06jul03

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Acusan al comandante de la fuerza aérea de ocultar pruebas sobre la masacre de Santo Domingo

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Lo acusa de ocultar pruebas para entorpecer la investigación que señala a la FAC como responsable de la muerte de 18 civiles, durante un bombardeo en Santo Domingo (Arauca) en 1998.

Ante la presión diplomática, encabezada por saliente embajadora de ese país, Anne Patterson, personas cercanas a Velasco aseguran que el militar ya ofreció su renuncia al presidente álvaro Uribe, pero ésta aún no se ha concretado.

El pasado 4 de junio, Patterson le dijo al Presidente que su país tenía pruebas concretas de que los civiles habían caído por disparos de FAC.

Agregó que Washington podía entender que se hubiera cometido un error militar, sin embargo, reprochaba que no se admitiera como tal y se tratara de manipular y engañar.

La embajadora enfatizó ante el Presidente y la canciller Carolina Barco sobre la seriedad de lo ocurrido y dejó sobre la mesa la advertencia de que la ayuda de su país a Colombia podría verse perjudicada.

"No se trata de un tema de culpabilidad. Ni siquiera de Derechos Humanos, estamos frente a una persona (Velasco) que ha movido cielo y tierra para impedir que la verdad salga a la luz y eso tiene que tener un precio", dijo una fuente del Departamento de Estado.

Reconstrucción de los hechos.

Todo comenzó el 13 de diciembre de 1998 cuando hombres de la unidad de combate número 1 de la Fuerza Aérea, también conocida como Palanquero, se encontraban en un operativo contra una columna de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que hostigaba el oleoducto Caño Limón Coveñas, muy cerca de Santo Domingo (Arauca).

Los guerrilleros, en su retirada, habrían ingresado al poblado tratando de camuflarse entre los civiles. Posteriormente, una gran explosión sacudió al pueblo y dejó 18 muertos, entre ellos algunos niños.

Velasco, para entonces comandante de la FAC, dijo inicialmente que había sido una bomba detonada por las Farc la causante de los destrozos. Sin embargo, desde un comienzo, la versión generó dudas.

Civiles entrevistados como parte de la investigación indicaban haber visto a un helicóptero que dejó caer -o disparó- un artefacto.

Una investigación posterior del FBI determinó la presencia en el lugar de los hechos de remanentes de un bomba tipo 'cluster' o racimo, usada frecuentemente por la FAC.

Además, un video grabado por la agencia Airscan, contratada por la Occidental para monitorear el oleoducto, también indicaba que algo más había sucedido.

La FAC, ante los hechos expuestos, habría modificado sus primeras declaraciones admitiendo el uso de la bomba, pero no sobre la población sino a varios kilómetros de distancia.

Desde entonces la versión comenzó a evolucionar y el tema se convirtió en "cruzada" para las organizaciones de derechos humanos de E.U. y para el senador Patrick Leahy, de Vermont.

Pese a que la evidencia cada vez sembraba más dudas sobre la actuación de la FAC, transcurrieron casi tres años sin que el caso avanzara en los estrados judiciales.

Inicialmente, los militares dijeron ser los competentes para adelantar la investigación, solicitud a la que accedió la Fiscalía. Pero luego, cuando la justicia militar se encontraba cerca de absolverlos a todos, la Corte Constitucional ordenó transferir la investigación, en febrero de este año, a la justicia ordinaria. Contrariando así incluso un fallo del Consejo Superior de la Judicatura, de finales del año pasado, que mantenía el proceso en manos de la justicia castrense.

La diferencia ahora son las nuevas evidencias que el gobierno de Estados Unidos logró obtener. Si bien estas son absolutamente confidenciales, ha trascendido que, entre otras, se trata de las grabaciones entre los pilotos que habían sido eliminadas del expediente. También hay testimonios de civiles y declaraciones de los mismos militares.

Asimismo, que no sólo fue la bomba cluster la causante de los daños, sino que entra a jugar un papel importante un helicóptero Huey involucrado en la operación.

Todas estas pruebas, en conjunto, a juicio de E.U. no admiten atenuantes.

La primera vez que E.U. solicitó la cabeza de Velasco.

E.U. pidió por primera vez la cabeza de Velasco el año pasado, justo antes de que se emitiera la certificación en Derechos Humanos.

No obstante, el entonces presidente Andrés Pastrana consideró que el caso todavía generaba muchas dudas y que era prudente dejar que la justicia ordinaria fallara.

La decisión empezó a desesperar a E.U. "Era un obstáculo tras otro. El caso no avanzaba por las buenas. Por eso se decidió tomar medidas", afirma una fuente en Washington.

Al acercarse el cuarto aniversario de la tragedia (diciembre del año pasado), la embajadora Anne Patterson visitó a Uribe para plantearle un ultimátum: palabras más, palabras menos, o el Gobierno tomaba una acción contra Velasco -por obstrucción- y los otros hombres implicados, o se congelaría la ayuda.

El mes transcurrió sin que ni uno ni otro sucediera. En enero de este año E.U. decidió tomar cartas en el asunto. "Descertificó" a toda la unidad Palanquero, que desde entonces no recibe ayuda de E.U. Al anunciar la noticia, el jefe de Asuntos Andinos del Departamento de Estado, Phill Chicola, soltó los primeros dardos.

"La versión ha evolucionado para tratar de acomodarse a los hechos. No lo describiría como un encubrimiento, pero lo que sugiero es que la investigación no ha sido ni rápida, ni transparente, ni refleja con precisión lo que sucedió. Cuando uno se convence de que la historia real no va a salir a través del proceso regular toca tomar este tipo de decisiones", dijo el funcionario.

El senador Leahy fue mucho más contundente y de ello quedó constancia en una carta que envió al Departamento de Estado por esos días. "Puede que nunca sepamos si esto fue un trágico accidente o un ataque intencional contra civiles. Este ha sido un frustrante caso de obstáculos y mentiras al más alto nivel en la Fuera Aérea. Ahora estoy entusiasmado por que, a pesar de los esfuerzos de alguien en la FAC por encubrir esto, la embajadora está tratando de que se haga justicia", decía la misiva.

Ese "alguien", mencionado por el senador, era Velasco. Pero ni Patterson ni Leahy estaban satisfechos. Sobre todo por que esperaban que la "descertificación" de Palanquero precipitara la caída de Velasco. En vista de que no sucedió, y con las nuevas pruebas en su poder, la embajadora se acercó hace un mes, por segunda vez a Uribe.

Tensión en las relaciones entre Colombia y E.U. Muchos creen que Velasco se convirtió en una "papa caliente" tanto para la embajadora como para el gobierno colombiano. Y, ahora, en una piedra en el zapato para una relación bilateral que brillaba por su armonía, tras evidentes gestos de confianza entre los dos países, como el apoyo brindado por Uribe a Bush en el caso de Irak y la empatía que se ha hecho manifiesta entre los dos mandatarios.

Patterson, ya de salida, tendrá que retirarse sin haber podido resolver un problema que heredó del anterior embajador Curtis Kamman y que tendrá que endosarle al entrante William Wood.

El caso de Velasco se suma a recientes episodios polémicos entre los dos países.

En medio de las reuniones que se sostuvieron sobre el caso Velasco, el gobierno de Colombia llamó al retiro al general Gabriel Díaz, comandante de la II Brigada con sede en Barranquilla, y no demoró en abrirse la polémica por la injerencia que Estados Unidos en la decisión.

El ambiente se enrareció aún más, esta semana, cuando se venció el plazo para cumplir con la exigencia de Washington de firmar un acuerdo para eximir a sus ciudadanos de la Corte Penal Internacional (CPI).

Aunque apenas se congelaron 5 millones de dólares de la ayuda, se ponen en riesgo otros 130 millones de los casi 600 que se deben aprobar para la vigencia del 2004.

En ese orden de ideas, y aunque el Gobierno, en el caso Velasco, planteó la necesidad de esperar un fallo judicial, su posición parece haber aclimatado la inconformidad estadounidense.

La tarea entonces se advierte ardua para la administración de Uribe en el Congreso de Estados Unidos. De no solucionarse el caso Santo Domingo, ya no solo podrían quedar bloqueados los 130 millones de dólares objetos de veto por el caso de la Corte Penal Internacional, sino que se está colocando otra piedra a la cooperación en instantes cruciales.

De hecho, en los próximos dos meses E.U. debe certificar dos veces que las Fuerzas Militares están no solo progresando en su lucha contra el paramilitarismo sino "cooperando plenamente" con la justicia ordinaria.

Sin ese visto bueno, no se puede entregar un 25 por ciento del total de la ayuda a los militares -unos 35 millones de dólares- que aún no se han desembolsado.

La primera de las certificaciones es probable que se emita, con visto bueno, mañana mismo, aunque no se incluya en el documento -como esperaban los estadounidenses- la caída de Velasco como prueba de "cooperación".

Esta certificación ha sido postergada ya en tres oportunidades a la espera de la salida del general. Pero aún, si no lo logran, confían en que su nombre sí esté incluido en un segundo informe de certificación que deben rendir al Congreso antes de que finalice el año fiscal de E.U. este 30 de septiembre.

Si ello tampoco ocurre es posible -observan algunas de las fuentes consultadas para este informe- que hasta la reanudación del programa de interdicción aérea entre de nuevo en el limbo y den reversa a todos los avales dados recientemente.

Sobre todo este lío queda entonces por conocer la posición del general Velasco. Hasta el cierre de esta edición, EL TIEMPO no se había podido comunicar con él.

[Fuente: Luz María Sierra y Sergio Gómez Maseri, Diario El Tiempo, Washington y Bogotá, 06jul03]

Este documento ha sido publicado el 30jul03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights