18may02
Asesinado Andrés Robledo uno de los principales lideres de los desplazados del Municipio de Tulúa
El gobierno y el estado colombiano deben responder por la campaña de aniquilamiento y terror que se está desarrollando contra las comunidades desplazadas de Tulúa.
Con profundo pesar e indignación informamos a las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos humanos, a las organizaciones sociales, a los diversos mecanismos de Naciones Unidas, a los organismos de control y de investigación locales, regionales y nacionales y a la opinión pública en general:
Hoy 18 de mayo, a las 9:30 a.m fue asesinado en el municipio de Tulúa, centro del Valle del Cauca, sur occidente de Colombia Andres Robledo, cuando transitaba en su moto por el barrio Sajonia de esta municipalidad.
Sujetos armados lo interceptaron a la altura del puente de ingreso a este barrio y fingiendo una supuesta riña lo acribillaron a tiros.
Andrés era el presidente de la Asociación Campesina de base "Los Yarumos" organización comunitaria virtualmente aniquilada por las organizaciones paramilitares que desde julio del año 1999 iniciaron su recorrido de muerte y terror en las veredas y corregimientos de la parte alta de los municipios de Buga y Tulúa. Andrés había sido incluido desde el mes de septiembre de 2001 en el Programa de Protección de lideres Sociales, Sindicales y Defensores de Derechos humanos, del Ministerio del Interior, debido a las múltiples amenazas contra su vida e integridad personal.
Desde el mes de noviembre del 2000 Andrés se hallaba amparado por las Medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en beneficio de las Comunidades desplazadas de Buga y Tulúa amenazadas por grupos paramilitares que se autodenominan AUC.
Así mismo recordamos que desde el 14 de abril la comunidad albergada en la Antigua Rayadora se encuentra bajo medidas especiales de protección gracias a la alerta activada por nuestra asociación con motivo de las nuevas amenazas proferidas por estos mismos grupos el 12 de abril.
Este lamentable hecho se presenta solo dos (2) días después de que fuera secuestrada y posteriormente desaparecida la señora Nidya Correa Velasquez, de 30 años de edad, desplazada desde hace tres (3) años de la parte alta del municipio de Tulúa. Nidya fue interceptada por cinco (5) sujetos (cuatro hombres y una mujer) que se movilizaban en un taxi de modelo reciente y una moto de alto cilindraje, cuando se dirigía a su sitio de labores con una de sus compañeras de trabajo.
El hecho se presenta a escasas tres (3) cuadras del albergue "Antigua Rayadora" y en él participa una mujer joven de cabello rubio que vestía jeans y buzo de color vinotinto. Esta mujer es quien señala a Nidya como la persona a capturar. Según versiones de algunos moradores del sector una mujer de idénticas características a sido observada en hechos similares en los que han resultado muertas personas acusadas de ser expendedoras de alucinógenos, atracadores, consumidores de bazuco y otras modalidades de delincuencia común.
Versiones entregadas por la población indican que los autores del secuestro y desaparición de la activista fue protagonizado por personas vinculadas a un grupo mal llamado de "limpieza social", que ya ha cometido diversos crímenes de personas consideradas "desechables" en Tulúa y del que harían parte algunos miembros de la policía nacional adscritos a ese municipio.
A pesar de la coordinación establecida con la Policía del III Distrito y del comando de Aguablanca, en la implementación de estrategias de seguridad interna y externa, la comunidad puso en conocimiento de nuestra asociación, la ocurrencia de hechos supuestamente aislados que en últimas configuran una real estrategia de hostigamientos, amenazas y amedrantamientos contra estos desplazados.
Esta situación se presenta en momentos en que las condiciones de alimentación y de vivienda al interior del albergue son, por lo menos, lamentables. Desde hace cuatro meses no se realiza ningún suministro alimentario y el deterioro de los "cambuches" o cubículos de vivienda evidencian las condiciones indignantes en que pernoctan estas personas desplazadas sin que ninguna autoridad gubernamental tome cartas en el asunto
Unas ves más nos preguntamos y le preguntamos al gobierno y al estado colombianos ¿Por qué los asesinos continúan actuando en la más absoluta impunidad contra una comunidad que esta amparada por medidas cautelares, que se encuentra en alerta permanente debido a las amenazas que pesan en su contra y que ha denunciado hasta el cansancio los beneficiarios y posibles responsables de la violencia y el desplazamiento que padecen?
En consecuencia
Exhortamos al Señor presidente Andrés Pastrana Arango, en calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas Colombianas a impartir directrices precisas a las unidades de la Fuerza pública, ejército y Polícía tendientes a garantizar la vida, honra, bienes e integridad personal de las comunidades desplazadas de Buga Y Tulúa.
Solicitamos A la Fiscalía General de la Nación iniciar inmediatamente las investigaciones que permitan aplicar justicia ejemplar contra los autores materiales e intelectuales del asesinato de Andres Robledo.
Requerimos a la Procuraduría General de la Nación adoptar las medidas pertinentes a fin de determinar eventuales responsabilidades, por acción u omisión, de agentes estatales y funcionarios públicos, en el asesinato de Andres Robledo y el secuestro y posterior desaparición de Nidýa Correa.
Convocamos
A las organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales, a los diversos mecanismos de naciones unidas, a las organizaciones sociales, a las diferentes plataformas de paz y derechos humanos, a las organizaciones sociales internacionales que desarrollan actividades de solidaridad con el pueblo colombiano a redoblar sus acciones de denuncia sobre las reiteradas sistemáticas y graves violaciones que se continúan realizando contra las organizaciones sociales y populares y sus dirigentes.
A estas mismas organizaciones e instituciones nacionales e internacionales a adoptar mecanismos y acciones conjuntas de acompañamiento en terreno a estas comunidades y expresar su rechazo a la facilidad con que se realizan este tipo de atentados contra nuestras comunidades y la total impunidad que las cubre.
Finalmente solicitamos en el mismo sentido garantías para nuestra labor de acompañamiento a nuestros delegados en la zona dado el inminente riesgo que se presenta para esta labor humanitaria.
Junta Directiva Nacional de ANDAS, Bogotá, 18may02
Este documento ha sido publicado el 25may02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights