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01dic05
La ley de justicia y paz permitirá la consolidación de una profunda contrareforma agraria.
Las tierras perdidas.
Según la creencia de los koguis de la Sierra Nevada de Santa Marta, para caminar por sus tierras es necesario contar con el aval de los 'mamas' o sacerdotes míticos. De no tenerlo, el castigo es inminente. Esa es la explicación que dieron cuando el geógrafo francés Eric Julien exploraba su territorio y sufrió un edema pulmonar. No habría sobrevivido de no ser por el auxilio de los indígenas. Esto le sucedió hace un par de décadas y desde entonces el francés asumió un particular voto con sus salvadores: se dedicó a recoger dinero en su país para comprarles tierras a los indígenas y así, ampliar los linderos de su resguardo. Además prometió velar por la preservación de su cultura.
Para este propósito, encontró en Gentil Cruz, un curtido zootecnista enamorado de la Sierra, el mejor de los cómplices. Durante 13 años y hasta el 11 de noviembre del año pasado, juntos trabajaron en este sueño bajo el nombre de la Fundación Tchendukua. Con ella realizaron múltiples actividades a favor de los indígenas y lograron comprar más de 1.500 hectáreas de tierra para el resguardo.
Ese día Cruz atendió una cita que hombres, supuestamente a órdenes del jefe paramilitar Hernán Giraldo, le habían puesto en la vereda Orinoco, a hora y media de Santa Marta. Aún no ha regresado.
Para quienes conocen la región, el pecado de Cruz fue desatender la advertencia que en repetidas ocasiones le hicieron miembros de ese grupo armado ilegal: "aquí está prohibido comprar y vender. Si alguien quiere hacerlo, sólo lo puede hacer con nosotros". Su desaparición ha causado conmoción en la región. Y es apenas una muestra de lo que está sucediendo en zonas bajo influencia paramilitar, sobre todo en aquellas donde aún no se desmovilizan.
Hace un año SEMANA denunció casos de robos de tierras por los paramilitares (edición #1.1.52), y ahora, en medio de un proceso de paz, quiso ver qué está pasando en este tema, qué se está haciendo para proteger las tierras en riesgo y para buscar la devolución de las que
fueron robadas.
Para esto consultó a una decena de expertos en el tema de tierras, entre académicos, miembros de organizaciones civiles y funcionarios, que coincidieron en que pese a los anuncios, los paramilitares continúan adueñándose de las tierras. Algunos de ellos narraron a SEMANA casos recientes que han conocido de primera mano en los departamentos de Magdalena, Bolívar, el Eje Cafetero, y la frontera entre Caquetá y Putumayo. Por razones de seguridad pidieron que no se publicaran ni sus identidades ni mayores detalles sobre los casos.
Incluso el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, en una reunión hace algunos meses en Cartagena, comentó de las quejas de ganaderos de Córdoba porque un jefe paramilitar los estaba obligando a ceder sus tierras. Restrepo dijo, según asistentes a esa reunión, que lo reconvino y logró que se vinculara al proceso de paz.
Un indicio de lo que está pasando se puede encontrar en el último informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) que asegura que el pasado trimestre -entre julio y septiembre- ha sido el más crítico en los últimos tres años en materia de desplazamiento forzado. Cerca de 20.000 familias tuvieron que abandonarlo todo huyéndole a la violencia.
¿Qué está pasando con las tierras que dejaron a su partida? ¿Quién las protege? ¿Cómo garantizar que las que ya fueron usurpadas volverán a sus propietarios reales? La cantidad de tierras en juego es enorme. Según cálculos del Banco Mundial y Codhes, entre 3,5 y 4,5 millones de hectáreas, el equivalente al área que tienen sumados los departamentos de Cundinamarca y Valle del Cauca, estarían en manos de los paramilitares.
Paso lento
Hasta ahora, la forma como se está encarando el problema parece una pelea de tigre con burro amarrado. Desde 1997 hay una ley que autoriza que se congelen las negociaciones sobre predios en zona de conflicto, pero prácticamente ha sido letra muerta. Sólo hace pocos días el gobierno, a través de Acción Social (antes llamada Red de Solidaridad), lanzó una guía en la que se informa qué se debe hacer para proteger los bienes cuando se está en peligro de ser desplazado. Hay expectativa de que su difusión llegue a quien lo necesita.
Al cumplir con los pasos de la guía se logra que las oficinas de registro impidan que se negocien estos inmuebles. Además, los bienes entran a una base de datos administrada por el Incoder (antiguo Incora). La importancia de este registro radica en que en un eventual proceso de restitución, serviría como un insumo para devolver los bienes a los propietarios originales. Pero esta entidad no lleva el mencionado registro ni sus directivos tienen claridad sobre su responsabilidad en el tema.
En relación con la protección de los bienes, pese al tiempo que lleva de vigencia la ley, y a que se han hecho pruebas piloto de su aplicación en Norte de Santander, Antioquia, Sucre y Valle del Cauca, sólo se han protegido 23.902 predios, según la Superintendencia de Notariado y Registro. La cifra es baja si se comparara con las estadísticas de desplazamiento en este mismo período. Para Acción Social, que tiene una de las estadísticas más conservadoras, de 1997 a septiembre de 2005 han sido desplazados 378.000 hogares. Además, no existen predios protegidos en departamentos donde el desplazamiento ha sido alto, como Córdoba, Magdalena, y Bolívar.
Quizás el caso más emblemático en la lucha por la restitución de bienes ocupados es el de las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó, en el bajo Atrato chocoano. Luego de ser desplazados por paramilitares, regresaron a sus tierras y las encontraron ocupadas por un megaproyecto de palma africana. De esto hace más de cuatro años. Los empresarios alegan que ellos son compradores de buena fe y que no tienen nada que ver con los paramilitares. Este conflicto ha despertado mucho interés entre organizaciones de derechos humanos y motivó medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los abusos que han sufrido las comunidades.
Mientras el Incoder aclara cuáles títulos son los reales, si los de las comunidades o los de los empresarios, entidades como la Defensoría del Pueblo han solicitado que se suspenda la expansión de los cultivos. Pero esto no ha sucedido. Se calcula que este año se llegará a las 5.000 hectáreas sembradas con palma y hay planes para sembrar 18.000 más en la zona en disputa.
Según Luis Ortiz, gerente del Incoder, para abril próximo se aclarará cuáles son los títulos válidos. De esto depende las sanciones a que haya lugar, procesos que pueden demorar hasta 15 años. Si en un caso que ha recibido tanta atención se tarda tanto en resolver, ¿qué puede esperar quien reclame individualmente por la devolución de sus tierras? Mientras tanto, llama la atención que aun sin soluciones, surjan otras propuestas inoportunas (ver recuadro).
A esta falta de decisión con la que el gobierno ha encarado el problema, se suma que las formas de tenencia de la tierra en el país son complejas. Las autoridades creen que gran parte de las tierras robadas pertenece a personas que no legalizaron su propiedad. Esto sucede, por ejemplo, con colonos que ocuparon predios baldíos o con poseedores que por años ocuparon un territorio sin que se les escriturara. Para los paramilitares, estos casos son como un dulce en la puerta de un colegio, pues se hace más fácil su posesión. También muchas tierras fueron negociadas bajo presión o con dinero resultado del narcotráfico.
Un ejemplo de las dificultades que se enfrentan fue la primera entrega de bienes de los paramilitares en Catatumbo, Norte de Santander. En diciembre de 2004, el Bloque Norte, bajo el mando de Salvatore Mancuso, devolvió 6.637 hectáreas. Según le dijeron a SEMANA voceros de dos ONG de la zona, no sólo entregaron los terrenos menos productivos, sino que antes de salir desvalijaron las construcciones que había. "Se llevaron hasta los sanitarios", dijo uno de ellos. Aun así, la expectativa de que esta entrega de bienes se convirtiera en un primer paso en el camino de la reparación de las víctimas se aguó rápidamente.
De inmediato, la mayoría de las fincas fueron ocupadas arbitrariamente por personas desconocidas en la zona. Además, aparecieron sus verdaderos dueños, pero no tenían todos los papeles en regla, por lo que el gobierno no pudo disponer de estas tierras hasta aclarar los títulos. A eso se suma que los predios tienen cuantiosas deudas en pagos de servicios e impuestos, que en algunos casos superan el valor de la tierra. No se sabe quién va a responder por estas cuentas.
Tarea quijotesca.
Este es el panorama que encuentra la recién conformada Comisión de Reparación que, bajo la sombrilla de la Ley de Justicia y Paz, buscará salidas para lograr una reparación efectiva. Sin embargo, arranca con el freno de mano puesto. Se espera reparar con los bienes que el desmovilizado declare adquiridos como resultado de su actividad ilegal. Esto, obviamente, no tiene en cuenta el testaferrato.
Las declaraciones del jefe paramilitar 'Don Berna' a la Fiscalía sirven a manera de ejemplo de cómo esta norma no conducirá a la entrega de los bienes mal habidos. Aseguró que sólo era "dueño de una casa en Medellín, de una finquita y de algunas cabezas de ganado". El reto del Estado está en demostrar cómo esto no fue lo único que logró luego de años en el narcotráfico y el paramilitarismo.
Otra inquietud es que la ley contempla un fondo de bienes que administrará lo disponible para la reparación. Nadie sabe cómo va a funcionar. Una preocupación válida, pues ya hay una mala experiencia con la Dirección de Estupefacientes que ha tenido a su cargo los bienes incautados al narcotráfico.
Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión de Reparación, dijo a SEMANA que reconoce la titánica tarea que tienen. Anunció que desde enero funcionaran los Comités Regionales para la Devolución de Bienes. Estos serán integrados por un miembro de la Comisión de Reparación, y representantes de la Procuraduría, la Personería, la Defensoría y el Ministerio del Interior. Por ahora, en estos comités no tienen asiento entidades como el Incoder o Notariado y Registro, que tienen que resolver mucho de la carpintería.
En esta batalla, el Estado entra como un pequeño David ante el paramilitarismo que en este tema es como un Goliat, que pareciera tener todas las de ganar. Hay esfuerzos como el de la Superintendencia de Notariado y Registro que impuso una vigilancia al municipio de Guaduas, en Cundinamarca, por denuncias sobre presiones de paramilitares para vender tierras, y como los pocos operativos de incautación de bienes contra los jefes paras más importantes, como el realizado la semana pasada (Ver recuadro). Todo esto es positivo, pero insuficiente.
Quienes han sido despojados de sus bienes esperan más que compensaciones simbólicas, y una justicia mayor que la de los sacerdotes míticos de los indígenas de la Sierra Nevada.
Para salir vencedor en este pulso, el país tendrá que echar mano de soluciones ingeniosas. Las experiencias de otros países muestran que la voluntad política es la clave para salir de esta encrucijada. Algo que no se ha visto en el país. La poca firmeza con que se exige la devolución de bienes como una condición para dejar las armas, deja mucho que desear. Colombia tiene un mecanismo que puede ser útil como es la extinción de dominio. Además, para la reparación, como plantearon expertos en un foro sobre patrimonio y desplazamiento la semana pasada, se pueden expropiar por vía administrativa grandes extensiones de tierra declaradas como bienes de utilidad pública.
Por ahora, es claro que no se han logrado victorias significativas. De no resolverse el tema de las tierras usurpadas, es alta la probabilidad de que se cumplan dos presagios funestos: que quede una semilla que perpetúe la violencia y que los paramilitares hayan hecho el negocio de su vida legalizando sus bienes mal habidos. Mientras tanto, por la puerta de atrás, el país habría presenciado impávido una gran contrarreforma agraria.
[Fuente: Revista Semana, Bogotá, 01dic05]
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