EQUIPO NIZKOR |
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26sep07
Persecución a los proyectos comunitarios en Arauca desde el 2002 al 2007
De acuerdo a estos principios, la comunidad araucana se estructuró de acuerdo a la dinámica de sus luchas organizándose en Asociaciones Campesinas, Cooperativas, Sindicatos, Juntas de acción Comunal rurales y urbanas, Comités de Comerciantes, Ganaderos, profesionales, Asociaciones Juveniles y Estudiantiles, mujeres, Comunidades y Resguardos Indígenas, etc., que lograron articularse en torno al PLAN ALTERNATIVO DE EQUILIBRIO REGIONAL construido por las mismas comunidades de acuerdo a las necesidades, costumbres y realidades de la región, de manera democrática, participativa y representativa de todas las expresiones sociales presentes en la región. Esto ha permitido y potenciado un nivel de organización que hace resistencia a las sistemáticas y permanentes violaciones de los derechos humanos. Absurdamente esto ha sido interpretado, señalado y estigmatizado, por parte de las autoridades regionales y nacionales, como un instrumento de la insurgencia armada en contra del Estado que, en lugar de reforzar su presencia institucional en inversión social, ha implementado una serie de medidas de control y represión.
Esta visión de autogestión es la que ha sido perseguida, estigmatizada, penalizada y criminalizada con la llegada de Uribe Vélez a la presidencia y Julio Acosta Bernal a la gobernación de Arauca, quienes han instrumentalizado instituciones descentralizadas, organismos de veeduría y control, entes de justicia y demás entidades oficiales.
Uno de los más importantes proyectos construidos en el marco de la organización social es la Empresa Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado de Saravena "ECAAS-ESP", la que orgullosamente defendemos como comunidades, por su calidad, transparencia, importancia y significado histórico. Esta iniciativa surge de la necesidad de resolver los problemas de prestación de servicios públicos, especialmente los agua potable, aseo y alcantarillado que, como las demás necesidades básicas de la región, no son atendidas por el estado colombiano; propuestas que se fueron desarrollando desde una visión integral de la calidad de vida, que estuviese en armonía y equilibrio con el entorno natural, motivados por el respeto y la conservación de la naturaleza, de los ecosistemas, fuentes y arterias hídricas, etc.
ECAAS ha sido objeto de innumerables mecanismos de persecución y estigmatización, especialmente en los últimos 6 años, etapa que curiosamente coincide con el período de gobierno de Álvaro Uribe y la implementación de su política de "seguridad democrática", que se ha traducido en: la judicialización y detención de sus varios de sus directivos y trabajadores; el asesinato de 4 funcionarios en el marco de la implementación ilegal de las medidas correspondientes a las "zonas de rehabilitación y consolidación"; los allanamientos arbitrarios e ilegales a su sede administrativa, acompañados de la fuerza pública y de entidades ajenas al control de las actividades de la empresa; la congelación ilegal, por parte de la Alcaldía municipal de Saravena, del pago de los subsidios establecidos para los estratos 1 y 2 por prestación de servicios públicos domiciliarios, por lo cual la administración dl alcalde Antonio Ortega adeuda a la empresa una suma superior a los mil millones de pesos ($1.000.000.000) en los 4 años de su mandato, incurriendo en delito contra la administración pública y poniendo en grave riesgo la estabilidad económica de este importante proyecto comunitario.
Adicional a todas estas medidas de hecho, la gobernación ha intentado, a través del Plan de Desarrollo Municipal, arrebatar a la comunidad la administración de dicha empresa, con el fin de convertirla en un fortín de corrupción, como ha ocurrido con otras entidades y empresas del Estado.
Como ejemplo más reciente de esta persecución, tenemos el allanamiento realizado el pasado 6 de julio a las instalaciones de la Empresa, del cual participaron parte el gobernador Julio Enrique Acosta Bernal, el Zar anticorrupción de la Presidencia de la República Rodrigo Lara, el Subdirector del DAS del departamento José Cepeda, el Procurador Departamental Germán Samudio Puerto, dos personas que simplemente se identificaron como funcionarios de la Superintendencia de servicios públicos, el comandante de la Brigada 18 BG José Rafael González Villamil, el Comandante del Batallón General Revéis Pizarro TC. Alejandro Cortés, el Alcalde municipal Antonio José Ortega Gutiérrez, el Concejal Luís Francisco Delgadillo y el canal Caracol TV.
Tres semanas después de este allanamiento, se difundió por el noticiero el canal Caracol un "informe especial" tendencioso, según el cual la empresa malversaba unos supuestos recursos público que en la realidad no recibe y se consideraba como "la caja menor de la organización insurgente ELN", lo cual ha puesto en una situación de inminente riesgo la vida e integridad física de sus directivos y trabajadores.
Todo esto, a pesar de que la empresa es beneficiaria de medidas cautelares, en el marco de las cuales se llegó un acuerdo celebrado en el año 2004, en el que participaron Carlos Franco del programa de D.Hs de la presidencia de la república, el Coronel Castillo y el coronel Novoa de las Direcciones de Derechos Humanos del Ejercito y la Policía a nivel nacional, el gobernador de Arauca Julio Enrique Acosta, el Coronel Ibarra Mendoza de la Brigada XVIII, el Procurador Regional y la Defensoría del Pueblo, quedando entre unas de sus conclusiones el compromiso de hacer un pronunciamiento público por parte de los gobiernos departamental y municipal encaminado a eliminar la estigmatización de la empresa.
Otro proyecto que ha sido víctima de la persecución estatal es la Emisora Comunitaria SARARE FM STÉREO, la cual se creó con el fin de construir un instrumento que posibilitara el ejercicio de los derechos fundamentales a la información y a la expresión del pueblo araucano, del cual participan sus diferentes sectores sociales. Esta iniciativa en reiteradas oportunidades ha sido perseguida y estigmatizada desde las altas esferas del gobierno de la "seguridad democrática" como el caso del vicepresidente de la república, quien afirmo en el programa televisivo "La Noche" de RCN, de manera tendenciosa que "la emisora comunitaria Sarare Fm Stereo era una caja de resonancia de la insurgencia".
En el mismo sentido se han pronunciado la gobernación de Arauca, la alcaldía Municipal de Saravena y los altos mandos militares, quienes se han propuesto orquestar montajes publicitarios, judiciales y oficiando al Ministerio de Comunicaciones, judicializando locutores y, mediante intimidaciones de la fuerza pública, sacando del aire programas radiales de circulación.
Saravena, 26 de septiembre de 2007
Organizaciones sociales de Arauca
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