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12abr06
Hallan 32 cadáveres en fosas.
Carmen María González llegó hace varias semanas a Ocaña con dos bolsas negras entre sus manos, llenas con los restos óseos de su hija y su yerno. Ese habría de ser el inicio de una triste y macabra búsqueda.
Carmen María tenía la certeza de que en la zona de La Gabarra había restos humanos dispersos en fosas comunes.
Y no sólo lo sabía ella. En Tibú, Norte de Santander, era un ‘secreto a gritos’ que en la zona rural había docenas de cadáveres enterrados desde hacía seis años, cuando por allí patrullaron ejércitos de paramilitares ejecutando masacres.
Aquella afligida mujer que llevó la noticia a Ocaña el 21 de marzo pasado, dijo que por esos lados, en las estribaciones de la inmensa selva del Catatumbo, había más muertos, que buscaran.
Fue el epílogo de una historia que comenzó en 1999 en La Gabarra.
Una noche, hombres fuertemente armados irrumpieron en varias viviendas en busca de algunas personas; entre las que se llevaron, estaban la hija y el yerno de Carmen.
“Los hombres me dijeron que debía abandonar la zona si no quería morir. Incluso, me advirtieron que no hiciera escándalo al salir…”:
Mientras la señora se alejaba del lugar y gritaba que sus familiares no debían nada, ya los habían amarrado a los dos y llevado a la fuerza varios kilómetros adentro de La Gabarra. Algunos vecinos, escondidos detrás de tejados y tablas, observaron cómo los hombres se llevaron a las personas hacia la orilla del río.
Todos fueron asesinados. Cabezas, brazos, piernas y hasta los senos de las mujeres quedaron en el suelo y otros fueron lanzados al río.
Seis años después apareció la verdad
Así fue como ayer, después de cuatro días de trabajo en la región, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI de la Fiscalía, hallaron los restos óseos de por lo menos 32 personas en las veredas “La 60” y “Mata de Coco” de Tibú, Norte de Santander.
El hallazgo de las fosas se produjo después de que 19 personas, entre odontólogos forenses, peritos y otros expertos, llegaron al área dirigidos por el fiscal 42 de derechos humanos.
Familiares de las víctimas de aquella matanza de 1999 colaboraron con las autoridades judiciales para la ubicación de los restos.
Organizaciones No Guber-namentales de Norte de Santander también habían llamado la atención sobre la existencia de fosas comunes en varios lugares del departamento.
En esta operación participaron igualmente miembros de la Brigada 30 del Ejército, quienes prestaron seguridad a los técnicos del CTI.
Los restos ya fueron llevados para las prácticas de pruebas de ADN correspondientes.
[Fuente: Vanguardia Liberal, Col, 12abr06]
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