se está priorizando el uso de la fuerza y de la represión contra las comunidades y pobladores que se encuentran participando en la movilización en el corregimiento La María, municipio de Piendamó, y a los que se encuentran en La Fonda, municipio de Patía para buscar una salida a la situación en la que nos encontramos.
Por lo tanto estamos exigiendo la presencia permanente del gobierno departamental en cabeza del señor gobernador Floro Alberto Tunubala como garante para instalar la mesa de diálogo y negociación regional con el Alto Gobierno y con la presencia de las autoridades departamentales y locales para tratar la problemática que nos convoca a esta movilización, tal como se acordó con el secretario de gobierno en reunión sostenida el 17 de Septiembre en La María.
¿Cuántos muertos más se requieren para que se nos respeten los derechos a la movilización, a la asociación, al acceso de bienes de supervivencia, y se inicie un proceso de diálogo?
De toda consideración y con profunda indignación,
Comunidades Movilizadas Suroccidente Colombiano
Suroccidente Colombiano, Septiembre 18 de 2002
Este documento ha sido publicado el 25sep02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights