15may02
S.O.S por la comunidad desplazada de Tulua ante las amenazas de los paramilitares.
La Asociación Nacional De Ayuda Solidaria ANDAS presente con la comunidad albergada en la antigua rayadora de yuca en tulúa acompañando a los desplados ante las amenazas proferidas por grupos paramilitares
Las comunidades desplazadas de las veredas ubicadas en la parte alta de los municipios de Buga y Tulúa, centro del departamento del Valle del Cauca completaron 34 meses albergadas en condiciones lamentables y bajo la mas asombrosa desprotección.
Precisamente, durante los últimos días han circulado versiones, aún confusas, según las cuales, los grupos paramilitares que se autodenominan "AUC" han dado un ultimátum a los desplazados de Tulúa que se encuentran albergados en la Antigua Rayadora, para que abandonen estas instalaciones antes del 15 de Mayo.
Al igual que en las amenazas proferidas en el mismo sentido en el mes de septiembre del año 2000 por estos mismos grupos, la "acusación" que se hace a las comunidades es la de estar "extorsionando" a la alcaldía en salud, educación, alimentación y empleo.
Aunque estas comunidades se encuentran amparadas por las Medidas Cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de derechos Humanos desde noviembre del año 2000, a petición de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria -ANDAS-, muy poco o nada se ha avanzado en la atención integral a esta población. La ayuda humanitaria, la asistencia en salud, la seguridad alimentaria, el apoyo a proyectos productivos de estabilización socioeconómica y las posibilidades de procesos de retorno o reubicación con seguridad, dignidad e inversión social, han sido solo un paliativo que pretende ocultarse sobredimensionando los escasos logros en el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Ley 387 y decretos reglamentarios.
Mas grave aún es el hecho de que la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas son el aspecto más débil en el cumplimiento de estas Medidas Cautelares. La impunidad es alarmante y se ha constituido en el mejor aliciente para que los autores materiales e intelectuales continúen agrediendo a la población.
En este hacemos propias las solicitudes hechas por las propias comunidades desplazadas de este municipio:
Nos extraña porqué el comunicado llegó a la Personería Municipal y hasta la fecha no ha habido ningún pronunciamiento oficial frente a tan delicado tema; a sabiendas de que fue escrito el 9 de marzo y solo fue entregado a un compañero del Comité Interno el 12 de abril de 2002.
Vemos con extrañeza que este nuevo ultimátum es vil copia del anterior, solo cambia la fecha de desalojo (15 de mayo de 2002).
Dudamos dela autenticidad del mismo, pues supuestamente ha habido acercamientos con las A.U.C., para que respeten nuestras vidas y los procesos que se están llevando a cabo hechos por la oficina de gestión de Paz del Departamento, personería Municipal y Secretaria de Gobierno de Tulúa.
Llamamos a que la Procuraduría y Fiscalía Nacional investíguenla veracidad del mismo y la posible intervención de personas que quieren crear más zozobra y desesperanza a la población desplazada.
Pedimos que las veedurías Nacionales e Internacionales presionen al Estado Colombiano para que den solución integral e inmediata a la población desplazada.
Es inaudito y no admitimos presiones de ninguna índole para retirarnos e irnos, solo lo hacemos voluntariamente y cuando el Estado cumple con el verdadero Restablecimiento Socio Económico que por ley lo estipula después de tres años de estar viviendo en situaciones de desplazamiento.
Queremos que sepan que los desplazados no nos iremos de aquí, pues es falso que estemos contorsionando a la Administración Municipal; más bien denunciamos ante la comunidad internacional el abandono en que estamos sumidos, pues los entes encargados han desatendido a la población y las soluciones no aparecen
Responsabilizamos al Estado Colombiano, Departamento, Municipio de Tulúa por cualquier atentado que nos pueda ocurrir, no solo a los albergados sino a desplazados que viven pro fuera.
Manifestamos ante la opinión Nacional e Internacional que los voceros que tenemos, después de tres años de estar luchando por encontrar soluciones no son manipuladores y agitadores al servicio de la guerrilla y responsabilizamos al Estado de sus vidas.
Comunicado de los niños
Al haber recibido el comunicado de las A. U. C., los niños y niñas rechazamos este comunicado y le pedimos al Gobierno Nacional protección para los niños y nuestros padres ya que por las políticas nuestro desplazamiento no fue por gusto sino que ya por la situación de guerra que vive el país nos ha obligado a ello.
1. Le pedimos a todos los defensores de Derechos Humanos; Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía que se investigue la autenticidad del panfleto de las Autodefensas Unidas de Colombia, fechado el día 9 de marzo el cual fue entregado en la personería.
No más mentiras .... queremos solución ya
A pesar de existir medidas cautelares propuestas por la comisión interamericana al gobierno colombiano, este parece que se le olvidó que las 107 familias albergadas en Tulúa fuéramos ciudadanos colombianos.
No entendemos el porqué a pesar de existir una constitución y normatividad para los desplazados se violan nuestros derechos.
La Red de Solidaridad Social encargada de coordinar el sistema nacional a la población desplazada es inoperante, escudándose siempre en las disposiciones nuevas como los decretos 2569, 2007 y otras que día a día sacan haciendo más difícil nuestra situación.
Desde hace rato tanto en reuniones a nivel Bogotá (vicepresidencia de la República), como en la última reunión del comité departamental y local de desplazados. Denunciamos que la ayuda alimentaría se había acabado; ningún funcionario de la Red de Solidaridad, ni de la administración municipal se dignan prestar atención.
La señora Soledad Ramírez, coordinadora de la zona funcionaria de la red, hace ya 2 meses no asiste al albergue; a pesar de las muchas llamadas que se le han hecho.
En estos momentos pasados 2 meses de la última ayuda nadie da respuesta al hambre que deambula en el albergue.
Para colmo de males el restaurante escolar del ICBF que atiende 122 niños estuvo funcionando hasta el 26 de enero y la desnutrición campea pues dicen no tener recursos económicos.
La salud continua con el mismo problema sólo atención y fórmulas (para medicamentos), a pesar de existir el FOSIGA Últimamente se presentó un brote de varicela que al fin le pusieron atención después de hacer las denuncias respectivas.
La administración de Tulúa brindo alojamiento y servicios de agua y luz, educación a nuestros hijos y atiende la salud con el problema antes mencionado.
No sabemos que ha pasado con la reubicación tanto urbana como rural, lo único que conocemos es que el municipio dispone de un lote pero no más.
El restablecimiento socioeconómico después de 3 años, solo ha cobijado a 25 familias (13 del albergue), pero este es insuficiente pues la OIM y la Cruz Roja Francesa lo han liderado.
No entendemos que hace la Red de Solidaridad con los dineros destinados a la atención, mientras 166 niños y niñas y otro tanto de ancianos continúan con la desesperanza y el estómago vacío.
Los organismos de control solo son de nombre y funcionarios e instituciones hacen y deshacen pues no conocemos investigación alguna que eviten el desvío de dinero para los desplazados; a pesar de las denuncias y la corrupción sigue dándose y más por estas épocas electorales.
Actualmente la comunidad albergada se encuentra en un proceso de capacitación con el SENA, esperamos sea cierto el apoyo de FONADE al FIAN de esta capacitación.
La oficina de gestión y paz, junta con la red y administración municipal viene liderado un retorno voluntario de ser posible llamamos a que:
- Exista una veeduría internacional para el cumplimiento de lo pactado Inversión Social
- Garantías reales
- Retorno integral con apoyo directo para las familias que deseen
Confiamos en que se concrete pues en dos oportunidades que han citado a las familias interesadas han incumplido y no vemos una verdadera disposición de solucionar este problema.
Por último queremos llamarla atención a la comunidad internacional nacional y organismos de derechos humanos para que hagan efectivos los compromisos adquiridos y dar solución definitiva a la situación de las 107 familias, sabiendo que hay otras 1.300 familias que viven en la desesperanza, sin solución; pues no se consideran como desplazados por parte de las instituciones encargadas.
Representantes Comunidades Desplazadas Municipios De Tulúa; Asociación Nacional de Ayuda Solidaria; Junta Directiva Nacional
Este documento ha sido publicado el 25may02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights