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20nov05
La tierra prometida.
Una promesa incumplida durante años fue suficiente para que los indígenas de Cauca se tomaran a palo y machete varias fincas del departamento.
Las violentas invasiones indígenas a 14 fincas de Cauca en el último mes por las divergencias en la cantidad de tierra de propiedad nativa y privada, y una violencia inusitada en una comunidad reconocida por sus medios pacíficos, hace imposible desatender el tema por más tiempo. A los cabildos se les rebosó la copa porque desde 1994 los gobiernos de turno hicieron promesas que nunca cumplieron. Por ello, decidieron utilizar la fuerza como única manera de hacer visible la falta de compromiso del Estado.
La invasión de territorios privados por los indígenas kokonucos, paeces y guambianos no es un tema nuevo. La situación se remonta a 1994, cuando la Comisión Intertamericana de Derechos Humanos conminó a la Nación a indemnizar a la población indígena de los municipios de Miranda, Toribío, Buenos Aires, Caloto, Corinto, Jambaló y Santander de Quilichao, por los daños y perjuicios sufridos a raíz de la masacre de 20 indígenas a manos de la Fuerza Pública en la finca El Nilo, al norte de Cauca en 1991.
Para remediar el asunto, las partes llegaron a un acuerdo mediante el cual el gobierno del presidente Samper se comprometió en julio de 1998 a entregar, como parte de la indemnización, 16.120 hectáreas de tierras productivas para esas comunidades. No obstante, siete años más tarde, el Estado a duras penas ha otorgado 9.600 hectáreas, poco más de la mitad. El 5 de septiembre, como medida de presión, medio millar indígenas del norte del Cauca, de los resguardos de La Laguna y Siberia, decidieron tomarse la Hacienda Emperatriz, una de las más prósperas del municipio de Caloto.
Días más tarde, el Gobierno, por intermedio del Ministerio del Interior, creyó conjurar la crisis al firmar un acta de concertación con los indígenas donde se comprometió a destinar 20.000 millones de pesos para la adquisición de tierras como parte de los compromisos. Los indígenas aceptaron la propuesta, desocuparon la propiedad y el tema cayó al olvido.
Nuevo reclamo
Pero surgió un nuevo detonante para que se diera la revolución indígena que hoy tiene contra la pared a las autoridades caucanas. Semanas más tarde, los cabildos reclamaron por el incumplimiento del decreto 982, mediante el cual el Ministerio del Interior en junio 1999 diseñó políticas para el desarrollo de los pueblos indígenas de ese departamento.
Las aspiraciones de los indígenas con este decreto eran acceder a la ampliación de sus 53 resguardos con 226.000 hectáreas y lograr que el Gobierno legalizara y titulara predios que por años permanecieron invadidos por campesinos e indígenas. El documento fue una especie de saludo a la bandera, porque durante el gobierno de Andrés Pastrana no se cumplió con este propósito.
Para evitar otra sublevación, el gobernador de Cauca, Juan José Chaux, explicó a los representantes de los cabildos, que su administración había incorporado al plan de desarrollo en 1994 una partida de 7.000 millones de pesos como contribución al Decreto 982 para la consecución de tierras. Sin embargo, los cabildos sintieron una puñalada en el corazón porque consideraron que nuevamente les entregaban migajas. "El Gobierno nos hizo trampa, nos quiere enredar con ese dinero, con el que apenas será posible comprar 4.000 hectáreas", aseguró un representante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Por eso, a mediados de septiembre, y con el propósito de que fueran escuchados, los indígenas decidieron tomarse a machete y palo 14 fincas del departamento. La más representativa es la Hacienda Japio, a cinco kilómetros del municipio de Caloto, considerada monumento nacional por haber sido en diversas ocasiones refugio y cuartel del Libertador de Simón Bolívar.
Al mismo tiempo, indígenas paeces de los resguardos de Quintana y Poblazón, cerca de Popayán, se tomaron las fincas La Selva, La Esperanza, Santa Teresa y El Diviso. Por otro lado, los indígenas kokonucos ocuparon las fincas San Cristóbal, Achaquio, Pisochago y Los Rincones, en el oriente del Departamento. Y para completar su rebelión, los Guambianos lo hicieron con las fincas más importantes de los municipios de Silvia, Caloto, Piendamó y Morales.
De inmediato, la administración departamental declaró la emergencia de orden público de esos municipios. Hasta allí llegaron procedentes de Cali, Pereira, Medellín y Bogotá más de 800 hombres del Grupo Antidisturbios de la Policía Nacional con el fin evitar la invasión total de los predios.
Con el paso de los días la situación se tornó más difícil, al punto de que en medio de las refriegas apareció muerto un indígena de 16 años de edad (ver recuadro). Los oficiales que comandan los escuadrones antidisturbios creen que la situación que allí se presenta no conducirá a ninguna parte. "Nos vemos enfrentados a nada. Los indígenas están desorientados y no hay una voz líder que les indique un camino claro. Esta situación no se arreglará repeliendo los ataques de ellos, sino conversando y buscando fórmulas de solución", aseguró a CAMBIO el comandante de la Policía en Cauca, coronel Luis Cely Rincón.
Problema de números
Andrés Antonio Almendra es uno de los indígenas que durante un mes ha ocupado la Hacienda Japio. Machete en mano, asegura que no abandonará el predio pues dice que esas tierras le pertenecen ancestralmente a su etnia. De 44 años, Almendra hace cuentas, y asegura que el objetivo de su comunidad es hacerse a tierras productivas porque en las que poseen hay un hacinamiento insostenible.
Pero hay otra verdad, además de la que exponen los indígenas. Desde Popayán, Ximena Velasco Chávez, secretaria de Planeación Departamental y vocera de la entidad, no se explica por qué las comunidades indígenas reclaman el acceso a más tierras si las estadísticas indican que hoy por hoy, poseen 721.763 hectáreas, lo que los convierte en el mayor propietario de la región, cuya extensión no sobrepasa los tres millones de hectáreas. Y contradice la versión según la cual, la propiedad se ha concentrado en los terratenientes. Las estadísticas muestran que los particulares son dueños tan sólo de 13.065 hectáreas de toda la zona.
"El Gobierno tiene toda la voluntad de conseguir tierras para los indígenas -explica Velasco-. Pero se debe convocar a los propietarios para que vendan porque no hay territorios a los que se pueda acceder fácilmente".
Sin embargo, el panorama se enrarece más cuando surgen versiones que indican que a los indígenas históricamente les han entregado tierras que no muestran los niveles de producción esperados. Contrario a esta tesis, Aparicio Ríos, asesor del CRIC, asegura que los distintos gobiernos locales han mentido en cuanto a la extensión de tierras que ellos poseen, y advierte que "de las 544.000 hectáreas que ostentan sólo el 31% son productivas". "El resto de la tierra -agrega-, está en el páramo o en las áreas de conservación. Eso es lo que no entienden las entidades. Nosotros seguimos creyendo que nos faltan 210.000 hectáreas productivas más para poder vivir dignamente".
El tema no es de poca monta, y por ahora no se le ve solución. Y como si lo anterior fuera poco, a la confusión reinante se sumó el fantasma de la Farc. Habitantes de la región aseguran que la movilización indígena es controlada desde la sombra por integrantes del Frente Jacobo Arenas de esa agrupación que por años se han mantenido en la zona. Esta versión fue desestimada de inmediato por los indígenas, quienes advirtieron a CAMBIO que sus cabildos no hacen parte del conflicto armado y que esa es otra manera de estigmatizar sus pretensiones de acceso a la tierra.
Al cierre de esta edición la ocupación continuaba. Desde Bogotá se hacían consultas de alto nivel para llegar a acuerdos con los indígenas que no ceden en sus exigencias. Por ahora el balón está en manos del Gobierno, que deberá de una vez por todas solucionar un problema que se ha vuelto eterno. Pero tendrá que poner toda la información en una balanza, porque a estas alturas, lo único claro es que la verdad de los dirigentes indígenas debe ser contrapesada con algunas realidades que indican que, más allá de los incumplimientos sobre los cuales tienen derecho a reclamar, hay intereses oscuros que le están echando leña al fuego.
Un asunto mayor
En la mañana del 10 de noviembre, en momentos en que unidades de la Policía ingresaron a la Hacienda Japio para desalojar a 800 indígenas, apareció muerto con un disparo de fusil, Belisario Camayo Guetoto, un joven paéz de 16 años, habitante de la de la vereda Santa Elena, del resguardo indígena de Caldono. Desde entonces, los indígenas se esfuerzan en demostrar que la muerte de Camayo fue producto de un disparo proveniente de un miembro de la Fuerza Pública. Oficiales encargados de controlar la revolución indígena, han desestimado esas versiones y aseguran que sólo se pronunciarán después de que la Fiscalía concluya las investigaciones.
[Fuente: Revista Cambio 16, Bogotá, Col, 20nov05]
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